Una búsqueda que se hereda: la lucha por los desaparecidos del Caso Colectivo 82
En 1982, el F2 de la Policía Nacional detuvo y desapareció forzadamente a 13 jóvenes, en su mayoría universitarios y trabajadores, en Bogotá y Cundinamarca. Desde hace 40 años las familias de 11 de ellos los buscan sin encontrar respuestas. Hoy, son las segundas generaciones las que continúan una lucha en la que han tenido que enfrentar problemas de salud física y mental derivados de la ausencia, las estigmatizaciones y los seguimientos por preguntar: ¿dónde están?
José Darío Puentes Ramos*
Teresa Sanjuán, de 70 años, abre meticulosamente una carpeta de plástico, saca de allí unos papeles y los pone sobre el comedor de su casa. Son recortes de periódicos ya amarillentos por el paso del tiempo, copias de fotografías en blanco y negro, cartillas que hablan de la desaparición forzada en Colombia y varios textos, algunos escritos a mano y otros con máquina de escribir. Estos documentos que guarda con cuidado, cual tesoro, tienen 15, 20, 30 y hasta 40 años. Son la memoria de la búsqueda que Teresa y su familia han hecho durante cuatro décadas de Alfredo y Humberto Sanjuán, dos de sus hermanos detenidos y desaparecidos forzadamente por agentes del desaparecido F2 de la Policía, en Bogotá, el 8 de marzo de 1982.
Alfredo, de 34 años y oriundo de Ocaña (Norte de Santander), estudiaba Ingeniería Catastral en la Universidad Distrital y Arquitectura en la Universidad Nacional al momento de su desaparición. Humberto, quien para la época tenía 23 años, cursaba la carrera de Antropología en la Nacional. Los dos eran líderes estudiantiles. “Y eran mis compañeros, mis amigos, los seres que más he querido con toda el alma”, dice Teresa frente a las fotografías de sus hermanos, pegadas sobre retablos que acomodó en una especie de pequeño altar que tiene en la sala de su casa, en el occidente de Bogotá.
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La hija de Teresa, Marta Lucía Noguera, ayuda a acomodar los documentos en la mesa. Los desdobla con cuidado para que no se rompan, pues son parte del archivo personal que su madre ha construido durante las cuatro décadas de búsqueda y muy seguramente ella los heredará. Uno de los recortes de prensa, el más grande y amarillento de todos, dice: Siguen ‘perdidos’ 3 estudiantes de la U. N. (…) Habrían sido retenidos por agentes secretos. Pero… ¡Nadie da razón! Es de un reportaje del hoy extinto diario El Espacio que se publicó el 10 de mayo de 1982. “Eso fue lo primero que salió en medios sobre Alfredito y Humberto, porque quienes nos estaban ayudando a encontrarlos nos dijeron que habláramos con la prensa para ver si alguien sabía algo de ellos. Un periodista fue hasta la casa de mis papás, que quedaba en Chapinero, y los entrevistó”, cuenta Teresa.
Marta toma las fotocopias de unas fotografías en blanco y negro. En una de ellas aparece un grupo de mujeres, hombres y niños reunidos en una calle del centro de Bogotá sosteniendo unas pancartas con los rostros de sus familiares desaparecidos. Aunque en el papel no se ve con claridad, ella dice reconocerse junto a la imagen de su tío Humberto. “Tengo vagos recuerdos, pero de pequeñita iba con mi mamá a marchas. No faltábamos a las de Solidaridad por Colombia. Recuerdo también las banderas, las pancartas y las camisetas con las fotos de los tíos. Por ahí tendría cuatro o cinco años”, rememora Marta mientras sigue mostrando las copias.
Desde el principio, toda la familia Sanjuán ha estado involucrada en la búsqueda de Alfredo y Humberto: las hermanas de Teresa (especialmente Yolanda, quien en la actualidad vive en Ocaña, pero que desde allí está apoyando), su esposo y sus hijos, principalmente Marta. “Martica hoy tiene 42 años, pero cuando desaparecieron mis hermanos, en marzo del 82, ella apenas tenía año y medio. Y cuando estaba más grandecita la llevábamos a marchas. Hoy es quien me sigue acompañando en la búsqueda”, cuenta Teresa.
Las dos, madre e hija, se reparten las visitas a entidades estatales para averiguar sobre los avances en el caso de los hermanos Sanjuán, van a eventos de memoria, a reuniones con organizaciones de víctimas del conflicto armado y de derechos humanos, a entrevistas con medios de comunicación, a donde toque ir. El papel de Marta no solo ha sido acompañar, también se ha constituido en un soporte para la búsqueda.
