El exgobernador de Arauca Julio Acosta Bernal pide pista en la JEP

Para el año 2004, cuando Julio Acosta Bernal inició sus labores como gobernador de Arauca, ese departamento sufría la violencia de las guerrillas y los grupos paramilitares. La región, que hoy sigue convulsionada, ha sido un fortín del Eln, especialmente del Frente Domingo Laín. Acosta, uno de los poderosos del departamento, pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz y anunció que está dispuesto a contar su verdad de la injerencia de los grupos armados en la región por medio de contratos, así como la supuesta relación de la clase política en algunos de los casos por los cuales él es procesado.

Julio Acosta se presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública. Para ello, planteó un compromiso de contribución a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición, que es uno de los requisitos que la justicia especial exige y que deberá analizar para decidir si lo acoge o no. El exgobernador de Arauca asegura que puede aportar la verdad sobre los hechos por los cuales ha sido procesado, que son cinco: dos por homicidio y tres por presuntas irregularidades en contratación.

Acosta fue el primer alcalde elegido por voto popular en Arauca y llegó a la Gobernación de ese departamento de la mano de Cambio Radical. La prensa de la época reportaba cómo sobrevivió a por lo menos siete atentados y hasta que dormía armado. Hoy es procesado por su presunta participación en el homicidio de Juan Alejandro Plazas Lomónaco, delegado de la Registraduría, ocurrido el 10 de julio de 2003. La acusación de la Fiscalía dice que Acosta habría entregado “listas negras” de personas al Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas.

En 2013 fue condenado a 28 años de prisión por ese crimen, pero el proceso fue anulado por la Corte Suprema porque, en su condición de gobernador, debió haber sido procesado por ese alto tribunal. Así que todo inició de nuevo. En enero de 2017, la Fiscalía lo acusó por homicidio y concierto para delinquir, cargos que incluían sus supuestos nexos con los paramilitares, pero el juicio ante la Corte Suprema está suspendido. El expediente alega que los paramilitares al mando de Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera habrían apoyado la candidatura de Acosta, para lo cual se habrían realizado varias reuniones, incluida una en Córdoba a la que habría asistido Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Presuntamente, el mismo Carlos Castaño habría aportado $500 millones.

La Fiscalía insiste en que, en las contiendas de 2003, los opositores de Acosta fueron señalados de ser de izquierda, incluido Plazas Lomónaco, quien “no solo resultaba una piedra en el zapato para Acosta por su cargo, sino que además se trataba del jefe de debate en la campaña anterior del opositor de Acosta para el 2003: el padre Helmer Muñoz”. ¿Qué tiene que decir Acosta al respecto? El exgobernador, que no irá a la JEP a aceptar responsabilidad sino que buscará ir a juicio en el Tribunal de Paz, asegura tener varias verdades que contar sobre este crimen.

Por un lado, la propuesta de verdad señala que Acosta puede explicar el móvil de la muerte del registrador e informar quiénes serían los autores materiales del hecho, así como dar cuenta de un supuesto intento para desviar a la justicia en este caso: “Pago a testigos, libretos destinados a ocultar la verdadera participación de políticos de Arauca en hechos”. El abogado de Acosta, Andrés Garzón, señaló que la JEP es competente para estudiar este caso, porque se trataría de hechos que tienen que ver con el conflicto, porque Arauca vivía un contexto violento. “Todas las investigaciones tienen que ver directamente con el conflicto y Julio Acosta conoce de primera mano qué fue lo que pasó, porque conoció y puede mostrarle a la JEP cómo los verdaderos autores de horribles homicidios han tratado de desviar la justicia”, dijo.

¿En qué consisten los otros casos? Uno tiene que ver con la investigación por la muerte del periodista Efraín Varela Noriega, director del noticiero Actualidad Informativa, ocurrida el 28 de junio de 2012. Allí Acosta dice que también puede explicar el móvil del crimen y un supuesto intento de desviar a la justicia. Otro caso es por el que ya está condenado a seis años y ocho meses de prisión: las irregularidades en el contrato de Eco-park, en el cual Acosta alega que hubo incidencia de los grupos ilegales. Ese, de hecho, es el argumento del exgobernador para pedir que la JEP examine otros dos casos suyos. El primero es por presuntas irregularidades en un contrato de interventoría de 2005, por el cual la Fiscalía lo acusó en noviembre de 2018.

El segundo es por supuestas anomalías en el contrato 332 del 28 de septiembre de 2005, por $7.026 millones, suscrito con el Consorcio Castell Camel Cadena Fawcett, para la construcción y ampliación de la nueva torre del hospital San Vicente de Arauca. Este caso está en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Ya ese tribunal, el pasado 28 de enero, negó remitir el expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por considerar que los presuntos delitos del exgobernador nada tienen que ver con el conflicto.

