¿En qué van los macrocasos territoriales que investiga la JEP?

Las comunidades indígenas, afros y campesinas han sido fuertemente azotadas por el conflicto armado en varias regiones del país. Más allá de haber sido víctimas de delitos como el secuestro y el reclutamiento, investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en sus Casos 01 y 07, también han vivido la desaparición forzada, los desplazamientos, la violencia sexual, las torturas, entre otros.

Sus denuncias y casos también están siendo tratados por el Tribunal de Paz, a través del Caso 02, que investiga la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño); el Caso 04, que aborda el conflicto que se ha vivido en Urabá, y el Caso 05, acerca de los hechos de violencia por los que han pasado comunidades del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.

Lea: Buscan que el desplazamiento por la violencia sea priorizado por la JEP

Una de las particularidades de estos casos regionales es que se estudian los patrones de criminalidad que se pudieron haber cometido por uno o por varios actores armados. Es decir, que así como se señalan responsabilidades por parte de la extinta guerrilla de las Farc, también hay integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles involucrados.

El magistrado Raúl Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y quien está a la cabeza del caso del sur del Valle del Cauca y norte del Cauca, explica que han avanzado en un 70 % de la investigación y que, próximamente, 25 personas serán llamadas a rendir versión. “También se inició la fase de investigación de hechos en los que están involucrados exmiembros de la Fuerza Pública con el llamamiento de los primeros siete comparecientes”.

Específicamente, en esta región la JEP se concentró en comprender los patrones de macrocriminalidad que han azotado a Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada (Cauca) y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí (Valle del Cauca). Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), esta es la tercera región del país con mayores índices de reclutamiento de menores de edad y la primera en violencia sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública.

Una de las entidades que más ha presentado documentación e informes a la JEP sobre las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la región es la Organización Indígena de Colombia (Onic), quienes en 2018 entregaron un informe en el que denunciaban que, entre 1980 y 2018, hubo 2.955 asesinatos de indígenas.Una de las características de estas investigaciones territoriales es que, en gran parte, hay comunidades étnicas completas que se acreditan como víctimas colectivas; por ejemplo, en el caso del sur del Valle y norte del Cauca hay 107 comunidades entre indígenas y afros que participan como sujetos colectivos y que suman más de 178.000 personas. En total, son casi 180.000, lo que, según el magistrado, “lo hace una de las investigaciones con más sujetos procesales en la historia”.

Sin embargo, el acercamiento con las comunidades étnicas ha sido uno de los grandes desafíos para la JEP en estos casos. Una fuente participante del caso de Nariño, comenta que el proceso de acreditación de víctimas es lo más complejo del proceso, porque la totalidad de las víctimas vive en territorios donde todavía hay fuerte presencia de conflicto armado e inseguridad. Por eso, dice, la mayoría de las decisiones y los avances en el proceso son reservadas, con el fin de proteger la seguridad de las personas en el departamento.

De hecho, con el ánimo de garantizar la participación de las comunidades, explica: “Hemos adaptado varias decisiones judiciales a sus lenguas nativas. En el caso de las versiones, en vez de enviárselas, vamos a territorio a hacer pedagogía y explicarles cada parte de los documentos judiciales para recibir, además, sus observaciones”.

Las lenguas nativas más comunes en ese departamento son la awá pit (awá) y epera pedeé (embera). Para la comunicación con estos pueblos, la magistrada Belkis Izquierdo, quien encabeza la investigación en Nariño y que además es arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, ha propuesto una metodología con el fin de acercarse a los pueblos indígenas y comunicarles, con un equipo en territorio, sobre el funcionamiento de la JEP, del caso e incluso de las versiones por las que los victimarios rinden cuentas.

Otro de los intereses de investigación en el caso de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño) es sobre los daños socioambientales que ha sufrido el territorio, que es vital para las comunidades étnicas. Esta es la primera justicia que reconoce que la naturaleza (un bosque, un río, un árbol, los animales) también es víctima del conflicto armado y merece ser reparada.

