“En el único lugar donde no hubo ‘falsos positivos’ fue en San Andrés”: JEP

En medio del acto de reconocimiento nacional a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que hizo en Cali la Comisión de la Verdad, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Catalina Díaz reafirmó, como esperaban las víctimas, que los casos de los mal llamados ‘falsos positivos’ en Colombia no fueron hechos aislados: fueron “sistemáticos”, fueron “un patrón” y dejaron, al menos, 6.402 personas asesinadas.

Lea: “Comisión de la Verdad debe reconocer que falsos positivos son política de Estado”

“Quiero expresarles mi admiración por no haber parado un segundo de luchar, de demandar por la justicia, por el esclarecimiento de la verdad, para que no haya repetición de los crímenes, para que se sepa. Que lo sepan los vecinos, que lo sepan los que lo niegan, que lo reconozcan los que dicen que eso fue mentira; porque como lo encontramos nosotros trabajando con esos nombres y apellidos, esos lugares, esto no es mentira”, agregó la magistrada, en alusión a la polémica que levantó la senadora Maria Fernanda Cabal al señalar que la cifra de 6.402 casos eran un invento de la izquierda.

Precisamente fue la Sala de Reconocimiento de la JEP, a la que pertenece la magistrada Díaz, la que le entregó al país la cifra de 6.402 casos de ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2008. Sin mencionar a la senadora Cabal directamente, la magistrada Catalina Díaz respaldó la cifra y explicó su origen:

“Luego de revisar varias bases de datos oficiales, todas las que remitió la Fiscalía, las que remitió el Centro Nacional de Memoria Histórica, todos los archivos de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, montamos con un equipo experto en estadística un gran motor de contrastación de todas las bases de datos y llegamos a esta cifra que me aterró: 6.402. No es una cifra, son nombres, apellidos, lugares, víctimas acogidas en la JEP reclamando, la historia de vida, el trabajo que ejercía, el liderazgo en la comunidad que se fue, el hijo que no volvió a la casa, la hija que tenía 14 años, el muchacho que veía a pesar de su juventud por sus hijos chiquitos”.

Le recomendamos: No son un “invento” los 6.402 falsos positivos: los hechos que desmienten a Cabal

La togada quiso hacer énfasis en que esos crímenes ocurrieron en prácticamente todo el territorio nacional. “En el único lugar donde no ocurrieron este tipo de asesinatos fue en San Andrés”, sostuvo. Igualmente, que se trató de un patrón macro-criminal porque los crímenes se repitieron con condiciones muy parecidas hasta llegar a esos 6.402. El perfil de las víctimas fue el mismo: jóvenes campesinos y de extracción popular o condición vulnerable que fueron engañados y asesinados.

Las declaraciones de la magistrada tuvieron lugar este martes, en el acto de reconocimiento que la Comisión de la Verdad convocó para las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Previo a ese encuentro, las organizaciones de víctimas se reunieron e hicieron una manifestación en las calles de Cali para que en el informe que va a emitir esa comisión se haga referencia explícita a la responsabilidad del Estado en esos asesinatos.

No es coincidencia que el reconocimiento se haya realizado en Cali. La capital del Valle del Cauca ha sido este año la ciudad que más ha registrado muertes de civiles, muchos de ellos manifestantes, a manos de la fuerza pública en medio del Paro Nacional. El mensaje que han construido los colectivos de víctimas es claro: no se puede hablar de no repetición en materia de ejecuciones extrajudiciales mientras en las calles agentes uniformados siguen disparando contra ciudadanos y la represión opera con impunidad.

En medio del acto de reconocimiento nacional a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que hizo en Cali la Comisión de la Verdad, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Catalina Díaz reafirmó, como esperaban las víctimas, que los casos de los mal llamados ‘falsos positivos’ en Colombia no fueron hechos aislados: fueron “sistemáticos”, fueron “un patrón” y dejaron, al menos, 6.402 personas asesinadas.

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“Quiero expresarles mi admiración por no haber parado un segundo de luchar, de demandar por la justicia, por el esclarecimiento de la verdad, para que no haya repetición de los crímenes, para que se sepa. Que lo sepan los vecinos, que lo sepan los que lo niegan, que lo reconozcan los que dicen que eso fue mentira; porque como lo encontramos nosotros trabajando con esos nombres y apellidos, esos lugares, esto no es mentira”, agregó la magistrada, en alusión a la polémica que levantó la senadora Maria Fernanda Cabal al señalar que la cifra de 6.402 casos eran un invento de la izquierda.

Precisamente fue la Sala de Reconocimiento de la JEP, a la que pertenece la magistrada Díaz, la que le entregó al país la cifra de 6.402 casos de ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2008. Sin mencionar a la senadora Cabal directamente, la magistrada Catalina Díaz respaldó la cifra y explicó su origen:

“Luego de revisar varias bases de datos oficiales, todas las que remitió la Fiscalía, las que remitió el Centro Nacional de Memoria Histórica, todos los archivos de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, montamos con un equipo experto en estadística un gran motor de contrastación de todas las bases de datos y llegamos a esta cifra que me aterró: 6.402. No es una cifra, son nombres, apellidos, lugares, víctimas acogidas en la JEP reclamando, la historia de vida, el trabajo que ejercía, el liderazgo en la comunidad que se fue, el hijo que no volvió a la casa, la hija que tenía 14 años, el muchacho que veía a pesar de su juventud por sus hijos chiquitos”.

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Las declaraciones de la magistrada tuvieron lugar este martes, en el acto de reconocimiento que la Comisión de la Verdad convocó para las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Previo a ese encuentro, las organizaciones de víctimas se reunieron e hicieron una manifestación en las calles de Cali para que en el informe que va a emitir esa comisión se haga referencia explícita a la responsabilidad del Estado en esos asesinatos.

No es coincidencia que el reconocimiento se haya realizado en Cali. La capital del Valle del Cauca ha sido este año la ciudad que más ha registrado muertes de civiles, muchos de ellos manifestantes, a manos de la fuerza pública en medio del Paro Nacional. El mensaje que han construido los colectivos de víctimas es claro: no se puede hablar de no repetición en materia de ejecuciones extrajudiciales mientras en las calles agentes uniformados siguen disparando contra ciudadanos y la represión opera con impunidad.