“El reclutamiento de menores no era un delito en las Farc”: Carlos Antonio Lozada

Tres horas y media tardó la primera versión voluntaria pública realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del caso 07, sobre reclutamiento de niños y niñas en la guerra. En el banco de quienes deben aportar verdad sobre este delito estuvo el exjefe guerrillero Julián Gallo Cubillos, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, quien fue comandante en el Bloque Oriental de las Farc y, quien, tras el Acuerdo de Paz se convirtió en congresista del ahora partido Farc. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, contó qué supo de este fenómeno que, según él, era considerado una falta grave al reglamento interno de la insurgencia, pero no un delito.

Sereno y decidido a dar detalles, Lozada arrancó su versión explicando que, regularmente, en las extintas FARC-EP se recogían informes en los que cada frente o comando de unidades reportaban a sus superiores las novedades sobre el personal, es decir, de deserciones, bajas, ingresos o irregularidades. Explicó que, adicional a este proceso, existían otros documentos más detallados en los que los comandantes encargados entregaban las hojas de vida y precisaban la edad de cada guerrillero.

(En video: Reclutamiento de menores de edad: Primera versión pública de Farc en la JEP)

“Cuando aparecía tanto en los balances como en las asambleas que se realizan, necesariamente, se sancionaban. Dependiendo de la gravedad de la violación que se cometiera, con relación a las normas de reclutamiento, se imponía la sanción. Podía ir desde un llamado de atención a la persona, al Estado Mayor o al Frente, hasta la asignación de trabajos ya sea de orden práctico material como elaboración de documentos o autocríticas”, contó el exjefe guerrillero.

Aclaró que “los primeros al mando eran quienes concentraban esa información”. Cuando el magistrado Iván González, quien adelanta el caso de reclutamiento en la JEP, le preguntó si algún comandante fue sancionado por irregularidades en esos informes y, puntualmente, por reclutar menores, Lozada no recordó casos específicos. Aunque reconoció que sí hubo sanciones por “malos registros”, sobre todo en la última etapa de esta organización en el nuevo milenio. Además, dijo que la región donde más había registrado la violación de la norma de reclutamiento fue en el Piedemonte llanero, en toda la Orinoquía, a través de los frentes 26, 31, 40.

Habló sobre charlas o conferencias de los comandantes de los bloques, en su caso Jorge Briceño, conocido como el “Mono Jojoy”, en las que hizo llamados de atención por la violación de la política de ingresos, refiriéndose al reclutamiento de niños y niñas: “Eso ha estado consignado en documentos internos que se enviaron como circular por parte del entonces comandante Manuel Marulanda Vélez". Aunque existió un registro, Lozada reveló que el secretariado tomó la decisión en 2008 de borrar toda la información y acabar los archivos de las Farc que tuvieran información sobre operaciones, balances, informes y en los que se pusieron los nombres de quienes incumplieron la norma de reclutamiento.

Lozada también dejó claro que sí hubo un plan de reclutamiento que obedeció a la necesidad de expandir la guerrilla y obtener el control de zonas estratégicas del país. Los comandantes eran los encargados de dichos planes, "que estaban ligados al trabajo de incidencia que se hiciera en las regiones”. Calculó que, en promedio, los excombatientes estaban por encima de los 25 años. “Había mucha juventud que se ubicaba entre los 15, 17, 20 y 21 años”, añadió.

Con el tiempo, dijo Lozada, los casos de estas violaciones del reglamento se fueron incrementando: “No era una práctica permanente, aunque pudo haberse dado. Es impensable que la base del crecimiento y el sostenimiento de una fuerza irregular sea el reclutamiento forzado. No estoy diciendo que no se haya presentado… Hubo casos de reclutamiento forzado, de eso no tenemos duda, pero no era algo regular. Se presentó violando las normas de reclutamiento y la concepción ideológica, política y organizativa de nuestra organización”.