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“Cuando íbamos a Ocaña a visitar a mis abuelos empecé a darme cuenta de que ellos estaban preocupados. Se reunían a hablar como si pasara algo. Tal vez una de pequeñita no lo notaba, pero había mucha angustia en la familia. Ya como en cuarto o quinto de primaria empecé a darme cuenta de que alguien faltaba, que algo estaba sucediendo y que todo estaba muy trágico”, responde Marta al preguntarle acerca de cómo supo sobre la desaparición de sus tíos.
“Hoy tenemos más herramientas”
Como su tocaya, Marta Ospina está involucrada desde muy joven en la búsqueda de un familiar desaparecido, aunque su caso es distinto. Es hija de Hernando Ospina Rincón, trabajador metalúrgico y sindicalista detenido y luego desaparecido forzadamente en septiembre de 1982 por el F2. Su madre, doña María Elena Ruiz Higuera, actualmente de 73 años, lideró por décadas la búsqueda de Hernando. Desde su casa en el occidente de Bogotá, la cual construyó junto con su esposo y de la que no piensa moverse por si él aparece, María Elena cuenta que comenzó a buscar a su pareja cuando Marta era apenas una preadolescente de 12 años –hoy tiene 53– y ella tenía 33 años.
“Como yo era la hermana mayor, entonces me convertí en la mamá. Con mis hermanitos siempre solos porque mi madre estaba buscando a mi papá. Y en las fotos de las manifestaciones en las que ella asistía, yo aparezco entre pancartas con otros familiares de personas desaparecidas. Yo era doliente, pero mi mamá y mis tías estaban metidas en eso; y a mí me llevaban”, rememora Marta Ospina, quien actualmente se reconoce como buscadora. A causa de un accidente, doña María Elena ya no puede movilizarse con facilidad. Se encuentra en silla de ruedas. Por eso, Marta tomó las banderas de la búsqueda de Hernando.
Ahora es Marta la que asiste a los espacios de memoria, a las reuniones con otras familiares de víctimas de desaparición forzada, a diligencias con las entidades del Estado que tienen el caso y a los espacios con las organizaciones de derechos humanos. Está andando los mismos pasos que María Elena recorrió en la búsqueda de Hernando, quien tocó las puertas de todo aquel que pudiera ayudarle a encontrarlo o que le diera razón sobre su paradero.
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“Me da un poco de miedo que ella (Marta) siga en esto porque es muy duro”, comenta María Elena, como confesando algo que no le había dicho a su hija. “En mi época, le hablo de hace 40 años cuando empecé a buscar, hubo mucha persecución, mucho maltrato de las instituciones, mucho miedo de que a las que buscábamos también nos fueran a desaparecer. Fuimos a morgues, a hospitales, a la Policía, a la Procuraduría y nos trataban de locas”. Marta la interpela. “Yo sé que mi mamá siente miedo por lo que tuvo que pasar, pero hoy las personas buscadoras tenemos más herramientas para buscar a nuestros familiares desaparecidos”.
El Caso Colectivo 82
Las desapariciones de Alfredo, Humberto y Hernando son parte del Caso Colectivo 82, reconocido como uno de los más emblemáticos sobre la desaparición forzada en Colombia. Se trata de 13 jóvenes, en su mayoría estudiantes de universidades públicas y trabajadores, que fueron detenidos y desaparecidos en Bogotá y Cundinamarca entre marzo y septiembre de 1982 por agentes del F2 de la Policía Nacional.
Las desapariciones se relacionan con la investigación que adelantaba el F2 en esa época sobre el secuestro y posterior asesinato de los tres hijos del narcotraficante José Jader Álvarez, en octubre de 1981. Los menores tenían 7, 6 y 5 años, por lo que este crimen escandalizó a la sociedad de la época. Los 13 jóvenes fueron vinculados al crimen y algunos, incluso, señalados de conformar grupos guerrilleros que participaron en los hechos. Sin pruebas que demostraran su responsabilidad, la Policía los detuvo, torturó y desapareció.
Según la Comisión de la Verdad, durante el conflicto armado colombiano ha existido una fuerte estigmatización en contra de estudiantes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales o de izquierda en Colombia por parte del Estado y la fuerza pública, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay (decreto 1923 de 1978) o la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Dicha estigmatización derivó en prácticas como la desaparición forzada contra universitarios y sindicalistas. Y pese al paso del tiempo, siguen ocurriendo.
Por ejemplo, durante el Paro Nacional de 2021, que comenzó el 28 de abril y en el que miles de personas (entre las que había estudiantes, sindicalistas e integrantes de organizaciones sociales o comunitarias) salieron a las calles a manifestarse en contra del gobierno de Iván Duque y a favor de reivindicaciones sociales históricas, se registraron casos de personas desaparecidas. Según la Mesa Nacional de Desaparición Forzada y 26 organizaciones de la sociedad civil, 379 manifestantes fueron reportados como desaparecidos en las primeras semanas de las marchas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo publicó para la misma época un listado con 87 personas dadas por desaparecidas en el marco de las marchas.
