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“Sus nexos con Carlos y Vicente Castaño ayudaron a la conformación de un bloque de empresas dedicada al cultivo de palma que realizaron despojos jurídicos. Entre esas se encontraron Palmas de Bajirá, S.A., Palmas de Curvaradó S.A., Palmadó S.A. y Agropalma Limitada”.
Este fragmento que acaba de leer es parte de una sentencia que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín le profirió contra el palmicultor Héctor Duque Echeverry en septiembre de 2013. Por aquel entonces, este hombre fue condenado a pagar cárcel, junto con su socio Luis Fernando Zea Medina, por hallarse responsable de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento, tras ser una de las personas más poderosas en el norte chocoano y el Urabá antioqueño, que movía hilos del poder económico en esas regiones para despojar predios indiscriminadamente.
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Duque Echeverry, quien en sus años como empresario fue la cabeza de Palmadó S.A., funge como compareciente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde 2017 y si bien en febrero de 2022 emitió una solicitud de desistimiento al sometimiento a la justicia transicional, alegando, entre otras cosas, que no se sentía beneficiado, dicho trámite le fue negado por dos motivos: para no violar lo estipulado por la Ley Estatutaria de la JEP frente a las renuncias de los comparecientes (artículo 16) y porque desde las salas de este modelo de justicia creen que su aporte testimonial puede llegar a ser valioso y esencial para entender el fenómeno del despojo de tierras en el noroccidente de Colombia.
Sobre este tema, la JEP ya ha citado y escuchado en el último año a empresarios del Fondo Ganadero de Córdoba y a figuras del paramilitarismo como Sor Teresa Gómez (cuñada de los hermanos Castaño Gil y despojadora de más de 2.000 hectáreas en el Urabá antioqueño por medio de amaños notariales). Sin embargo, estamos ante la primera vez en la historia de la justicia transicional colombiana que los empresarios de la palma comparecen voluntariamente para profundizar sobre esta conducta criminal que unió a las extintas AUC con gremios económicos de alta influencia, como lo fue y lo sigue siendo el del cultivo de la palma de aceite.
Duque no será el único palmicultor en darle la cara a la justicia transicional. Lo propio pasará con Hernán Íñigo Gómez Hernández -compareciente ante la JEP como tercero civil- y su esposa Katia Sánchez -condenada en justicia ordinaria por codirigir amaños de despojo de tierras en favor de los paramilitares y las empresas de palma en el Urabá chocoano. Sánchez es aspirante a compareciente dentro de la JEP. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP citó a estas personas por medio de un auto del 24 de marzo de 2023, ratificado el 17 de abril pasado, y cuyas diligencias comenzarán de forma privada.
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“¿Qué verdades tienen para ofrecer? Esperamos que no solo mencionen a Rito Alejo del Río y los montones de despojos que él mismo organizó luego de la Operación Génesis para favorecer a las AUC y a los palmicultores. Queremos más nombres. Necesitamos que Palmadó responda y digan por qué nos sacaron de nuestros hogares”, se escucha en un audio de la mesa de víctimas del municipio de Carmen del Darién, Chocó, que fue enviado a este medio.
El prontuario de los esposos Gómez Sánchez
En julio de 2012, la Fiscalía General de la Nación determinó que la empresa Urapalma -cuyos representantes legales eran Hernán Íñigo Gómez y Katia Sánchez- era responsable de estar envuelta entre 1997 y 2001 en una serie de accesos a créditos por $7.000 millones, dinero que habría terminado en fincas despojadas por paramilitares. En ese mismo mes, Gómez era prófugo de la justicia, mientras que 20 de sus socios eran condenados por dirigir despojos jurídicos en Curvaradó y Jiguamiandó, en el norte del Chocó.
Posteriormente, cuando Gómez y Sánchez fueron condenados a pagar 150 meses de cárcel (cerca de 12 años), la justicia confirmó que gran parte de ese dinero era sacado de giros entregados por el Estado mediante el Banco Agrario, que fue instrumentalizado por estos palmicultores para disfrazar despojos como hipotecas a tierras donde se cultivaría palma.
