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Formal, agridulce, forzada son los adjetivos que utilizan los analistas para describir la relación que durante dos años han tejido el gobierno de Iván Duque y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado después del acuerdo de paz y dentro del cual se encuentran la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Desde que arrancó su presidencia, el primer mandatario y su bancada, el partido Centro Democrático, han asegurado en reiteradas ocasiones su deseo de reformar los acuerdos firmados en La Habana (Cuba) y, puntualmente, la JEP. Sus descontentos por las decisiones que hasta ahora ha tomado el alto tribunal los han expresado en público y las presiones de resultados han sido reiterativos.
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La última vez, Duque le pidió a Patricia Linares, presidenta de la JEP, que a sus cuatro años de funcionamiento le entregara al país “resultados contundentes y castigos ejemplerizantes”. La magistrada le respondió que la magistratura sólo llevaba dos años trabajando y días después, en otro evento, hizo un llamado a la división de poderes. Una forma de decirle que ese no era su territorio ni su competencia: zapatero, a tus zapatos.
Así lo cree María Camila Moreno, directora de del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés), quien deja claro que en términos de respaldo político la actitud del Gobierno ha sido de ataque contra la JEP: “Son ampliamente conocidos los intentos del Gobierno y de la coalición de Gobierno en el Congreso por reformar aspectos sustantivos de la JEP y las presiones para que haya sentencias condenatorias inmediatas. Estas presiones pueden ser interpretadas como irrespeto a la autonomía judicial”.
Moreno se refiere a tres momentos claves: el primero, cuando el gobierno Duque decidió objetar la Ley Estatutaria de la JEP, indispensable para que entrara en funcionamiento; el segundo, cuando el ejecutivo presentó un acto legislativo que buscaba excluir los delitos sexuales contra menores de edad para que los responsables no tengan beneficios jurídicos y sean investigados y sancionados por la justicia ordinaria, y finalmente cuando la bancada del Centro Democrático promovió la creación de una nueva sala dentro del tribunal para que juzgara únicamente a los militares. Hasta el momento, ninguna de estas propuestas ha prosperado, aunque sí han deteriorado la relación.
Para Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), estas propuestas, en algunos casos como la Estatutaria, le han hecho perder tiempo valioso a la JEP. “Duque toma la decisión, cuando muchos sectores le argumentan que no tienen fundamentos sus objeciones. Finalmente, el Gobierno tuvo una derrota tremenda, pero fueron 11 meses en los que la JEP no pudo trabajar con sus facultades plenamente y eso es un gran obstáculo porque, como sabemos, sólo tiene 10 años de funcionamiento. Es una justicia de transición. Y lo más paradójico es que luego le reclama resultados en el corto tiempo de trabajo”.
Gallón asegura que “el gobierno Duque no quiere a la justicia transicional” y eso también se evidencia en un maltrato presupuestal: “La última vez les iba a quitar 30% de sus recursos para 2020. Y la JEP era la menos damnificada. La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda no tenían cómo trabajar como se había planeado. Eso hubiera afectado el funcionamiento de las entidades considerablemente”.
Al final, a través de Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, el Gobierno entregó el presupuesto. Aunque Duque ha sido un férreo crítico de la JEP, Moreno agrega que, hasta ahora, ha mantenido su compromiso de garantizar la financiación necesaria para el funcionamiento de las entidades: “En los momentos en los que el Ministerio de Hacienda ha querido hacer recortes importantes a los presupuestos, el Presidente ha escuchado y atendido las preocupaciones de las tres entidades y ha mantenido los compromisos”.
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Pero esto no es suficiente, según Gallón. Si lo ha hecho, ha sido, en parte, según el jurista, por la presión de la comunidad internacional, donde Duque dice que está comprometido con el acuerdo de paz: “Eso pasa, pero aquí en el país nos recuerda con frecuencia que no lo está y ha tenido una animadversión especial en relación con la JEP, que ha sido reconocida en el mundo por su buen funcionamiento”. Y por las otras entidades, desde su perspectiva, sólo ha habido indiferencia, que se ha traducido en evitar relaciones de colaboración.
Jean Carlo Mejía, doctor en Derecho de la Universidad Externado y asesor en las negociaciones de La Habana (Cuba), no oculta que los choques existen, pero insiste que desde las instituciones del Gobierno ha habido respuestas a los requerimientos del Sistema Integral. Resalta el ejemplo de la participación de las fuerzas armadas en la Comisión de la Verdad. Hasta ahora, los militares han entregado cuatro grandes informes contando sus afectaciones en la guerra.
Y este no es el único episodio. El consejero Archila ahora trabaja de la mano con la JEP, para desarrollar las sanciones propias que deberán asumir los responsables que reconozcan verdad y reparen a sus víctimas. La idea es que los excombatientes paguen sus condenas en los municipios donde se implementan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una de las banderas del ejecutivo y de los pocos puntos del acuerdo, según Mejía y Gallón, en los que ha avanzado el presidente Duque.
