Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El 28 de febrero de 1999, un grupo de las llamadas Autodefensas Campesinas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac) entró a Barrancabermeja e hizo un recorrido por varios barrios para perpetrar una masacre. El resultado: ocho personas asesinadas y dos más que se llevaron para desaparecerlas.
En 2016, dentro del proceso de Justicia y Paz, en el que paramilitares confesaron sus crímenes a cambio de penas alternativas, John Alexander Vásquez, alias ‘Pepo’, aceptó ser uno de los sicarios que perpetró la masacre. ‘Pepo’, que para el momento de los crímenes hacía parte de la Ausac, contó que, apenas un par de meses después de los asesinatos, Ecopetrol lo contrató y lo incluyó en su nómina.
Según el testimonio del exsubjefe de seguridad de la compañía, José Eduardo González Sánchez, ‘Pepo’ y dos soldados profesionales retirados, que posteriormente se convirtieron en jefes paramilitares, ingresaron a la petrolera con la misión específica de infiltrar a la Unión Sindical Obrera (USO). González Sánchez les ordenó hacer inteligencia dentro de la USO para identificar supuestos colaboradores de la guerrilla, en medio de una fuerte estigmatización que sufrían los trabajadores que se unían al sindicato.
González Sánchez es un capitán retirado del Ejército que afronta varios procesos judiciales por hacer parte de grupos paramilitares. El militar retirado fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en enero de 2024, donde ha hecho varios señalamientos que involucran a funcionarios de la petrolera con las Ausac, y los responsabiliza por la violencia contra la población de Barrancabermeja y los miembros de la USO desde mediados de los años 90.
Rutas del Conflicto pudo constatar que, desde la década pasada, desmovilizados de los paramilitares han entregado información dentro del proceso de Justicia y Paz que coincide con la que ha dado González Sánchez en la JEP.
Lea también: Estos son los tres departamentos abandonados por la paz total del presidente Petro
Las versiones de González Sánchez y ‘Pepo’ señalan que se conocieron en 1996, cuando Vásquez trabajaba para una empresa de seguridad que era contratista de Ecopetrol. ‘Pepo’ narra que dos años después fue contactado nuevamente por el entonces subjefe de seguridad de la petrolera para que le sirviera de informante. Rápidamente, ‘Pepo’ pasó a ser miembro activo del grupo paramilitar.
Entre 1998 y 1999, según ‘Pepo’, se hicieron varias reuniones entre el entonces subdirector de seguridad de Ecopetrol, miembros de la fuerza pública y paramilitares de la Ausac. Según ‘Pepo’, después de la masacre, González Sánchez le entregó un carné de Ecopetrol para que comenzara a ir a las reuniones de la USO y el 26 de abril de 1999 fue contratado por la empresa petrolera hasta 2005.
Ecopetrol le respondió un derecho de petición a Rutas del Conflicto, en el que confirma que John Alexander Vásquez fue empleado de la empresa, pero se negó a dar detalles de la contratación. “Se reitera que las personas citadas, registraron con vínculo laboral o pensional directo con Ecopetrol, por lo tanto sus actividades se sujetan a las disposiciones del derecho privado, y sus actuaciones no están cobijadas por el Derecho Administrativo”, dice la respuesta de la compañía.
Carlos Piedrahíta Zabala y Leocadio Bohórquez son los dos soldados profesionales retirados mencionados por González Sánchez que fueron contratados por Ecopetrol, según confirmó la misma empresa petrolera y que rápidamente se convirtieron en comandantes paramilitares. El exsubjefe de seguridad de la compañía dijo que los dos fueron empleados de la empresa petrolera entre 1996 y 1997, en el área de mantenimiento, exclusivamente para que se infiltraran en la USO.
González Sánchez mencionó ante la JEP que Piedrahíta, una vez dejó de ser empleado de Ecopetrol, había dirigido junto a Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, un grupo paramilitar vinculado a una cooperativa de seguridad (Convivir), en Yarumal, Antioquia, conocido como Los 12 Apóstoles. Para el 2001, Piedrahíta se convirtió en el comandante del Frente Andaquíes en el Caquetá.
Le puede interesar: Paz Total: ¿Cómo pagarán la deuda ambiental el Clan del Golfo, ELN y disidencias?
