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Colombia+20 conoció el documento de la Fiscalía 52 especializada en Derechos Humanos que declara como crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de 13 jóvenes en 1982, a manos de agentes del F2, una estructura de inteligencia de la Policía en los años ochenta. Esta es una petición que comenzaron a hacer la familias de las víctimas, agrupadas en el Colectivo 82 desde marzo de este año, cuando comenzaron la conmemoración por las cuatro décadas de los hechos. El 6 de junio de 2022 recibieron el documento que confirma que no prescribirán las investigaciones por el crimen.
“En atención al halo de impunidad y desidia que ha rodeado la investigación, se ha de impulsarla procesalmente, impidiendo la frustración y el desvanecimiento de los medios de prueba que aún subsisten, que permita además la recopilación de testimonios de las personas que aún quedan con vida o en situación de prestar declaración y se dé un mensaje a los familiares de las víctimas y a la sociedad, de que la investigación se mantendrá vigente. Que al adquirir la debida publicidad judicial y mediática, podrá renovar el interés general en la causa y eventualmente coadyuvar a la comparecencia espontánea u oportunista de los acusados (ante este fuero -Fiscalía- o la JEP)”, se lee en una parte del documento.
Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que son quienes representan a las familias ante la justicia, esta decisión es un logro para los crímenes de lesa humanidad porque “esto permite que se puedan vincular a otras personas, no solamente integrantes de la Fuerza Pública sino también particulares que incidieron en esta desaparición y se puedan vincular al proceso. Una de las cosas más importantes es que se reconoce que en este caso tampoco se investigó la tortura a la que fueron sometidas las víctimas”.
(Lea: 40 años del primer caso de desaparición forzada de estudiantes en la impunidad)
En su momento, la investigación en la Fiscalía fue abierta bajo la figura de homicidio y/o secuestro, pero excluyeron del caso el delito de tortura, como menciona el Cajar. Por eso, la justicia ordinaria advirtió que en este caso “se cometieron graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por miembros de la Fuerza Pública con complicidad de civiles, que habían sido investigadas incialmente por tribunales militares en Colombia, dejando la competencia de calificar, sancionar y juzgar estos delitos al mismo organismo perpetrador de los crímenes”, como dice el documento de la Fiscalía.
En esa declaratoria también advierten que tuvieron que pasar 20 años del crimen para que la Corte Suprema de Justicia anulara lo resuelto por la Justicia Penal Militar y se reabriera el caso en la justicia ordinaria. Todo este proceso, a lo largo de cuatro décadas, lo han llevado en hombros las familias de las víctimas, en especial sus hermanas y hermanos. Ese es el caso de Teresa y Yolanda Sanjuán, hermanas de Alfredo y Humberto Sanjuán, dos hermanos desaparecidos el 8 de marzo de 1982. En esa época, quienes comenzaron la lucha por conocer la verdad fueron sus padres, que fallecieron años después sin saber nada del paradero de sus hijos y quienes heredaron la lucha fueron las hermanas de las víctimas.
En el documento judicial especifican que han estado involucrados en la investigación en estas cuadro décadas el mayor Ernesto Condia Garzón (jefe de policía judicial), el capitán Luis Ángel Perdomo Perdomo, el teniente Miguel Torrado Badillo (jefe del GOES), el teniente Jairo Otálora Durán, el sargento Josué Rafael Cobos Silva, Jorge Enrique Ortiz Parrado, José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero, los agentes Henry Espitia Díaz, José David Quesada, Jorge Eliécer Barbosa Sánchez, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes y Luis Ernesto Suárez Ceballos. También identifican a Nacín Yanine Díaz (jefe de inteligencia y contrainteligencia del DIPEC). Sin embargo, ninguno ha sido condenado por este crimen.
