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Esta mañana, el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dio a conocer los nombres de las personas seleccionadas para ser magistrados del Tribunal Especial de Paz y de las Salas que hacen parte del sistema también: la de Reconocimiento, la de Amnistías y la de Definición de Situaciones Jurídicas. (Vea: Esta es la lista de los magistrados para la JEP)
La tarea que queda en sus manos es compleja y esencial para el país: darle vida al Acuerdo de Paz con las Farc en relación con el punto de justicia. El Tribunal Especial de Paz (TEP) estará compuesto por dos instancias: una sección primera y una sección de revisión, cuya labor será ejercer la segunda instancia sobre los fallos producidos. (Lea también: "Los 18 elegidos para ser magistrados de las salas de la JEP")
Esta es la lista completa de las personas que serán magistrados titulares del tribunal.
1. Rodolfo Arango
Es un reconocido académico. Abogado de la Universidad de los Andes, es doctor en derecho constitucional y en filosofía del derecho. Fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en los despachos de Eduardo Cifuentes -y Manuel José Cepeda y ha escrito por lo menos cinco libros, entre ellos “¿Hay respuestas correctas en el derecho?” y “Derechos humanos como límite a la democracia”.
El año pasado, Arango fue escogido por el Consejo de Estado para integrar una terna de candidatos a la Corte Constitucional, la cual perdió ante Antonio José Lizarazo. En 2014 se lanzó al Senado por el Polo Democrático, pero apenas obtuvo 10.024 votos y no consiguió el escaño.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque encuentra que “la JEP es el vehículo concebido en Colombia para garantizar los derechos de las víctimas, los actores del conflicto y la sociedad en general. Cumplir sus postulados permitiría consolidar el Estado constitucional, social y democrático de derecho y cimentar una paz estable y duradera en Colombia”.
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2. Jesús Ángel Bobadilla Moreno
Abogado huilense graduado de la Universidad Nacional, ha sido litigante en procesos civiles, penales, laborales y de familia. Trabajó con la Fiscalía en los años 90 y también fue juez promiscuo de un pueblo de Huila llamado Baraya, así como de Neiva, y magistrado del Tribunal Superior de Pasto y del de Bogotá (donde ejerce hoy). Ha sido docente universitario.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque “considero de vital importancia que la aplicación razonada y ponderada del sistema de justicia transicional permitirá que los actores enfrentados en el conflicto resuelvan sus diferencias, su situación judicial y construyan nuevos escenarios para promover pacífica y políticamente sus ideas y proyectos vitales”.
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3. Eduardo Cifuentes Muñoz
Es abogado de la Universidad de Los Andes y tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (España). Fue magistrado de la Corte Constitucional entre 1991 y agosto de 2000. Durante los tres años después de su salida del alto tribunal, se desempeñó como defensor del pueblo y para septiembre de 2003, Cifuentes entró a trabajar a la Unesco como director de la división de derechos humanos. Además, ha estado vinculado con Los Andes, como decano de la Facultad de Derecho y como profesor.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque considera que el país vive un momento crucial en el que, si no se supera la brecha entre la realidad que vive el país junto y su relación con la práctica tradicional del derecho, “la suerte de la Nación como un todo quedará sujeta a una ruta trágica de perpetua guerra y venganza”. Cifuentes agregó en su presentación que se presentaba al cargo “con el mismo sentimiento republicano de deber que como ciudadano experimenté con ocasión de mi postulación como magistrado de la Corte Constitucional y más tarde de Defensor del Pueblo”.
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4. Zoraida Chalela Romano
Nació en Ocaña (Norte de Santander) y se graduó como abogada de la Universidad Militar Nueva Granada en 1987. Tiene dos especializaciones en derecho, una de la Universidad Nacional de Cartagena y otra de la Universidad Libre en su sede en el Atlántico. Comenzó su carrera en la Rama Judicial en 1992, cuando ingresó como juez penal en Cartagena, en donde trabajó hasta 2006, cuando fue elegida como magistrada de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz pues, explicó, resulta un compromiso moral “poder contribuir con la paz y conocer a fondo la dinámica del conflicto armado desde la orilla de las Farc, y las instituciones estatales. Agregó que su trabajo en la jurisdicción especial no solo estaría enfocado en las garantías de los postulados, sino que privilegiaría los derechos de las víctimas, buscando la verdad y no repetición para “impactar en la sociedad colombiana en rescate de la confianza en la justicia y la bondad del proceso pacificador”.
