El secuestro de las Farc que habría terminado en un despojo de tierras en Caquetá

Saúl Rivera Villegas fue el segundo en tomar la palabra en la audiencia de las observaciones de las víctimas de secuestro de las Farc, el pasado 8 de octubre, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Después de contar cómo fue su cautiverio a manos del extinto Frente 15, desde el 9 de junio de 2002 hasta el 13 de agosto de ese mismo año, pidió que su caso no sea estudiado únicamente por secuestro sino también desde el despojo de tierras por parte de la exguerrilla, de la que denuncia haber sido víctima junto a otras 164 familias de la parcelación Semillas de Paz, ubicada en zona rural de Montañita (Caquetá). “Hoy esas tierras están ocupadas por otras personas, pero nosotros, que pusimos los muertos y los secuestrados, quedamos con nada”, reclamó ante el Tribunal de Paz.

El predio que reclama se llama formalmente Hacienda La Gaitana y perteneció hasta el 12 de diciembre de 2000 a la empresa Leonidas Lara e hijos Ltda. La familia Lara es conocida en Caquetá por haber fundado la vereda Larandia, donde están ubicados varios patrimonios, y por su activa participación en el sector ganadero y empresarial. Dicha vereda está ubicada a 106 kilómetros de la hacienda de Tranquilandia, que también le perteneció a los Lara a través de la Compañía del Sur Ltda. hasta 2016, conocida en la década de los 80 por ser controlada por el cartel de Medellín. Ahora, La Gaitana es de la empresa Inversiones Mejasi Ltda., en cabeza del empresario Gabriel Jaramillo Ocampo, hijo de Hernán Jaramillo Ocampo, exministro de Agricultura y esposo de Silvia Lara Rueda, una de las nietas de Leonidas Lara.

En el 2000, según el certificado de tradición y libertad del predio, la empresa Leonidas Lara e hijos le vendió a Jaramillo Ocampo la hacienda de 7.333 hectáreas y 5.300 metros cuadrados por un valor de $23 millones; es decir, por un poco menos de $3.200 por hectárea. Para ese entonces, según Saúl Rivera, la invasión de las familias ya estaba allí. Un año más tarde de la venta, la empresa Mejasi les ofreció a los campesinos comprar la tierra que estaban trabajando por un valor de $300.000 la hectárea. Si para la época los campesinos hubiesen podido comprarla, les habría costado $2.200 millones.

(Vea: “Escuchamos y seguiremos escuchando”: Exfarc a víctimas de secuestro)

Un terreno con historia

La Hacienda La Gaitana, en el papel, pertenece a la familia Lara desde el 3 de marzo de 1951, cuando una empresa de su propiedad, Compañía del Sur Ltda., se la compró a Francisco Morales, a quien el Ministerio de Agricultura le había adjudicado este predio baldío tres meses antes. En 1965, Compañía del Sur se la vendió a la empresa Lara e Hijos. Diez años después, este predio fue vendido a las empresas Inversiones La Rueda e Inversiones Mejasi, ambas de la misma familia, por un valor de $16 millones, según el certificado de tradición y libertad.

En 1979, el Ministerio de Agricultura embargó la hacienda y se la entregó a Nicolás González Bernal, que luego la volvió a vender a Leonidas Lara e hijos. Y el último movimiento, como ya contamos, fue en el 2000, cuando se la pasaron a Inversiones Mejasi, la empresa de un cuñado de los Lara que desde 2011 comenzó su proceso de liquidación y cuya actividad económica registrada en el Registro Único Empresarial es alojamiento en hoteles.

“Cuando nosotros llegamos a poblar esa zona, a finales de 1999, nos reunimos con el abogado Francisco Sánchez Sánchez, quien representaba a la empresa, y le solicitamos formalmente que nos permitiera asentarnos allí y trabajar la tierra, ya que en ese momento en el territorio no había cultivado nada y estaba desocupado. Ellos nos dijeron que sí, con la condición de que trabajáramos en todo el predio”, explica Rivera.

Para probar que la presencia de las 165 familias en la hacienda de los Lara fue consensuada con la empresa y el municipio, el 22 de mayo de 2001 la Secretaría de Gobierno de Caquetá reconoció la personería jurídica del asentamiento humano Semillas de Paz y formalizó la creación de una Junta de Acción Comunal para que esta comunidad “ejerza sus derechos y contraiga obligaciones civiles”, como quedó consignado en el siguiente documento.

