El expediente desconocido de las desapariciones en la cárcel Modelo

“El veneno se usó mucho. El cianuro para matar gente. Eso entraba por el Patio 3 y se le daba un frasquito o polvo a cada mando de patio, se lo daba al que había que matar silenciosamente. Se daba en la boca o con jeringa  (…) decían que entre más pequeña la dosis más letal. (…) Yo  participé una vez que hubo cuatro muertos el mismo día y di la orden para que dos subalternos míos lo hicieran (…) Los cuerpos se botaban en la puerta blindada y el Inpec los recogía envueltos en la cobija y los reportaba como infartos”.

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“Un señor que entró de visita, me tocó a mí, era familiar del Mono Jojoy. Lo reconoció uno de las Auc (…)  Yo le saqué la billetera y tenía fotos con el Mono. (…) Lo amarramos, el señor tenía una discapacidad en un pie, no supimos a quién iba a visitar (…) Se amarró, se llevó para piloto 2000. Allá había un negrito que le decían arrocito. Le dio con la correa del mismo señor. Belisario me dijo que buscara a quien iba a visitar (…) cuando volví al patio ya lo habían ahorcado con la misma correa y el mismo se tragó la caja de dientes”.

Con el recaudo de testimonios igual de escabrosos, en atención a una orden impartida por la Dirección Especializada de Justicia Transicional, un grupo de fiscales e investigadores del CTI dieron un paso clave para esclarecer uno de los capítulos menos indagados en el devenir de la violencia colombiana de los últimos tiempos: la guerra que se libró en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003, sin que las autoridades que debían impedirla contrastaran un imperio de horror desplegado los violentos.    

El informe reconoce que al interior de este centro penitenciario se constituyó una estructura armada ilegal conformada por hombres privados de la libertad que ejercieron el control total del establecimiento. Grupos de autodefensas y guerrillas que obraron a sus anchas ante la mirada tolerante de las autoridades. Presos que además de su guerra abierta, para afianzar su poder desplegaron una red de restaurantes, almacenes, ferreterías, tiendas de abarrotes, discotecas, enfermerías o ventas de vicio.

“Lo que debería ser no sucedió”, destaca al informe, al admitir que en vez de que los presos de los grupos ilegales vivieran sometidos a la custodia del Estado para purgar penas por sus crímenes, desplegaron “un conflicto dentro del conflicto”, es decir, un territorio de guerra. El ala sur de La Modelo, manejado al antojo de las autodefensas. Al otro extremo las guerrillas. Ambos con fusiles, granadas, subametralladoras o pistolas y, entre los dos bandos, una población carcelaria hacinada que llegó a 4.917 presos.

Fue la época en la que las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana iniciaban diálogos de Paz en la región del Caguán en Caquetá, y era claro que la prioridad de la guerrilla no apuntaba a alcanzar un pronto acuerdo sino a imponer un canje de prisioneros de guerra y sacar guerrilleros de las cárceles a cambio de casi 500 militares y policías cautivos tras alambradas en la selva. Y algunos de esos potenciales canjeables estaban en La Modelo. Así como paramilitares que también protagonizaban en su barbarie.

El reporte de los investigadores judiciales especifica que, a sangre y fuego, la condición mayoritaria de las autodefensas se impuso en La Modelo a través de una estructura denominada Bloque Interno Capital, que convirtió en asunto normal los homicidios selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, los delitos sexuales, los secuestros, el tráfico de estupefacientes y de armas, las exigencias de contribuciones económicas a quienes se vieron sometidos a sus dictámenes.

El Bloque Interno Capital estuvo integrado por al menos 200 hombres, que delinquieron bajo las órdenes de Miguel Arroyave Ruíz, alias Arcángel, quien llegó preso al penal en mayo de 1999, sindicado como zar de los insumos químicos para procesar cocaína en los Llanos Orientales. En realidad, era un viejo conocido de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil desde sus días de adolescencia común en Amalfi (Antioquia), y cuando dejó la cárcel en el año 2001 pasó a regentar el temible Bloque Centauros.