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5. Sandra Rocío Gamboa Rubiano
Es de Zipaquirá (Cundinamarca) y abogada de la Universidad Nacional. Tiene una maestría en defensa de los derechos humanos de la Universidad Santo Tomás y un doctorado en Derecho de la misma institución. Entre 1999 y 2002 fue abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y entre 2006 y 2011, trabajó en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo también como defensora. Recién terminado su trabajo en el colectivo, pasó a ser parte del equipo de abogados de la Comisión Colombiana de Juristas, en donde estuvo durante dos años. Asimismo, ha sido profesora de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad La Gran Colombia.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque considera que la JEP es un “inédito esfuerzo por cumplir las obligaciones del Estado y reconocer a las víctimas al ser un sistema integral y fundarse en la justicia restaurativa. Esta es una realidad que exige funcionarias que reconozcan su valor y busquen realizarla con trabajo esforzado y ético”. Agregó que su sensibilidad por temas de derechos humanos caracteriza su “independencia y búsqueda de la ética y la congruencia”, dos valores que le permiten mostrar su independencia y compromiso con “realizar la justicia”.
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6. Ana Caterina Heyck Puyana
Entre 1997 y 2002 fue asesora del Ministerio del Interior. Durante ese periodo fue gobernadora encargada del departamento de Amazonas, en 1999, atendiendo asuntos indígenas. Asesoró al alto comisionado para paz Luis Carlos Restrepo durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Participó en el Programa Alban, como investigadora de la Unión Europea, desde 2008 hasta 2010. Fue negociadora de la mesa exploratoria para los diálogos con el ELN que se desarrolló en 2014, en Ecuador. Tuvo diversos cargos en la Fiscalía General de la Nación y fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado. Abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho Internacional Humanitario e Investigación para la Paz de la Universidad de Granada, España.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque “ahora es tiempo de la Justicia transicional como instrumento de reconciliación. Es allí donde quiero aportar lo aprendido en la investigación y en la práctica”.
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7. Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra
Nació en Medellín (Antioquia). Es socióloga de la Universidad Autónoma Latinoamericana y en 1998 obtuvo su título de abogada de la Universidad Autónoma de Colombia. En 2001 se especializó en Derecho Público en esa misma institución y tiene una maestría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Fue asesora jurídica de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) durante tres años y fue funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Trabajó también en la Comisión Colombiana de Juristas y en el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Además, fue alcaldesa local de Sumapaz.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz pues explicó que quiere contribuir de manera directa a la materialización del Acuerdo de Paz, a garantizar los derechos de las víctimas y a aplicar un énfasis especial a los derechos de las mujeres. Aseguró que otro de los puntos claves para su postulación radica en que quiere “hacer desarrollos jurídicos, decisiones judiciales humanistas, que contribuyan a la seguridad jurídica, a fortalecer la institucionalidad, a construir confianza entre los ciudadanos, fortalecer el Estado Social de Derecho y la democracia como un imperativo ético y político”.
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8. Mirtha Patricia Linares Prieto
Además de magistrada del Tribunal de Paz, fue elegida como presidenta de la JEP. Es bogotana y abogada de la Universidad Santo Tomás. Tiene una maestría en Filosofía de la Universidad Nacional y otra en Administración Pública de la Universidad Alcalá de Henares (España). Entre 1995 y 2001 fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y fue procuradora delegada para derechos humanos Y asuntos étnicos, entre 2001 y 2009. Ha sido además consultora del Consejo Noruego para Refugiados, de la Alcaldía de Bogotá, de ONU mujeres, del DANE, del Fondo Global para la Paz de la embajada de Canadá y del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es, además, profesora en las facultades de Derecho de la Universidad Externado, Los Andes y la Nacional.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque considera que puede ayudar a cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Paz, especialmente a administrar justicia restaurativa “que sirva a los propósitos de reconciliación, que alivie el dolor de las víctimas y reconozca la voluntad de los excombatientes que acudirán a una jurisdicción cuyo compromiso es contribuir a la reconstrucción de un país que no soporta más guerra (…) Hoy lo que concebí como un sueño es una realidad con la firma del acuerdo de Paz”.
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9. Claudia López Díaz
Trabajó como docente en derecho penal, constitucional y civil en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Sergio Arboleda entre 1987 y 2012. Desde 2008 es asesora jurídica de la Cooperación Alemana GIZ trabajando en justicia transicional, derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y construcción de paz con enfoque territorial. Abogada y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
Publicó los libros Colombia: “Un nuevo modelo de justicia transicional”, “Acerca de los crímenes de lesa humanidad y su aplicación en Colombia”, “Daño y reparación judicial en el ámbito de la ley de justicia y paz”, “Manual de procedimiento para la ley de justicia y paz”, entre otros textos sobre sus investigaciones.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque “como magistrada contribuiré a la construcción de confianza, la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia, luchando contra la impunidad para esclarecer la verdad, reconstruir la memoria histórica y, garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en ella”.
