En Colombia no alcanza la vida para encontrar a los desaparecidos
En Samaná han muerto tres madres sin pista alguna sobre el paradero de sus hijos desaparecidos hace más de 20 años. Organizaciones le exigen a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y a la JEP atención priorizada a los adultos mayores buscadores y más agilidad en sus procesos.
Carolina Ávila Cortés
Luz Estrella Gallego falleció de cáncer en el hígado el pasado 18 de julio. Tenía 56 años. Es la tercera madre del Colectivo Volver a Vivir, en el corregimiento San Diego, en Samaná (Caldas), que fallece sin saber nada sobre su hijo desaparecido. Ninguna institución del Estado le respondió dónde está el cuerpo, por qué y quién se llevó a su hijo Nolberto Betancur el 25 de septiembre del 2002.
Lo mismo ocurrió con María del Rosario Ospina, fallecida el 8 de diciembre de 2018 a sus 69 años. Sus hijos Luz Enith y Ricardo fueron desaparecidos el 2 de noviembre de 2005. Y con Bárbara Anzola, quien tenía 68 años al morir y buscaba a sus tres hijos: Carlos, Epímaco y Sabaraín desde la década de los 80. Este último tenía diez años cuando desapareció.
(Lea también: Cicatrices sin sanar: cuerpos y mentes marcadas por la desaparición en Colombia)
A pesar de que pasaron entre veinte y cuarenta años desde la desaparición de sus hijos, las investigaciones de sus casos nunca avanzaron. Ni siquiera cuando miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se acogieron a Justicia y Paz. No les tomaron pruebas de ADN a estas mujeres para contrastarlas con los cuerpos no identificados en Medicina Legal y, en el caso de Nolberto ni siquiera estaba registrado en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de Medicina Legal.
Lo que ocurrió con ellas es usual con muchas familias víctimas de desaparición forzada en Colombia: fallecen antes de encontrar a sus parientes por falta de atención o demoras de las instituciones encargadas de la búsqueda.
“Vemos que las entidades del Gobierno no avanzan, que hay mucha burocracia en los procedimientos. La pandemia tampoco puede ser excusa para decir que se detuvieron estos procesos. No queremos que se nos sigan muriendo las madres, padres y abuelos sin ese derecho a la verdad y a recuperar el cuerpo de su ser querido”, sostiene Gloria Amparo Blandón, representante legal de Volver a Vivir. Como sus compañeras, ella busca hace 19 años a su hermano Luis Alfredo, desaparecido en Norte de Santander. Sus padres murieron a los 78 años y ella asumió la búsqueda.
En el Magdalena caldense, conformado por los municipios de Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada, el conflicto armado dejó entre 1964 y 2017 por lo menos 10.118 víctimas de desaparición forzada y desaparición tras secuestro, reclutamiento ilícito y ejecuciones extrajudiciales, según el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas).
Desde el 2017, junto con organizaciones de víctimas, Equitas, el Centro de Estudio sobre Violencia, Conflicto y Convivencia (CEDAT) de la Universidad de Caldas y la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos) construyeron un plan de búsqueda de desaparecidos en esta región en el que documentaron 187 casos de personas desaparecidas, 89 de ellas con coordenadas donde estarían los cuerpos. Este plan fue entregado en febrero de este año al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, creado tras el Acuerdo de Paz.
(Puede interesarle: La respuesta insuficiente del Estado para quienes buscan a sus desaparecidos)
Lo que reveló el informe es que fueron los jóvenes (62) y hombres (169) quienes más desaparecieron, que los años donde más se presentaron casos fue entre el 2000 y el 2006 y que los mayores perpetradores de estos delitos fueron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, especialmente el Frente Ómar Isaza, al que se le atribuyen setenta desapariciones. Le siguen los frentes 9 y 47 de las Farc, con 57 casos, la mayoría de ellos correspondientes a reclutamiento forzado. Y también hay once casos documentados de ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército, entre los que están los hijos de María del Rosario.
De acuerdo con Carolina López, del CEDAT, para este proyecto trabajaron con 162 familias, de las cuales el 80 % son adultos mayores. Algunos viven solos, en situación de pobreza, con niveles bajos de escolaridad y aun así han tenido que afrontar el proceso de búsqueda solos, intentando que los atiendan funcionarios que en la mayoría de los casos no los tratan de manera respetuosa.
