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Tolima fue, según la caracterización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sexto departamento en el que más se registraron casos de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia, entre 2002 y 2008. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la Universidad del Tolima y el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Territorio presentan hoy ante la justicia transicional el informe “Más que estadísticas: ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Tolima”, que da cuenta de los 86 casos de ejecuciones extrajudiciales presentadas en esta región, al parecer, a manos de soldados de la Quinta División del Ejército Nacional.
En el documento, los investigadores identificaron tres tácticas: las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates (o “falsos positivos”); las ejecuciones extrajudiciales de civiles que no fueron presentadas como dadas de baja en combate, aunque les son atribuidas al Ejército, y los asesinatos perpetrados en conjunto con grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia. Un proceso en la justicia ordinaria asegura que la Sexta Brigada fue una de las unidades militares más implicadas en estos casos. “Como es de público conocimiento, en las Fuerzas Armadas y sobre todo en el Ejército, se hizo costumbre matar a quienes no participan en las hostilidades y a personas inocentes, para mostrar resultados y ventaja militar, en donde incluso, existía una directriz ministerial que ofrecía recompensas en dineros y otras dádivas”, asegura el informe.
La directriz ministerial a la que se refieren es un documento secreto del Ministerio de Defensa, emitido el 17 de noviembre de 2005, en el que quedó registrado que por información que llevara a la captura o muerte de “cabecillas o miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables materiales de desarrollar y/o apoyar a nivel local acciones terroristas, secuestros, extorsiones, abigeato, actividades de inteligencia, emboscadas, hostigamientos, asalto a poblaciones o ataques a instalaciones militares” era premiado con hasta $ 3.850.000. En octubre del 2008, el periodista Felix de Bedout reveló el documento que generó controversia en el país y el 1 de noviembre de ese mismo año, El Espectador publicó un editorial al respecto en el que decía que “estas alianzas criminales pueden explicar algunas de las desapariciones que hoy escandalizan al país y al mundo entero. En suma, cabe la posibilidad de que las recompensas (y los mismos incentivos que operan dentro de las Fuerzas Armadas) hayan propiciado alianzas criminales dedicadas a la fabricación de cadáveres”.
No obstante, en los casos investigados por la Fiscalía quedó evidenciado que no era necesario probar que las víctimas ocupaban un lugar en las organizaciones al margen de la ley. Las organizaciones sociales que conocieron este documento dicen que “existen sobrados elementos que señalan una articulación funcional de esta directiva secreta del Ministerio de Defensa entre distintas fuerzas operativas de toda la Quinta División del Ejército (...) y cobra importancia la demostrada participación en este esquema delictivo de oficiales de la Sección de Inteligencia y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con informantes y reclutadores civiles a lo largo de todo el territorio departamental”. Para demostrarlo, traen a colación el documento por los testimonios de exmilitares en los que señalan que altos mandos, como el teniente coronel José Dumar Giraldo Hernández, exintegrante de la plana mayor de la Sexta Brigada, participó en las reuniones donde se planeaba la directriz.
(Lea: Cuarta Brigada del Ejército, ¿la “más efectiva” en ejecuciones extrajudiciales?)
Este documento fue el punto de partida de las organizaciones de derechos humanos para la construcción del libro de 214 páginas que entregaron a la JEP para aportar al Caso 03, que investiga los “falsos positivos” perpetrados por miembros del Ejército en el marco del conflicto armado. Para cometer los hechos, según documentan, primero se identificaban las víctimas, luego se ejecutaban los asesinatos y, finalmente, encubrían u ocultaban los hechos. De las 86 víctimas identificadas, 78 fueron presentadas ilegalmente como bajas en combate y ocho de ellas no fueron reportadas o no se tiene información al respecto.
Uno de los 34 casos reseñados en el informe es el de Rubén Darío Luna Triana, un campesino de 48 años que residía en Chaparral (Tolima) y que fue asesinado el 23 de agosto del 2007. Según las investigaciones en la Fiscalía, un grupo de soldados del Batallón José Domingo Caicedo, acompañados de Nilson Medina Cometa, un civil que era identificado por la comunidad como informante y reclutador del Ejército, además de integrante de otras bandas criminales de la región, llegaron hasta su casa para torturarlo frente a su esposa e hijos y, posteriormente, asesinarlo para luego presentarlo como “guerrillero dado de baja en combate”.
Sobre el rol de los informantes que trabajaron de la mano de los militares, una sentencia del 5 de mayo del 2014 asegura que “a ninguna de estas personas se le recibió tal información a manera de denuncia formal, ni siquiera como fuente anónima, para que se le diera manejo, no solo como información de inteligencia, como al parecer ocurrió, sino como un reporte que diera lugar a un proceso judicial, a través del cual se adelantaran las verificaciones que dieran paso a su eventual judicialización y captura como posible rebelde, persona que era de fácil ubicación y aprehensión”.