La transición entre la cárcel y la comandancia de uno de los estratégicos frentes de guerra del proyecto Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyo acontecer criminal se enlaza con otra red asesina cobrando forma en esos tiempos: el Frente Capital o Bloque Capital. El expediente menos documentado del conflicto armado colombiano. La estructura que desde el exterior de La Modelo en Bogotá desarrolló sus asesinatos selectivos u oficinas de cobro, en tácita alianza de intereses comunes y complicidades.

Un contexto que explica por qué el Bloque Interno Capital desplegó en La Modelo una bien configurada red para vulnerar a diario el régimen carcelario. Con desviación de dineros públicos a través de la apropiación de bienes, alimentos o medicinas suministradas por el Estado; estricto control al ingreso de personas al centro penitenciario al margen de la guardia autorizada del Inpec; o el tráfico de armas y explosivos para librar la guerra que dejó un número indeterminado de víctimas.

Bajo su criterio y arbitrariedad, el porte de armas se hizo normal, lo mismo que la comisión de otras conductas ilegales. La comercialización e ingreso de estupefacientes o licor; la presencia cotidiana de mujeres ejerciendo la prostitución; los precios para el tránsito a determinados patios, ubicación de celdas o el derecho a dormir en determinados sitios; o una secuencia de túneles y caletas para guardar elementos prohibidos o cometer delitos. Los testimonios recogidos ilustran en detalle lo que fue aquel horror.

“El que no moría en el tanque de corriente, lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa. Los picaban, los degollaban o los ahorcaban (…) El Inpec tenía un contrato con un señor de Soacha de unas marraneras y una persona llamó a la prensa a decir que era con la aguamasa de La Modelo. Morían envenenados, a cuchillo, cortados. Con arma de fuego muy pocos. El que moría con arma de fuego era un duro o alguien de las AUC. Muchas veces al que entraba ya había orden de matarlo y lo desaparecían”.

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“Ángel Mahecha llamó para que buscáramos cinco personas que habían asesinado niños en Bogotá, no me acuerdo si en Bosa o Soacha (…) Fueron asesinadas con las pesas de un gimnasio. Eso quedaron con las cabezas vueltas nada (…) Las hachas con las que picaban a las personas eran pequeñitas, con buen filo (…) Los cuchillos del mismo rancho los utilizaban para abrir y sacarle las tripas”, se lee en una de las versiones recaudadas por los investigadores judiciales para la realización del informe.

El testigo se refiere a Ángel Gaitán Mahecha, segundo al mando del Bloque Interno Capital y, desde finales de los años 80 hombre cercano al zar de las esmeraldas Víctor Carranza.  El narcoparamilitar que, junto a Jairo de Jesús Durango o Guagua, Juan de Jesús Pimiento, Mario Jaimes Mejía o El Panadero, Luis Hernando Méndez o René, Jorge Eliécer Ospina, José Alberto Cadavid, Efraín Pérez Cardona o 400, Horacio Mejía o Caldo Frío, o Alber Narváez, alias Belisario, literalmente se tomaron buena parte de La Modelo.

El informe de la Fiscalía detalla que toda el Ala Sur fue su dominio. El pabellón de Alta seguridad, los patios 3, 4 y 5, y el patio piloto que los reclusos llamaban Wimpi. Con fusiles Galil, R15 o AK47, pistolas 9 milímetros y 765, revólveres, changones, subametralladoras, municiones, explosivos, un poderoso arsenal para matar a cualquier hora del día o dejar cuerpos desmembrados en las alcantarillas o en bolsas de basura. Todos portando celulares, brazaletes, pasamontañas o chalecos antibalas, libres para ejercer la guerra.

Las declaraciones recaudadas demuestran con suficiencia lo que significó aquel infierno. En abril de 2000, por ejemplo, durante la toma del patio 4 que derivó en batalla campal con saldo de 23 muertos, un preso conocido como Barragán se rindió ante los internos de las AUC. “Esta persona fue entregada a alias Cadavid, quien le quitó cuatro millones y luego ordenó ejecutarlo por pertenecer a los sociales, aliados con la guerrilla. El cadáver fue botado en la puerta blindada dónde permanecían los guardianes”.