Otro de los factores diferenciales de estos macrocasos es la cantidad de personas LGBTI acreditadas en estas investigaciones territoriales y el número de mujeres que están en la JEP con el fin de que sus casos de violencia sexual no queden impunes. A esto ha dedicado gran parte de su tiempo la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez, encargada del caso de Urabá.

Esta investigación judicial se enfoca en las afectaciones del conflicto que se han vivido en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia, y Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó. Según la magistrada, “los delitos que más hemos identificado son las muertes violentas, masacres, desaparición forzada, tortura, desplazamiento, violencia sexual, secuestros, reclutamiento, omisiones de la Fuerza Pública y daños ambientales y a bienes de la población civil”.

La violencia sexual, menciona la togada, ha sido de los casos que más han documentado y es transversal al conflicto armado en el Urabá. Las organizaciones Caribe Afirmativo y Colombia Diversa han liderado las entregas de informes con el fin de que se reconozca que las mujeres y la población LGBTI vivieron hechos victimizantes distintos a los de los hombres en la guerra, como la instrumentalización del cuerpo y la sexualidad.

En este caso han comparecido exintegrantes de los frentes 5, 34 y 57 del antiguo bloque José María Córdova de las Farc y miembros de la Brigada 17 del Ejército. Su trabajo también va muy de la mano con la investigación de falsos positivos de la JEP. “Estamos pensando en un subcaso de la Sala de Reconocimiento específico sobre los hechos que han ocurrido en Dabeiba”, señala la togada.

De manera general, los magistrados coincidieron en que este año se emitirá el primer escrito de hechos y conductas en el que se hablará de la sistematicidad, patrones y hallazgos de la guerra en estas regiones en las que todavía persiste el conflicto armado, el asesinato de líderes sociales, las masacres y la presencia de más de 11 actores ilegales.

Le recomendamos:

* En busca de los menores de edad reclutados y desaparecidos

* ‘Datos de la JEP prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal’: víctimas

* Exjefes de Farc asumen responsabilidad por secuestros tras imputación de la JEP

Las comunidades indígenas, afros y campesinas han sido fuertemente azotadas por el conflicto armado en varias regiones del país. Más allá de haber sido víctimas de delitos como el secuestro y el reclutamiento, investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en sus Casos 01 y 07, también han vivido la desaparición forzada, los desplazamientos, la violencia sexual, las torturas, entre otros.

Sus denuncias y casos también están siendo tratados por el Tribunal de Paz, a través del Caso 02, que investiga la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño); el Caso 04, que aborda el conflicto que se ha vivido en Urabá, y el Caso 05, acerca de los hechos de violencia por los que han pasado comunidades del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.

Lea: Buscan que el desplazamiento por la violencia sea priorizado por la JEP

Una de las particularidades de estos casos regionales es que se estudian los patrones de criminalidad que se pudieron haber cometido por uno o por varios actores armados. Es decir, que así como se señalan responsabilidades por parte de la extinta guerrilla de las Farc, también hay integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles involucrados.

El magistrado Raúl Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y quien está a la cabeza del caso del sur del Valle del Cauca y norte del Cauca, explica que han avanzado en un 70 % de la investigación y que, próximamente, 25 personas serán llamadas a rendir versión. “También se inició la fase de investigación de hechos en los que están involucrados exmiembros de la Fuerza Pública con el llamamiento de los primeros siete comparecientes”.

Específicamente, en esta región la JEP se concentró en comprender los patrones de macrocriminalidad que han azotado a Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada (Cauca) y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí (Valle del Cauca). Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), esta es la tercera región del país con mayores índices de reclutamiento de menores de edad y la primera en violencia sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública.