Los reclutadores, de acuerdo con la investigación de las organizaciones, eran quienes se encargaban de seleccionar a las víctimas en las comunidades para luego estigmatizarlas y entregarlas al Ejército. Otro de los casos reseñados fue el de Marco Antonio Ruiz Hernández, un líder indígena que fue señalado como una persona “conflictiva” dentro de la vereda El Castillo, en el municipio de Ortega. El 30 de agosto del 2006, días después del primer señalamiento, las fuerzas militares reportaron un operativo contra el indígena basados en la “información suministrada por los campesinos”. Sin embargo, no dejaron constancia de alguna investigación previa para constatar las acusaciones. “Algunos de los casos abordados en el presente informe ponen de manifiesto que la selección de la persona a ejecutar obedeció a señalamientos realizados por vecinos del lugar o informantes con afán de obtener alguna recompensa”, explica el documento.
De hecho, revelan que entre el 2000 y 2006 había una red de informantes constituida que colaboraba para la Sexta Brigada y el Batallón Rooke. Algunos de los nombres de los civiles involucrados aparecen en sentencias judiciales, como Rodrigo Molina Prieto, quien ante la justicia ordinaria reconoció haber trabajado para ambas unidades militares hasta el año 2003 a cambio de dinero por la información que proporcionaba. También mencionan a Tomás Eduardo Osorio Villa y Constantino Parra García, ambos señalados como informantes de la red de inteligencia militar RIME/5. En sentencia judicial del 16 de diciembre del 2011, fue condenado Parra García por haber sido el encargado de “coordinar el arribo de los presuntos delincuentes al sitio donde luego fueron asesinados y fue responsabilizado directamente por pergeñar junto al Mayor José Wilson Camargo Arévalo del Grupo Gaula Militar Tolima, los hechos ocurridos en la Masacre de El Totumo de diciembre de 2006″.
(Vea: JEP indaga sobre presuntas presiones para que exmilitares cambien sus testimonios)
Los informantes eran desmovilizados o integrantes activos de bandas criminales o grupos armados guerrilleros o paramilitares. Otro de los casos que respaldan esta afirmación es el de Jhon Luis Castro Ramírez, conocido como el Zarco, un exintegrante del ELN y quien ante la justicia ordinaria confesó haber trabajado de la mano de uniformados del Ejército al mando del sargento de inteligencia Rubiel Bustos Escárragada “con quien llevaba a cabo sus redadas de engaño en jóvenes que posteriormente eran ejecutados”. Castro Ramírez llegó el pasado 13 de septiembre a Colombia desde territorio español tras ser requerido por la Fiscalía, quienes lo relacionan con el homicidio de 17 personas que habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por hombres del Ejército en Tolima y Cali.
Uno de los hechos en su expediente ocurrió el 28 de febrero de 2008, en la vereda Potrerito, en Ibagué, cuando los soldados profesionales José Yoban Castro Bustos, Maryow Martínez Mora, Nelson Enrique Vaquero, Edwin Pico, Héctor Fabio Muñoz Garzón, Óscar Ospina, Jorge Hernando Ríos, Rafael Ricardo Rincón, Edgar Mauricio Pulido García, Carlos Alberto Iriarte González, Ascensio Desinales Dency y el cabo José César Caro, al mando del sargento segundo Sergio Dennis Ramírez Murillo (del Batallón Jaime Rooke), llegaron hasta este lugar a un supuesto operativo militar. En este hecho fueron asesinadas seis personas que, según la Fiscalía 39 Especializada en DD.HH de Bogotá, fueron reclutadas desde Cali por el Zarco quien “convenció a las víctimas de desplazarse hasta Ibagué a cambio de una promesa de dinero fácil”.
Entre los dos modus operandi identificados en el informe para el reclutamiento de las víctimas estaba la retención forzosa que se presentó en lugares públicos, como caminos veredales, en las propias viviendas o lugares de trabajo, y en las que era característico que estas personas hubieran sido estigmatizadas previamente. También el engaño, en el que se inducía a la víctima con promesas falsas de trabajo.
Según los testimonios recopilados para el informe, uno de los patrones después de las ejecuciones eran las “amenazas a viva voz a toda la comunidad que se acercaba a reclamar justicia por el fusilamiento de comuneros o vecinos inocentes”. Documentan, por ejemplo, que en los casos de las ejecuciones de José Mario Guerrero Garzón y Héctor Jairo Yate, cometidas el 16 de octubre de 2006, un grupo de campesinos reclamó los cuerpos de las víctimas a los militares que ya habían declarado que eran guerrilleros dados de baja en combate. “Ante la insistencia de estos, el teniente Porras ordenó disparar contra uno de los vecinos, el campesino Efraín Holis Guzmán, habitante de la vereda Buenos Aires. Como los soldados se negaban a disparar, el teniente Porras dijo públicamente que ‘ese hijueputa es el próximo que hay que matar’”.
(Le puede interesar: Ejército niega en un informe que haya tenido relación con el paramilitarismo)
El paramilitarismo en Tolima
Las mayores ofensivas paramilitares en este departamento se presentaron en 2001 y 2008, cuando se consolidó el Bloque Tolima y luego en la desmovilización de las Auc en 2005, con la reconfiguración de otros grupos armados. Los dos municipios que se vieron fuertemente afectados por el control social fueron Fresno y Mariquita. En el informe advierten que “de acuerdo con lo planteado por varios desmovilizados de esa estructura, el proceso de desmovilización de Ambalema fue ficticio y muchas de las personas que allí se desmovilizaron nunca hicieron parte de las Auc. De igual manera, ciudadanos habitantes de los municipios del Guamo, San Luis y Valle de San Juan han manifestado que a estos municipios llegaron buses desocupados tratando de recoger voluntarios para la falsa desmovilización a cambio de acceder a las ayudas gubernamentales”.
Por otro lado, los investigadores señalan que esos testimonios serían la prueba de que en varios momentos los paramilitares actuaron en alianza con el Ejército, sobre todo, para los reclutamientos y las posteriores ejecuciones extrajudiciales. Esto también quedó registrado en un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el Bloque Tolima, en el que hablan de “la cooperación de integrantes del Ejército y la Policía con distintos grados de comandancia, en acciones como la venta de material de guerra, intendencia y víveres, realización de ejecuciones extrajudiciales (”falsos positivos”), entrega de información, operaciones conjuntas e, incluso, la vinculación de miembros de la Fuerza Pública al Bloque Tolima, como instructores o comandantes.”
Sobre este punto también hablan de la posible participación de terceros, como la multinacional AngoGold Ashanti, cuya presencia minera en el municipio intensificó la presencia permanente del Ejército Nacional y refuerzos policiales en zonas aledañas al proyecto: “Así pues, no resulta casual que con la presencia de un batallón de alta montaña del Ejército Nacional y la seguridad privada contratada por la multinacional, casi que de manera paralela se desataran violentos hechos entre militares y población civil, tales como las masacres ocurridas entre los años 2003 y 2004 en el corregimiento de Anaime, al igual que el aumento de las cifras de desplazamientos forzados en el territorio entre los años 2002 a 2004″.
Las divisiones militares implicadas
La Quinta División del Ejército Nacional, hasta 2012, estuvo compuesta por la Primera Brigada, que opera en Boyacá; la Sexta Brigada, en Tolima; la Novena Brigada, en Huila, y la Décima Tercera Brigada, con sede en Bogotá. Actualmente, la Sexta Brigada tiene jurisdicción sobre 47 municipios del departamento de Tolima y una de sus estructuras más grandes es el Batallón de Infantería No. 16 Patriotas, con sede en el municipio de Honda.
Entre 2000 y agosto de 2002, el comandante de la Quinta División del Ejército fue el mayo general Fredy Padilla de León. Durante este período hay registro de cuatro víctimas de los mal llamados “falsos positivos”, todos atribuidos a las tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional bajo la comandancia del militar (r) Hernán Cadavid Blanco. Otros tres casos de ejecuciones extrajudiciales también fueron registrados en ese lapso, pero según el informe “aunque se establece que las víctimas se encontraban en condición de indefensión y vulnerabilidad, no se tiene certeza si efectivamente fueron presentadas como bajas en supuestos combates con grupos armados ilegales”.
En la comandancia de Reinaldo Castellanos Trujillo al mando de la Quinta División, entre 2002 a 2003, se presentaron cinco víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En esa misma época, el comandante de la Sexta Brigada fue el brigadier general Hernán Cadavid Blanco (entre 1998 y 2002) y el brigadier general Jairo Ovalle Galvis (2002 a 2003).
Después, entre 2003 y 2005, al mando de la Quinta División estuvo el mayor general Hernando Alonso Ortíz y en este lapso se presentaron doce víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Ocho de ellas fueron atribuidas a la Brigada Sexta, al mando del entonces brigadier general Leilo Fadul Suárez Tocarruncho.
Y, finalmente, entre 2005 y 2006, el comandante de la División fue el mayor general Carlos Suárez Bustamente y en este tiempo se documentaron seis víctimas, todas atribuidas a la Sexta Brigada, comandanda por el entonces brigadier general Arnulfo Martínez Barón.
El informe concluye que el nivel de sistematicidad y los patrones en las ejecuciones extrajudiciales “sólo pudo haberse cometido siguiendo expresas instrucciones de la superioridad y con la aprobación, al menos tácita, de la máxima jerarquía de la Sexta Brigada”. La militarización del territorio, la estigmatización de la población civil y el demostrado accionar conjunto entre grupos paramiliares y el Ejército, como ha quedado consignado en las sentencias judiciales del 26 de noviembre del 2009 por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá, sumado a los estímulos económicos en los que participaron altos mandos de la Quinta División, podrían haber respondido a una orden de altos mandos.
El informe que llegará hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz tiene como objetivo demostrar los elementos que probarían que hubo una “articulación funcional de esta directiva secreta del Ministerio de Defensa entre distintas fuerzas operativas de toda la Quinta División del Ejército y, en lo que respecta a este informe, con plena efectividad operacional sobre la jurisdicción militar del departamento del Tolima” para permitir ejecuciones extrajudiciales en el departamento, con el fin de presentar resultados ante la cúpula mayor del Ejército Nacional.