Respecto a las desapariciones, la Fiscalía documentó cinco casos. Las víctimas fueron Carlos Candia, Joaquín Gallego, Jorge Vargas, Luis Norberto Osorio y Janer Torres. En casi todos los hechos, además de la sevicia para quitarles la vida, a sus familiares les mandaron a decir que no los buscaran más y que no se metieran en problemas porque ya habían sido descuartizados. No fueron los únicos que corrieron esa suerte. Entre internos o ingresados al penal a la fuerza o amenazados, de muchos otros se perdió el rastro. 

“Una vez llegaron unos visitantes. Tengo entendido que eran del Bloque Capital, fueron a cuadrar cuentas con Belisario y dos o tres quedaron retenidos. La guardia entró a buscarlos y lo que les dijeron fue que se habían ido borrachos y por eso habían dejado las cédulas. Era mentira. Estaba retenidos en la cárcel. Fueron asesinados y tirados en la aguamasa, en la lavaza para los marranos (…) En una ocasión, el señor de la aguamasa le dijo a la guardia que había encontrado unos dedos y le tocó quedarse callado”.

Entre el 16 de febrero de 1999 y el 25 de mayo de 2000, en este diario, además de otras informaciones judiciales, la periodista Jineth Bedoya escribió 34 artículos sobre la crisis carcelaria que entonces vivía Colombia, en especial sobre todo lo que acontecía al interior de la cárcel Modelo. En esos escritos quedaron reseñados los ajustes de cuentas, los túneles con planes de fuga, los secuestros, el tráfico de armas, los interminables actos delictivos que se constituyeron ante los ojos permisivos de las autoridades.

Como se sabe, Jineth Bedoya fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 en la puerta de la cárcel Modelo, por desconocidos que seguramente planeaban desaparecerla y por eso la sometieron a tratos crueles y ultraje sexual. Un cerco de la Fiscalía, advertida de su desaparición, los obligó a cambiar de planes. Tuvieron que pasar 12 años para que la justicia se interesara por el caso. Hoy están condenados Mario Jaimes Mejía o El Panadero y Alejandro Cárdenas o JJ, pero es claro que no fueron los únicos implicados.

En noviembre del 2008, la Comisión Colombiana de Juristas envío un documento de 25 páginas a la Fiscalía para insistir en evaluar pruebas judiciales respecto a la existencia del Bloque Capital. Además, agregó una relación de víctimas con nombres y hechos ocurridos en Bogotá y su entorno. El tema no fue prioritario para la justicia, aunque la cronología del conflicto prueba que graves sucesos ocurrieron en la ciudad en momentos previos y durante las horas en las que La Modelo se convirtió en territorio de guerra.

Como el asesinato de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado en mayo de 1997; el crimen del penalista Eduardo Umaña, en abril de 1998; o el asesinato del periodista Jaime Garzón, en agosto de 1999. En agosto de 2015, el confeso narcoterrorista Popeye publicó el libro “Sobreviviendo a Pablo Escobar” y, de sus días en La Modelo, resalta la anarquía que crearon Arroyave y Gaitán, mientras sus conexiones “manejaban el bajo mundo en Bogotá, movían oficinas de cobro y policía corrupta”.

En versión libre, el jefe paramilitar Emiro Pereira, alias Huevoepisca, dejó pistas sobre otros nexos. Según él, otro que ayudó a posicionar a las autodefensas en Bogotá fue el general Rito Alejo del Río, quien recomendó trabajar con el coronel Jorge Eliécer Plazas, investigado en el caso Jaime Garzón. En mayo de 1998, el gobierno Samper ordenó desactivar la brigada XX de inteligencia del Ejército. En diciembre de 2000, el dirigente sindical Wilson Borja fue blanco de un atentado en el que participaron miembros de las Fuerzas Armadas.