Mejía afirma que los grandes quiebres entre el Gobierno y, principalmente, la JEP se deben a las decisiones judiciales. El caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, a quien se le concedió la garantía de no extradición, fue un cisma que no sólo enemistó a Duque con la justicia transicional sino también con la Corte Suprema, que lo dejó en libertad. Tanto así que la bancada y Duque rechazaron la providencia, señalaron que “la JEP no hizo un gran esfuerzo” y reiteraron la urgencia de modificaciones a esta justicia.
Si bien Mejía concuerda con que se hagan cambios, no cree que los planteamientos del Centro Democrático sean los indicados, porque terminan restándole poder a la JEP y menoscabando su fin de ser un tribunal que se encargue de juzgar el conflicto armado. “La JEP necesita transformaciones, como tener más magistrados que entiendan el mundo militar o convertirse de verdad en el juez natural de todo lo que ocurriera en la guerra. Y eso en la práctica no sucede porque choca todo el tiempo con la justicia ordinaria, pues el conflicto continuó. Esos argumentos los desconoce el Gobierno, donde incluso hay posturas negando que existió un conflicto armado”, agrega el abogado.
La respuesta de la JEP, según Mejía, ha sido respetuosa y Linares ha podido maniobrar con mesura y prudencia los roces. Sin embargo, en su sentir, esta justicia y también la Comisión de la Verdad podrían evitar estas tensiones si les exigen más a quienes comparecen en las entidades. Por ejemplo, deben ordenarles a los excombatientes, siguiendo con su mandato constitucional, que cumplan con sus compromisos y no revictimicen a quienes sufrieron por la guerra: “No es posible que salga Sandra Ramírez, de las Farc, a decir que no hubo reclutamiento de menores cuando todo el país sabe que es cierto y se conocen decenas de casos, y nadie se refiere al tema de manera contundente”.
Juana Dávila, coordinadora de justicia transicional en DeJusticia, no está tan convencida de que eso sea tan sencillo. Dice que una de las razones por las que el Gobierno ha querido modificar la JEP es su rechazo a la simetría entre la insurgencia y la Fuerza Pública, es decir, que se les aplique el mismo tratamiento penal transicional: “En la academia se le llama la equivalencia moral. Duque y el Centro Democrático rechaza dicho tratamiento simétrico, a pesar de ser uno de los principios de lo acordado en La Habana. Por eso insisten en la sala especial para la Fuerza Pública y otras medidas que van por la misma línea”. Eso, en definitiva, es ir en contra de la esencia del Acuerdo Final.
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Además, la JEP representa un modelo de justicia que se distancia de la justicia clásica, en tanto que esta, como la guerra, tienen un común denominador que es la venganza, la restricción de la libertad. Y la JEP es una justicia que, a cambio de suspender el castigo, exige verdad. “Para el Gobierno, lo único justo para la guerrilla es un castigo en la cárcel”, aclara Dávila.
Y es que, para Duque y su bancada, la JEP es producto de un acuerdo entre sus dos principales enemigos, según Dávila: las Farc y Juan Manuel Santos, quien tendría un papel de traidor en la ecuación. Eso ha desencadenado en que “consideran que las personas que fueron elegidas para servir en la magistratura no son de confiar por sus trayectorias personales o políticas y que son, de algún modo, parte de esos dos grandes enemigos”. Ven, entonces, a la JEP como “un aparato operado para atacarlos, en una suerte de continuación sublimada de la guerra”.
Uno de los actores que han podido relajar las tensiones, opina Dávila, es la comunidad internacional, que ha puesto mucha energía en la implementación del acuerdo y fortalecer las instituciones transicionales. El Gobierno escucha a muchos de los países y le importa complacer a algunos puntos de sus agendas.
Lo preocupante de estos choques, para la investigadora, es que las víctimas resultan perjudicadas. Se alejan de las nuevas instituciones porque les generan desconfianza al oír a sus líderes decir argumentos negativos, en la gran mayoría, sin fundamentos y no usan las medidas creadas para repararlas.
También el factor tiempo, que es arrebatado en las discusiones, es crucial para ellas: “Las medidas transnacionales son por definición transitorias y deberían tener una operación rápida para que, justamente, los daños cometidos no tengan más derivaciones. En la medida en que pasa el tiempo, las afectaciones son más difíciles de reparar. Por ejemplo, hay víctimas que están terminando su ciclo productivo y aún no han sido indemnizadas. Cuando se lo ofrezcan en 15 años ya será tarde”. O, peor aún, hay quienes se mueren sin conocer la verdad de qué fue lo que sucedió en sus territorios, quiénes fueron los responsables de sus afectaciones o dónde están sus familiares desaparecidos. Lo esencial continúa oculto.