(Lea también: Lo que dicen los otros excomandantes de Farc que han ido a la JEP por reclutamiento)

También aceptó que pudieron haberse dado casos de reclutamiento a través de engaños de recibir dinero o de una posible deserción en caso de no sentirse cómodos en la organización, “pero que tampoco era la regla general”, dijo. Además, contó que en las filas de las Farc nadie recibía dinero, a menos que fuera a realizar un viaje: “En la guerrilla no circulaba el dinero. A nadie se le pagaba, pero se daban viáticos… o sea que cualquier ofrecimiento de dinero para ingresar era un engaño. En las etapas primarias, incluso, se controlaba el dinero que le llegaba a los excombatientes de la familia”.

Pero salirse de la guerrilla, según la información que tiene en sus manos el magistrado González, tampoco era tan sencillo en caso de haber sido engañado y estar adentro. En los informes se denuncia que, incluso, hubo fusilamientos. Sobre este tema, Lozada aseguró que “las deserciones eran un delito y eso se castigaba en un consejo de guerra que no necesariamente tenía que terminar en un fusilamiento. Esa era una de las posibles sanciones, pero podían ser otras como la pérdida del derecho a ocupar responsabilidades por un tiempo, hacer trincheras, cargar leña, cocinar para el colectivo”.

La pena dependía de varios factores, por ejemplo, era distinto si desertaba con el arma o si la dejaba. Además, se valoraba si era un comandante o una persona recién llegada a la guerrilla, y hasta las condiciones de seguridad que había en la zona. “No era lo mismo en un momento tranquilo que cuando había movimiento militar en el área, que ponía en riesgo al colectivo”, agregó el exjefe guerrillero.

Para concluir esa primera fase repitió que no existió una política sistemática de engaño: “Es impensable que un ejército de gente obligada o engañada hubiese podido permanecer por más de medio siglo en una guerra contra el Estado, que aplicó todo el poder de la fuerza… Eso solo lo logra una organización que tenga una estructuración, convicciones, una reglamentación, sin decir que no se pudieron presentar centenares de casos de violaciones al reglamento”.

Incluso, se refirió a su caso. Contó que entró a la guerrilla por convicción cuando apenas tenía 17 años. A los tres meses pidió salir de la guerrilla, renuncia que, según él, fue aceptada seis meses después. Sin embargo, para entonces, se había acomodado en las filas y ya no quería retirarse.

En medio de la versión reconoció que “estar en las filas de la guerrilla no genera condiciones para un menor. No hay niñez, no hay juventud, es la frustración de la posibilidad del desarrollo psíquico y emocional del menor. Esa es una realidad clarísima, pero es diferente la guerra en el campo que en las ciudades. En el campo la guerrilla es normal y uno veía niños jugando a ser guerrilleros”.

(Más sobre: JEP permitirá que versiones de exguerrilleros sobre reclutamiento sean públicas)

Cuando se dieron cuenta de las irregularidades en el Bloque Oriental que comandó, según el exjefe guerrillero, se hizo un diagnóstico y se llegó a la conclusión de que el tratamiento debía ser de orden ideológico y político: "Había un deterioro desde el punto de vista de la formación política e ideológica de los comandantes, originada por la dinámica de la confrontación en los últimos años y también por la composición de la guerrilla qué cambió”. Dejó de estar conformada por los campesinos de las regiones y cada día se alimentaba más de desplazados y afectados por otros bandos de la guerra.

La relación con la población civil

La relación con la población civil fue un eje central de su versión, pues el excombatiente aceptó que “permanentemente las unidades de Farc tenían contemplado las reuniones con la población civil”. Según Lozada, “una unidad guerrillera difícilmente se podía sostener en una región si no gozaba del apoyo de la misma”. Señaló que esos encuentros no eran obligatorios y si se dieron así, se trató de otra violación de las normas dentro de la guerrilla.

“Se buscaba que asistiera todo el mundo, porque en el relacionamiento con la población se acordaban las condiciones de convivencia en la región. Eso fue variando con el tiempo. En ocasiones, ante la ausencia del Estado las Farc asumimos sus tareas. Por ejemplo, resolver los problemas de vecinos, de deudas, controlar la convivencia y las condiciones de seguridad. La vez pasada les comenté cómo eso generó problemas entre las unidades de las Farc y las comunidades, puesto que generaba tensiones. La experiencia ayudó a que quienes determinaban las normas de convivencia fueron las Juntas de Acción Comunal, así que el papel de las unidades de la guerrilla se fue limitando a hacer cumplir lo que decían las comunidades en las asambleas”, relató Lozada.