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10. Adolfo Murillo Granados
El vallecaucano ha trabajado principalmente en la academia y como abogado litigante. Egresó de la Universidad Libre de Cali, es especialista en derecho penal y constitucional de esa misma institución y doctor en derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado en la academia como docente de programas de posgrado de la Universidad Libre y es investigador junior de Colciencias.
Sobre la motivación para ingresar al Tribunal Especial de Paz, esto fue lo que le dijo al Comité de Escogencia: “Tengo la preparación académica para el cargo, conozco la realidad de Colombia, deseo poner mi capacidad al servicio de proceso que pone fin a la confrontación armada dentro de parámetros racionales y apegados a los estándares internacionales de justicia”.
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11. Ana Manuela Ochoa Arias
Tuvo experiencia como investigadora en la academia y abogada litigante para la comunidad indígena kankuama, de la que hace parte. Entre 2006 y 2008 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como becaria de la relatoría de los pueblos indígenas y ha representado a los Pueblos Indígenas de Colombia ante las Naciones Unidas.
Ha trabajado en diferentes cargos de la Organización Nacional Indígena (ONIC) como asesora jurídica, secretaria técnica de la Mesa Permanente de Concertación y asesora de paz. También participó en el Plan Nacional de Desarrollo. Es defensora del acceso de los pueblos étnicos a la justicia y de establecer procedimientos especiales para las comunidades indígenas.
“Mi principal motivación para este cargo es contribuir en la construcción e implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en articulación con la JEI (Jurisdicción Especial Indígena”, dijo en su postulación.
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12. Alejandro Ramelli Arteaga
Profesor e investigador especializado en derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional y derecho constitucional. Fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en tres ocasiones, magistrado auxiliar del consejo de estado, fiscal delegado ante la Corte y jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
Fue jefe de la Unidad de Análisis y Contextos (Unac) de la Fiscalía, donde fue el primer supervisor de los contratos que la politóloga Natalia Springer firmó con la administración de Eduardo Montealegre. Ramelli se opuso a que Springer recibiera el dinero de los contratos por considerar que su trabajo no se ajustaba a lo requerido, lo cual terminó en su salida de la Fiscalía.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque “es mi profunda convicción que la consolidación de la paz en Colombia pasa por la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas, la aceptación de las diferencias, el fortalecimiento de la democracia y la aplicación de instrumentos eficaces de justicia transicional”.
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13. Yesid Reyes Alvarado
Exministro de Justicia del presidente Juan Manuel Santos, este abogado de la Universidad Externado ha sido litigante la mayoría de su carrera profesional. Al salir del Ministerio de Justicia, fue nombrado director del Centro de Investigaciones en Filosofía y Derecho del Externado, y ha sido también profesor en universidades como Los Andes y Santo Tomás. Ha escrito unos siete libros y ha participado con capítulos en obras.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque “como abogado litigante que fui, considero que con mi conocimiento y mi experiencia profesional puedo contribuir desde el Tribunal para la Paz a que la JEP haga los aportes que le han sido asignados dentro del más amplio marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
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14. Gloria Amparo Rodríguez
Nació en (Pensilvania) Caldas y obtuvo su título de abogada en 1996 en la Universidad Autónoma de Colombia. Es doctora Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado y tiene tres especializaciones y una maestría. Ha sido conjuez de la Corte Constitucional y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y ha trabajado como asesora de la Corporación Ecofondo. Ha sido profesora de la Universidad del Rosario, Universidad Santo Tomás y Universidad Agraria de Colombia. Una de las áreas de estudio a la que más le ha dedicado atención ha sido al análisis de los pueblos indígenas del país y ha publicado más de 10 artículos sobre el tema.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz por su “deseo de contribuir a garantizar la no repetición de los hechos (violentos), la defensa de los derechos y la construcción de un país en paz. Considero que con los conocimientos que poseo y el ánimo por lograr la justicia social, puedo aportar a una Colombia mejor, teniendo en cuenta instrumentos innovadores para esclarecer los hechos y el abordaje de asuntos fundamentales que tuvieron incidencia en el conflicto, como los que involucran a las mujeres, a los grupos étnicos y a los temas ambientales (…) Me inspira la posibilidad de trabajar para que, en unión con las generaciones presentes y futuras se logre la reconciliación y una Colombia en paz”.