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En el caso puntual de los estudiantes universitarios, de acuerdo con el anexo Caso - Universidades y conflicto armado en Colombia del Informe Final de la Comisión de la Verdad, 588 fueron asesinados entre 1962 y 2011. De ese número, 133 también fueron víctimas de desaparición forzada por diferentes actores armados legales e ilegales, siendo 1982 el año en el que más casos se registraron. Entre esas lamentables cifras se cuentan los jóvenes universitarios del Colectivo 82.
Los cuerpos de 2 de los 13 jóvenes aparecieron tiempo después. Pero padres, madres, hermanos, hermanas y demás allegados de los 11 que faltan siguen buscándolos. Han pasado 40 años y pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en 1992 que el Estado colombiano es el responsable de esas detenciones y desapariciones, el caso sigue en impunidad.
De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que acompaña jurídicamente el Caso Colectivo 82, al menos 20 agentes del F2 fueron vinculados a la investigación por las 13 detenciones y desapariciones, pero en 1987 un inspector de la Policía, actuando como juez, decidió cerrarla.
“Hasta 2008, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en respuesta al informe y a las recomendaciones que presentó la CIDH en 1992, pidió una revisión del caso ante la Corte Suprema de Justicia. Luego la Corte, en junio de 2011, ordenó reabrirlo y la Fiscalía lo asumió”, explica Cindy Forero, jurista del Cajar y experta en atención a víctimas. La reapertura del caso, 29 años después, implicó empezar a investigar de nuevo porque la desaparición forzada se considera delito a partir del 2000 y los hechos ocurrieron en 1982.
A la fecha, y pese a la insistencia de las familias del Colectivo 82, ninguno de los miembros de la fuerza pública que fueron vinculados al caso ha sido procesado o responsabilizado penalmente. Incluso se han presentado dilaciones por parte de los implicados. Por ejemplo, el exteniente coronel Nacín Yanine Díaz, quien para la época era el jefe de División de Información, Policía Judicial y Estadística Criminal de la Policía Nacional (el F2 le respondía a esta división), no se ha presentado a las diligencias judiciales.
Mientras tanto, las familias han cargado con los efectos de la ausencia de sus seres queridos y las frustraciones por no encontrarlos, perjuicios que se trasmiten de generación en generación. Como una dolorosa herencia.
Los perjuicios de la desaparición
Nancy García tenía 25 años cuando sus hermanos Orlando y Édgar García Villamizar, ambos estudiantes universitarios, fueron detenidos y desaparecidos forzadamente por el F2 en Bogotá. El primero en marzo de 1982 y el segundo en agosto del mismo año, y son parte del caso Colectivo 82. Recuerda, a sus 65 años, los problemas de salud física y mental que sus padres vivieron durante los años que dedicaron a buscarlos. Ella también ha presentado quebrantos por la carga emocional que conlleva la ausencia de sus hermanos.
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“Mis papás sufrieron de mucha depresión. A veces no comían. No es que no tuvieran para comer, sino que no querían. Mi mamá lloraba mucho, ella jamás dejó de llorar por la ventana de su habitación, esperando a que sus hijos aparecieran. Y mi papá, callado en un sillón. No hablaba, no comía. Una situación difícil para esa época”, cuenta Nancy. Ellos murieron sin saber la verdad sobre lo ocurrido con Orlando y Édgar, aquejados de enfermedades provocadas por la tristeza que sentían.
Los efectos negativos de la desaparición para la familia García Villamizar también se vieron reflejados en las finanzas familiares. Por un lado, el padre de Nancy se dedicó casi de tiempo completo a la búsqueda de Orlando y Édgar, por lo que vendió algunos bienes, como unos buses con los que generaba ingresos para su hogar, a fin de costear las temporadas que permanecía en Bogotá. “Con lo único que no acabó fue con la casa en la que vivían en Girardot”, dice Nancy. Por el otro, personas inescrupulosas se aprovecharon de la zozobra y la impotencia por no encontrar a sus hijos para pedirles dinero a cambio de información sobre el paradero de sus muchachos, que resultaba siendo falsa.
Saúl Franco, médico, investigador de los impactos de la violencia en la salud y excomisionado de la Verdad, señala que las consecuencias de la desaparición forzada en el bienestar de los familiares comienzan por afectar las emociones del círculo más cercano de la persona que está ausente. “Una de las cosas más graves es la absoluta incertidumbre, porque un desaparecido no está en ninguna parte y está en todas partes para sus seres queridos. Eso se convierte en ansiedad, trastornos del sueño y desgaste emocional”, que luego pueden derivar en patologías físicas. “Lo vimos en el trabajo de la Comisión”, sigue explicando Franco, “las familias de desaparecidos presentan enfermedades como diabetes o cáncer”.
