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Hilda Maritza y Martha Lucía Noguera Sanjuán crecieron viendo el dolor de la incertidumbre. Sus abuelos Alfredo y Élcida empezaron a buscar a sus hijos desaparecidos el 8 de marzo de 1982, cuando en Colombia todavía no se dimensionaba el delito de la desaparición forzada. Ese año ocurrieron los primeros hechos colectivos de ese crimen en el país y su familia empezó una búsqueda que cuatro décadas y cuatro generaciones después no termina.
Martha Lucía tenía 2 años cuando agentes del F2, antigua estructura de inteligencia de la Policía, desaparecieron a sus tíos Alfredo y Humberto, dos estudiantes de la Universidad Distrital y Universidad Nacional, respectivamente. Dice que, desde entonces, gran parte de su infancia y adolescencia la vivió en medio de las marchas en silencio y con claveles blancos por las calles de Bogotá a las que asistía con su familia pidiendo respuestas.
Sus recuerdos sobre su abuela Élcida son parecidos: con la mirada perdida y triste, a veces en silencio y muchas veces sentada en una silla viendo hacia fuera por la ventana, esperando que alguno de sus hijos apareciera. “Ella no lloraba, pero se le notaba lo que sufría por dentro. A veces estaba así y de repente se quedaba pensando y mirando al vacío con tristeza, pero uno de niño no le preguntaba nada porque ya sabía qué le pasaba”. Sus abuelos fallecieron sin saber en dónde quedaron sus hijos. En marzo de este año la familia Sanjuán se convirtió en la primera en recibir grado honorífico de un desaparecido.
La búsqueda de la familia Sanjuán ha sido incansable. Las hermanas Teresa y Yolanda se involucraron desde el principio a sus 31 y 33 años. Fueron quienes asumieron, en parte, la vocería del proceso judicial y organizaron la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) en 1982, el mismo año que empezaron a aparecer casos similares de desaparición de jóvenes estudiantes de universidades públicas, de sindicalistas y de campesinos en Colombia.Las esperanzas no se han apagado gracias a que la búsqueda la han heredado nuevas generaciones de la familia. Ya no solo Martha e Hilda, sino también sus hijos e hijas, los nietos-sobrinos de Alfredo y Humberto. Una de ellas es Gabriela Suárez, una niña de 11 años, hija de Martha, quien ha crecido viendo a su abuela, su madre y sus tíos buscar a familiares que, aunque ellas no conocieron, sienten la ausencia.
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“A medida que pasaban los años era más dura la búsqueda porque mis abuelos, después de diez años de no saber dónde estaban, se resignaron a encontrarlos vivos”. Martha cuenta que sus abuelos no resistieron la incertidumbre en Bogotá y se retornaron a Ocaña (Norte de Santander) de donde son oriundos. La pena moral era cada vez más intensa, pero las autoridades nunca capturaron ni imputaron a ningún funcionario o policía por ese caso. El avance más significativo llegó cuatro décadas después, el pasado 24 de junio, cuando el caso fue declarado crimen de lesa humanidad.
En la investigación han estado involucrados Ernesto Condia Garzón (jefe de policía judicial), el capitán Luis Ángel Perdomo Perdomo, el teniente Miguel Torrado Badillo (jefe del GOES), el teniente Jairo Otálora Durán, el sargento Josué Rafael Cobos Silva, Jorge Enrique Ortiz Parrado, José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero, los agentes Henry Espitia Díaz, José David Quesada, Jorge Eliécer Barbosa Sánchez, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes y Luis Ernesto Suárez Ceballos. También identifican a Nacín Yanine Díaz (jefe de inteligencia y contrainteligencia del DIPEC). Sin embargo, ninguno ha sido condenado por este crimen.
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Las esperanzas no se han apagado gracias a que la búsqueda la han heredado nuevas generaciones de la familia. Ya no solo Martha e Hilda, sino también sus hijos e hijas, los nietos-sobrinos de Alfredo y Humberto. Una de ellas es Gabriela Suárez, una niña de 11 años, hija de Martha, quien ha crecido viendo a su abuela, su madre y sus tíos buscar a familiares que, aunque ellas no conocieron, es como si les hicieran falta.
La responsabilidad por encontrarlos está más presente que nunca. En la Universidad Distrital, por ejemplo, la familia ha programado distintas cátedras y charlas que dan a los estudiantes como un ejercicio de memoria de lo que ocurrió hace 40 años. También adelantan el proceso ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas junto al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y dicen que esperan que pronto hablen nuevas personas involucradas.