De acuerdo con una sentencia de Justicia y Paz en contra el Bloque Central Bolívar, el otro paramilitar, Leocadio Bohórquez, tan pronto salió de Ecopetrol, en 1999, pasó a ser uno de los jefes del Bloque Central Bolívar entre Barrancabermeja y el sur del departamento de Bolívar, en donde fue responsable de varios asesinatos y desplazamientos.
La persecución a la USO
Los testimonios de ‘Pepo’ y de González Sánchez muestran el estigma que vivían los miembros del sindicato, señalados de ser posibles guerrilleros o colaboradores de la subversión por quienes hacían parte del entramado criminal: los paramilitares, los militares y funcionarios de la misma empresa.
Según Fabián León, director de la oficina Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una organización que investiga los impactos en los derechos humanos de las operaciones empresariales, históricamente Ecopetrol ha tenido una sistemática y fuerte confrontación con el movimiento sindical, en medio de una fuerte militarización de la industria petrolera.
La Comisión de la Verdad, en su informe Reconfiguración Territorial de Barrancabermeja, señala que en 1988 comenzó un plan para exterminar a los miembros de la USO por parte de paramilitares y miembros de la Red de Inteligencia de la Armada No. 7. “En el periodo entre 1988 y 1993 fueron asesinados 71 de sus miembros”, dice el informe.
Rutas del Conflicto habló con un investigador que hace parte de la USO y que mantiene su nombre en el anonimato por cuestiones de seguridad. Señaló que la estigmatización que sufría el sindicato desde la fuerza pública, era la misma desde los encargados de seguridad de la empresa. “Aquí hay algo de fondo que es muy grave, es que el aparato de seguridad de Ecopetrol ha sido dirigido por militares retirados con una fuerte lógica contrainsurgente. Sabíamos que el Programa de Seguridad Industrial (PRI) de la compañía nos hacía inteligencia en los noventa”, dice el investigador.
El profesor de la Universidad de Los Andes, Daniel Marín López, que investiga desde hace años la relación de las empresas con el conflicto armado en Colombia y fue asesor de la Comisión de la Verdad, señala que desde los años ochenta hasta la primera década del siglo XXI, grandes empresas extractivistas asumieron un modelo de seguridad corporativa basada en la doctrina contrainsurgente que tenían los mismos militares. “En el sector petrolero, históricamente se ha visto como una buena práctica los vínculos de las empresas con la fuerza pública y esto es muy problemático porque adaptaron la lógica del enemigo interno”, dice Marín.
La devastación de las masacres y las desapariciones
Manuela Sidray ha buscado a su hijo Édgar Sierra durante 25 años. La última vez que lo vio fue el 28 de febrero de 1999, cuando unos paramilitares lo subieron a una camioneta y se lo llevaron, en medio de la masacre que perpetraban por varias calles de Barrancabermeja. Édgar tenía apenas 17 años y cursaba el grado noveno
‘Pepo’ le contó a la Fiscalía en 2016 que la masacre fue planeada por el exjefe de seguridad de Ecopetrol, el capitán del Ejército de apellido Herrera y alias ‘Camilo Morantes’. “Ingresamos en tres camionetas al sector nororiental de Barranca (...) se dio de baja a una o dos personas no recuerdo bien. Salimos por el barrio La Esperanza, llegamos a un punto que se llama obras públicas. Ahí, uno que iba con nosotros capturó a un muchacho y lo echó a una de las camionetas (...)”, dice el documento de la Fiscalía.
La vida de Manuela cambió para siempre esa tarde de domingo: sus días, llenos de incertidumbre, los dedicó, uno tras otro, a preguntar por su hijo, a exigir la verdad. Vendía los enseres de la casa para recorrer el Magdalena Medio siguiendo alguna pista sobre el paradero de su muchacho, mientras recibía amenazas para que dejara la búsqueda.
Leidy Barroso Amaya es una abogada defensora de víctimas de la organización Credhos en Barrancabermeja que también fue víctima de esta masacre. Tenía tan solo tres años en 1999, cuando los paramilitares, entre los que se encontraba ‘Pepo’, asesinaron a su padre César Manuel Barroso ese 28 de febrero. Un año después, en febrero del año 2000,
Leidy y su madre María Yesenia Amaya fueron secuestradas por los ‘paras’ como represalia por la búsqueda de la verdad sobre el asesinato. “A ella la desaparecieron y a mí me liberaron unos días después”, cuenta Barroso.