En la misma época, en septiembre de 2001 fue asesinado el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, Luis Hernando Rojas; y un mes después corrió la misma suerte el congresista araucano, Luis Alfredo Colmenares. Estas acciones, sumadas a otras de la misma índole contra líderes sindicales, fueron perpetradas en Bogotá en la misma época en que el Bloque Capital funcionaba con oficinas de cobro en el sector de San Andresito y al norte de la ciudad, según   expedientes dispersos que no han sido integrados. 

Desafortunadamente, la mayoría de los que conformaron esa estructura en Bogotá, con agresiva filial en La Modelo, ya no viven para contarlo. Miguel Arroyave fue asesinado en 2004 cuando fungía como jefe del Bloque Centauros. Ángel Gaitán cayó acribillado en La Picota en 2001. En cambio, quien podría ayudar a aclarar el laberinto es Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”, quien acaba de ser condenado en Estados Unidos. Él fue uno de los hombres comisionados por Carlos Castaño para extender la violencia en Bogotá.

El dilema es que en Colombia nunca fue investigado por estos hechos y, desde que fue capturado en Argentina, se ha mantenido en silencio sobre este asunto. La misma estrategia de otros de sus protagonistas, que saben que el Frente o Bloque Capital existió y que las autodefensas desarrollaron acciones determinantes de su violencia en Bogotá, pero cuyas conexiones parecen piezas de un ajedrez intocable. Sobre otros bloques quedaron decenas de expedientes en Justicia y Paz. Sobre el Bloque Capital retazos desperdigados en anaqueles.   

Por eso, el informe de la Fiscalía y el CTI sobre el Bloque Interno Capital al interior de la cárcel Modelo en Bogotá, constituye un aporte clave en procura de la verdad de lo que sucedió en Bogotá respecto al Frente o Bloque Capital, o simplemente la ofensiva de las autodefensas en la ciudad hacia finales de los años 90. Tres fiscales quedaron asignados a tareas concretas: la desaparición de personas en la cárcel, terceros comprometidos y el contexto para desentrañar el capítulo más impune de la guerra reciente en Colombia.

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“El veneno se usó mucho. El cianuro para matar gente. Eso entraba por el Patio 3 y se le daba un frasquito o polvo a cada mando de patio, se lo daba al que había que matar silenciosamente. Se daba en la boca o con jeringa  (…) decían que entre más pequeña la dosis más letal. (…) Yo  participé una vez que hubo cuatro muertos el mismo día y di la orden para que dos subalternos míos lo hicieran (…) Los cuerpos se botaban en la puerta blindada y el Inpec los recogía envueltos en la cobija y los reportaba como infartos”.

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“Un señor que entró de visita, me tocó a mí, era familiar del Mono Jojoy. Lo reconoció uno de las Auc (…)  Yo le saqué la billetera y tenía fotos con el Mono. (…) Lo amarramos, el señor tenía una discapacidad en un pie, no supimos a quién iba a visitar (…) Se amarró, se llevó para piloto 2000. Allá había un negrito que le decían arrocito. Le dio con la correa del mismo señor. Belisario me dijo que buscara a quien iba a visitar (…) cuando volví al patio ya lo habían ahorcado con la misma correa y el mismo se tragó la caja de dientes”.

Con el recaudo de testimonios igual de escabrosos, en atención a una orden impartida por la Dirección Especializada de Justicia Transicional, un grupo de fiscales e investigadores del CTI dieron un paso clave para esclarecer uno de los capítulos menos indagados en el devenir de la violencia colombiana de los últimos tiempos: la guerra que se libró en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003, sin que las autoridades que debían impedirla contrastaran un imperio de horror desplegado los violentos.    

El informe reconoce que al interior de este centro penitenciario se constituyó una estructura armada ilegal conformada por hombres privados de la libertad que ejercieron el control total del establecimiento. Grupos de autodefensas y guerrillas que obraron a sus anchas ante la mirada tolerante de las autoridades. Presos que además de su guerra abierta, para afianzar su poder desplegaron una red de restaurantes, almacenes, ferreterías, tiendas de abarrotes, discotecas, enfermerías o ventas de vicio.