Una de las entidades que más ha presentado documentación e informes a la JEP sobre las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la región es la Organización Indígena de Colombia (Onic), quienes en 2018 entregaron un informe en el que denunciaban que, entre 1980 y 2018, hubo 2.955 asesinatos de indígenas.Una de las características de estas investigaciones territoriales es que, en gran parte, hay comunidades étnicas completas que se acreditan como víctimas colectivas; por ejemplo, en el caso del sur del Valle y norte del Cauca hay 107 comunidades entre indígenas y afros que participan como sujetos colectivos y que suman más de 178.000 personas. En total, son casi 180.000, lo que, según el magistrado, “lo hace una de las investigaciones con más sujetos procesales en la historia”.

Sin embargo, el acercamiento con las comunidades étnicas ha sido uno de los grandes desafíos para la JEP en estos casos. Una fuente participante del caso de Nariño, comenta que el proceso de acreditación de víctimas es lo más complejo del proceso, porque la totalidad de las víctimas vive en territorios donde todavía hay fuerte presencia de conflicto armado e inseguridad. Por eso, dice, la mayoría de las decisiones y los avances en el proceso son reservadas, con el fin de proteger la seguridad de las personas en el departamento.

De hecho, con el ánimo de garantizar la participación de las comunidades, explica: “Hemos adaptado varias decisiones judiciales a sus lenguas nativas. En el caso de las versiones, en vez de enviárselas, vamos a territorio a hacer pedagogía y explicarles cada parte de los documentos judiciales para recibir, además, sus observaciones”.

Las lenguas nativas más comunes en ese departamento son la awá pit (awá) y epera pedeé (embera). Para la comunicación con estos pueblos, la magistrada Belkis Izquierdo, quien encabeza la investigación en Nariño y que además es arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, ha propuesto una metodología con el fin de acercarse a los pueblos indígenas y comunicarles, con un equipo en territorio, sobre el funcionamiento de la JEP, del caso e incluso de las versiones por las que los victimarios rinden cuentas.

Otro de los intereses de investigación en el caso de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño) es sobre los daños socioambientales que ha sufrido el territorio, que es vital para las comunidades étnicas. Esta es la primera justicia que reconoce que la naturaleza (un bosque, un río, un árbol, los animales) también es víctima del conflicto armado y merece ser reparada.

Otro de los factores diferenciales de estos macrocasos es la cantidad de personas LGBTI acreditadas en estas investigaciones territoriales y el número de mujeres que están en la JEP con el fin de que sus casos de violencia sexual no queden impunes. A esto ha dedicado gran parte de su tiempo la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez, encargada del caso de Urabá.

Esta investigación judicial se enfoca en las afectaciones del conflicto que se han vivido en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia, y Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó. Según la magistrada, “los delitos que más hemos identificado son las muertes violentas, masacres, desaparición forzada, tortura, desplazamiento, violencia sexual, secuestros, reclutamiento, omisiones de la Fuerza Pública y daños ambientales y a bienes de la población civil”.

La violencia sexual, menciona la togada, ha sido de los casos que más han documentado y es transversal al conflicto armado en el Urabá. Las organizaciones Caribe Afirmativo y Colombia Diversa han liderado las entregas de informes con el fin de que se reconozca que las mujeres y la población LGBTI vivieron hechos victimizantes distintos a los de los hombres en la guerra, como la instrumentalización del cuerpo y la sexualidad.

En este caso han comparecido exintegrantes de los frentes 5, 34 y 57 del antiguo bloque José María Córdova de las Farc y miembros de la Brigada 17 del Ejército. Su trabajo también va muy de la mano con la investigación de falsos positivos de la JEP. “Estamos pensando en un subcaso de la Sala de Reconocimiento específico sobre los hechos que han ocurrido en Dabeiba”, señala la togada.

De manera general, los magistrados coincidieron en que este año se emitirá el primer escrito de hechos y conductas en el que se hablará de la sistematicidad, patrones y hallazgos de la guerra en estas regiones en las que todavía persiste el conflicto armado, el asesinato de líderes sociales, las masacres y la presencia de más de 11 actores ilegales.

Le recomendamos:

* En busca de los menores de edad reclutados y desaparecidos

* ‘Datos de la JEP prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal’: víctimas

* Exjefes de Farc asumen responsabilidad por secuestros tras imputación de la JEP