En el capítulo Sufrir la guerra y rehacer la vida del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que justamente Franco dirigió, reafirma lo anterior: “La ansiedad, la incertidumbre y los pensamientos catastróficos que experimentaron los familiares de las víctimas sobre lo que pudieran estar viviendo sus seres queridos –los maltratos o las miserables condiciones materiales– causaron dolor y alteraron el sueño, los deseos de alimentarse, de arreglarse, las ganas, el ánimo y la alegría de vivir”.
El miedo es otra afectación que deja la desaparición forzada. Eso lo tienen claro Marta Ospina y doña María Elena. Cuentan que en más de una ocasión las amenazaron a ellas y a otros miembros de su familia por buscar a Hernando. “A uno de mis hermanos, en la universidad, le dijeron que dejara de buscar a mi papá”, rememora Marta. Incluso, una vez les rompieron los vidrios de la casa. “Nosotras, las que buscamos, hemos sido perseguidas y estigmatizadas todos estos años”, asegura doña María Elena. Según cuentan estas mujeres, personas cercanas a los vinculados al caso, miembros del F2 en los años ochenta, son quienes las han amedrentado.
Heredar una búsqueda
Tras la desaparición de los 13 jóvenes, las familias conformaron el Colectivo 82 y empezaron a documentar caso por caso y las experiencias de búsqueda. Sumado a ese trabajo, que contó con el apoyo fundamental del padre jesuita Javier Giraldo, y tomando inspiración de la Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, le siguió la creación en 1983 de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), una de las primeras organizaciones de víctimas en Colombia.
La búsqueda de estos jóvenes y de al menos 100.000 personas más que se encuentran desaparecidas en razón del conflicto armado colombiano, de acuerdo con las cifras que recopila la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, continúa desde entonces, al igual que el miedo, las amenazas y las estigmatizaciones por preguntar: ¿dónde están? ¿Adónde se los llevaron?
Cindy Forero, jurista del Cajar, asegura que por años, incluso décadas, hubo temor de las familias, especialmente de las mujeres que lideraban la búsqueda, para hablar ante autoridades o hacer públicas las denuncias sobre las desapariciones de sus seres queridos. “Vivieron persecuciones y estigmatizaciones, se convirtieron en blanco. Las y los empezaron a seguir, a ver qué estaban haciendo”. Nancy, Teresa y doña María Elena lo vivieron, y aunque ahora hay más seguridad y herramientas para seguir buscando, aseguran seguir sintiéndose perseguidas y estigmatizadas. El miedo marcó sus vidas.
Sin embargo, pese a esas situaciones, recalca Forero, Asfaddes y otras organizaciones de víctimas se han mantenido en lucha por sus familiares detenidos y desaparecidos. Consiguieron que el Estado colombiano tipificara como delito la desaparición forzada a través de la Ley 589 del 2000, llevaron casos ante la CIDH y otras instancias internacionales y el Colectivo 82, luego de 40 años de búsqueda e insistencia, logró en julio de 2022 que la Fiscalía General de la Nación declarara crimen de lesa humanidad la desaparición de los 13 jóvenes. Esto último quiere decir que no prescribirán las investigaciones.
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Quienes han liderado la búsqueda de los 11 jóvenes cuyo paradero aún se desconoce están llegando a edades en las que el cuerpo ya les pasa factura por las largas jornadas tratando de encontrar a sus seres queridos y por el desgaste emocional que trae la desaparición forzada. Días y semanas preguntando en oficinas públicas, en la Policía, en hospitales y morgues; marchas en las calles con las fotografías de sus familiares; años de ansiedad y frustración por no encontrarlos; episodios de revictimización por parte de entidades que no les dan respuesta. Por eso los hijos e hijas de estas personas buscadoras están tomando las banderas de los casos.
Marta Ospina es ahora quien participa, en representación de su madre, en las actividades de memoria que organiza el Colectivo. Además, es profesora de un colegio en Bogotá y hace pedagogía sobre la desaparición forzada con sus estudiantes. Les cuenta el caso de su padre y les explica el contexto en que se dio. Sensibiliza a las nuevas generaciones.
Por su parte, Marta Noguera acompaña a su madre a los eventos conmemorativos por el aniversario 40 de la desaparición de Alfredo y Humberto, a las diligencias con las autoridades, a los ejercicios de memoria, a las pintadas en las calles, a los homenajes en Ocaña, ciudad de origen de la familia Sanjuán… Donde tenga que apoyarla. Como sabe que heredará la búsqueda de sus tíos, ella ayuda a recoger del comedor los papeles que componen el archivo de Teresa. Los dobla y mete con cuidado en la carpeta de plástico para que no se dañe esa parte de la memoria de los que hacen falta en su familia.