“Lo que debería ser no sucedió”, destaca al informe, al admitir que en vez de que los presos de los grupos ilegales vivieran sometidos a la custodia del Estado para purgar penas por sus crímenes, desplegaron “un conflicto dentro del conflicto”, es decir, un territorio de guerra. El ala sur de La Modelo, manejado al antojo de las autodefensas. Al otro extremo las guerrillas. Ambos con fusiles, granadas, subametralladoras o pistolas y, entre los dos bandos, una población carcelaria hacinada que llegó a 4.917 presos.

Fue la época en la que las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana iniciaban diálogos de Paz en la región del Caguán en Caquetá, y era claro que la prioridad de la guerrilla no apuntaba a alcanzar un pronto acuerdo sino a imponer un canje de prisioneros de guerra y sacar guerrilleros de las cárceles a cambio de casi 500 militares y policías cautivos tras alambradas en la selva. Y algunos de esos potenciales canjeables estaban en La Modelo. Así como paramilitares que también protagonizaban en su barbarie.

El reporte de los investigadores judiciales especifica que, a sangre y fuego, la condición mayoritaria de las autodefensas se impuso en La Modelo a través de una estructura denominada Bloque Interno Capital, que convirtió en asunto normal los homicidios selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, los delitos sexuales, los secuestros, el tráfico de estupefacientes y de armas, las exigencias de contribuciones económicas a quienes se vieron sometidos a sus dictámenes.

El Bloque Interno Capital estuvo integrado por al menos 200 hombres, que delinquieron bajo las órdenes de Miguel Arroyave Ruíz, alias Arcángel, quien llegó preso al penal en mayo de 1999, sindicado como zar de los insumos químicos para procesar cocaína en los Llanos Orientales. En realidad, era un viejo conocido de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil desde sus días de adolescencia común en Amalfi (Antioquia), y cuando dejó la cárcel en el año 2001 pasó a regentar el temible Bloque Centauros.

La transición entre la cárcel y la comandancia de uno de los estratégicos frentes de guerra del proyecto Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyo acontecer criminal se enlaza con otra red asesina cobrando forma en esos tiempos: el Frente Capital o Bloque Capital. El expediente menos documentado del conflicto armado colombiano. La estructura que desde el exterior de La Modelo en Bogotá desarrolló sus asesinatos selectivos u oficinas de cobro, en tácita alianza de intereses comunes y complicidades.

Un contexto que explica por qué el Bloque Interno Capital desplegó en La Modelo una bien configurada red para vulnerar a diario el régimen carcelario. Con desviación de dineros públicos a través de la apropiación de bienes, alimentos o medicinas suministradas por el Estado; estricto control al ingreso de personas al centro penitenciario al margen de la guardia autorizada del Inpec; o el tráfico de armas y explosivos para librar la guerra que dejó un número indeterminado de víctimas.

Bajo su criterio y arbitrariedad, el porte de armas se hizo normal, lo mismo que la comisión de otras conductas ilegales. La comercialización e ingreso de estupefacientes o licor; la presencia cotidiana de mujeres ejerciendo la prostitución; los precios para el tránsito a determinados patios, ubicación de celdas o el derecho a dormir en determinados sitios; o una secuencia de túneles y caletas para guardar elementos prohibidos o cometer delitos. Los testimonios recogidos ilustran en detalle lo que fue aquel horror.

“El que no moría en el tanque de corriente, lo sacaban y lo desaparecían en canecas de aguamasa. Los picaban, los degollaban o los ahorcaban (…) El Inpec tenía un contrato con un señor de Soacha de unas marraneras y una persona llamó a la prensa a decir que era con la aguamasa de La Modelo. Morían envenenados, a cuchillo, cortados. Con arma de fuego muy pocos. El que moría con arma de fuego era un duro o alguien de las AUC. Muchas veces al que entraba ya había orden de matarlo y lo desaparecían”.