En el Día del Detenido Desaparecido, seguramente la familia Sanjuán encenderá una vela por Alfredo y Humberto. El tiempo ha pasado, pero la voz todavía se les entrecorta cuando recuerdan ese episodio. Martha afirma que: “Si nosotros no los encontramos en esta generación, estoy segura que serán nuestros hijos, pero no podemos dejar de buscarlos porque es una responsabilidad con toda la familia”.
El legado que dejó Jaime Peña
A Geraldine Peña no le gusta que le digan que ella es la única que heredó la búsqueda de su tío Yesid. Ella asegura que es un legado que dejó el abuelo Jaime a toda la familia y que lleva 24 años en la impunidad. El 16 de mayo de 1998, en la masacre de Barrancabermeja cometida por las Autodefensas de Santander y el sur del Cesar (Ausac), fueron asesinadas 32 personas y otras 25 fueron desaparecidas: Jaime Yesid Peña Rodríguez, de 16 años, fue una de las víctimas.
Desde entonces su padre, también de nombre Jaime, asumió la búsqueda de su hijo. Lideró el “Colectivo 16 de mayo” en Barrancabermeja y nunca se apartó del proceso judicial que buscaba dar con el paradero de los desaparecidos, aunque todavía no haya certezas sobre dónde están y qué pasó. En junio de 2021, Jaime falleció por covid-19 sin ninguna pista sobre su hijo.
Geraldine asumió la vocería de la familia en el proceso, según ella, por ser la menos tímida de los Peña. Tiene 27 años y, además, es funcionaria de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), una de las tres entidades del Sistema Integral para la Paz que nacieron del Acuerdo firmado con las Farc en 2016. “Desde pequeña empecé a tener conciencia sobre lo que pasó y además crecí escuchando la misma historia una y otra vez. Cuando mi abuelo empezó de lleno la búsqueda, que incluso renunció a su trabajo, empezó a llevarme a las escuelas del municipio a hablar sobre lo que pasó en la masacre y los desaparecidos”, relata.
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En ese momento decidió que el silencio no podía ser parte de su proyecto de vida. Geraldine vivió el conflicto armado en Santander en medio de las disputas entre paramilitares y guerrillas. De la masacre de Barrancabermeja tiene un recuerdo que no puede borrar de su mente y que retrata lo que para ella ha sido la guerra. “Cuando escuchábamos los disparos y los enfrentamientos nos metíamos debajo de la cama. Ese día uno de mis tíos me llevó una chocolatina para que me la comiera ahí acurrucada, como intentando calmarme de lo que pasaba”.
Geraldine dice que después de eso se llevaron a su tío Yesid y nunca más volvieron a saber de él. La herida sigue abierta y la esperanza por ser reparados como víctimas del conflicto armado también. “Justo hoy estaba desempolvando frases que decía mi abuelito y encontré esta: ‘Dignidad, seguiré caminando esa utopía’. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo quienes quedamos”, afirma.
Su lucha por encontrar a su hijo fue un referente en el país. En agosto de 2014, de hecho, fue parte de la primera delegación de 12 víctimas del conflicto armado que viajó a La Habana (Cuba) para reunirse con los negociadores del Gobierno y las Farc, en un proceso de paz que apenas empezaba a coger forma. Para Geraldine, ese fue el comienzo de lo que ahora es su vocación y misión de vida: “Cuando él llegó de ese viaje empecé a tomar más conciencia en ese momento. Un día me preguntaron que quién me gustaría que fuera presidente y respondí que mi abuelo: él es para mí un referente y por eso me genera mucho sentimiento que esté siguiendo su legado”.
Mientras la Unidad de Víctimas tiene registro de 189.739 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) estima que el universo total de afectados por ese delito en Colombia sería de 99.235. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, el 10,3 % de los desaparecidos son mujeres, el 3,3 % pertenecían a alguna etnia, el 19,4 % eran personas mayores de 60 años y el 0,9 % tenía algún tipo de discapacidad.
Actualmente, la Unidad de Víctimas tiene siete sujetos de reparación colectiva por este hecho en el país, como resguardos indígenas y consejos comunitarios. La UBPD ha recuperado 511 cuerpos de personas que podrían haber sido desaparecidas en el marco del conflicto armado. También han posibilitado 155 entregas dignas de cuerpos y han facilitado el reencuentro de siete personas dadas por desaparecidas y que fueron encontradas con vida.
