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Rodrigo Tovar Pupo, conocido en la guerra como Jorge 40, es uno de los exjefes paramilitares que han pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el argumento de que revelarán toda la verdad y volverán a contar los hechos que Justicia y Paz, el tribunal que se creó cuando se desmovilizaron los paramilitares, no ha querido escuchar. Hoy, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le dio una respuesta: le cerró la puerta por no tener competencia material sobre los exintegrantes de grupos paramilitares ni de otros grupos armados ilegales distintos a las Farc EP.
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Sin embargo, le dejó una posibilidad: estudiar su caso como un tercero civil, es decir, como un financiador y auspiciador de organizaciones paramilitares desde 1996 a 1998, antes de ingresar a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). De hacerlo, los magistrados le solicitaron que envíe “por escrito el compromiso concreto, claro y programado de verdad no conocida en la justicia ordinaria, de reparación y de no repetición”.
“Los miembros de las ‘autodefensas’ –incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente– pueden comparecer si y solo si, antes o después de portar armas, actuaron como terceros financiadores o colaboradores. Acogiendo la interpretación de la Corte Constitucional sobre el conflicto, según la cual éste es un fenómeno social complejo y multicausal”, dice el auto.
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En la solicitud de sometimiento hecha por Tovar Pupo, en septiembre de 2019, manifestó que fue “ideólogo, propulsor e integrante del proyecto de Autodefensas”, que desarrolló estrategias “para enfrentar a la guerrilla fuera de los cánones institucionales” y que financió y auspició organizaciones paramilitares desde 1996. Además, manifestó que desde 1998 decidió formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), extendiéndose a otras zonas, hasta convertirse en segundo al mando del Bloque Norte de las Autodefensas.
La Sala aprovechó para recordarle que en 2015 fue expulsado de Justicia y Paz por no aceptar su participación en crímenes de reclutamiento forzado de menores, violencia de género y secuestro ni haber reparado a las víctimas. “El señor Rodrigo Tovar Pupo tuvo la oportunidad, en su calidad de exparamilitar, de someterse a Justicia y Paz, (…) pero fue excluido de ella por no contribuir con la verdad a la cual estaba obligado y haber incumplido los compromisos que había asumido. La JEP no es una justicia subsidiaria a la de Justicia y Paz, ni un nuevo escenario de justicia transicional que pueda ser utilizado como una estrategia oportunista para evadir los procedimientos y sanciones de la justicia ordinaria”.
Si quiere empezar un nuevo proceso, Tovar Pupo deberá remirtir una copia de la decisión judicial por la que se encuentra privado de la libertad en el centro penitenciario Correction Complex – Allenwood en Estados Unidos. Además, la Sala le ordenó librar un exhorto por medio de la Secretaría Judicial al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, a través de un agente consular, notifique a Tovar Pupo sobre esta decisión de la JEP.
Tovar Pupo fue procesado en Justicia y Paz por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura, desaparición forzada y reclutamiento ilícito, destrucción y apropiación de bienes protegidos, entre otros. Posteriormente, Tovar Pupo fue expulsado de Justicia y Paz y extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 y saldrá de prisión justo este 2020.
A esta petición se suma la del también exjefeparamilitar Salvatore Mancuso, quien ya pidió ingresar a la JEP como tercero civil y entregó su plan de verdad y reparación a las víctimas. Una vez esté listo este trámite, los magistrados lo enviarán a las víctimas y a la Procuraduría para que lo revisen. Luego la Sala de Reconocimiento intervendrá y zanjará la discusión.