“Es esencial que todos los actores respeten la autonomía de la JEP”: Misión de la ONU

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, será presentado el próximo 21 de abril el más reciente informe de la Misión de Verificación de ese organismo a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Un documento que revisó en detalle los tres primeros meses de 2021 y que dejó sobre la mesa las prioridades para este año que, dice el informe, será clave para la justicia transicional en el país.

Precisamente, el monitoreo resalta varios de los avances que ha alcanzado en los últimos meses la Jurisdicción Especial para la Paz, que “sigue avanzando para ofrecer vedad, justicia y reparación a las víctimas de todas las partes en el conflicto armado que golpeó a Colombia durante décadas, con miras a garantizar la no repetición”. Entre los puntos recogidos por el informe está el primer auto de hechos y conductas que emitió esa jurisdicción, en enero pasado, en el que imputó a ocho excomandantes de las Farc por el caso 01, sobre toma de rehenes y otras privaciones graves a la libertad; así como la estrategia de priorización en el caso 03, conocido como los “falsos positivos”, en la que arrojó la cifra de 6.402 víctimas asesinadas entre 2002 y 2008.

Lea: En 2020, 73 excombatientes fueron asesinados: Misión de la ONU

“Además de los importantes avances en los casos 01 y 03, la Jurisdicción Especial para la Paz citó a declarar a siete comandantes de las antiguas FARC-EP para que realizaran aportes tempranos a la verdad sobre varios asesinatos, incluidos asesinatos de alto perfil, que líderes de las antiguas FARC-EP habían reconocido en octubre de 2020”, se lee en el informe, que hace referencia al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otros cinco asesinatos, por los que justamente este martes rinde versión ante la JEP el excomandante Carlos Antonio Lozada.

El informe resaltó que esa jurisdicción también logró avances en relación con la participación de terceros civiles y agentes estatales no combatientes en el conflicto, como por ejemplo, la identificación de patrones relacionados con su colaboración con grupos paramilitares y el hecho de involucrar civiles como reclutadores de víctimas de falsos positivos. 94 terceros civiles que encajan en esos patrones han pedido que sus casos se sometan a la JEP, dice la Misión.

Pero, además de resaltar los avances de la jurisdicción, el secretario general de Naciones Unidas, quien rinde los informes de la Misión ante el consejo de seguridad, hizo un enfático llamado a que la independencia de la JEP debe ser respetada. “Para que el sistema tenga éxito en la defensa de los derechos de las víctimas y en sentar las bases de la reconciliación, es necesario que excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y terceros en el conflicto proporcionen un relato exhaustivo y veraz de los crímenes cometidos, reconozcan sus responsabilidades y contribuyan a la reparación. También es esencial que todos los actores respeten la autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para que esta pueda desarrollar su labor”.

Lea también: JEP está tomando pasos importantes en lucha contra la impunidad: ONU Derechos Humanos

Asimismo, expresó “el firme apoyo” de Naciones Unidas a los tres componentes del sistema de justicia transicional, “especialmente ahora que no solo se enfrentan a los desafíos propios de sus complejos mandatos, sino también a las acciones de actores armados ilegales que obstaculizan su esencial labor, las cuales condeno en los términos más enérgicos”. Lo anterior, pues la Misión también recogió la denuncia hecha por la JEP de que en Nariño, el accionar de los grupos armados estaba afectando sus investigaciones y limitando la participación de las víctimas en el caso 02, sobre la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas.

Y como se había venido discutiendo en meses anteriores, la Misión confirmó que en enero el presidente Duque envió una carta al Consejo de Seguridad en la que pidió que se ampliara el mandato de la Misión de Verificación para que también realice el monitoreo al cumplimiento de las sanciones propias que imponga la JEP. Carta que fue respondida en febrero por el secretario general con recomendaciones detalladas sobre cómo se realizaría esa verificación adicional en Colombia.

Es urgente fortalecer la seguridad de excombatientes y líderes sociales

“Es imposible exagerar la urgencia de frenar la violencia contra excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos”. Con esas palabras, la Misión de la ONU vuelve a llamar la atención sobre la crítica situación para esa población, como lo ha hecho en varios informes anteriores.