Ante la pregunta de si los niños, niñas y jóvenes eran obligados a asistir, respondió que no se les obligaba a las familias a llevarlos. Desde su experiencia, sólo los jóvenes llegaban cuando “se generaban actividades en los territorios para evitar que los jóvenes cayeran en los vicios de droga o sustancias psicoactivas. Se generaban actividades de deportes y de cultura y a través de esas actividades se dictaban cursos cuando los jóvenes decidían ingresar a las milicias. Ese era el procedimiento”.

(Lea también: ¿Puede la JEP expulsar a los exguerrilleros que no reconozcan el reclutamiento?)

Por otro lado, sobre las actividades que realizó cuando estaba en la insurgencia en las ciudades en el frente Antonio Nariño, Lozada manifestó: “Dirigimos un trabajo hacia las universidades, eso es evidente en la composición del frente Antonio Nariño porque una buena parte de sus integrantes salieron de la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica y Universidad Nacional de Bogotá”. También se enfocaron en incidir en las Juntas de Acción Comunal de localidades como Ciudad Bolívar y Usme.

Aunque aclaró que no hizo esfuerzos para realizar actividades en los colegios en Bogotá, sí admitió que era posible que se hubieran adelantado trabajos en las instituciones educativas o internados en las regiones como Maracaibo y Macanal entre Vista Hermosa y San Juan de Arana (Meta), y en El Tapí en La Macarena (Meta), le contaron otros excomandantes a la JEP en otras versiones voluntarias.

El magistrado González indagó si Lozada supo de la existencia de una oficina de reclutamiento de la que habló Pablo Catatumbo. Lozada respondió que sólo recordaba “que había una oficina de quejas y reclamos adonde iba la gente a quejarse del sistema de salud o de las negligencias del Estado, pero llegaban muchas hojas de vida y probablemente se podía haber vuelto una oficina de reclutamiento”.

Tres horas y media tardó la primera versión voluntaria pública realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del caso 07, sobre reclutamiento de niños y niñas en la guerra. En el banco de quienes deben aportar verdad sobre este delito estuvo el exjefe guerrillero Julián Gallo Cubillos, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, quien fue comandante en el Bloque Oriental de las Farc y, quien, tras el Acuerdo de Paz se convirtió en congresista del ahora partido Farc. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, contó qué supo de este fenómeno que, según él, era considerado una falta grave al reglamento interno de la insurgencia, pero no un delito.

Sereno y decidido a dar detalles, Lozada arrancó su versión explicando que, regularmente, en las extintas FARC-EP se recogían informes en los que cada frente o comando de unidades reportaban a sus superiores las novedades sobre el personal, es decir, de deserciones, bajas, ingresos o irregularidades. Explicó que, adicional a este proceso, existían otros documentos más detallados en los que los comandantes encargados entregaban las hojas de vida y precisaban la edad de cada guerrillero.

(En video: Reclutamiento de menores de edad: Primera versión pública de Farc en la JEP)

“Cuando aparecía tanto en los balances como en las asambleas que se realizan, necesariamente, se sancionaban. Dependiendo de la gravedad de la violación que se cometiera, con relación a las normas de reclutamiento, se imponía la sanción. Podía ir desde un llamado de atención a la persona, al Estado Mayor o al Frente, hasta la asignación de trabajos ya sea de orden práctico material como elaboración de documentos o autocríticas”, contó el exjefe guerrillero.

Aclaró que “los primeros al mando eran quienes concentraban esa información”. Cuando el magistrado Iván González, quien adelanta el caso de reclutamiento en la JEP, le preguntó si algún comandante fue sancionado por irregularidades en esos informes y, puntualmente, por reclutar menores, Lozada no recordó casos específicos. Aunque reconoció que sí hubo sanciones por “malos registros”, sobre todo en la última etapa de esta organización en el nuevo milenio. Además, dijo que la región donde más había registrado la violación de la norma de reclutamiento fue en el Piedemonte llanero, en toda la Orinoquía, a través de los frentes 26, 31, 40.