La abogada cuenta que están a la espera de que alias ‘Pepo’ responda muchas de sus preguntas en una audiencia que tiene programada la Jurisdicción Especial para la Paz en noviembre de 2024. “”Lo que está demostrado es que lo contrataron cuando era un paramilitar, apenas un tiempo después de perpetrar la masacre. Quisiéramos saber cómo entró a Ecopetrol, porque él no fue empleado como un obrero sino como un paramilitar”, explica Barroso.
Las víctimas de las masacres del 28 de febrero no son las únicas que buscan verdad tras los testimonios de González Sánchez y ‘Pepo’. El entramado criminal que han descrito, y que está involucrado con empleados y recursos de Ecopetrol, estuvo detrás de las 14 masacres cometidas por paramilitares entre 1998 y 2000, según la base de datos del CNMH.
La responsabilidad de Ecopetrol
Es un hecho que la petrolera terminó contratando a miembros de grupos ilegales que, además, infiltraron el sindicato de trabajadores de la empresa. González Sánchez también ha señalado a otros altos funcionarios de crear las condiciones para el ingreso de los paramilitares al puerto petrolero, entre ellos a su propio tío, Antonio Sánchez Vargas, director de seguridad nacional de Ecopetrol; Marco Tulio Restrepo, director corporativo de seguridad y su jefe directo; y el coronel Oscar Virgüez, jefe de seguridad de la refinería de Barrancabermeja.
Las situaciones descritas por González Sánchez y ‘Pepo’ abarcan un periodo de casi nueve años, entre 1996 y 2005, en el que se vivió el pico de violencia en la ciudad, especialmente con la incursión de las Ausac en 1998. Desde ese momento fue evidente el control de la ciudad por parte de los paramilitares.
Surgen entonces varias preguntas sobre la responsabilidad de Ecopetrol como empresa en todos estos hechos: ¿los vínculos con estos hechos criminales se limitan a unos cuantos funcionarios o eran parte de una política no oficial de la empresa? ¿Si estos funcionarios actuaron por su cuenta, por qué la empresa no se dio cuenta del uso de sus recursos y de la relación de varios de sus funcionarios con la violencia en la ciudad?
Fabián León del CIEDH señala que el período posterior al año 2000 es clave para entender las omisiones de diligencia debida en derechos humanos de Ecopetrol y su relación con los crímenes ocurridos antes de esa fecha. En ese año, se crean los Principios Voluntarios sobre Seguridad y DDHH. Esta es una iniciativa internacional que “promueve la implementación de una serie de principios guías para las compañías de hidrocarburos y mineras para proveer seguridad en sus operaciones, en una forma que sea respetuosa de los derechos humanos”.
León explica que con los hechos ocurridos antes del año 2000, es difícil establecer una responsabilidad jurídica de la empresa en los hechos, ya que no había un instrumento para verificar sus obligaciones. “Con la JEP y con Justicia y Paz se han venido estableciendo unos contextos que, si bien, no generan una responsabilidad jurídica, por lo menos le señalan a la empresa una responsabilidad general”, dice el investigador.
Para el profesor Daniel Marín, toda la información que ha salido en estas dos décadas muestra indicios de que la empresa tenía consolidada unas prácticas en su operación en las que había una permisividad hacia conductas por fuera de la ley que pudieran realizar sus funcionarios. El investigador aclara que la situación de la empresa petrolera, con respecto a protocolos de derechos humanos es muy diferente en la actualidad, ya que ha certificado altos estándares en ese sentido.
Rutas del Conflicto buscó una entrevista con los directivos de la empresa para escuchar su respuesta a los señalamientos, pero desde la oficina de prensa indicaron que no había un vocero para hablar de ese tema en particular. Insistieron en que la posición oficial de la compañía era la siguiente: “Ecopetrol nunca ha trabajado con organizaciones paramilitares ni se ha asociado de ninguna manera con tales grupos. Todas las acciones de Ecopetrol se llevan a cabo de acuerdo con la ley y el respeto de los derechos humanos. La Empresa no ha financiado ni patrocinado a ningún grupo ilegal en sus más de 70 años de historia. No hay procedimientos legales o administrativos contra Ecopetrol, ni ha sido considerada responsable o sancionada por financiar actividades ilegales”.
*Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung en Colombia