(Vea: Alfredo Sanjuán recibió grado honorífico 40 años después de su desaparición)
La petición para que el crimen fuera declarado como de lesa humanidad fue radicado este año, apenas se cumplieron las cuatro décadas que permite a las familias hacer la petición. “Hay otras personas que no han sido llamadas a responder y esto hace que se impulse el proceso, pero lo más importante para las familias es que no cerrará el proceso. Además es un reconocimiento de que esto fue un crimen que trasciende la humanidad porque es un crimen que se encajó dentro de los múltiples asesinatos, desapariciones y torturas que se venían presentando desde 1980 en adelante y en la que se involucraron a miembros de la Fuerza Pública”, explica el Cajar.
En contexto
En 1982, el país conoció la historia del secuestro de tres niños de 7, 6 y 5 años, hijos del narcotraficante José Jáder Álvarez. Los menores de edad permanecieron retenidos en la capital y días después fueron trasladados hasta el municipio de Gachalá, donde fueron asesinados. Álvarez tenía negocios de ganadería en el Caquetá y buscó la liberación de sus hijos con la participación del movimiento MAS (Muerte a Secuestradores), organización paramilitar financiada por el narcotráfico que tenía como fin enfrentar a las exguerrillas de las Farc y el M-19, pero también pidió apoyo al Estado, que ordenó varios operativos de búsqueda en varias ciudades a través del F2.
En medio de esos operativos comenzaron a detener y desaparecer jóvenes en Bogotá, entre marzo y septiembre de 1982. La mayoría de ellos, estudiantes de la Universidad Nacional, un líder social y un mecánico. El primer caso se reportó el 4 de marzo y cuatro días después ocurrieron las desapariciones de los hermanos Sanjuán, que estaban empezando a destacarse como líderes estudiantiles. Durante esos siete meses fueron desaparecidos trece hombres: Pedro Pablo Silva, los hermanos Orlando y Édgar García Villamizar, los hermanos Alfredo y Humberto Sanjuán, Rodolfo Espitia, Edilbrando Joya, Gustavo Campos Guevara, Rafael Prado Useche, Hernando Ospina Rincón y los hermanos Manuel Darío y Bernardo Acosta Rojas.
Sin embargo, las familias no estuvieron conectadas entre sí hasta que se conocieron todos los casos. Fue en 1983 cuando se unieron para conformar lo que hoy se conoce como el Colectivo 82, el primer caso de desaparición forzada colectiva del que se tenga registro en Colombia. En ese mismo año también apoyaron la consolidación de la Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), una de las organizaciones de base con más trayectoria en Colombia. Nueve años más tarde, en 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado fue el responsable por el secuestro y la desaparición de las víctimas, pero el proceso judicial no ha avanzado mucho en el país.
Aunque durante estas cuatro décadas han llamado a indagatoria a 22 integrantes de la fuerza pública que podrían estar relacionados con el caso, por este delito de lesa humanidad no hay ningún condenado. “Es increíble que, como han dejado que pase tanto tiempo, los investigados siempre se escudan en eso, dicen que ya no se acuerdan de lo que pasó y que no recuerdan cómo sucedió todo, pero no es que ellos tengan mala memoria, sino que siguen ocultando la verdad para el país”, advirtió Martha Noguera, una de las hijas de Teresa Sanjuán, sobrina de dos de las víctimas.
Ahora, la petición de las familias es que se conozca dónde quedaron los cuerpos de las víctimas que fueron desaparecidas. Teresa Sanjuán explica que ahora el compromiso también es con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), y piden que avancen en la búsqueda de las 11 víctimas de las que todavía no se sabe su paradero. Lo dice con autoridad porque su familia lleva cuatro generaciones buscando a Alfredo y Humberto. Primero fueron sus padres, Alfredo Sanjuán Quintero y Élcida Arévalo de Sanjuán, quienes imprimieron carteles para poner en toda Bogotá. Ella y su hermana Yolanda han estado frente al proceso judicial desde que sus padres fallecieron, pero hay una tercera y cuarta generación de la familia también ha buscado, como Martha e Hilda, que son sobrinas de las víctimas.