Tres meses antes de la formalización, en junio de 2001, según la Junta de Acción Comunal, se estableció una alianza con la ONG alemana Diakonie Deutschland, para fomentar los proyectos productivos en la hacienda a través de un proyecto que se llamó “Montañita Siembra Paz”. Rivera asegura que ellos fueron a la parcela, los capacitaron en el uso y manejo de semillas y en la creación de huertas comunitarias. De ese proyecto, de hecho, surgió el nombre de personería jurídica de la parcelación Semillas de Paz.

Las amenazas

En ese momento, en la zona estaba el Frente 15 de las extintas Farc, comandado por José Arroyave, conocido en la guerra como el Mocho César, y Fidelino Mora Valencia (Faiber), exmiembros del estado mayor del Bloque Sur. De acuerdo con los pobladores, antes del 2002 no hubo disputa paramilitar por ese territorio y había una ligera sensación de tranquilidad. Sin embargo, a comienzos de 2002 denunciaron que empezaron las amenazas e intimidaciones de la guerrilla. “El Mocho César venía a la parcela y nos decía que por qué teníamos que estar negociando predios con esa empresa, que nosotros no teníamos por qué pagar por la tierra y que, si seguíamos con las negociaciones, nos iban a asesinar”, relata otra de las víctimas que prefirió reservar su nombre por seguridad.

En abril de 2002, Gustavo Castrillón, entonces presidente de la JAC; Ómar Ortiz Ramos, líder negociador de los predios entre la comunidad y la empresa Inversiones Mejasi, y Marcelino Benavides, otro habitante del terreno, fueron asesinados en la vereda a manos de hombres armados no identificados. Pablo Emilio Ortiz Ramos, hermano de Ómar, abandonó el predio en el que vivía junto a su familia por miedo a represalias. “Desde que eso pasó, ya todo mundo entendió que el mensaje de las Farc era verdad y que, si seguíamos con la negociación, todos íbamos a terminar muertos”, dice otro de los desplazados.

Los entonces habitantes aseguran que al municipio de Montañita llegaron en esa época hombres que se identificaban como Autodefensas Unidas de Colombia. Saúl Rivera había asumido el liderazgo de la negociación de los predios con la empresa en medio de confrontaciones entre la guerrilla, el Ejército y la presencia, aparentemente silenciosa, de los paramilitares. El 9 de junio de 2002, sobre las 6:00 a.m., como reposa en documentos de la Unidad de Restitución de Tierras, un miliciano del Frente 15 llegó hasta la casa de Saúl Rivera para secuestrarlo. “Me dijeron que tenía que irme con ellos y frente a la escuela de Las Acacias me amarraron las manos con un lazo y me pusieron una cadena con candado en las rodillas. Nos tuvieron amarrados a una palma como hasta las 11 a.m. y ya después nos llevaron hacia la inspección del municipio del Triunfo”, cuenta.

Ese día, según otro relato entregado a la Unidad de Víctimas por parte de los pobladores, fueron llevadas a la fuerza 18 personas de varias veredas del municipio de Montañita. Algunos, dice Saúl, fueron dejados en libertad dos semanas más tarde, pero él fue liberado solo tres meses después. “Cuando me llevaron con Faiber, el comandante, él me dijo que me estaban secuestrando porque la ONG alemana Diakonie Deutschland, que nos ayudaba con los proyectos productivos en Semillas de Paz, supuestamente trabajaba con paramilitares porque operaban con dineros del Plan Colombia. Entonces que, según ellos, por nosotros estar recibiendo ayudas de esa organización, éramos de los paramilitares”. Colombia+20 se intentó comunicar con la ONG, pero hasta la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta sobre este tema.

Meses antes de que Saúl estuvo en cautiverio, las extintas Farc se tomaron la tierra y, según las denuncias de 16 familias interpuestas ante el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, “cuando la JAC iba empezar a organizar los documentos de las parcelas, el Frente 15 comenzó a asediarnos y el comandante Faiber nos dijo, en abril de 2002, que teníamos 24 horas para abandonar las parcelas. Nos amenazó con matarnos si llegábamos a denunciar”, se lee en el documento conocido por este diario. El relato es de una mujer que tuvo que abandonar su casa con un bebé de cinco meses.

