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Cuando a las víctimas del conflicto armado se les pregunta cómo quieren ser reparadas, casi todas coinciden, con algunas particularidades, en que primero necesitan que les digan la verdad sobre los hechos victimizantes que vivieron. ¿Por qué se cometieron esos hechos?, ¿por qué afectaron a sus familias?, ¿quiénes fueron los responsables?
Esos son algunos de los interrogantes que el sistema de justicia transicional, creado con el Acuerdo de Paz, debe ayudar a responder: la Comisión de la Verdad debe entregar su informe a finales del 2021, con un relato sobre lo que sucedió durante la guerra. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya está trabajando en determinar responsabilidades y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene la labor de encontrar y entregar a las 120.000 víctimas de desaparición forzada del conflicto.
Gracias al Acuerdo de Paz otras entidades del Estado han entrado en este engranaje. La Fiscalía entregó 17 informes con los cuales la JEP abrió los siete macrocasos que está investigando. Esta jurisdicción y la Unidad de Búsqueda han trabajado de forma articulada con Medicina Legal en la tarea de identificar los cuerpos encontrados en las diligencias. Algunas alcaldías y gobernaciones han facilitado este trabajo. La Alta Consejería para la Estabilización está coordinando con la JEP la formulación de lo que serán las sanciones propias que deberán cumplir los comparecientes ante esta justicia. En 2021 veremos procesos de reparación de víctimas por parte de los responsables en los territorios PDET.
Las verdades que se han aportado no han provenido únicamente de las antiguas Farc. Los miembros de la fuerza pública, la sociedad civil e incluso algunos exparamilitares también han contado sus versiones y han revelado información sobre varios fenómenos como los mal llamados “falsos positivos” o las desapariciones forzadas.
(Le puede interesar: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez”: Carlos Antonio Lozada)
Así lo explica Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad: “El Acuerdo de Paz permitió que en Colombia se hablara de temas que habían sido tabú o que se negaban, porque por muchos años al país se le vendió la idea de que el delito más grave era el secuestro”.
1. El asesinato de Álvaro Gómez H.
El magnicidio del exlíder conservador ha sido, hasta ahora, el reconocimiento más polémico que ha hecho la exguerrilla de las Farc. A través de una carta, dada a conocer por la JEP el pasado 3 de octubre, la extinta guerrilla reconoció haber cometido este asesinato, junto a otros cinco casos más que también se atribuyeron. Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 y, por 25 años, la justicia ordinaria indagó versiones acerca de que el homicidio obedeció a móviles políticos, pues para la época era uno de los candidatos a la presidencia de Colombia y supuestamente estaba participando de un presunto golpe de Estado. Sin embargo, Carlos Antonio Lozada confesó, tres días después de que se conoció el reconocimiento de responsabilidad público, que él había ejecutado la orden de matar a Gómez cuando comandaba la Red Urbana Antonio Nariño.o de la extinta guerrilla. Por eso, la JEP lo llamó a rendir versión sobre lo que conocía de este hecho el pasado 10 de diciembre en el que, entre otras cosas, detalló cómo llegaron a conocer los horarios de clase de Gómez Hurtado en la Universidad Sergio Arboleda, de la que era docente, para cometer el hecho
2. Los otros cinco homicidios que se atribuyó Farc
Junto al reconocimiento por el caso de Álvaro Gómez Hurtado, las antiguas Farc también confesaron estar tras los homicidios del economista Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazábal Reyes, el representante Pablo Emilio Guarín y los exguerrilleros Hernando Pizarro-León y José Fedor Rey. La confesión por estos hechos le dio un giro rotundo a las hipótesis que tenía la justicia ordinaria. Ante la JEP, Lozada explicó por qué esos hombres se convirtieron en objetivo militar para las Farc y cómo se dieron las órdenes de ejecución.
3. Los dos atentados contra Germán Vargas Lleras
A través de una carta dirigida al expresidente Juan Manuel Santos, el pasado 3 de noviembre, el jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, aseguró que fueron ellos los responsables de los dos atentados contra el exsenador y exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Uno de ellos, cometido el 13 de diciembre de 2002, se ejecutó con un libro bomba que le hizo perder dos dedos de su mano derecha. El político aseguró que aceptaba el pedido de perdón de las Farc y que “ni siquiera reclamo un acto simbólico. Me basta con conocer toda la verdad”.
Escribió también que, desde su llegada al Congreso se centró en trabajar por temas relacionados con las Farc lo que lo hizo ser blanco de “burlas y abusos cometidos por esa organización en el fallido proceso de paz del Caguán”.
Ahora será ante el tribunal de paz de la JEP y la Comisión de la Verdad que las antiguas Farc tendrán que dar detalles sobre los atentados y sus motivaciones para hacerlo.
4. El secuestro en Colombia
El primer macrocaso que la JEP abrió fue la investigación sobre los más de 37 mil secuestros que se le atribuyen a las antiguas Farc. Desde el 30 de julio del 2018, 350 excombatientes han entregado su versión y han hecho aportes a la verdad a las 2.444 víctimas acreditadas. Entre estos aportes está la información sobre la ubicación de cuerpos de personas que fueron asesinadas durante el cautiverio. El 14 de septiembre, el partido FARC emitió un comunicado en el que pidieron perdón a las víctimas de secuestro: “Les arrebatamos lo más preciado: su libertad y dignidad”.