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15. Danilo Rojas Betancourth
Abogado de la Universidad Libre, ha sido relator y magistrado auxiliar del Consejo de Estado. También fue director de la Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos, que pertenece al Ministerio del Interior, y director del departamento de derecho público de la Universidad Nacional.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque “desde un ejercicio equilibrado de justicia restaurativa, quisiera sumarme a los esfuerzos políticos y sociales que han permitido el desarrollo del Acuerdo de Paz. No es un compromiso coyuntural sino que hace parte de un curso vital”.
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16. Gustavo Salazar Arbeláez
Abogado de Los Andes, con maestría en resolución de conflictos y doctorado en ciencias sociales y humanas, habla tres idiomas (español, francés e inglés) y tiene conocimientos de dos más (italiano y alemán). Tiene una trayectoria de casi 25 años relacionada con temas de derechos humanos y conflicto.
Fue investigador y coordinador programático del Centro Internacional para la Justicia Transicional; asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja; a asesor jurídico del Alto Comisionado para la Paz entre 1995 y 1999; investigador del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, entre otros.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque, como “especialista en justicia transicional, resolución de conflictos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, conflictos, derecho internacional humanitario y situaciones postconflicto, he asumido mi labor docente con el rigor y la pasión del académico que, testarudo, se mueve hacia la esperanza sin dejar de caminar en la realidad”.
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17. Raúl Sánchez Sánchez
Abogado de la Universidad del Rosario, con maestría en política criminal y derecho penal internacional de The London School of Economics, fue asesor del despacho del Ministerio de Justicia un año y luego de volver de Londres fundó su propia firma, Sánchez & Sánchez Abogados. H asido profesor universitario y es abogado admitido en la barra de abogados litigantes de la Corte Penal Internacional.
“He contribuido con la judicatura en mi calidad de Conjuez tanto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como del Tribunal Superior de Bogotá. Con todo lo anterior, pongo, de manera humilde, mi hoja de vida en consideración del Comité de Escogencia, convencido que la JEP, no es solo una Jurisdicción para la Paz, sino también para la reconciliación”, dijo en su postulación.
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18. Camilo Andrés Suárez Aldana
Abogado de la Universidad Autónoma de Colombia y docente. Trabajó desde 1992 hasta 2016 como funcionario del Ministerio de Defensa, enfocado a la Justicia Penal Militar, y fue miembro de la comisión redactora del nuevo Código Penal Militar y del Acto Legislativo 01 de 2015. Fue magistrado del Tribunal Superior Militar.
“El formar parte del Tribunal para contribuir con el esclarecimiento de hechos que nos agobiaron como sociedad, es un compromiso con mi sentido de justicia es el respeto y reconocimiento a las víctimas”, señaló en su postulación ante el Comité de Escogencia.
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19. María del Pilar Valencia García
Es de Manizales (Caldas). Se graduó como abogada de la Universidad de Caldas y tiene una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y otra en Filosofía de la Universidad del Tolima. Ha sido asesora jurídica de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), investigadora del Cinep, defensora pública de la Defensoría del Pueblo, y ha trabajado en diferentes asociaciones en el tema de despojo de tierras y derechos territoriales. En 2011 fue contratada por la Unidad de Restitución de Tierras para asesorar un proyecto de protección de tierras y patrimonio y en 2012 llegó a la Unidad de Víctimas como directora técnica de asuntos étnicos.
Quería estar en el Tribunal Especial de Paz porque consideraba que, a partir de su experiencia, “podría hacer un aporte pertinente, coherente con los fines del Estado para contribuir a la superación de factores subyacentes, conexos y vinculados agravantes del impacto desproporcionado del conflicto armado, profundizado por la discriminación y marginalidad de la población más débil en las regiones periféricas”. Asimismo, explicó que uno de sus objetivos de ser elegida magistrada sería “tender puentes de coordinación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial étnica para el esclarecimiento de la verdad, a favor de la aplicación de medidas con de carácter integral y garantías de no repetición”.
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20. Roberto Vidal López
Es abogado e historiador de la Universidad Javeriana con doctorado en Derecho. Ha sido catedrático universitario, consultor del Agustín Codazzi, asesor de la Fundación Ideas para la Paz, investigador de proyectos financiados con cooperación internacional, y director del Instituto Pensar de la Javeriana. Ha escrito sobre desplazamiento forzado, construcción de paz, migración y justicia transicional.
"Desde mi posición como profesor-investigador al tiempo que actor de la promoción de la paz y los derechos humanos, he entendido que la academia tiene un papel fundamental en la búsqueda de la paz negociada y en la construcción de la paz", le dijo al Comité de Escogencia en su aplicación. "El sistema de Justicia Especial para la paz tiene una dimensión interna, que plantea el desafío no sólo de operar los contenidos de los acuerdos, sino que en su dimensión de mediano e incluso largo plazo, tiene la función de producir la transición".
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