“El genocidio silencioso del pueblo Embera Chamí”, el informe que esa comunidad entrega a la JEP

Para Arbey Gañán, consejero de derechos humanos del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), es clara la situación: “el pueblo Embera Chamí fue uno de los más azotados por el conflicto en este departamento y las personas deben pagar pero con nuestra justicia propia (la justicia indígena)”.

Este sábado, el Cridec y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado -capítulo Caldas- (Movice) presentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “El genocidio silencioso del pueblo Embera Chamí de Caldas”, un documento con el que pretenden dar a conocer algunas de las violaciones de derechos humanos que se cometieron entre los años 2000 y 2003 por Fuerza Pública y grupos paramilitares.

El informe se enfoca en tres masacres (La Rueda, La Herradura y el crimen contra la lideresa María Fabiola Largo), cometidas entre los años 2000 y 2003 en los resguardos indígenas Cañamomo Lomaprieta y Escopetera Pirza. Estos hechos, además, han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varias de las víctimas están acreditadas ante la JEP.

La decisión más reciente de esta jurisdicción sobre el tema, fue dictar una medida cautelar sobre el resguardo indígena de San Lorenzo con el objetivo de estudiar si en este lugar hay cuerpos de personas que fueron dadas por desaparecidas durante el conflicto armado. “En nuestro territorio hubo muchas tomas guerrilleras, paramilitares, masacres, enfrentamientos, desapariciones y hay víctimas del conflicto que nos están reclamando justicia”, dice Gañán.

Pero una de las características de estos sucesos es que, según el consejero indígena, muchos de los victimarios que cometieron esos crímenes hace 15 o 20 años, eran integrantes de los mismos resguardos que, en su momento, por reclutamiento o voluntad, se fueron a las filas de los grupos armados ilegales. “Muchas de esas personas han regresado al territorio con voluntad de hablar con las autoridades, contar la verdad y pedir perdón. Eso lo podemos aprovechar para avanzar en la paz en nuestro territorio”.

(Vea: Resguardo indígena de San Lorenzo (Caldas): el nuevo lugar donde la JEP busca desaparecidos)

Cuando el consejero dice que esta fue una de las zonas que más vivió el conflicto, no exagera. Su historia con la violencia comenzó desde 1988 cuando, luego de que el Estado declarara la inexistencia del resguardo en 1943 porque “las comunidades indígenas afectaban el progreso económico de la región”. Allí, su lucha por el reconocimiento comenzó. Gilberto Motato, Fabiola Largo y Gabriel Ángel, son algunos de los líderes que fueron asesinados en 1988, 2002 y 2003, respectivamente, por defender los derechos de su comunidad.

Luego, los grupos al margen de la ley: la extinta guerrilla Farc-ep, Epl, el Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y las actuaciones de la Fuerza Pública, también marcaron la historia de la comunidad indígena. De acuerdo con la comunidad, en ese territorio de 6.000 hectáreas, hay unas 15 fosas comunes.

Según otras instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Personería municipal de Ríosucio y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), en San Lorenzo hay denuncias registradas de, por lo menos, 70 personas desaparecidas y que, se presume, sus cuerpos podrían estar en el territorio.

Aunque, como ya se mencionó, fueron varios los actores armados que operaron allí, la comunidad coincide que hubo una omisión del deber premeditada por parte del Estado para responder a las tomas, masacres y homicidios selectivos. “En las masacres, la selección de víctimas fue rigurosa, ya que estas hacían parte esencial de las estructuras tradicionales, sociales y políticas de las comunidades indígenas. Las víctimas sufrieron torturas, desapariciones forzadas y deshumanización. Un tipo de violencia cargada con sevicia, excesiva y desproporcional, por parte de paramilitares y Fuerza Pública”, señala el documento.

Uno de los casos que ponen como referente es que, por ejemplo, en 2003 la Defensoría del Pueblo informó que entre el 2001 y 2003, se presentaron 105 homicidios selectivos en el territorio, de los cuales 43 se le atribuyen las Auc, 57 a grupos armados sin identificar y 4 a la extinta guerrilla Farc-ep. En ese mismo lapso ocurrieron las tres masacres que se mencionan en el informe, en las que fueron asesinadas 11 personas, una fue dada por desaparecida, dos fueron víctimas de violencia sexual y de género, diez personas fueron torturadas y hubo cinco tentativas de homicidio.