En este monitoreo, documentó que entre enero y marzo de este año fueron asesinados 14 excombatientes de las Farc, con los cuales desde la firma del Acuerdo de Paz ya son 262 de ellos asesinados. A esos casos se le suman 59 intentos de homicidio y 21 desapariciones. En medio de esos casos, llamó la atención sobre el hecho de que varios de los firmantes del Acuerdo han tenido que abandonar sus lugares de residencia para garantizar su seguridad. Aunque algunos ni siquiera así han logrado sobrevivir a la ola violenta: tres de los asesinados recientemente ya se habían ido de los lugares en los que se reincorporaban a la vida civil y uno de ellos fue asesinado luego de salir del Cauca, después de dos intentos de homicidio y el asesinato de dos de sus hermanos.

Le recomendamos: JEP: Gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a los excombatientes

“Si bien las autoridades nacionales y regionales han prestado apoyo en algunos de estos casos facilitando la evacuación, la hoja de ruta de evacuación anunciada el año pasado por el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación aún no se ha implementado. También enfrentan amenazas los familiares de excombatientes, especialmente sus parejas e hijos, para quienes no existen mecanismos de apoyo específicos”, denuncia el informe.

Sobre el cumplimiento a las órdenes que le dio la JEP a varias entidades del Estado precisamente para proteger a los excombatientes, el informe de la Misión reporta que el consejero para la Estabilización presentó la propuesta del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, y que el Gobierno también presentó la propuesta de lineamientos de la política de desmantelamiento de los grupos armados ilegales, como lo había ordenado esa jurisdicción.

Sin embargo, en lo que tiene que ver con la Unidad Nacional de Protección el cumplimiento ha sido más limitado: de los 686 puestos de escolta que debía llenar, ha cubierto 256 desde que se le proporcionaron los fondos necesarios. Hasta la fecha se han implementado 302 esquemas de protección, 59 de ellos para mujeres excombatientes, y 49 medidas de protección colectiva.

Y en relación con el esclarecimiento de los ataques contra los excombatientes, en el informe se lee que la Unidad Especial de Investigación reporta 35 condenas y 25 casos en etapa de juicio. Además, ha emitido 275 órdenes de captura contra presuntos autores de los ataques, incluidos 56 autores intelectuales, de los que se ha detenido a 17.

Debe asegurarse la sostenibilidad de la reincorporación

Para hacer sostenible el paso a la legalidad de los excombatientes de las Farc, el informe hace énfasis en dos puntos fundamentales: el apoyo integral a los proyectos productivos que emprendan y tierra para que los ejecuten. En relación con la adquisición de tierra, el informe resalta la compra de los predios ubicados en Mutatá (Antioquia) y Patía (Cauca) para dos antiguos espacios territoriales, con los que ya son cinco de esos espacios los que cuentan con tierra para su consolidación. Sin embargo, titularlos a los excombatientes sigue pendiente. Además, de los 80 proyectos colectivos desembolsados por el Gobierno, solo cuatro han adquirido tierras mediante soluciones facilitadas por el Estado, dice la Misión.

Pero en relación con la consolidación de los antiguos espacios de reincorporación, hizo una denuncia especial sobre la situación de tres de ellos: “es urgente trasladar los antiguos espacios territoriales de Puerto Asís (Putumayo) y Buenos Aires y Miranda (Cauca)”. Ello pues los riesgos de seguridad en esta zona son críticos, como lo demuestra, según la Misión, el asesinato de un líder del espacio de Miranda a finales de diciembre pasado.

Y a su vez llamó la atención sobre la situación de los 9.600 excombatientes que viven fuera de esos espacios, buena parte en unas 70 nuevas áreas de reincorporación. De esas, alerta la Misión, 20 requieren atención urgente, ya que están ubicadas en municipios con un nivel elevado de pobreza, tienen graves problemas de seguridad y un acceso limitado a los beneficios de la reincorporación. Por eso, recordó que en enero la Procuraduría emitió una directiva sobre este tema en la que advirtió que los exguerrilleros viviendo fuera de los antiguos espacios necesitan soluciones específicas.