“La defensa ha planteado que el contrato debió suspenderse por la zozobra y la amenaza de grupos al margen de la ley, sin que nada diga y menos demuestre los posibles nexos entre la contratación supuestamente ilegal y el conflicto armado”, indicó la Corte. El abogado Garzón señaló que interpondrá un conflicto de competencias para que la Corte Constitucional defina si el caso sigue en la justicia ordinaria o pasa a la justicia especial. “Este tipo de situaciones que supuestamente son delitos contra la administración pública, pero lo que hay es incidencia del conflicto en la contratación de un departamento, deben ser reconocidos por la JEP”, dijo. Por ahora, corresponderá a la Sala analizar los compromisos anunciados por Acosta.

Entre ellos está un programa de reparación a las víctimas en el departamento de Arauca en temas de cría de ganado vacuno, así como de peces y de aves. Se trata de una capacitación que tendrá una duración de cuarenta horas durante diez días. Igualmente, se propone pedir una audiencia ante la Comisión de la Verdad para explicar lo que sabe en relación con el conflicto en su departamento y hacer jornadas de sensibilización sobre lo que pasó en Arauca entre 2003 y 2007, publicaciones en medios escritos y la realización de un seminario sobre derechos humanos dirigido a servidores públicos del departamento.

“Julio Enrique Acosta se compromete a realizar las actividades que se consideren necesarias para reparar a las víctimas (…) Se encuentra a la absoluta disposición de la JEP en miras de atener cualquier requerimiento, entendiendo que su sometimiento se realiza de forma irrestricta, plena e integral”. Mientras se define este caso y el país vive una fuerte disputa política por las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, la defensa de Acosta pide que haya un marco legal. “Los cuestionamientos tienen que ser reevaluados, pero la JEP tiene que tener su Ley Estatutaria. Tenemos que tener una ruta solida con la cual podamos iniciar estos procesos”, precisó Garzón.

Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien representa a los familiares del registrador Plazas y del periodista Varela, indicó que hasta el momento no han sido notificados por la JEP, por lo que espera que se dé el escenario para pronunciarse oficialmente. “No nos han citado. En principio lo ubico en el plano de obtener un beneficio personal: hacerse a la Gobernación. Lo mismo que el tema de corrupción, que son actos motivados por el interés de obtener un provecho económico. Si la JEP llega a reconocer la competencia lo importante es poder verificar el compromiso con las víctimas”, aseguró.

Para el año 2004, cuando Julio Acosta Bernal inició sus labores como gobernador de Arauca, ese departamento sufría la violencia de las guerrillas y los grupos paramilitares. La región, que hoy sigue convulsionada, ha sido un fortín del Eln, especialmente del Frente Domingo Laín. Acosta, uno de los poderosos del departamento, pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz y anunció que está dispuesto a contar su verdad de la injerencia de los grupos armados en la región por medio de contratos, así como la supuesta relación de la clase política en algunos de los casos por los cuales él es procesado.

Julio Acosta se presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública. Para ello, planteó un compromiso de contribución a la verdad plena, la reparación integral y la no repetición, que es uno de los requisitos que la justicia especial exige y que deberá analizar para decidir si lo acoge o no. El exgobernador de Arauca asegura que puede aportar la verdad sobre los hechos por los cuales ha sido procesado, que son cinco: dos por homicidio y tres por presuntas irregularidades en contratación.

Acosta fue el primer alcalde elegido por voto popular en Arauca y llegó a la Gobernación de ese departamento de la mano de Cambio Radical. La prensa de la época reportaba cómo sobrevivió a por lo menos siete atentados y hasta que dormía armado. Hoy es procesado por su presunta participación en el homicidio de Juan Alejandro Plazas Lomónaco, delegado de la Registraduría, ocurrido el 10 de julio de 2003. La acusación de la Fiscalía dice que Acosta habría entregado “listas negras” de personas al Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas.

En 2013 fue condenado a 28 años de prisión por ese crimen, pero el proceso fue anulado por la Corte Suprema porque, en su condición de gobernador, debió haber sido procesado por ese alto tribunal. Así que todo inició de nuevo. En enero de 2017, la Fiscalía lo acusó por homicidio y concierto para delinquir, cargos que incluían sus supuestos nexos con los paramilitares, pero el juicio ante la Corte Suprema está suspendido. El expediente alega que los paramilitares al mando de Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera habrían apoyado la candidatura de Acosta, para lo cual se habrían realizado varias reuniones, incluida una en Córdoba a la que habría asistido Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Presuntamente, el mismo Carlos Castaño habría aportado $500 millones.