*Esta historia forma parte del especial periodístico ‘Memorias en resistencia’, como resultado de la formación ‘CdR/Lab Visitar al pasado para comprender el presente: periodismo para cubrir la memoria del conflicto en Colombia’, iniciativa de (CdR), gracias al apoyo del Servicio Civil para la Paz de Agiamondo.
Teresa Sanjuán, de 70 años, abre meticulosamente una carpeta de plástico, saca de allí unos papeles y los pone sobre el comedor de su casa. Son recortes de periódicos ya amarillentos por el paso del tiempo, copias de fotografías en blanco y negro, cartillas que hablan de la desaparición forzada en Colombia y varios textos, algunos escritos a mano y otros con máquina de escribir. Estos documentos que guarda con cuidado, cual tesoro, tienen 15, 20, 30 y hasta 40 años. Son la memoria de la búsqueda que Teresa y su familia han hecho durante cuatro décadas de Alfredo y Humberto Sanjuán, dos de sus hermanos detenidos y desaparecidos forzadamente por agentes del desaparecido F2 de la Policía, en Bogotá, el 8 de marzo de 1982.
Alfredo, de 34 años y oriundo de Ocaña (Norte de Santander), estudiaba Ingeniería Catastral en la Universidad Distrital y Arquitectura en la Universidad Nacional al momento de su desaparición. Humberto, quien para la época tenía 23 años, cursaba la carrera de Antropología en la Nacional. Los dos eran líderes estudiantiles. “Y eran mis compañeros, mis amigos, los seres que más he querido con toda el alma”, dice Teresa frente a las fotografías de sus hermanos, pegadas sobre retablos que acomodó en una especie de pequeño altar que tiene en la sala de su casa, en el occidente de Bogotá.
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La hija de Teresa, Marta Lucía Noguera, ayuda a acomodar los documentos en la mesa. Los desdobla con cuidado para que no se rompan, pues son parte del archivo personal que su madre ha construido durante las cuatro décadas de búsqueda y muy seguramente ella los heredará. Uno de los recortes de prensa, el más grande y amarillento de todos, dice: Siguen ‘perdidos’ 3 estudiantes de la U. N. (…) Habrían sido retenidos por agentes secretos. Pero… ¡Nadie da razón! Es de un reportaje del hoy extinto diario El Espacio que se publicó el 10 de mayo de 1982. “Eso fue lo primero que salió en medios sobre Alfredito y Humberto, porque quienes nos estaban ayudando a encontrarlos nos dijeron que habláramos con la prensa para ver si alguien sabía algo de ellos. Un periodista fue hasta la casa de mis papás, que quedaba en Chapinero, y los entrevistó”, cuenta Teresa.
Marta toma las fotocopias de unas fotografías en blanco y negro. En una de ellas aparece un grupo de mujeres, hombres y niños reunidos en una calle del centro de Bogotá sosteniendo unas pancartas con los rostros de sus familiares desaparecidos. Aunque en el papel no se ve con claridad, ella dice reconocerse junto a la imagen de su tío Humberto. “Tengo vagos recuerdos, pero de pequeñita iba con mi mamá a marchas. No faltábamos a las de Solidaridad por Colombia. Recuerdo también las banderas, las pancartas y las camisetas con las fotos de los tíos. Por ahí tendría cuatro o cinco años”, rememora Marta mientras sigue mostrando las copias.
Desde el principio, toda la familia Sanjuán ha estado involucrada en la búsqueda de Alfredo y Humberto: las hermanas de Teresa (especialmente Yolanda, quien en la actualidad vive en Ocaña, pero que desde allí está apoyando), su esposo y sus hijos, principalmente Marta. “Martica hoy tiene 42 años, pero cuando desaparecieron mis hermanos, en marzo del 82, ella apenas tenía año y medio. Y cuando estaba más grandecita la llevábamos a marchas. Hoy es quien me sigue acompañando en la búsqueda”, cuenta Teresa.
Las dos, madre e hija, se reparten las visitas a entidades estatales para averiguar sobre los avances en el caso de los hermanos Sanjuán, van a eventos de memoria, a reuniones con organizaciones de víctimas del conflicto armado y de derechos humanos, a entrevistas con medios de comunicación, a donde toque ir. El papel de Marta no solo ha sido acompañar, también se ha constituido en un soporte para la búsqueda.
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“Cuando íbamos a Ocaña a visitar a mis abuelos empecé a darme cuenta de que ellos estaban preocupados. Se reunían a hablar como si pasara algo. Tal vez una de pequeñita no lo notaba, pero había mucha angustia en la familia. Ya como en cuarto o quinto de primaria empecé a darme cuenta de que alguien faltaba, que algo estaba sucediendo y que todo estaba muy trágico”, responde Marta al preguntarle acerca de cómo supo sobre la desaparición de sus tíos.