(Vea: ‘Martín Sombra’ confirma autoría de las Farc en masacre atribuida a los ‘paras’)

De acuerdo con las denuncias, fueron 153 familias las que tuvieron que abandonar el territorio. “A mí me iban a reclutar a mi hijo que tenía diez años, ya me lo habían advertido, entonces yo le dije a mi esposa que saliera con el niño y yo me quedé para ir a una reunión con la ONG alemana Diakonie Deutschlandy con el Incoder, que nos iba a hablar sobre el préstamo para comprar la tierra. En esa reunión se apareció la guerrilla y prohibieron la entrada de las dos organizaciones que nos estaban ayudando. Ahí tuve que salir de la hacienda desplazado”, dice otra de las víctimas del despojo en el denuncio.

Cuando Saúl fue liberado, ya no quedaba nadie de la comunidad Semillas de Paz. “A mí me dijeron que me iban a dar libertad condicional, que no me podía escapar porque yo les tenía que dar información a ellos y que, si me llegaba a ir, me mataban a quien yo más quería”. Sin embargo, dos semanas más tarde logró huir con su familia al casco urbano sobre las 3:00 a.m. “Unos meses después, mi hijo de cinco años y medio fue atropellado en la carretera que comunica a una de las veredas y luego me mandaron a decir que ya estábamos ‘saldados’. Quiero que las Farc me confirmen si ellos se vengaron de mí matando a mi niño”, reclamó Saúl ante la magistrada Marcela Giraldo de la JEP, en la audiencia.

Los que reclaman la hacienda

Apenas 16 de las 153 familias que salieron despojadas de ese territorio han denunciado formalmente sus hechos como víctimas de desplazamiento forzado ante la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Pero el 18 de noviembre de 2019, la URT emitió la resolución n.° 1042473 en la que deciden no iniciar, ni siquiera, un estudio formal de tierras despojadas y abandonadas forzosamente “toda vez que para ser titulares del derecho a la restitución de tierras, las personas deben tener una relación con el predio como propietarias, poseedoras o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación”. Frente a eso, Saúl advierte: “Nosotros no pretendemos que nos regalen la tierra, pero sí que nos permitan retomar la negociación legal que teníamos con la empresa porque, hoy por hoy, hay otros invasores con documentos de sana posesión que están disfrutando de lo que nosotros abonamos”.

Una de las personas que cuenta con hectáreas de tierra en la Hacienda La Gaitana es Hugo Alfonso Ortega Rojas, representante legal de la empresa Ganadería La Estrella S.A.S. y exalcalde encargado de Florencia (Caquetá) en 2014. En entrevista con Colombia+20, el empresario y ganadero confirmó que tiene una parcela de tierra que compró en 2004 de otros campesinos invasores y aseguró que otras cincuenta personas, en su mayoría ganaderos, compraron los derechos de posesión y las mejoras que, en su momento, les vendieron por “sana posesión” después del desplazamiento de las familias fundadoras de Semillas de Paz. “La tierra sigue siendo, por escritura, de la familia Lara. Yo compré la posesión y las mejoras y nosotros aspiramos a comprar la tierra o que el Gobierno nos las ceda por la posesión y nos haga escrituras públicas por el tiempo que llevamos allí”.

El empresario, que también asegura haber sido víctima de secuestro por parte de las Farc durante cuatro días y quien afirma haber padecido las extorsiones de esta guerrilla por varios años, dice que conoce que hay otras organizaciones sociales que buscan que las tierras de la familia Lara sean expropiadas por el Estado para luego adjudicarlas a otros campesinos reclamantes. “Pero me imagino que el Gobierno no será tan bruto y le comprará, seguramente, esa tierra a los Lara y nos la adjudicará a los campesinos y pequeños ganaderos, me incluyo ahí, que tenemos la sana posesión y le hemos hecho las mejoras”.

Su posición frente al conflicto armado en Caquetá, que conoce de cerca por haber sido víctima y por los puestos políticos que ha ocupado, es tajante y firme: “Deberían priorizar los pagos de las indemnizaciones de las víctimas de secuestro, comenzando por los soldados y nosotros los ganaderos que nos robaron la plata. Pero priorizan a los desplazados, que no son ocho millones como dicen, el 90 % de las víctimas son de mentiras y muchos de ellos viven de las indemnizaciones y subsidios”.