5. Falsos positivos
Los excombatientes de las Farc no han sido los únicos que han hecho aportes a la verdad en la justicia transicional. En el caso 03, que investiga las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, son 297 los militares que han rendido versión y que han contado lo que conocieron sobre el fenómeno de los falsos positivos en el país. El caso más exitoso, hasta ahora, es el de Dabeiba (Antioquia), en el que, gracias a las versiones que han entregado los militares, han sido recuperados 71 hallazgos forenses que podrían pertenecer a personas desaparecidas por miebros de la fuerza pública. De estos han sido identificados cinco cuerpos que ya fueron entregados a sus familiares quienes, después de décadas de espera, pudieron conocer la verdad sobre el paradero de las víctimas.
6. 17 lugares protegidos donde se presume hay desaparecidos
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicitó ante la JEP, en 2018, que se protegieran 17 lugares donde se presume hay cuerpos de personas que fueron dadas por desaparecidas en medio del conflicto armado. Uno de esos sitios, por ejemplo, es la zona aledaña a Hidroituango (Antioquia), en donde la Jurisdicción aseguró que hay 2.094 víctimas de desaparición forzada. Esas medidas preveen, entre otras cosas, que ninguna autoridad pueda levantar obras, hacer modificaciones al terreno ni inhumar bajo tierra.
De hecho, en Dabeiba (Antioquia), donde ya han identificado a cinco víctimas de desaparición forzada se presentó un primer desacato a la medida que protege el cementerio: construyendo bóvedas sobre un terreno donde habría víctimas no identificadas.
Por ahora, la JEP no descarta la posibilidad de ordenar más medidas cautelares sobre otros lugares donde podría haber cuerpos inhumados ilegalmente y, es gracias a esta justicia transicional, que se está desenterrando la verdad en estos lugares.
(Vea: Los cuerpos hallados por la JEP en Dabeiba sí eran víctimas de “falsos positivos”)
7. Reclutamiento de menores
Uno de los casos más polémicos que estudia la Jurisdicción es el de “reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto”. Esta entidad estima que hay, al menos, 17.024 víctimas de este delito en Colombia, y aunque la JEP ya escuchó la versión de 14 excomandantes, lo cierto es que ya se conocen nuevas verdades que la justicia ordinaria no había podido esclarecer. Martín Cruz Vega, conocido en la guerra como Rubín Morro, fue uno de los que más aportó información: en su versión ante la JEP aseguró que las Farc tuvo menores de 15 años en sus filas y que pudieron presentarse casos de bombardeos a niños y niñas en medio de la guerra.
8. La verdad de las mujeres y población LGBT
Una de las grandes deudas con las mujeres y la población LGBT es el reconocimiento de que las afectaciones que sufrieron durante el conflicto fueron diferentes a las de los hombres. La Comisión de la Verdad y la JEP han recibido varios informes que revelan que grupos armados cometieron graves delitos como la violencia sexual y reproductiva. Para los casos de personas trans desaparecidas, la Unidad de Búsqueda aseguró que tendrá en cuenta el nombre y género identitario de las personas, para evitar revictimizaciones. El primer caso fue esperanzador para el país: su familia llevaba 35 años sin saber de su paradero y, algunos de sus seres queridos, no tenían la esperanza de encontrarlo con vida, pues su familia le perdió el rastro en 1985, luego de que él tuviera que huir de su hogar por las amenazas de grupos armados.
En el último mes, dos familias, que tenían seres queridos desaparecidos en medio de la guerra, se reencontraron después de décadas sin tener comunicación. La primera buena noticia fue la de un hombre de 60 años en Arauca y, la segunda, fue el reencuentro entre una madre e hija que se buscaban desde hace 17 años en Antioquia.
9. Reencuentros de personas desaparecidas
En el último mes, dos personas que se creían desaparecidas se reencontraron con sus familias después de décadas sin tener comunicación. La primera buena noticia fue la de un hombre de 60 años en Arauca y, la segunda, fue el reencuentro entre una madre e hija que se buscaban desde hace 17 años en Antioquia. Aunque de los casos no se conocen detalles por seguridad de las víctimas, el trabajo que ha hecho la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para encontrar a las personas de las que no se volvió a tener rastro en la guerra, es enorme y plausible.
10. Mancuso dio detalles sobre la desaparición de Kimy Pernía
En un diálogo que posibilitó la Comisión de la Verdad, el pasado mes de octubre, el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso habló por teléfono con la familia de Kimy Pernía, el exlíder de la comunidad Embera Katío del alto Sinú que fue desaparecido en junio de 2001. En conversación con Martha Cecilia Domicó, hermana de Pernía, Mancuso confesó que el cuerpo del indígena fue arrojado en el planchón de Callejas, en Tierralta (Córdoba). La conversación fue retransmitida a través de Contagio Radio y Mancuso pidió perdón por el hecho: “Quiero iniciar esta conversación dándoles las gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Recuerden que los fiscales nos impedían hablar con las víctimas. Todas las acciones en las que tengo responsabilidad o los hombres que estuvieron bajo mi mando, quiero pedirles perdón y reiterar mi compromiso de no repetición”.
Aunque sobre este el asesinato y la desaparición de Pernía se había referido en el tribunal de Justicia y Paz, creado después de la desmovilización paramilitar, la comunidad embera katío del Alto Sinú no la había escuchado hasta ahora. El 15 de enero de 2007 Mancuso habló en versión libre ante la Fiscalía de Medellín. De acuerdo con su confesión, la orden de matar a Kimy Pernía fue dada por el cabecilla paramilitar Carlos Castaño y consumada por John Henao (alias ‘H2’), cuñado y escolta de Castaño.
