![En el país, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales se cuentan por miles. / Archivo El Espectador](https://www.elespectador.com/resizer/v2/A2CHRBQKBFHMNJ3DIBMGQ23QLM.jpg?auth=62df5fc66a359d2ceab9ea7ac7b6b66e01d6ba194bf70b1c280ca72beeec4ea9&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
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El pasado 5 de diciembre, el Congreso aprobó los ascensos de 21 generales y coroneles, quienes realizarán un curso para convertirse en generales de la República, o a los que ya lo eran, portar una segunda estrella en sus solapas. Sobre cinco de ellos había encendido sus alarmas la ONG Human Rights Watch, “contra quienes -aseguró- existen graves evidencias” de su posible participación en ejecuciones extrajudiciales. Los oficiales supuestamente comprometidos eran el general Francisco Cruz Ricci y los coroneles Mauricio Zabala Cardona, Miguel Eduardo David Bastidas, Óscar Rey Linares y Raúl Flórez Cuervo. Al final, todos los ascensos fueron aprobados menos uno: el del coronel David Bastidas.
El Espectador conoció el voluminoso expediente que empantanó la promoción del oficial David Bastidas, quien se graduó como subteniente en diciembre de 1989, estuvo como agregado militar en Bélgica y ha acumulado tres órdenes del mérito militar, dos medallas de servicios distinguidos en orden público y otros 20 tipos de reconocimiento profesional. En ese proceso su nombre figura junto con el de otros cinco militares, investigados por un total de 65 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón de Artillería Jorge Eduardo Sánchez, más conocido como el Batallón Bajes, que habría causado más de 90 víctimas.
Se trata de casos ocurridos entre 2003 y 2004, cuando el oficial David Bastidas era mayor del Ejército y era segundo comandante del batallón. El pasado 27 de noviembre, cuando su nombre ya hacía parte de los posibles ascendidos a general, una Fiscalía de Medellín de la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos ordenó su detención en centro carcelario como “coautor por omisión” de 32 homicidios en persona protegida, 14 desapariciones forzadas, tres detenciones ilegales, 10 episodios de tortura, desplazamiento forzado, atentados a la subsistencia y devastación, y concierto para delinquir agravado. La medida de aseguramiento, al final, quedó en una restricción para salir del país.
(En contexto: 29 generales y coroneles, en la mira de la CPI por ejecuciones extrajudiciales)
Entre las víctimas figuran Úber Esnéider Giraldo y Disney Villegas, para la Fiscalía, el “caso 46”, sobre el cual ya hay fallo. En mayo de 2014, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a nueve militares a 40 años de prisión por el asesinato de esos dos hombres y por falsedad ideológica en documento público, pues el informe de patrullaje fue alterado. Los homicidios se ejecutaron en zona rural de Granada (Antioquia). “Arrojó la investigación que los individuos dados de baja identificados posteriormente (…) realmente no tenían la calidad de rebeldes, pues sencillamente ellos eran campesinos de la región que fueron alevosamente asesinados por los integrantes de la Fuerza Pública”.
Otro caso por el que el coronel David Bastidas está siendo investigado es el de Marta Oliva Duque, quien fue reportada como “baja” del Eln en agosto de 2004 y fue identificada 11 años más tarde. “Como patrón común de ejecuciones, en este caso, tampoco a la víctima se le encontró arma de fuego con la cual pudiera haberse enfrentado a la tropa”. Confesiones posteriores de soldados le permitieron a la Fiscalía esclarecer qué ocurrió con Duque García. El principal testigo, un soldado de apellido Ramírez, le dijo a la justicia que había recibido presiones, amenazas y hasta ofrecimiento de dinero “por atreverse a contar la verdad”, y reiteró que un día, tras un confuso combate, un compañero suyo cogió a una mujer herida y la mató. “La orden la dio el subteniente Martínez (…) que dijéramos que esa señora había muerto en combate”.
Para la Fiscalía es claro que en esos 65 casos “las bajas presentan patrones comunes con las ejecuciones extrajudiciales”. Mientras el Congreso discutía a quiénes llamar a ascenso, en el documento de medida de aseguramiento del pasado 27 de noviembre se mencionó que al coronel David Bastidas le daban 10 días hábiles para que presentara el acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz, por lo que quedó en evidencia su intención de acogerse a este sistema de justicia transicional que se estableció tras el Acuerdo Final con las Farc. La Secretaría Ejecutiva de la JEP, sin embargo, le confirmó a este diario que, hasta la fecha, el coronel David Bastidas no ha suscrito ningún documento de este tipo.
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