A pesar de que la disputa por la tierra ha sido protagonizada, mayoritariamente, por campesinos y ganaderos de Caquetá, la empresa Inversiones Mejasi también denunció haber padecido los hurtos y la destrucción de maquinaria y ganadería por parte de la extinta guerrilla. El 27 de abril del 2016, el Consejo de Estado emitió sentencia en segunda instancia en la que responsabiliza al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por haber omitido la protección y seguridad de los bienes de la hacienda y haber permitido actos o ataques por parte de las Farc. También les ordenaron pagar una indemnización de $81,9 millones a la empresa por los perjuicios del pago de las liquidaciones de los contratos de los trabajadores de la hacienda y “el valor correspondiente de cabezas de ganado que la empresa considere que le fueron hurtadas entre el 14 de marzo y el 3 de junio de 2002”.

Legalmente la hacienda está siendo reclamada por seis personas: Jorge Ipus Quintero, Isidro García, Gilberto López Ñáñez, Darwin Pacheco Álvarez, Édgar Silva Rojas y Daniel Camilo Ortega. Por estas reclamaciones, sobre el predio reposan tres medidas cautelares por demandas de pertenencia. La más reciente es la 0412, admitida el 10 de octubre de este año por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia.

Mientras tanto, Federico Montes, exintegrante del Frente 15 de las Farc en esta región, señala que este es un caso difícil de esclarecer porque muchos de los excombatientes involucrados ya murieron. “Llegué a este Frente en 2013, así que no tengo conocimiento de ese despojo ni de esos secuestros”. Aunque la JEP no tenga un macrocaso que juzgue el desplazamiento, este es uno de los casos atípicos y complejos en los que el secuestro, como dice Saúl Rivera, no fue el delito principal contra ellos. “A mí me secuestraron para despojarnos de la tierra, pero si la JEP solo se va centrar en nuestro cautiverio, ¿quién nos va responder por la negociación de Semillas de Paz si ya nos cerraron la puerta en Restitución de Tierras?”.

Saúl Rivera Villegas fue el segundo en tomar la palabra en la audiencia de las observaciones de las víctimas de secuestro de las Farc, el pasado 8 de octubre, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Después de contar cómo fue su cautiverio a manos del extinto Frente 15, desde el 9 de junio de 2002 hasta el 13 de agosto de ese mismo año, pidió que su caso no sea estudiado únicamente por secuestro sino también desde el despojo de tierras por parte de la exguerrilla, de la que denuncia haber sido víctima junto a otras 164 familias de la parcelación Semillas de Paz, ubicada en zona rural de Montañita (Caquetá). “Hoy esas tierras están ocupadas por otras personas, pero nosotros, que pusimos los muertos y los secuestrados, quedamos con nada”, reclamó ante el Tribunal de Paz.

El predio que reclama se llama formalmente Hacienda La Gaitana y perteneció hasta el 12 de diciembre de 2000 a la empresa Leonidas Lara e hijos Ltda. La familia Lara es conocida en Caquetá por haber fundado la vereda Larandia, donde están ubicados varios patrimonios, y por su activa participación en el sector ganadero y empresarial. Dicha vereda está ubicada a 106 kilómetros de la hacienda de Tranquilandia, que también le perteneció a los Lara a través de la Compañía del Sur Ltda. hasta 2016, conocida en la década de los 80 por ser controlada por el cartel de Medellín. Ahora, La Gaitana es de la empresa Inversiones Mejasi Ltda., en cabeza del empresario Gabriel Jaramillo Ocampo, hijo de Hernán Jaramillo Ocampo, exministro de Agricultura y esposo de Silvia Lara Rueda, una de las nietas de Leonidas Lara.

En el 2000, según el certificado de tradición y libertad del predio, la empresa Leonidas Lara e hijos le vendió a Jaramillo Ocampo la hacienda de 7.333 hectáreas y 5.300 metros cuadrados por un valor de $23 millones; es decir, por un poco menos de $3.200 por hectárea. Para ese entonces, según Saúl Rivera, la invasión de las familias ya estaba allí. Un año más tarde de la venta, la empresa Mejasi les ofreció a los campesinos comprar la tierra que estaban trabajando por un valor de $300.000 la hectárea. Si para la época los campesinos hubiesen podido comprarla, les habría costado $2.200 millones.