Según las cifras oficiales reportadas en el informe, a la fecha cerca del 47% de los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos ya sean individuales o colectivos. Entre ellos están 88 proyectos colectivos aprobados en el Consejo Nacional de Reincorporación, que benefician a 3.383 excombatientes (incluidas 939 mujeres); y 2.449 proyectos individuales que benefician 2.960 excombatientes (incluidas 666 mujeres).

“Sigue siendo prioritario asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación y es esencial garantizar el acceso de los excombatientes a medios de vida. El acceso a la tierra es fundamental para la sostenibilidad de los proyectos productivos, dado que la mayoría de ellos están relacionados con la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, insto a las partes a que aceleren la aprobación de proyectos productivos para que, a finales de este año, la gran mayoría de los excombatientes participen en actividades de generación de ingresos”, dice el secretario general en el reporte.

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, será presentado el próximo 21 de abril el más reciente informe de la Misión de Verificación de ese organismo a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Un documento que revisó en detalle los tres primeros meses de 2021 y que dejó sobre la mesa las prioridades para este año que, dice el informe, será clave para la justicia transicional en el país.

Precisamente, el monitoreo resalta varios de los avances que ha alcanzado en los últimos meses la Jurisdicción Especial para la Paz, que “sigue avanzando para ofrecer vedad, justicia y reparación a las víctimas de todas las partes en el conflicto armado que golpeó a Colombia durante décadas, con miras a garantizar la no repetición”. Entre los puntos recogidos por el informe está el primer auto de hechos y conductas que emitió esa jurisdicción, en enero pasado, en el que imputó a ocho excomandantes de las Farc por el caso 01, sobre toma de rehenes y otras privaciones graves a la libertad; así como la estrategia de priorización en el caso 03, conocido como los “falsos positivos”, en la que arrojó la cifra de 6.402 víctimas asesinadas entre 2002 y 2008.

Lea: En 2020, 73 excombatientes fueron asesinados: Misión de la ONU

“Además de los importantes avances en los casos 01 y 03, la Jurisdicción Especial para la Paz citó a declarar a siete comandantes de las antiguas FARC-EP para que realizaran aportes tempranos a la verdad sobre varios asesinatos, incluidos asesinatos de alto perfil, que líderes de las antiguas FARC-EP habían reconocido en octubre de 2020”, se lee en el informe, que hace referencia al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otros cinco asesinatos, por los que justamente este martes rinde versión ante la JEP el excomandante Carlos Antonio Lozada.

El informe resaltó que esa jurisdicción también logró avances en relación con la participación de terceros civiles y agentes estatales no combatientes en el conflicto, como por ejemplo, la identificación de patrones relacionados con su colaboración con grupos paramilitares y el hecho de involucrar civiles como reclutadores de víctimas de falsos positivos. 94 terceros civiles que encajan en esos patrones han pedido que sus casos se sometan a la JEP, dice la Misión.

Pero, además de resaltar los avances de la jurisdicción, el secretario general de Naciones Unidas, quien rinde los informes de la Misión ante el consejo de seguridad, hizo un enfático llamado a que la independencia de la JEP debe ser respetada. “Para que el sistema tenga éxito en la defensa de los derechos de las víctimas y en sentar las bases de la reconciliación, es necesario que excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y terceros en el conflicto proporcionen un relato exhaustivo y veraz de los crímenes cometidos, reconozcan sus responsabilidades y contribuyan a la reparación. También es esencial que todos los actores respeten la autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para que esta pueda desarrollar su labor”.

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Asimismo, expresó “el firme apoyo” de Naciones Unidas a los tres componentes del sistema de justicia transicional, “especialmente ahora que no solo se enfrentan a los desafíos propios de sus complejos mandatos, sino también a las acciones de actores armados ilegales que obstaculizan su esencial labor, las cuales condeno en los términos más enérgicos”. