“¿Dónde están los desaparecidos?”, una reflexión de Luz Marina Monzón
En Colombia hay un grito de dolor que no termina, una ciudad invisible de personas desaparecidas.
Luz Marina Monzón
Entre la guerra y la paz prevalece un dolor profundo que acompaña a los familiares de las personas que en Colombia han sido dadas por desaparecidas en medio del conflicto armado. Hay una ciudad invisible de seres humanos que no están hoy con nosotros. El dolor y el duelo de los familiares no se cierran, porque a la inmensa mayoría le falta conocer la verdad de lo ocurrido, enterrar a sus seres queridos y vencer la impunidad. Esta deuda no solo es con las familias, sino con toda la sociedad, con aquellas personas que compartieron espacios de vida y de trabajo, que las quisieron, con lo que perdimos como país y por su ausencia.
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Este 30 de agosto, Colombia conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada y esta fecha sugiere, al menos, cuatro motivos de reflexión para pensar un país que supere este dolor y deje atrás las condiciones que perpetuaron la guerra: se cuentan por miles las víctimas de este crimen de lesa humanidad; hay un Acuerdo de Paz que abrió una luz de esperanza para las víctimas, se mantienen y surgen formas de violencia que prolongan esta tragedia humanitaria y es inaplazable una respuesta a las familias y a la sociedad.
El número de personas dadas por desaparecidas es distinto según la fuente oficial o no gubernamental. El Centro de Memoria Histórica señala que alrededor de 80.000 personas fueron desaparecidas entre 1970 y 2018 en hechos atribuidos a todos los actores de la guerra: paramilitares, guerrillas y agentes del Estado.
El Acuerdo Final para la superación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera (noviembre, 2016), aprobado por el Congreso de la República, refrendado por la Corte Constitucional y validado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, abrió un camino de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición orientado a reivindicar a las víctimas desde sus derechos. En cinco años se ha consolidado una institucionalidad en la que confluyen la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Desde el mandato, la autonomía y la misionalidad de cada una de estas instituciones, se erige una inmensa responsabilidad con las víctimas del conflicto armado y la construcción de la paz. Esa responsabilidad se extiende al Estado en su conjunto, como suscriptor y garante del Acuerdo de Paz, lo que obliga a su cumplimiento e implementación integral, que incluye la reforma rural, un nuevo tratamiento a la producción y consumo de drogas, apertura política y garantías para la vida de los firmantes. Dentro y más allá del Acuerdo, el Estado tiene obligaciones vinculadas a la protección de la vida y las libertades que exigen su presencia activa desde la institucionalidad y los derechos, que son decisivos para superar la desaparición forzada y sus consecuencias.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, desde su carácter humanitario y extrajudicial, es la institución humanitaria por excelencia dedicada a dar respuesta a uno de los elementos centrales para los derechos de las víctimas y la sociedad: buscar a las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Hoy tiene un Plan Nacional de Búsqueda y una estrategia territorial y social (con enfoques étnicos y de género) para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Es una tarea difícil, porque implica tejer historias, construir confianzas, remover el dolor, brindar solidaridad y dignificar a las víctimas, sus familiares y comunidades afectadas. Esto implica romper con silencios, superar miedos y ejercer derechos. En varios lugares donde se adelanta la búsqueda persisten o irrumpen nuevas formas de violencia asociadas a las causas estructurales del conflicto que no han sido resueltas ni dentro ni fuera del marco del Acuerdo de Paz. Esas formas de violencia prolongan y multiplican la práctica de la desaparición forzada como arma de guerra, lo que implica, otra vez, un desafío ético para el Estado y la sociedad: garantizar a todas las personas sus derechos a la vida, la verdad, la dignidad y la paz, entre otros.
La conmemoración del día consagrado por las Naciones Unidas permite reivindicar a las personas desaparecidas y sus familiares desde su historia invisibilizada. También es un momento para reiterar que desde la Unidad de Búsqueda les tendemos la mano con respeto y solidaridad. Que trabajaremos en alianza y con sentido de cooperación, entendiendo las responsabilidades diferenciadas con cada una de las instituciones, asociaciones, comunidades y familias. Tenemos la obligación de avanzar para superar la desaparición forzada del pasado y la del presente, y esta difícil tarea solo podemos lograrla juntando voluntades.
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Entre la guerra y la paz prevalece un dolor profundo que acompaña a los familiares de las personas que en Colombia han sido dadas por desaparecidas en medio del conflicto armado. Hay una ciudad invisible de seres humanos que no están hoy con nosotros. El dolor y el duelo de los familiares no se cierran, porque a la inmensa mayoría le falta conocer la verdad de lo ocurrido, enterrar a sus seres queridos y vencer la impunidad. Esta deuda no solo es con las familias, sino con toda la sociedad, con aquellas personas que compartieron espacios de vida y de trabajo, que las quisieron, con lo que perdimos como país y por su ausencia.
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El número de personas dadas por desaparecidas es distinto según la fuente oficial o no gubernamental. El Centro de Memoria Histórica señala que alrededor de 80.000 personas fueron desaparecidas entre 1970 y 2018 en hechos atribuidos a todos los actores de la guerra: paramilitares, guerrillas y agentes del Estado.
El Acuerdo Final para la superación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera (noviembre, 2016), aprobado por el Congreso de la República, refrendado por la Corte Constitucional y validado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, abrió un camino de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición orientado a reivindicar a las víctimas desde sus derechos. En cinco años se ha consolidado una institucionalidad en la que confluyen la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Desde el mandato, la autonomía y la misionalidad de cada una de estas instituciones, se erige una inmensa responsabilidad con las víctimas del conflicto armado y la construcción de la paz. Esa responsabilidad se extiende al Estado en su conjunto, como suscriptor y garante del Acuerdo de Paz, lo que obliga a su cumplimiento e implementación integral, que incluye la reforma rural, un nuevo tratamiento a la producción y consumo de drogas, apertura política y garantías para la vida de los firmantes. Dentro y más allá del Acuerdo, el Estado tiene obligaciones vinculadas a la protección de la vida y las libertades que exigen su presencia activa desde la institucionalidad y los derechos, que son decisivos para superar la desaparición forzada y sus consecuencias.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, desde su carácter humanitario y extrajudicial, es la institución humanitaria por excelencia dedicada a dar respuesta a uno de los elementos centrales para los derechos de las víctimas y la sociedad: buscar a las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Hoy tiene un Plan Nacional de Búsqueda y una estrategia territorial y social (con enfoques étnicos y de género) para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Es una tarea difícil, porque implica tejer historias, construir confianzas, remover el dolor, brindar solidaridad y dignificar a las víctimas, sus familiares y comunidades afectadas. Esto implica romper con silencios, superar miedos y ejercer derechos. En varios lugares donde se adelanta la búsqueda persisten o irrumpen nuevas formas de violencia asociadas a las causas estructurales del conflicto que no han sido resueltas ni dentro ni fuera del marco del Acuerdo de Paz. Esas formas de violencia prolongan y multiplican la práctica de la desaparición forzada como arma de guerra, lo que implica, otra vez, un desafío ético para el Estado y la sociedad: garantizar a todas las personas sus derechos a la vida, la verdad, la dignidad y la paz, entre otros.
La conmemoración del día consagrado por las Naciones Unidas permite reivindicar a las personas desaparecidas y sus familiares desde su historia invisibilizada. También es un momento para reiterar que desde la Unidad de Búsqueda les tendemos la mano con respeto y solidaridad. Que trabajaremos en alianza y con sentido de cooperación, entendiendo las responsabilidades diferenciadas con cada una de las instituciones, asociaciones, comunidades y familias. Tenemos la obligación de avanzar para superar la desaparición forzada del pasado y la del presente, y esta difícil tarea solo podemos lograrla juntando voluntades.
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