Tras la muerte de Luz Estrella, las tres organizaciones sacaron un comunicado pidiéndole a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celeridad en el proceso de búsqueda en vista de la avanzada edad que tienen los familiares. “En marzo de 2018 le entregamos 85 casos documentados a la UBPD, Luz Estrella hacía parte de ellos, y han tenido todo el 2019 y lo que va de 2020 para darnos una respuesta que no ha llegado”, afirma López.
Agrega que en diversas mesas técnicas les han pedido a la JEP y a la UBPD que ingresen los casos al Sirdec, que se haga una jornada colectiva de toma de muestras genéticas y que se reprograme pronto la audiencia para definir medidas cautelares en estos lugares.
Estos municipios hacen parte de la petición a la JEP del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de proteger 17 cementerios o lugares de inhumación donde habría personas desaparecidas. Puntualmente en Caldas algunos de estos sitios serían los cementerios municipales de Riosucio, La Dorada y Victoria, las veredas La Cristalina, en Samaná, y Cimitarra, en Norcasia, y tumbas de agua en los ríos Manso, Hondo y San Antonio, también en Samaná.
A finales de marzo, la JEP iba a realizar la audiencia para Victoria, Samaná y Norcasia, sin embargo, tuvo que ser cancelada ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La magistrada Reinere Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP —que está a cargo de las 17 medidas cautelares—, aseguró que en este momento están revisando toda la información recogida por la Unidad de Investigación y Acusación sobre los cementerios y fosas, especialmente el católico de San Agustín de Samaná y el del corregimiento de San Diego.
(Vea: Los desafíos de la JEP para proteger lugares donde habría desaparecidos)
“Estamos mirando con la UBPD el mejor mecanismo teniendo en cuenta la pandemia para, por lo menos, tomar las muestras, teniendo en cuenta los recursos de la Unidad. Estamos tratando de coordinar la audiencia virtual, seguramente, en el corto plazo, estaremos sacando las medidas cautelares para estos sitios”, afirmó sin mencionar una fecha exacta. Con respecto a la preocupación de las organizaciones por la muerte de las tres madres buscadoras y la petición de que se dé prioridad a los casos en los que los familiares son adultos mayores, la magistrada resaltó que esa también es una preocupación de la JEP y que se viene discutiendo cuál sería el segundo grupo de priorizaciones, así como la información relevante para la apertura de un caso sobre desaparición forzada.
Mientras tanto, la búsqueda de Nolberto quedará ahora en manos de sus dos hermanas. Es la herencia que les dejó Luz Estrella.
Luz Estrella Gallego falleció de cáncer en el hígado el pasado 18 de julio. Tenía 56 años. Es la tercera madre del Colectivo Volver a Vivir, en el corregimiento San Diego, en Samaná (Caldas), que fallece sin saber nada sobre su hijo desaparecido. Ninguna institución del Estado le respondió dónde está el cuerpo, por qué y quién se llevó a su hijo Nolberto Betancur el 25 de septiembre del 2002.
Lo mismo ocurrió con María del Rosario Ospina, fallecida el 8 de diciembre de 2018 a sus 69 años. Sus hijos Luz Enith y Ricardo fueron desaparecidos el 2 de noviembre de 2005. Y con Bárbara Anzola, quien tenía 68 años al morir y buscaba a sus tres hijos: Carlos, Epímaco y Sabaraín desde la década de los 80. Este último tenía diez años cuando desapareció.
(Lea también: Cicatrices sin sanar: cuerpos y mentes marcadas por la desaparición en Colombia)
A pesar de que pasaron entre veinte y cuarenta años desde la desaparición de sus hijos, las investigaciones de sus casos nunca avanzaron. Ni siquiera cuando miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se acogieron a Justicia y Paz. No les tomaron pruebas de ADN a estas mujeres para contrastarlas con los cuerpos no identificados en Medicina Legal y, en el caso de Nolberto ni siquiera estaba registrado en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de Medicina Legal.
Lo que ocurrió con ellas es usual con muchas familias víctimas de desaparición forzada en Colombia: fallecen antes de encontrar a sus parientes por falta de atención o demoras de las instituciones encargadas de la búsqueda.
“Vemos que las entidades del Gobierno no avanzan, que hay mucha burocracia en los procedimientos. La pandemia tampoco puede ser excusa para decir que se detuvieron estos procesos. No queremos que se nos sigan muriendo las madres, padres y abuelos sin ese derecho a la verdad y a recuperar el cuerpo de su ser querido”, sostiene Gloria Amparo Blandón, representante legal de Volver a Vivir. Como sus compañeras, ella busca hace 19 años a su hermano Luis Alfredo, desaparecido en Norte de Santander. Sus padres murieron a los 78 años y ella asumió la búsqueda.