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“Ángel Mahecha llamó para que buscáramos cinco personas que habían asesinado niños en Bogotá, no me acuerdo si en Bosa o Soacha (…) Fueron asesinadas con las pesas de un gimnasio. Eso quedaron con las cabezas vueltas nada (…) Las hachas con las que picaban a las personas eran pequeñitas, con buen filo (…) Los cuchillos del mismo rancho los utilizaban para abrir y sacarle las tripas”, se lee en una de las versiones recaudadas por los investigadores judiciales para la realización del informe.

El testigo se refiere a Ángel Gaitán Mahecha, segundo al mando del Bloque Interno Capital y, desde finales de los años 80 hombre cercano al zar de las esmeraldas Víctor Carranza.  El narcoparamilitar que, junto a Jairo de Jesús Durango o Guagua, Juan de Jesús Pimiento, Mario Jaimes Mejía o El Panadero, Luis Hernando Méndez o René, Jorge Eliécer Ospina, José Alberto Cadavid, Efraín Pérez Cardona o 400, Horacio Mejía o Caldo Frío, o Alber Narváez, alias Belisario, literalmente se tomaron buena parte de La Modelo.

El informe de la Fiscalía detalla que toda el Ala Sur fue su dominio. El pabellón de Alta seguridad, los patios 3, 4 y 5, y el patio piloto que los reclusos llamaban Wimpi. Con fusiles Galil, R15 o AK47, pistolas 9 milímetros y 765, revólveres, changones, subametralladoras, municiones, explosivos, un poderoso arsenal para matar a cualquier hora del día o dejar cuerpos desmembrados en las alcantarillas o en bolsas de basura. Todos portando celulares, brazaletes, pasamontañas o chalecos antibalas, libres para ejercer la guerra.

Las declaraciones recaudadas demuestran con suficiencia lo que significó aquel infierno. En abril de 2000, por ejemplo, durante la toma del patio 4 que derivó en batalla campal con saldo de 23 muertos, un preso conocido como Barragán se rindió ante los internos de las AUC. “Esta persona fue entregada a alias Cadavid, quien le quitó cuatro millones y luego ordenó ejecutarlo por pertenecer a los sociales, aliados con la guerrilla. El cadáver fue botado en la puerta blindada dónde permanecían los guardianes”.

Respecto a las desapariciones, la Fiscalía documentó cinco casos. Las víctimas fueron Carlos Candia, Joaquín Gallego, Jorge Vargas, Luis Norberto Osorio y Janer Torres. En casi todos los hechos, además de la sevicia para quitarles la vida, a sus familiares les mandaron a decir que no los buscaran más y que no se metieran en problemas porque ya habían sido descuartizados. No fueron los únicos que corrieron esa suerte. Entre internos o ingresados al penal a la fuerza o amenazados, de muchos otros se perdió el rastro. 

“Una vez llegaron unos visitantes. Tengo entendido que eran del Bloque Capital, fueron a cuadrar cuentas con Belisario y dos o tres quedaron retenidos. La guardia entró a buscarlos y lo que les dijeron fue que se habían ido borrachos y por eso habían dejado las cédulas. Era mentira. Estaba retenidos en la cárcel. Fueron asesinados y tirados en la aguamasa, en la lavaza para los marranos (…) En una ocasión, el señor de la aguamasa le dijo a la guardia que había encontrado unos dedos y le tocó quedarse callado”.

Entre el 16 de febrero de 1999 y el 25 de mayo de 2000, en este diario, además de otras informaciones judiciales, la periodista Jineth Bedoya escribió 34 artículos sobre la crisis carcelaria que entonces vivía Colombia, en especial sobre todo lo que acontecía al interior de la cárcel Modelo. En esos escritos quedaron reseñados los ajustes de cuentas, los túneles con planes de fuga, los secuestros, el tráfico de armas, los interminables actos delictivos que se constituyeron ante los ojos permisivos de las autoridades.