(Le puede interesar: ¿Cuál es el rol de la justicia indígena en los casos de la JEP?)

Aunque todos estos casos fueron llevados a la justicia ordinaria y la CIDH ordenó a Colombia investigar, juzgar y sancionar oportunamente a los responsables de la masacre de La Rueda, que dejó a siete personas asesinadas y más de 380 indígenas desplazados, la comunidad dice que esto no es suficiente. “Para nosotros es muy importante conocer la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién les dio la orden? ¿Qué ganan con eso?” dice una y otra vez Arbey, entre muchas otras preguntas que se hace al teléfono.

Por ello, el Cridec ha determinado que, además de que la Fiscalía juzgue algunos casos y en la JEP tengan protección y cabida por tratarse de casos cometidos en el marco del conflicto armado, piden que no se les deje de lado con la justicia indígena. “Queremos que tengan en cuenta nuestras formas de reparación, que no siempre son punitivas”, dice el líder indígena.

Aunque no hay verdades concretas en el tema y será labor de la justicia transicional establecer qué pasó en este hecho, el informe que entregó el pueblo Embera Chamí hoy, concluye que los actos de violencia fue, en parte, “para impedir el ascenso político y electoral del movimiento indígena en los departamentos de Caldas y Antioquia”.

Con la entrega del informe a la JEP, según el Cridec y el Movice, tienen la intención de conocer a profundidad lo que sucedió, identificar los factores geopolíticos, culturales y económicos detrás de los hechos e identificar patrones y modus operandi. También, buscan “contribuir al proceso de paz a través de la visibilización de las formas de resistencia histórica, la reconstrucción del tejido social, aportar elementos para comprender la magnitud del conflicto armado y la resistencia histórica del pueblo Embera Chamí”, dice el documento.

Por ahora, en la justicia transicional se avanza en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Arbey Gañán, dice que este es uno de los procesos más importantes para lograr una verdadera justicia restaurativa. “Con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP, estamos logrando hacer un gesto humanitario y sanear el territorio del resguardo de San Lorenzo. Luego, esperamos que se haga la audiencia territorial para emprender la búsqueda de los cuerpos”.

Para Arbey Gañán, consejero de derechos humanos del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), es clara la situación: “el pueblo Embera Chamí fue uno de los más azotados por el conflicto en este departamento y las personas deben pagar pero con nuestra justicia propia (la justicia indígena)”.

Este sábado, el Cridec y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado -capítulo Caldas- (Movice) presentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “El genocidio silencioso del pueblo Embera Chamí de Caldas”, un documento con el que pretenden dar a conocer algunas de las violaciones de derechos humanos que se cometieron entre los años 2000 y 2003 por Fuerza Pública y grupos paramilitares.

El informe se enfoca en tres masacres (La Rueda, La Herradura y el crimen contra la lideresa María Fabiola Largo), cometidas entre los años 2000 y 2003 en los resguardos indígenas Cañamomo Lomaprieta y Escopetera Pirza. Estos hechos, además, han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varias de las víctimas están acreditadas ante la JEP.

La decisión más reciente de esta jurisdicción sobre el tema, fue dictar una medida cautelar sobre el resguardo indígena de San Lorenzo con el objetivo de estudiar si en este lugar hay cuerpos de personas que fueron dadas por desaparecidas durante el conflicto armado. “En nuestro territorio hubo muchas tomas guerrilleras, paramilitares, masacres, enfrentamientos, desapariciones y hay víctimas del conflicto que nos están reclamando justicia”, dice Gañán.

Pero una de las características de estos sucesos es que, según el consejero indígena, muchos de los victimarios que cometieron esos crímenes hace 15 o 20 años, eran integrantes de los mismos resguardos que, en su momento, por reclutamiento o voluntad, se fueron a las filas de los grupos armados ilegales. “Muchas de esas personas han regresado al territorio con voluntad de hablar con las autoridades, contar la verdad y pedir perdón. Eso lo podemos aprovechar para avanzar en la paz en nuestro territorio”.