(Vea: “Escuchamos y seguiremos escuchando”: Exfarc a víctimas de secuestro)

Un terreno con historia

La Hacienda La Gaitana, en el papel, pertenece a la familia Lara desde el 3 de marzo de 1951, cuando una empresa de su propiedad, Compañía del Sur Ltda., se la compró a Francisco Morales, a quien el Ministerio de Agricultura le había adjudicado este predio baldío tres meses antes. En 1965, Compañía del Sur se la vendió a la empresa Lara e Hijos. Diez años después, este predio fue vendido a las empresas Inversiones La Rueda e Inversiones Mejasi, ambas de la misma familia, por un valor de $16 millones, según el certificado de tradición y libertad.

En 1979, el Ministerio de Agricultura embargó la hacienda y se la entregó a Nicolás González Bernal, que luego la volvió a vender a Leonidas Lara e hijos. Y el último movimiento, como ya contamos, fue en el 2000, cuando se la pasaron a Inversiones Mejasi, la empresa de un cuñado de los Lara que desde 2011 comenzó su proceso de liquidación y cuya actividad económica registrada en el Registro Único Empresarial es alojamiento en hoteles.

“Cuando nosotros llegamos a poblar esa zona, a finales de 1999, nos reunimos con el abogado Francisco Sánchez Sánchez, quien representaba a la empresa, y le solicitamos formalmente que nos permitiera asentarnos allí y trabajar la tierra, ya que en ese momento en el territorio no había cultivado nada y estaba desocupado. Ellos nos dijeron que sí, con la condición de que trabajáramos en todo el predio”, explica Rivera.

Para probar que la presencia de las 165 familias en la hacienda de los Lara fue consensuada con la empresa y el municipio, el 22 de mayo de 2001 la Secretaría de Gobierno de Caquetá reconoció la personería jurídica del asentamiento humano Semillas de Paz y formalizó la creación de una Junta de Acción Comunal para que esta comunidad “ejerza sus derechos y contraiga obligaciones civiles”, como quedó consignado en el siguiente documento.

Tres meses antes de la formalización, en junio de 2001, según la Junta de Acción Comunal, se estableció una alianza con la ONG alemana Diakonie Deutschland, para fomentar los proyectos productivos en la hacienda a través de un proyecto que se llamó “Montañita Siembra Paz”. Rivera asegura que ellos fueron a la parcela, los capacitaron en el uso y manejo de semillas y en la creación de huertas comunitarias. De ese proyecto, de hecho, surgió el nombre de personería jurídica de la parcelación Semillas de Paz.

Las amenazas

En ese momento, en la zona estaba el Frente 15 de las extintas Farc, comandado por José Arroyave, conocido en la guerra como el Mocho César, y Fidelino Mora Valencia (Faiber), exmiembros del estado mayor del Bloque Sur. De acuerdo con los pobladores, antes del 2002 no hubo disputa paramilitar por ese territorio y había una ligera sensación de tranquilidad. Sin embargo, a comienzos de 2002 denunciaron que empezaron las amenazas e intimidaciones de la guerrilla. “El Mocho César venía a la parcela y nos decía que por qué teníamos que estar negociando predios con esa empresa, que nosotros no teníamos por qué pagar por la tierra y que, si seguíamos con las negociaciones, nos iban a asesinar”, relata otra de las víctimas que prefirió reservar su nombre por seguridad.

En abril de 2002, Gustavo Castrillón, entonces presidente de la JAC; Ómar Ortiz Ramos, líder negociador de los predios entre la comunidad y la empresa Inversiones Mejasi, y Marcelino Benavides, otro habitante del terreno, fueron asesinados en la vereda a manos de hombres armados no identificados. Pablo Emilio Ortiz Ramos, hermano de Ómar, abandonó el predio en el que vivía junto a su familia por miedo a represalias. “Desde que eso pasó, ya todo mundo entendió que el mensaje de las Farc era verdad y que, si seguíamos con la negociación, todos íbamos a terminar muertos”, dice otro de los desplazados.