Como se sabe, Jineth Bedoya fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 en la puerta de la cárcel Modelo, por desconocidos que seguramente planeaban desaparecerla y por eso la sometieron a tratos crueles y ultraje sexual. Un cerco de la Fiscalía, advertida de su desaparición, los obligó a cambiar de planes. Tuvieron que pasar 12 años para que la justicia se interesara por el caso. Hoy están condenados Mario Jaimes Mejía o El Panadero y Alejandro Cárdenas o JJ, pero es claro que no fueron los únicos implicados.

En noviembre del 2008, la Comisión Colombiana de Juristas envío un documento de 25 páginas a la Fiscalía para insistir en evaluar pruebas judiciales respecto a la existencia del Bloque Capital. Además, agregó una relación de víctimas con nombres y hechos ocurridos en Bogotá y su entorno. El tema no fue prioritario para la justicia, aunque la cronología del conflicto prueba que graves sucesos ocurrieron en la ciudad en momentos previos y durante las horas en las que La Modelo se convirtió en territorio de guerra.

Como el asesinato de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado en mayo de 1997; el crimen del penalista Eduardo Umaña, en abril de 1998; o el asesinato del periodista Jaime Garzón, en agosto de 1999. En agosto de 2015, el confeso narcoterrorista Popeye publicó el libro “Sobreviviendo a Pablo Escobar” y, de sus días en La Modelo, resalta la anarquía que crearon Arroyave y Gaitán, mientras sus conexiones “manejaban el bajo mundo en Bogotá, movían oficinas de cobro y policía corrupta”.

En versión libre, el jefe paramilitar Emiro Pereira, alias Huevoepisca, dejó pistas sobre otros nexos. Según él, otro que ayudó a posicionar a las autodefensas en Bogotá fue el general Rito Alejo del Río, quien recomendó trabajar con el coronel Jorge Eliécer Plazas, investigado en el caso Jaime Garzón. En mayo de 1998, el gobierno Samper ordenó desactivar la brigada XX de inteligencia del Ejército. En diciembre de 2000, el dirigente sindical Wilson Borja fue blanco de un atentado en el que participaron miembros de las Fuerzas Armadas.

En la misma época, en septiembre de 2001 fue asesinado el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, Luis Hernando Rojas; y un mes después corrió la misma suerte el congresista araucano, Luis Alfredo Colmenares. Estas acciones, sumadas a otras de la misma índole contra líderes sindicales, fueron perpetradas en Bogotá en la misma época en que el Bloque Capital funcionaba con oficinas de cobro en el sector de San Andresito y al norte de la ciudad, según   expedientes dispersos que no han sido integrados. 

Desafortunadamente, la mayoría de los que conformaron esa estructura en Bogotá, con agresiva filial en La Modelo, ya no viven para contarlo. Miguel Arroyave fue asesinado en 2004 cuando fungía como jefe del Bloque Centauros. Ángel Gaitán cayó acribillado en La Picota en 2001. En cambio, quien podría ayudar a aclarar el laberinto es Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”, quien acaba de ser condenado en Estados Unidos. Él fue uno de los hombres comisionados por Carlos Castaño para extender la violencia en Bogotá.

El dilema es que en Colombia nunca fue investigado por estos hechos y, desde que fue capturado en Argentina, se ha mantenido en silencio sobre este asunto. La misma estrategia de otros de sus protagonistas, que saben que el Frente o Bloque Capital existió y que las autodefensas desarrollaron acciones determinantes de su violencia en Bogotá, pero cuyas conexiones parecen piezas de un ajedrez intocable. Sobre otros bloques quedaron decenas de expedientes en Justicia y Paz. Sobre el Bloque Capital retazos desperdigados en anaqueles.   

Por eso, el informe de la Fiscalía y el CTI sobre el Bloque Interno Capital al interior de la cárcel Modelo en Bogotá, constituye un aporte clave en procura de la verdad de lo que sucedió en Bogotá respecto al Frente o Bloque Capital, o simplemente la ofensiva de las autodefensas en la ciudad hacia finales de los años 90. Tres fiscales quedaron asignados a tareas concretas: la desaparición de personas en la cárcel, terceros comprometidos y el contexto para desentrañar el capítulo más impune de la guerra reciente en Colombia.

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