(Vea: Resguardo indígena de San Lorenzo (Caldas): el nuevo lugar donde la JEP busca desaparecidos)

Cuando el consejero dice que esta fue una de las zonas que más vivió el conflicto, no exagera. Su historia con la violencia comenzó desde 1988 cuando, luego de que el Estado declarara la inexistencia del resguardo en 1943 porque “las comunidades indígenas afectaban el progreso económico de la región”. Allí, su lucha por el reconocimiento comenzó. Gilberto Motato, Fabiola Largo y Gabriel Ángel, son algunos de los líderes que fueron asesinados en 1988, 2002 y 2003, respectivamente, por defender los derechos de su comunidad.

Luego, los grupos al margen de la ley: la extinta guerrilla Farc-ep, Epl, el Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y las actuaciones de la Fuerza Pública, también marcaron la historia de la comunidad indígena. De acuerdo con la comunidad, en ese territorio de 6.000 hectáreas, hay unas 15 fosas comunes.

Según otras instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Personería municipal de Ríosucio y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), en San Lorenzo hay denuncias registradas de, por lo menos, 70 personas desaparecidas y que, se presume, sus cuerpos podrían estar en el territorio.

Aunque, como ya se mencionó, fueron varios los actores armados que operaron allí, la comunidad coincide que hubo una omisión del deber premeditada por parte del Estado para responder a las tomas, masacres y homicidios selectivos. “En las masacres, la selección de víctimas fue rigurosa, ya que estas hacían parte esencial de las estructuras tradicionales, sociales y políticas de las comunidades indígenas. Las víctimas sufrieron torturas, desapariciones forzadas y deshumanización. Un tipo de violencia cargada con sevicia, excesiva y desproporcional, por parte de paramilitares y Fuerza Pública”, señala el documento.

Uno de los casos que ponen como referente es que, por ejemplo, en 2003 la Defensoría del Pueblo informó que entre el 2001 y 2003, se presentaron 105 homicidios selectivos en el territorio, de los cuales 43 se le atribuyen las Auc, 57 a grupos armados sin identificar y 4 a la extinta guerrilla Farc-ep. En ese mismo lapso ocurrieron las tres masacres que se mencionan en el informe, en las que fueron asesinadas 11 personas, una fue dada por desaparecida, dos fueron víctimas de violencia sexual y de género, diez personas fueron torturadas y hubo cinco tentativas de homicidio.

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Aunque todos estos casos fueron llevados a la justicia ordinaria y la CIDH ordenó a Colombia investigar, juzgar y sancionar oportunamente a los responsables de la masacre de La Rueda, que dejó a siete personas asesinadas y más de 380 indígenas desplazados, la comunidad dice que esto no es suficiente. “Para nosotros es muy importante conocer la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién les dio la orden? ¿Qué ganan con eso?” dice una y otra vez Arbey, entre muchas otras preguntas que se hace al teléfono.

Por ello, el Cridec ha determinado que, además de que la Fiscalía juzgue algunos casos y en la JEP tengan protección y cabida por tratarse de casos cometidos en el marco del conflicto armado, piden que no se les deje de lado con la justicia indígena. “Queremos que tengan en cuenta nuestras formas de reparación, que no siempre son punitivas”, dice el líder indígena.

Aunque no hay verdades concretas en el tema y será labor de la justicia transicional establecer qué pasó en este hecho, el informe que entregó el pueblo Embera Chamí hoy, concluye que los actos de violencia fue, en parte, “para impedir el ascenso político y electoral del movimiento indígena en los departamentos de Caldas y Antioquia”.

Con la entrega del informe a la JEP, según el Cridec y el Movice, tienen la intención de conocer a profundidad lo que sucedió, identificar los factores geopolíticos, culturales y económicos detrás de los hechos e identificar patrones y modus operandi. También, buscan “contribuir al proceso de paz a través de la visibilización de las formas de resistencia histórica, la reconstrucción del tejido social, aportar elementos para comprender la magnitud del conflicto armado y la resistencia histórica del pueblo Embera Chamí”, dice el documento.

Por ahora, en la justicia transicional se avanza en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Arbey Gañán, dice que este es uno de los procesos más importantes para lograr una verdadera justicia restaurativa. “Con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP, estamos logrando hacer un gesto humanitario y sanear el territorio del resguardo de San Lorenzo. Luego, esperamos que se haga la audiencia territorial para emprender la búsqueda de los cuerpos”.