Los entonces habitantes aseguran que al municipio de Montañita llegaron en esa época hombres que se identificaban como Autodefensas Unidas de Colombia. Saúl Rivera había asumido el liderazgo de la negociación de los predios con la empresa en medio de confrontaciones entre la guerrilla, el Ejército y la presencia, aparentemente silenciosa, de los paramilitares. El 9 de junio de 2002, sobre las 6:00 a.m., como reposa en documentos de la Unidad de Restitución de Tierras, un miliciano del Frente 15 llegó hasta la casa de Saúl Rivera para secuestrarlo. “Me dijeron que tenía que irme con ellos y frente a la escuela de Las Acacias me amarraron las manos con un lazo y me pusieron una cadena con candado en las rodillas. Nos tuvieron amarrados a una palma como hasta las 11 a.m. y ya después nos llevaron hacia la inspección del municipio del Triunfo”, cuenta.

Ese día, según otro relato entregado a la Unidad de Víctimas por parte de los pobladores, fueron llevadas a la fuerza 18 personas de varias veredas del municipio de Montañita. Algunos, dice Saúl, fueron dejados en libertad dos semanas más tarde, pero él fue liberado solo tres meses después. “Cuando me llevaron con Faiber, el comandante, él me dijo que me estaban secuestrando porque la ONG alemana Diakonie Deutschland, que nos ayudaba con los proyectos productivos en Semillas de Paz, supuestamente trabajaba con paramilitares porque operaban con dineros del Plan Colombia. Entonces que, según ellos, por nosotros estar recibiendo ayudas de esa organización, éramos de los paramilitares”. Colombia+20 se intentó comunicar con la ONG, pero hasta la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta sobre este tema.

Meses antes de que Saúl estuvo en cautiverio, las extintas Farc se tomaron la tierra y, según las denuncias de 16 familias interpuestas ante el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, “cuando la JAC iba empezar a organizar los documentos de las parcelas, el Frente 15 comenzó a asediarnos y el comandante Faiber nos dijo, en abril de 2002, que teníamos 24 horas para abandonar las parcelas. Nos amenazó con matarnos si llegábamos a denunciar”, se lee en el documento conocido por este diario. El relato es de una mujer que tuvo que abandonar su casa con un bebé de cinco meses.

(Vea: ‘Martín Sombra’ confirma autoría de las Farc en masacre atribuida a los ‘paras’)

De acuerdo con las denuncias, fueron 153 familias las que tuvieron que abandonar el territorio. “A mí me iban a reclutar a mi hijo que tenía diez años, ya me lo habían advertido, entonces yo le dije a mi esposa que saliera con el niño y yo me quedé para ir a una reunión con la ONG alemana Diakonie Deutschlandy con el Incoder, que nos iba a hablar sobre el préstamo para comprar la tierra. En esa reunión se apareció la guerrilla y prohibieron la entrada de las dos organizaciones que nos estaban ayudando. Ahí tuve que salir de la hacienda desplazado”, dice otra de las víctimas del despojo en el denuncio.

Cuando Saúl fue liberado, ya no quedaba nadie de la comunidad Semillas de Paz. “A mí me dijeron que me iban a dar libertad condicional, que no me podía escapar porque yo les tenía que dar información a ellos y que, si me llegaba a ir, me mataban a quien yo más quería”. Sin embargo, dos semanas más tarde logró huir con su familia al casco urbano sobre las 3:00 a.m. “Unos meses después, mi hijo de cinco años y medio fue atropellado en la carretera que comunica a una de las veredas y luego me mandaron a decir que ya estábamos ‘saldados’. Quiero que las Farc me confirmen si ellos se vengaron de mí matando a mi niño”, reclamó Saúl ante la magistrada Marcela Giraldo de la JEP, en la audiencia.

Los que reclaman la hacienda

Apenas 16 de las 153 familias que salieron despojadas de ese territorio han denunciado formalmente sus hechos como víctimas de desplazamiento forzado ante la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Pero el 18 de noviembre de 2019, la URT emitió la resolución n.° 1042473 en la que deciden no iniciar, ni siquiera, un estudio formal de tierras despojadas y abandonadas forzosamente “toda vez que para ser titulares del derecho a la restitución de tierras, las personas deben tener una relación con el predio como propietarias, poseedoras o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación”. Frente a eso, Saúl advierte: “Nosotros no pretendemos que nos regalen la tierra, pero sí que nos permitan retomar la negociación legal que teníamos con la empresa porque, hoy por hoy, hay otros invasores con documentos de sana posesión que están disfrutando de lo que nosotros abonamos”.