Habló sobre charlas o conferencias de los comandantes de los bloques, en su caso Jorge Briceño, conocido como el “Mono Jojoy”, en las que hizo llamados de atención por la violación de la política de ingresos, refiriéndose al reclutamiento de niños y niñas: “Eso ha estado consignado en documentos internos que se enviaron como circular por parte del entonces comandante Manuel Marulanda Vélez". Aunque existió un registro, Lozada reveló que el secretariado tomó la decisión en 2008 de borrar toda la información y acabar los archivos de las Farc que tuvieran información sobre operaciones, balances, informes y en los que se pusieron los nombres de quienes incumplieron la norma de reclutamiento.

Lozada también dejó claro que sí hubo un plan de reclutamiento que obedeció a la necesidad de expandir la guerrilla y obtener el control de zonas estratégicas del país. Los comandantes eran los encargados de dichos planes, "que estaban ligados al trabajo de incidencia que se hiciera en las regiones”. Calculó que, en promedio, los excombatientes estaban por encima de los 25 años. “Había mucha juventud que se ubicaba entre los 15, 17, 20 y 21 años”, añadió.

Con el tiempo, dijo Lozada, los casos de estas violaciones del reglamento se fueron incrementando: “No era una práctica permanente, aunque pudo haberse dado. Es impensable que la base del crecimiento y el sostenimiento de una fuerza irregular sea el reclutamiento forzado. No estoy diciendo que no se haya presentado… Hubo casos de reclutamiento forzado, de eso no tenemos duda, pero no era algo regular. Se presentó violando las normas de reclutamiento y la concepción ideológica, política y organizativa de nuestra organización”.

(Lea también: Lo que dicen los otros excomandantes de Farc que han ido a la JEP por reclutamiento)

También aceptó que pudieron haberse dado casos de reclutamiento a través de engaños de recibir dinero o de una posible deserción en caso de no sentirse cómodos en la organización, “pero que tampoco era la regla general”, dijo. Además, contó que en las filas de las Farc nadie recibía dinero, a menos que fuera a realizar un viaje: “En la guerrilla no circulaba el dinero. A nadie se le pagaba, pero se daban viáticos… o sea que cualquier ofrecimiento de dinero para ingresar era un engaño. En las etapas primarias, incluso, se controlaba el dinero que le llegaba a los excombatientes de la familia”.

Pero salirse de la guerrilla, según la información que tiene en sus manos el magistrado González, tampoco era tan sencillo en caso de haber sido engañado y estar adentro. En los informes se denuncia que, incluso, hubo fusilamientos. Sobre este tema, Lozada aseguró que “las deserciones eran un delito y eso se castigaba en un consejo de guerra que no necesariamente tenía que terminar en un fusilamiento. Esa era una de las posibles sanciones, pero podían ser otras como la pérdida del derecho a ocupar responsabilidades por un tiempo, hacer trincheras, cargar leña, cocinar para el colectivo”.

La pena dependía de varios factores, por ejemplo, era distinto si desertaba con el arma o si la dejaba. Además, se valoraba si era un comandante o una persona recién llegada a la guerrilla, y hasta las condiciones de seguridad que había en la zona. “No era lo mismo en un momento tranquilo que cuando había movimiento militar en el área, que ponía en riesgo al colectivo”, agregó el exjefe guerrillero.

Para concluir esa primera fase repitió que no existió una política sistemática de engaño: “Es impensable que un ejército de gente obligada o engañada hubiese podido permanecer por más de medio siglo en una guerra contra el Estado, que aplicó todo el poder de la fuerza… Eso solo lo logra una organización que tenga una estructuración, convicciones, una reglamentación, sin decir que no se pudieron presentar centenares de casos de violaciones al reglamento”.

Incluso, se refirió a su caso. Contó que entró a la guerrilla por convicción cuando apenas tenía 17 años. A los tres meses pidió salir de la guerrilla, renuncia que, según él, fue aceptada seis meses después. Sin embargo, para entonces, se había acomodado en las filas y ya no quería retirarse.