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La justicia colombiana tenía aproximaciones sobre cuánta cantidad de dinero necesitaron los palmicultores para despojar, pero no había certeza sobre cuánta tierra en hectáreas tenían despojadas. Esas dudas fueron resueltas con un documento hecho a varias manos, encabezado por la Universidad Nacional.
De acuerdo con un informe conjunto del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI) y del Centro Nacional de Memoria Histórica, “empresarios ligados a diversas compañías palmicultoras, aprovechando la incursión paramilitar y mediante el empleo de diversos mecanismos se apropiaron de cerca de 35.000 hectáreas, asignadas por el Gobierno a las comunidades afrocolombianas y reconocidas bajo títulos de propiedad […]. Urapalma es a vez socia de Palmas S.A. y Palmadó, las que tienen mayor volumen en este tipo de tierras”.
¿Desde Ungía hasta Uganda?
En 2010, reclamantes de tierras de Córdoba y el Urabá chocoano llevaron sus testimonios a la Fiscalía para denunciar que parte del dinero que los paramilitares habían utilizado para efectuar despojos jurídicos en su región había sido utilizada para lavar activos fuera del país. Sobre esto, la justicia aún no tiene respuestas certeras, sin embargo, desde la comparecencia de paramilitares hay versiones que son compatibles con las de estos reclamantes.
Por ejemplo, en una sentencia de Justicia y Paz enviada a Colombia+20 por el Tribunal Superior de Medellín, Jesús Ignacio Roldán, Monoleche, relata que “los convenios entre las empresas palmicultoras y los hermanos Castaño eran tan rentables que Vicente Castaño tuvo dinero suficiente para adquirir más de 25.000 hectáreas de fincas en Tulapas y le sobró un capital amplio para hacerse con terrenos en países africanos en los que recibió asesoría para cultivar palma. En algunas reuniones en su casa recuerdo que hablaba de tierras con dineros de procesos de despojo que puso en Uganda y otro par de países de ese continente”.
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Sor Teresa Gómez, cuando fue consultada por esto en una sala de la JEP el 11 de marzo de 2023, dijo que no tenía constancia de la compra de estos procesos, pero que “los palmicultores si podían dar razón”.
Carlos Yamil Páez, una víctima de despojos y reclamante de tierras histórico en Mutatá (Urabá antioqueño) también exige que en estas audiencias, los palmicultores le digan la verdad a tantas familias que como él han intentado tener respuestas que por años han sido esquivas.
En 2018, logró ser restituido por el ‘caso Guacamayas’ y ahora anhela con que su comunidad viva lo mismo. “En mi proceso, que fue casi de lleno por alianzas entre ‘paracos’ y ganaderos, los responsables siempre hablaban de los palmicultores. Que dónde están ellos. Que por qué nadie los responsabiliza. Entonces llegó la hora de que eso pase. La JEP va a tener una tarea muy importante y es la de mostrarnos a todos el papel real de estos señores con los despojos en el Darién, el Urabá y sus alrededores”, reiteró ante la ART.
Ante la JEP, los empresarios Duque, Gómez y Sánchez pueden dar versiones que no se han conocido antes sobre el despojo de tierras en Colombia. Pueden ahondar en por qué personas como Sor Teresa Gómez apenas mencionaron en un par de ocasiones al sector palmicultor durante sus audiencias, por qué se hablan que las rentas de los despojos eran tan amplias para mandar dinero ilícito a negocios en África o por qué le interesa a Katia Sánchez estar dentro de la justicia transicional a un año de terminar su condena en justicia ordinaria, cuando en su momento dijo que solo buscaba a la JEP por unos beneficios de penas benevolentes por dar aportes.
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Con estas diligencias, el caso 04 de la JEP, que aborda la situación territorial en el Urabá y el Darién, dará pasos firmes hacia la verdad de este sector empresarial del que se tiene constancia de haber despojado más de 40.000 hectáreas, algo equivalente al área urbana de la ciudad de Medellín.