“Hoy tenemos más herramientas”
Como su tocaya, Marta Ospina está involucrada desde muy joven en la búsqueda de un familiar desaparecido, aunque su caso es distinto. Es hija de Hernando Ospina Rincón, trabajador metalúrgico y sindicalista detenido y luego desaparecido forzadamente en septiembre de 1982 por el F2. Su madre, doña María Elena Ruiz Higuera, actualmente de 73 años, lideró por décadas la búsqueda de Hernando. Desde su casa en el occidente de Bogotá, la cual construyó junto con su esposo y de la que no piensa moverse por si él aparece, María Elena cuenta que comenzó a buscar a su pareja cuando Marta era apenas una preadolescente de 12 años –hoy tiene 53– y ella tenía 33 años.
“Como yo era la hermana mayor, entonces me convertí en la mamá. Con mis hermanitos siempre solos porque mi madre estaba buscando a mi papá. Y en las fotos de las manifestaciones en las que ella asistía, yo aparezco entre pancartas con otros familiares de personas desaparecidas. Yo era doliente, pero mi mamá y mis tías estaban metidas en eso; y a mí me llevaban”, rememora Marta Ospina, quien actualmente se reconoce como buscadora. A causa de un accidente, doña María Elena ya no puede movilizarse con facilidad. Se encuentra en silla de ruedas. Por eso, Marta tomó las banderas de la búsqueda de Hernando.
Ahora es Marta la que asiste a los espacios de memoria, a las reuniones con otras familiares de víctimas de desaparición forzada, a diligencias con las entidades del Estado que tienen el caso y a los espacios con las organizaciones de derechos humanos. Está andando los mismos pasos que María Elena recorrió en la búsqueda de Hernando, quien tocó las puertas de todo aquel que pudiera ayudarle a encontrarlo o que le diera razón sobre su paradero.
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“Me da un poco de miedo que ella (Marta) siga en esto porque es muy duro”, comenta María Elena, como confesando algo que no le había dicho a su hija. “En mi época, le hablo de hace 40 años cuando empecé a buscar, hubo mucha persecución, mucho maltrato de las instituciones, mucho miedo de que a las que buscábamos también nos fueran a desaparecer. Fuimos a morgues, a hospitales, a la Policía, a la Procuraduría y nos trataban de locas”. Marta la interpela. “Yo sé que mi mamá siente miedo por lo que tuvo que pasar, pero hoy las personas buscadoras tenemos más herramientas para buscar a nuestros familiares desaparecidos”.
El Caso Colectivo 82
Las desapariciones de Alfredo, Humberto y Hernando son parte del Caso Colectivo 82, reconocido como uno de los más emblemáticos sobre la desaparición forzada en Colombia. Se trata de 13 jóvenes, en su mayoría estudiantes de universidades públicas y trabajadores, que fueron detenidos y desaparecidos en Bogotá y Cundinamarca entre marzo y septiembre de 1982 por agentes del F2 de la Policía Nacional.
Las desapariciones se relacionan con la investigación que adelantaba el F2 en esa época sobre el secuestro y posterior asesinato de los tres hijos del narcotraficante José Jader Álvarez, en octubre de 1981. Los menores tenían 7, 6 y 5 años, por lo que este crimen escandalizó a la sociedad de la época. Los 13 jóvenes fueron vinculados al crimen y algunos, incluso, señalados de conformar grupos guerrilleros que participaron en los hechos. Sin pruebas que demostraran su responsabilidad, la Policía los detuvo, torturó y desapareció.
Según la Comisión de la Verdad, durante el conflicto armado colombiano ha existido una fuerte estigmatización en contra de estudiantes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales o de izquierda en Colombia por parte del Estado y la fuerza pública, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay (decreto 1923 de 1978) o la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Dicha estigmatización derivó en prácticas como la desaparición forzada contra universitarios y sindicalistas. Y pese al paso del tiempo, siguen ocurriendo.
Por ejemplo, durante el Paro Nacional de 2021, que comenzó el 28 de abril y en el que miles de personas (entre las que había estudiantes, sindicalistas e integrantes de organizaciones sociales o comunitarias) salieron a las calles a manifestarse en contra del gobierno de Iván Duque y a favor de reivindicaciones sociales históricas, se registraron casos de personas desaparecidas. Según la Mesa Nacional de Desaparición Forzada y 26 organizaciones de la sociedad civil, 379 manifestantes fueron reportados como desaparecidos en las primeras semanas de las marchas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo publicó para la misma época un listado con 87 personas dadas por desaparecidas en el marco de las marchas.
