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Durante ocho años, la justicia buscó a Herminsul Arellán Barajas, condenado como coautor del atentado al Club El Nogal, en Bogotá, perpetrado por la guerrilla de las Farc el viernes 7 de febrero de 2003. Finalmente, Arellán fue capturado en la primera semana de marzo de 2011. Ayer trascendió que su caso ya fue radicado ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), lo que implica ser beneficiario de una boleta de libertad, que ya fue radicada en la penitenciaría La Picota, donde estuvo detenido los últimos seis años.
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El nombre de Herminsul Arellán Barajas fue relacionado desde las primeras pesquisas del CTI de la Fiscalía y el DAS como uno de los responsables del atentado, que dejó 36 personas muertas y 167 heridas. Según los organismos de investigación, con el aval del secretariado de las Farc, el atentado al Club El Nogal fue ordenado por Óscar Montero, alias el Paisa, jefe de la columna Teófilo Forero de esa guerrilla. Fue el Paisa quien contactó a Arellán Barajas para que organizara la logística del atentado y preparara el carro bomba.
Arellán Barajas, conocido dentro de las Farc con el alias de Pedro, involucró a dos miembros de su propia familia para la realización del atentado. A su hermano Fernando Arellán, hoy condenado a 40 años de cárcel, y a su sobrino John Fredy Arellán, quien fue la persona que ingresó el vehículo cargado con 200 kilos de anfo al parqueadero del club. Lo pudo hacer gracias a que en ese momento trabajaba como profesor de squash en El Nogal. El carro bomba, un Renault Megane adquirido por John Fredy, fue cargado con los explosivos en un taller de un barrio de la localidad de Suba.
Cuando sucedieron los hechos, el entonces presidente Álvaro Uribe señaló a las Farc como responsables del acto criminal. La guerrilla lo negó, aunque algunos de sus jefes manifestaron que en el club se realizaban reuniones entre integrantes de la clase política y empresarial con voceros del paramilitarismo y esa habría sido la causa de la acción. Lo cierto es que el 19 de julio de 2004, 17 meses después del atentado, la Fiscalía General de la Nación acusó a varios miembros del secretariado de las Farc como autores del hecho.
La acción de la justicia incluyó a Manuel Marulanda Vélez, Raúl Reyes, Alfonso Cano, Iván Márquez, Timochenko, el Mono Jojoy y once personas más, entre ellos el referido Herminsul Arellán Barajas, señalado de ser explosivista de esa guerrilla. En medio de las dificultades para acceder a los miembros del secretariado, el CTI de la Fiscalía y la Fuerza de Despliegue Rápido de las Fuerzas Militares se concentraron en la búsqueda de este personaje. Finalmente, lo localizaron en marzo de 2011 en la vereda Playa Rica, a 35 kilómetros de La Macarena (Meta), en la misma zona en donde cayó el Mono Jojoy en septiembre de 2010. Pedroportaba una cédula falsa a nombre de Orlando Vargas y no opuso resistencia. En ese momento, Rodrigo Rivera, ministro de Defensa de la época, señaló que era el eslabón que faltaba para aclarar por completo la autoría del sangriento ataque.
Según los documentos judiciales alusivos al caso, la situación de Herminsul Arellán pasó sucesivamente por la Unidad Nacional de Terrorismo de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y la Corte Suprema de Justicia. Desde su ingreso a la penitenciaría La Picota comenzó a redimir pena por trabajo y estudio, hasta que en marzo de 2016 se recibió un oficio de la oficina del alto comisionado para la Paz para evaluar su caso.
En adelante, según consta en el Centro de Servicios Judiciales, fue cambiando la situación de alias Pedro. El pasado 5 de mayo quedó la anotación de que se negaba por improcedente la amnistía a su favor, pero ese mismo día el registro señala que se le reconoce la libertad condicional y por eso se expide la orden de librar en su favor la boleta de libertad. Esta fue elaborada el pasado lunes 8 de mayo, con la anotación anexa de que se encuentra condicionada a lo dispuesto en la ley 1820 de 2016, es decir, la ley de amnistía que beneficia tanto a guerrilleros, como a agentes del Estado que no participaron en graves crímenes de guerra ni a infractores del Derecho Internacional Humanitario.
Respecto a esta decisión, el abogado Francisco Bernate explica que, por un lado, está la amnistía, que es perdón y olvido frente a los crímenes cometidos, y por el otro, las personas condenadas por delitos relacionados con el conflicto y que han cumplido cinco años en privación de la libertad, tienen derecho a la libertad. “Eso es lo que pasó con esta persona, que se acogió a la Justicia Especial para la Paz. A él no se le perdonó el delito, pues cumplió con los requisitos y pagó la máxima pena que tiene la JEP”.
El pasado martes 9 de mayo se libró a la Secretaría de la Jurisdicción Especial de Paz el respectivo oficio, con el agregado de agilizar las diligencias por tratarse de un proceso con preso. El pasado miércoles quedó radicada la solicitud en la Secretaría Administrativa de la JEP y el propio Herminsul Arellán Barajas fue notificado de la novedad de su caso. Lo mismo se hizo respecto al Ministerio Público. La última anotación indica textualmente: “Entrega boleta libertad” y acto seguido el comentario de que este documento queda en la Secretaría de la JEP.
“El acuerdo está funcionando”
Bertha Lucía Fríes, víctima del atentado y quien permaneció ocho años y seis meses incapacitada, recuerda que dentro del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc se explica que no va a haber cárcel para quienes cometieron delitos graves en el marco del conflicto armado, siempre y cuando digan la verdad y reparen a las víctimas. “A cambio se ofreció la restricción de la libertad más allá de las zonas veredales. Quiere decir esto que si el señor Herminsul Arellán Barajas va a salir libre, es porque el Acuerdo de Paz está funcionando”.
Sin embargo, pide que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad sean los escenarios para que los victimarios respondan los interrogantes que han permanecido abiertos desde el día del atentado. “¿Cómo lograron infiltrarse en el club? ¿Cómo el profesor de squash, John Fredy Arellán terminó siendo socio y parte de la estrategia? Y algo fundamental: ¿A quién iba dirigida la bomba? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué involucraron a la población civil?”. Y agregó: “Queremos que los de El Nogal seamos los primeros en entrar en la JEP. No porque tengamos corona, sino porque se trató del mayor acto de terrorismo urbano de las Farc. Fue un atentado contra empleados de salario mínimo, profesionales cuyo único capital era el conocimiento, niños, familias, el sector empresarial. Era un microcosmos del país”.
Y, en el marco de los actos de reconciliación, el pasado 2 de abril, se realizó el primer encuentro entre las víctimas del atentado del Club El Nogal y los representantes de las Farc. Carlos Antonio Lozada reconoció en ese momento su responsabilidad en los hechos y les pidió perdón a las víctimas por lo ocurrido. “Un acto como el de El Nogal no tiene ninguna explicación lógica y no tiene ninguna justificación política, absolutamente ninguna. Y así tenemos que reconocerlo, así lo asumimos y por eso no dudamos en decirles perdónenos, perdónenos, porque nos equivocamos. Cometimos un error realmente irreparable”.
En ese acto, el sacerdote jesuita Francisco de Roux aseguró que la actitud de las víctimas de uno de los casos más horribles del conflicto armado es una “contribución valiente y generosa a la paz de Colombia”. Hoy, los más afectados por este hecho siguen insistiendo en que la verdad y la reparación reinen como pilares de la Jurisdicción Especial para la Paz.