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Desde Pipiral y el casco urbano de Villavicencio, hasta San Carlos de Guaroa, Puerto López y San Martín, pasando por La Uribe y El Castillo, el departamento de Meta vivió miles de desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Por medio del Sistema Integral para la Paz, este flagelo se ha ido asumiendo más dignamente de a poco: según cifras oficiales, 792 personas han sido encontradas por el Plan Regional Centro Oriente Meta, proyecto de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en esta zona de los Llanos orientales colombianos.
Cada hallazgo, más allá de la tranquilidad que le puede generar a los familiares por tener una entrega digna de sus seres amados, también es una forma de ver los vejámenes más visibles de una guerra.
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De los 278.491 desaparecidos en el Meta que registra en sus bases de datos el Registro Único de Víctimas, se sabe que 15.112 fueron consecuencia directa de grupos armados. Cada uno es un universo diferente y organizaciones como el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB) se han encargado de no perderle rastros de humanización a cada caso para así entender la dimensión y el dolor de cada pérdida como un daño irreparable.
Justamente, esta organización, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, emitió el informe “Tras las huellas de la desaparición forzada en el Meta: Contexto y caracterización de un crimen de lesa humanidad”, documento que se enfocó en 10 municipios metenses para visibilizar procesos de búsqueda y luchas contra el olvido hacia personas que distintos actores del conflicto armado desaparecieron, para encarar la cara de un crimen atroz que no quiere ser repetido nunca más, si es que el país busca consolidar una paz estable y duradera.
Rastreo: ¿Cómo se cometieron las desapariciones forzadas?
San Martín, La Macarena, Acacías, El Castillo, La Uribe, San Juan de Arama, Puerto Concordia, Fuentedeoro, Puerto López y Granada tienen una historia de horror que los une. Además de ser la fuente de estudio de OFB para este caso, comparten el hecho de tener en sus tierras zonas de interés forense que pueden determinar los patrones de desaparición forzada en una parte del oriente colombiano. Los cuerpos hablan y con los hallazgos en estos lugares también se puede conocer acerca de sus perpetradores y los factores que llevaron a desaparecerlos.
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El informe de Fals Borda indicó que estos lugares fueron propensos para la desaparición forzada a gran escala puesto que cumplieron causas como el ocultamiento de víctimas asesinadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, fueron escenarios para la implementación de megaproyectos con concentración de la tierra y producción de riqueza social, y por adoptarse allí los llamados “mitos de la amenaza terrorista”, entre otros factores.
A su vez, hubo un ensañamiento colectivo contra liderazgos políticos alternativos y defensores de derechos humanos, que fueron estigmatizados y utilizados como blancos estratégicos a la hora de llevar a cabo campañas de desaparición en sitios con presencia de insurgencias. En otras palabras, con perfilamientos arbitrarios, las bajas en combate extrajudiciales fueron un arma de guerra en el Meta, durante la llamada “guerra sucia”.
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Los usos de informantes, las amenazas previas, la privación de libertad, el traslado de víctimas, las torturas (y otros tratos crueles e inhumanos), los homicidios a persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario, el empleo de objetos de la fuerza pública, el ocultamiento de cuerpos de víctimas, la ausencia de reconocimiento de privación de libertad o del paradero de las víctimas y las políticas tendientes a impedir investigaciones judiciales de los responsables fueron los modos de operar indicados por OFB para la comisión de estas prácticas criminales, cuya gravedad no fue ni más ni menos que su naturaleza sistemática.
Otro punto clave dentro del informe de OFB es la clasificación por edades de las víctimas fatales. A pesar de los subregistros reconocidos en el texto, que desde hace décadas forman parte de las limitaciones dentro de los estudios forenses sobre personas dadas por desaparecidas, se acotó que dentro de los datos recopilados en bases de datos de la UBPD (fuente con mayores datos sobre este flagelo) “se tiene que es elevada la vulneración de personas desde los 12 años hasta los 39, siendo los hombres los más afectados”.
Si se mira esto desde casos concretos, hay hallazgos dolorosos como: que en el municipio de El Castillo, 161 casos (53% del total) documentados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidadas (UBPD) sean catalogados dentro de las desapariciones con ausencia de información etaria; que en Granada la mayor cantidad de víctimas de desaparición forzada (156 de 498) eran adolescentes; y que en La Uribe la mayor frecuencia de víctimas tenía entre 15 y 19 años.
