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Este miércoles a las 8:00 a.m., el Colectivo Orlando Fals Borda, que representa a víctimas de ejecuciones extrajudiciales en los Llanos Orientales, apoyó la acreditación en la Jurisdicción Especial para la Paz de 18 víctimas de este delito.
Ocurrió en el marco del caso 003, sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado y que lleva la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Estos 18 casos se suman a 20 que ya habían sido acreditados, algunos con sentencias y otros en investigación, y que también hacen parte del informe “Desenterrar la verdad en los Llanos Orientales”, presentado a la JEP el 1 de agosto de 2019.
De acuerdo con el Colectivo, las unidades militares involucradas son la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) con sus Brigadas Móviles Nº 1, 2, 3 y 10, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO) que operaron en el Guaviare y Meta entre el 2002 y 2011.
Por eso, una de las peticiones, es que sean llamados a dar su versión voluntaria los comandantes de estas unidades. Entre ellos, al comandante de la Brigada Móvil No. 10 Orlando Muñoz Malagón; al comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 78 César Alfredo Fajardo Moreno y al comandante de la Brigada Móvil No. 7 Jorge Adalberto López Ladino.
“Es importante determinar los máximos responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos. Es una garantía del derecho a la verdad de las víctimas, conocer quiénes estuvieron detrás de estos crímenes de lesa humanidad y cuáles eran sus intereses en la comisión de estos. También para que estos crímenes no se repitan”, aseguró César Santoyo, director de esta organización.
Otra de las solicitudes es que se abra un macrocaso de desaparición para investigar esta modalidad de ocultamiento de los mal llamados “falsos positivos”. Se sabe que 13 de las 18 víctimas siguen desaparecidas. Por otro lado, también pidieron priorizar el departamento del Guaviare dentro del caso 003, ya que en la justicia ordinaria no han avanzado las investigaciones por los hechos ocurridos en esta región.
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“Tengan toda la confianza en que somos lo más diligentes en nuestra actividad procesal porque tenemos un compromiso con las víctimas, el acuerdo de paz lo dice y eso no es letra muerta para nosotros. Por nuestra parte hay total compromiso con la verdad y como servidores de la justicia cuenten con nuestra total entrega”, aseguró el magistrado Alejandro, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, quien también estuvo en la audiencia de acreditación.
Algunas de las víctimas
Jesús Mamerto Castro Maturana
Era habitante de la vereda Caño Cabra de Vista Hermosa (Meta) y había sido presidente en dos ocasiones de la Junta de Acción Comunal de su vereda. Su cuerpo fue trasladado al municipio de San José del Guaviare, donde fue reportado como no identificado aun cuando el Ejército contaba con sus documentos de identificación y reportó que se encontraba acompañado de su hijastro menor de edad al momento de los hechos. El 09 de diciembre de 2015 el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta condenó a la Nación por su ejecución extrajudicial.
María del Socorro Ortega Cañas
Era habitante de la vereda Nueva Esmeralda de Vista Hermosa (Meta). Allí vivía con su compañero y sus seis hijos. El 4 de julio de 2007 su vivienda fue presuntamente atacada por miembros del BCG No. 53, adscrito a la Brigada Móvil No. 3, perteneciente a la FUDRA y FUTCO. Según el Colectivo, María del Socorro fue presentada como baja en combate junto con otra persona de sexo masculino. Aunque se solicitó remitir la investigación de su caso ala Fiscalía, al momento no ha habido ningún avance. Su caso sigue en la impunidad.
Durante la audiencia de acreditación su hija Claudia Rojas les pidió a los responsables que confiesen la verdad, que digan por qué les hicieron ese daño tan grande. “Mi mamá era una mujer que solo luchaba y trabajaba para sacarnos adelante. No tenían derecho de arrebatarle la vida. Por eso les pedimos que digan todo lo que les hicieron, para que los nombres de nuestros familiares queden limpios”.
Marco Fidel Bonilla
Era oriundo del municipio de Dolores (Tolima) y habitaba la finca El Diadal en la vereda Agua Bonita Media de Calamar (Guaviare). Allí vivía con sus hijas. Fue reportado como baja en combate por miembros del BCG No. 64 de la Brigada Móvil No. 7, adscrita a la FUTCO en hechos que ocurrieron el 25 de octubre de 2005. Ese día se encontraba con su amigo Pascual Antonio Osorio Barbosa.
El cuerpo de Marco Fidel fue encontrado en el cementerio de San José del Guaviare y entregado a su familia el 17 de diciembre de 2015. El de Pascual, que según el expediente penal militar tenía al momento de su muerte cédula y carné de la EPS y el Sisbén, fue hallado en el cementerio de Villavicencio. El caso de Marco se encuentra en impunidad.