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En el caso puntual de los estudiantes universitarios, de acuerdo con el anexo Caso - Universidades y conflicto armado en Colombia del Informe Final de la Comisión de la Verdad, 588 fueron asesinados entre 1962 y 2011. De ese número, 133 también fueron víctimas de desaparición forzada por diferentes actores armados legales e ilegales, siendo 1982 el año en el que más casos se registraron. Entre esas lamentables cifras se cuentan los jóvenes universitarios del Colectivo 82.
Los cuerpos de 2 de los 13 jóvenes aparecieron tiempo después. Pero padres, madres, hermanos, hermanas y demás allegados de los 11 que faltan siguen buscándolos. Han pasado 40 años y pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en 1992 que el Estado colombiano es el responsable de esas detenciones y desapariciones, el caso sigue en impunidad.
De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que acompaña jurídicamente el Caso Colectivo 82, al menos 20 agentes del F2 fueron vinculados a la investigación por las 13 detenciones y desapariciones, pero en 1987 un inspector de la Policía, actuando como juez, decidió cerrarla.
“Hasta 2008, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en respuesta al informe y a las recomendaciones que presentó la CIDH en 1992, pidió una revisión del caso ante la Corte Suprema de Justicia. Luego la Corte, en junio de 2011, ordenó reabrirlo y la Fiscalía lo asumió”, explica Cindy Forero, jurista del Cajar y experta en atención a víctimas. La reapertura del caso, 29 años después, implicó empezar a investigar de nuevo porque la desaparición forzada se considera delito a partir del 2000 y los hechos ocurrieron en 1982.
A la fecha, y pese a la insistencia de las familias del Colectivo 82, ninguno de los miembros de la fuerza pública que fueron vinculados al caso ha sido procesado o responsabilizado penalmente. Incluso se han presentado dilaciones por parte de los implicados. Por ejemplo, el exteniente coronel Nacín Yanine Díaz, quien para la época era el jefe de División de Información, Policía Judicial y Estadística Criminal de la Policía Nacional (el F2 le respondía a esta división), no se ha presentado a las diligencias judiciales.
Mientras tanto, las familias han cargado con los efectos de la ausencia de sus seres queridos y las frustraciones por no encontrarlos, perjuicios que se trasmiten de generación en generación. Como una dolorosa herencia.
Los perjuicios de la desaparición
Nancy García tenía 25 años cuando sus hermanos Orlando y Édgar García Villamizar, ambos estudiantes universitarios, fueron detenidos y desaparecidos forzadamente por el F2 en Bogotá. El primero en marzo de 1982 y el segundo en agosto del mismo año, y son parte del caso Colectivo 82. Recuerda, a sus 65 años, los problemas de salud física y mental que sus padres vivieron durante los años que dedicaron a buscarlos. Ella también ha presentado quebrantos por la carga emocional que conlleva la ausencia de sus hermanos.
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“Mis papás sufrieron de mucha depresión. A veces no comían. No es que no tuvieran para comer, sino que no querían. Mi mamá lloraba mucho, ella jamás dejó de llorar por la ventana de su habitación, esperando a que sus hijos aparecieran. Y mi papá, callado en un sillón. No hablaba, no comía. Una situación difícil para esa época”, cuenta Nancy. Ellos murieron sin saber la verdad sobre lo ocurrido con Orlando y Édgar, aquejados de enfermedades provocadas por la tristeza que sentían.
Los efectos negativos de la desaparición para la familia García Villamizar también se vieron reflejados en las finanzas familiares. Por un lado, el padre de Nancy se dedicó casi de tiempo completo a la búsqueda de Orlando y Édgar, por lo que vendió algunos bienes, como unos buses con los que generaba ingresos para su hogar, a fin de costear las temporadas que permanecía en Bogotá. “Con lo único que no acabó fue con la casa en la que vivían en Girardot”, dice Nancy. Por el otro, personas inescrupulosas se aprovecharon de la zozobra y la impotencia por no encontrar a sus hijos para pedirles dinero a cambio de información sobre el paradero de sus muchachos, que resultaba siendo falsa.
Saúl Franco, médico, investigador de los impactos de la violencia en la salud y excomisionado de la Verdad, señala que las consecuencias de la desaparición forzada en el bienestar de los familiares comienzan por afectar las emociones del círculo más cercano de la persona que está ausente. “Una de las cosas más graves es la absoluta incertidumbre, porque un desaparecido no está en ninguna parte y está en todas partes para sus seres queridos. Eso se convierte en ansiedad, trastornos del sueño y desgaste emocional”, que luego pueden derivar en patologías físicas. “Lo vimos en el trabajo de la Comisión”, sigue explicando Franco, “las familias de desaparecidos presentan enfermedades como diabetes o cáncer”.
En el capítulo Sufrir la guerra y rehacer la vida del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que justamente Franco dirigió, reafirma lo anterior: “La ansiedad, la incertidumbre y los pensamientos catastróficos que experimentaron los familiares de las víctimas sobre lo que pudieran estar viviendo sus seres queridos –los maltratos o las miserables condiciones materiales– causaron dolor y alteraron el sueño, los deseos de alimentarse, de arreglarse, las ganas, el ánimo y la alegría de vivir”.