En el Magdalena caldense, conformado por los municipios de Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada, el conflicto armado dejó entre 1964 y 2017 por lo menos 10.118 víctimas de desaparición forzada y desaparición tras secuestro, reclutamiento ilícito y ejecuciones extrajudiciales, según el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas).
Desde el 2017, junto con organizaciones de víctimas, Equitas, el Centro de Estudio sobre Violencia, Conflicto y Convivencia (CEDAT) de la Universidad de Caldas y la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos) construyeron un plan de búsqueda de desaparecidos en esta región en el que documentaron 187 casos de personas desaparecidas, 89 de ellas con coordenadas donde estarían los cuerpos. Este plan fue entregado en febrero de este año al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, creado tras el Acuerdo de Paz.
(Puede interesarle: La respuesta insuficiente del Estado para quienes buscan a sus desaparecidos)
Lo que reveló el informe es que fueron los jóvenes (62) y hombres (169) quienes más desaparecieron, que los años donde más se presentaron casos fue entre el 2000 y el 2006 y que los mayores perpetradores de estos delitos fueron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, especialmente el Frente Ómar Isaza, al que se le atribuyen setenta desapariciones. Le siguen los frentes 9 y 47 de las Farc, con 57 casos, la mayoría de ellos correspondientes a reclutamiento forzado. Y también hay once casos documentados de ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército, entre los que están los hijos de María del Rosario.
De acuerdo con Carolina López, del CEDAT, para este proyecto trabajaron con 162 familias, de las cuales el 80 % son adultos mayores. Algunos viven solos, en situación de pobreza, con niveles bajos de escolaridad y aun así han tenido que afrontar el proceso de búsqueda solos, intentando que los atiendan funcionarios que en la mayoría de los casos no los tratan de manera respetuosa.
Tras la muerte de Luz Estrella, las tres organizaciones sacaron un comunicado pidiéndole a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celeridad en el proceso de búsqueda en vista de la avanzada edad que tienen los familiares. “En marzo de 2018 le entregamos 85 casos documentados a la UBPD, Luz Estrella hacía parte de ellos, y han tenido todo el 2019 y lo que va de 2020 para darnos una respuesta que no ha llegado”, afirma López.
Agrega que en diversas mesas técnicas les han pedido a la JEP y a la UBPD que ingresen los casos al Sirdec, que se haga una jornada colectiva de toma de muestras genéticas y que se reprograme pronto la audiencia para definir medidas cautelares en estos lugares.
Estos municipios hacen parte de la petición a la JEP del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de proteger 17 cementerios o lugares de inhumación donde habría personas desaparecidas. Puntualmente en Caldas algunos de estos sitios serían los cementerios municipales de Riosucio, La Dorada y Victoria, las veredas La Cristalina, en Samaná, y Cimitarra, en Norcasia, y tumbas de agua en los ríos Manso, Hondo y San Antonio, también en Samaná.
A finales de marzo, la JEP iba a realizar la audiencia para Victoria, Samaná y Norcasia, sin embargo, tuvo que ser cancelada ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La magistrada Reinere Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP —que está a cargo de las 17 medidas cautelares—, aseguró que en este momento están revisando toda la información recogida por la Unidad de Investigación y Acusación sobre los cementerios y fosas, especialmente el católico de San Agustín de Samaná y el del corregimiento de San Diego.
(Vea: Los desafíos de la JEP para proteger lugares donde habría desaparecidos)
“Estamos mirando con la UBPD el mejor mecanismo teniendo en cuenta la pandemia para, por lo menos, tomar las muestras, teniendo en cuenta los recursos de la Unidad. Estamos tratando de coordinar la audiencia virtual, seguramente, en el corto plazo, estaremos sacando las medidas cautelares para estos sitios”, afirmó sin mencionar una fecha exacta. Con respecto a la preocupación de las organizaciones por la muerte de las tres madres buscadoras y la petición de que se dé prioridad a los casos en los que los familiares son adultos mayores, la magistrada resaltó que esa también es una preocupación de la JEP y que se viene discutiendo cuál sería el segundo grupo de priorizaciones, así como la información relevante para la apertura de un caso sobre desaparición forzada.
Mientras tanto, la búsqueda de Nolberto quedará ahora en manos de sus dos hermanas. Es la herencia que les dejó Luz Estrella.