En medio de la versión reconoció que “estar en las filas de la guerrilla no genera condiciones para un menor. No hay niñez, no hay juventud, es la frustración de la posibilidad del desarrollo psíquico y emocional del menor. Esa es una realidad clarísima, pero es diferente la guerra en el campo que en las ciudades. En el campo la guerrilla es normal y uno veía niños jugando a ser guerrilleros”.

(Más sobre: JEP permitirá que versiones de exguerrilleros sobre reclutamiento sean públicas)

Cuando se dieron cuenta de las irregularidades en el Bloque Oriental que comandó, según el exjefe guerrillero, se hizo un diagnóstico y se llegó a la conclusión de que el tratamiento debía ser de orden ideológico y político: "Había un deterioro desde el punto de vista de la formación política e ideológica de los comandantes, originada por la dinámica de la confrontación en los últimos años y también por la composición de la guerrilla qué cambió”. Dejó de estar conformada por los campesinos de las regiones y cada día se alimentaba más de desplazados y afectados por otros bandos de la guerra.

La relación con la población civil

La relación con la población civil fue un eje central de su versión, pues el excombatiente aceptó que “permanentemente las unidades de Farc tenían contemplado las reuniones con la población civil”. Según Lozada, “una unidad guerrillera difícilmente se podía sostener en una región si no gozaba del apoyo de la misma”. Señaló que esos encuentros no eran obligatorios y si se dieron así, se trató de otra violación de las normas dentro de la guerrilla.

“Se buscaba que asistiera todo el mundo, porque en el relacionamiento con la población se acordaban las condiciones de convivencia en la región. Eso fue variando con el tiempo. En ocasiones, ante la ausencia del Estado las Farc asumimos sus tareas. Por ejemplo, resolver los problemas de vecinos, de deudas, controlar la convivencia y las condiciones de seguridad. La vez pasada les comenté cómo eso generó problemas entre las unidades de las Farc y las comunidades, puesto que generaba tensiones. La experiencia ayudó a que quienes determinaban las normas de convivencia fueron las Juntas de Acción Comunal, así que el papel de las unidades de la guerrilla se fue limitando a hacer cumplir lo que decían las comunidades en las asambleas”, relató Lozada.

Ante la pregunta de si los niños, niñas y jóvenes eran obligados a asistir, respondió que no se les obligaba a las familias a llevarlos. Desde su experiencia, sólo los jóvenes llegaban cuando “se generaban actividades en los territorios para evitar que los jóvenes cayeran en los vicios de droga o sustancias psicoactivas. Se generaban actividades de deportes y de cultura y a través de esas actividades se dictaban cursos cuando los jóvenes decidían ingresar a las milicias. Ese era el procedimiento”.

(Lea también: ¿Puede la JEP expulsar a los exguerrilleros que no reconozcan el reclutamiento?)

Por otro lado, sobre las actividades que realizó cuando estaba en la insurgencia en las ciudades en el frente Antonio Nariño, Lozada manifestó: “Dirigimos un trabajo hacia las universidades, eso es evidente en la composición del frente Antonio Nariño porque una buena parte de sus integrantes salieron de la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica y Universidad Nacional de Bogotá”. También se enfocaron en incidir en las Juntas de Acción Comunal de localidades como Ciudad Bolívar y Usme.

Aunque aclaró que no hizo esfuerzos para realizar actividades en los colegios en Bogotá, sí admitió que era posible que se hubieran adelantado trabajos en las instituciones educativas o internados en las regiones como Maracaibo y Macanal entre Vista Hermosa y San Juan de Arana (Meta), y en El Tapí en La Macarena (Meta), le contaron otros excomandantes a la JEP en otras versiones voluntarias.

El magistrado González indagó si Lozada supo de la existencia de una oficina de reclutamiento de la que habló Pablo Catatumbo. Lozada respondió que sólo recordaba “que había una oficina de quejas y reclamos adonde iba la gente a quejarse del sistema de salud o de las negligencias del Estado, pero llegaban muchas hojas de vida y probablemente se podía haber vuelto una oficina de reclutamiento”.