El miedo es otra afectación que deja la desaparición forzada. Eso lo tienen claro Marta Ospina y doña María Elena. Cuentan que en más de una ocasión las amenazaron a ellas y a otros miembros de su familia por buscar a Hernando. “A uno de mis hermanos, en la universidad, le dijeron que dejara de buscar a mi papá”, rememora Marta. Incluso, una vez les rompieron los vidrios de la casa. “Nosotras, las que buscamos, hemos sido perseguidas y estigmatizadas todos estos años”, asegura doña María Elena. Según cuentan estas mujeres, personas cercanas a los vinculados al caso, miembros del F2 en los años ochenta, son quienes las han amedrentado.
Heredar una búsqueda
Tras la desaparición de los 13 jóvenes, las familias conformaron el Colectivo 82 y empezaron a documentar caso por caso y las experiencias de búsqueda. Sumado a ese trabajo, que contó con el apoyo fundamental del padre jesuita Javier Giraldo, y tomando inspiración de la Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, le siguió la creación en 1983 de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), una de las primeras organizaciones de víctimas en Colombia.
La búsqueda de estos jóvenes y de al menos 100.000 personas más que se encuentran desaparecidas en razón del conflicto armado colombiano, de acuerdo con las cifras que recopila la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, continúa desde entonces, al igual que el miedo, las amenazas y las estigmatizaciones por preguntar: ¿dónde están? ¿Adónde se los llevaron?
Cindy Forero, jurista del Cajar, asegura que por años, incluso décadas, hubo temor de las familias, especialmente de las mujeres que lideraban la búsqueda, para hablar ante autoridades o hacer públicas las denuncias sobre las desapariciones de sus seres queridos. “Vivieron persecuciones y estigmatizaciones, se convirtieron en blanco. Las y los empezaron a seguir, a ver qué estaban haciendo”. Nancy, Teresa y doña María Elena lo vivieron, y aunque ahora hay más seguridad y herramientas para seguir buscando, aseguran seguir sintiéndose perseguidas y estigmatizadas. El miedo marcó sus vidas.
Sin embargo, pese a esas situaciones, recalca Forero, Asfaddes y otras organizaciones de víctimas se han mantenido en lucha por sus familiares detenidos y desaparecidos. Consiguieron que el Estado colombiano tipificara como delito la desaparición forzada a través de la Ley 589 del 2000, llevaron casos ante la CIDH y otras instancias internacionales y el Colectivo 82, luego de 40 años de búsqueda e insistencia, logró en julio de 2022 que la Fiscalía General de la Nación declarara crimen de lesa humanidad la desaparición de los 13 jóvenes. Esto último quiere decir que no prescribirán las investigaciones.
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Quienes han liderado la búsqueda de los 11 jóvenes cuyo paradero aún se desconoce están llegando a edades en las que el cuerpo ya les pasa factura por las largas jornadas tratando de encontrar a sus seres queridos y por el desgaste emocional que trae la desaparición forzada. Días y semanas preguntando en oficinas públicas, en la Policía, en hospitales y morgues; marchas en las calles con las fotografías de sus familiares; años de ansiedad y frustración por no encontrarlos; episodios de revictimización por parte de entidades que no les dan respuesta. Por eso los hijos e hijas de estas personas buscadoras están tomando las banderas de los casos.
Marta Ospina es ahora quien participa, en representación de su madre, en las actividades de memoria que organiza el Colectivo. Además, es profesora de un colegio en Bogotá y hace pedagogía sobre la desaparición forzada con sus estudiantes. Les cuenta el caso de su padre y les explica el contexto en que se dio. Sensibiliza a las nuevas generaciones.
Por su parte, Marta Noguera acompaña a su madre a los eventos conmemorativos por el aniversario 40 de la desaparición de Alfredo y Humberto, a las diligencias con las autoridades, a los ejercicios de memoria, a las pintadas en las calles, a los homenajes en Ocaña, ciudad de origen de la familia Sanjuán… Donde tenga que apoyarla. Como sabe que heredará la búsqueda de sus tíos, ella ayuda a recoger del comedor los papeles que componen el archivo de Teresa. Los dobla y mete con cuidado en la carpeta de plástico para que no se dañe esa parte de la memoria de los que hacen falta en su familia.
*Esta historia forma parte del especial periodístico ‘Memorias en resistencia’, como resultado de la formación ‘CdR/Lab Visitar al pasado para comprender el presente: periodismo para cubrir la memoria del conflicto en Colombia’, iniciativa de (CdR), gracias al apoyo del Servicio Civil para la Paz de Agiamondo.