Una de las personas que cuenta con hectáreas de tierra en la Hacienda La Gaitana es Hugo Alfonso Ortega Rojas, representante legal de la empresa Ganadería La Estrella S.A.S. y exalcalde encargado de Florencia (Caquetá) en 2014. En entrevista con Colombia+20, el empresario y ganadero confirmó que tiene una parcela de tierra que compró en 2004 de otros campesinos invasores y aseguró que otras cincuenta personas, en su mayoría ganaderos, compraron los derechos de posesión y las mejoras que, en su momento, les vendieron por “sana posesión” después del desplazamiento de las familias fundadoras de Semillas de Paz. “La tierra sigue siendo, por escritura, de la familia Lara. Yo compré la posesión y las mejoras y nosotros aspiramos a comprar la tierra o que el Gobierno nos las ceda por la posesión y nos haga escrituras públicas por el tiempo que llevamos allí”.

El empresario, que también asegura haber sido víctima de secuestro por parte de las Farc durante cuatro días y quien afirma haber padecido las extorsiones de esta guerrilla por varios años, dice que conoce que hay otras organizaciones sociales que buscan que las tierras de la familia Lara sean expropiadas por el Estado para luego adjudicarlas a otros campesinos reclamantes. “Pero me imagino que el Gobierno no será tan bruto y le comprará, seguramente, esa tierra a los Lara y nos la adjudicará a los campesinos y pequeños ganaderos, me incluyo ahí, que tenemos la sana posesión y le hemos hecho las mejoras”.

Su posición frente al conflicto armado en Caquetá, que conoce de cerca por haber sido víctima y por los puestos políticos que ha ocupado, es tajante y firme: “Deberían priorizar los pagos de las indemnizaciones de las víctimas de secuestro, comenzando por los soldados y nosotros los ganaderos que nos robaron la plata. Pero priorizan a los desplazados, que no son ocho millones como dicen, el 90 % de las víctimas son de mentiras y muchos de ellos viven de las indemnizaciones y subsidios”.

A pesar de que la disputa por la tierra ha sido protagonizada, mayoritariamente, por campesinos y ganaderos de Caquetá, la empresa Inversiones Mejasi también denunció haber padecido los hurtos y la destrucción de maquinaria y ganadería por parte de la extinta guerrilla. El 27 de abril del 2016, el Consejo de Estado emitió sentencia en segunda instancia en la que responsabiliza al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por haber omitido la protección y seguridad de los bienes de la hacienda y haber permitido actos o ataques por parte de las Farc. También les ordenaron pagar una indemnización de $81,9 millones a la empresa por los perjuicios del pago de las liquidaciones de los contratos de los trabajadores de la hacienda y “el valor correspondiente de cabezas de ganado que la empresa considere que le fueron hurtadas entre el 14 de marzo y el 3 de junio de 2002”.

Legalmente la hacienda está siendo reclamada por seis personas: Jorge Ipus Quintero, Isidro García, Gilberto López Ñáñez, Darwin Pacheco Álvarez, Édgar Silva Rojas y Daniel Camilo Ortega. Por estas reclamaciones, sobre el predio reposan tres medidas cautelares por demandas de pertenencia. La más reciente es la 0412, admitida el 10 de octubre de este año por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia.

Mientras tanto, Federico Montes, exintegrante del Frente 15 de las Farc en esta región, señala que este es un caso difícil de esclarecer porque muchos de los excombatientes involucrados ya murieron. “Llegué a este Frente en 2013, así que no tengo conocimiento de ese despojo ni de esos secuestros”. Aunque la JEP no tenga un macrocaso que juzgue el desplazamiento, este es uno de los casos atípicos y complejos en los que el secuestro, como dice Saúl Rivera, no fue el delito principal contra ellos. “A mí me secuestraron para despojarnos de la tierra, pero si la JEP solo se va centrar en nuestro cautiverio, ¿quién nos va responder por la negociación de Semillas de Paz si ya nos cerraron la puerta en Restitución de Tierras?”.