La Fiscalía insiste en que, en las contiendas de 2003, los opositores de Acosta fueron señalados de ser de izquierda, incluido Plazas Lomónaco, quien “no solo resultaba una piedra en el zapato para Acosta por su cargo, sino que además se trataba del jefe de debate en la campaña anterior del opositor de Acosta para el 2003: el padre Helmer Muñoz”. ¿Qué tiene que decir Acosta al respecto? El exgobernador, que no irá a la JEP a aceptar responsabilidad sino que buscará ir a juicio en el Tribunal de Paz, asegura tener varias verdades que contar sobre este crimen.

Por un lado, la propuesta de verdad señala que Acosta puede explicar el móvil de la muerte del registrador e informar quiénes serían los autores materiales del hecho, así como dar cuenta de un supuesto intento para desviar a la justicia en este caso: “Pago a testigos, libretos destinados a ocultar la verdadera participación de políticos de Arauca en hechos”. El abogado de Acosta, Andrés Garzón, señaló que la JEP es competente para estudiar este caso, porque se trataría de hechos que tienen que ver con el conflicto, porque Arauca vivía un contexto violento. “Todas las investigaciones tienen que ver directamente con el conflicto y Julio Acosta conoce de primera mano qué fue lo que pasó, porque conoció y puede mostrarle a la JEP cómo los verdaderos autores de horribles homicidios han tratado de desviar la justicia”, dijo.

¿En qué consisten los otros casos? Uno tiene que ver con la investigación por la muerte del periodista Efraín Varela Noriega, director del noticiero Actualidad Informativa, ocurrida el 28 de junio de 2012. Allí Acosta dice que también puede explicar el móvil del crimen y un supuesto intento de desviar a la justicia. Otro caso es por el que ya está condenado a seis años y ocho meses de prisión: las irregularidades en el contrato de Eco-park, en el cual Acosta alega que hubo incidencia de los grupos ilegales. Ese, de hecho, es el argumento del exgobernador para pedir que la JEP examine otros dos casos suyos. El primero es por presuntas irregularidades en un contrato de interventoría de 2005, por el cual la Fiscalía lo acusó en noviembre de 2018.

El segundo es por supuestas anomalías en el contrato 332 del 28 de septiembre de 2005, por $7.026 millones, suscrito con el Consorcio Castell Camel Cadena Fawcett, para la construcción y ampliación de la nueva torre del hospital San Vicente de Arauca. Este caso está en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Ya ese tribunal, el pasado 28 de enero, negó remitir el expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por considerar que los presuntos delitos del exgobernador nada tienen que ver con el conflicto.

“La defensa ha planteado que el contrato debió suspenderse por la zozobra y la amenaza de grupos al margen de la ley, sin que nada diga y menos demuestre los posibles nexos entre la contratación supuestamente ilegal y el conflicto armado”, indicó la Corte. El abogado Garzón señaló que interpondrá un conflicto de competencias para que la Corte Constitucional defina si el caso sigue en la justicia ordinaria o pasa a la justicia especial. “Este tipo de situaciones que supuestamente son delitos contra la administración pública, pero lo que hay es incidencia del conflicto en la contratación de un departamento, deben ser reconocidos por la JEP”, dijo. Por ahora, corresponderá a la Sala analizar los compromisos anunciados por Acosta.

Entre ellos está un programa de reparación a las víctimas en el departamento de Arauca en temas de cría de ganado vacuno, así como de peces y de aves. Se trata de una capacitación que tendrá una duración de cuarenta horas durante diez días. Igualmente, se propone pedir una audiencia ante la Comisión de la Verdad para explicar lo que sabe en relación con el conflicto en su departamento y hacer jornadas de sensibilización sobre lo que pasó en Arauca entre 2003 y 2007, publicaciones en medios escritos y la realización de un seminario sobre derechos humanos dirigido a servidores públicos del departamento.

“Julio Enrique Acosta se compromete a realizar las actividades que se consideren necesarias para reparar a las víctimas (…) Se encuentra a la absoluta disposición de la JEP en miras de atener cualquier requerimiento, entendiendo que su sometimiento se realiza de forma irrestricta, plena e integral”. Mientras se define este caso y el país vive una fuerte disputa política por las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, la defensa de Acosta pide que haya un marco legal. “Los cuestionamientos tienen que ser reevaluados, pero la JEP tiene que tener su Ley Estatutaria. Tenemos que tener una ruta solida con la cual podamos iniciar estos procesos”, precisó Garzón.

Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien representa a los familiares del registrador Plazas y del periodista Varela, indicó que hasta el momento no han sido notificados por la JEP, por lo que espera que se dé el escenario para pronunciarse oficialmente. “No nos han citado. En principio lo ubico en el plano de obtener un beneficio personal: hacerse a la Gobernación. Lo mismo que el tema de corrupción, que son actos motivados por el interés de obtener un provecho económico. Si la JEP llega a reconocer la competencia lo importante es poder verificar el compromiso con las víctimas”, aseguró.