Un universo difícil de medir
“La familia se cansa de no tener una respuesta, las instituciones llegan y sacan información, pero no regresan a contar qué hicieron. Esto es muy difícil, vivimos lejos en el campo y no nos tienen en cuenta. Dra. yo solo quiero saber ¿dónde está mi hijo? y ¿por qué se lo llevaron?”.
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Este es el testimonio de una madre buscadora consultada el año pasado en Vista Hermosa por OFB y la UBPD. Su desesperación es apenas una muestra de la angustia de miles de madres metenses que vieron cómo sus hijos tuvieron el desolador desenlace de volverse una cifra para entidades estatales que se resistieron a buscarlos, a honrar su humanidad y a darle rostro a su flagelo.
Villavicencio y Vista Hermosa son los dos municipios con mayor cantidad de desaparecidos en el Meta, según el informe, y si bien no están dentro del grueso de los estudios para la realización de este documento, su inclusión no es fortuita; fue una manera de señalar al crimen de desaparición forzada como algo difícil de encasillar y estudiar, por la dispersión de ,os casos y por la altísima cantidad de subregistros que esconden sucesos que a lo largo de la historia no han sido abordados o tenidos en cuenta, al no figurar en estadísticas oficiales; otro dolor de cabeza para las víctimas.
En línea con estas peticiones de las víctimas y en el marco de una reconciliación nacional que incluya a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el director de OFB, César Santoyo, dijo que el informe de su organización será apenas un primer paso para acoplarse a los proyectos de construcción de paz que pide el gobierno.
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“Hemos acogido las palabras del presidente Gustavo Petro frente a la búsqueda de la paz total y de encontrar mecanismos que aseguren la articulación entre las entidades que buscan a las personas dadas por desaparecidas; que puedan estimar y desarrollar diagnósticos, mapeos y análisis regionales que aseguren que esta situación sea asumida y abordada por entidades competentes. En ese sentido, esta campaña nacional tiene que conmemorarse y ampliarse desde este 30 de agosto”, dijo Santoyo.
Entre esas metas que incluye el vocero del colectivo sociojurídico, está la verdad de los hechos. Un aporte a esto es la de entender al Meta como un caso de desapariciones forzadas para no repetir, en el que las familias al menos puedan contar con la tranquilidad de que los suyos no se fueron de manera impune.
El departamento del Meta fue el segundo con mayor cantidad de afectaciones en el país en el marco del conflicto armado interno por efectos de las víctimas globales registradas, así como los homicidios, desplazamientos, y desapariciones forzadas, cuestión diagnosticada en el informe. A su vez, como dice el informe de OFB, las magnitudes de las víctimas en los 10 municipios seleccionados en este diagnóstico representan a una de cada tres personas desaparecidas en el departamento, lo que puede abrir un abanico de posibilidades para los rastreos y formas de búsqueda de aquellos que no han sido ni identificados ni encontrados.
Hay un llamado final de este documento, que insta a la sociedad colombiana a no desistir frente a la justicia. Se reconoce que los casos puestos en ese estudio hecho por OFB no hay mayores avances que permitan el esclarecimiento de hechos, a pesar de que la mayoría de los casos hayan sido debidamente denunciados.
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Indirectamente, esto es un llamado a autoridades judiciales y demás organismos competentes en el esclarecimiento de este tipo de hechos a que se tome a la desaparición forzada, sin excepción, como un crimen de lesa humanidad que no puede permitir falta de rigurosidad en sus investigaciones ni sanciones.
El país ya no tolera más repeticiones de abominaciones como la desaparición. En este informe se parte de una muestra dolorosa, como el caso del Meta, para que en el país se mejoren las prácticas de búsquedas forenses y frases como la siguiente no vuelvan a ser escuchadas en los hogares que sufrieron los rigores más estrictos del conflicto: “El dolor adentro no desaparece, mi mamá no dejaba de hacer comida grande porque esperaba que ellos regresaran, yo solo espero que podamos encontrar paz”, dijo en el informe el hermano de una persona dada por desaparecida en Castilla la Nueva (Meta).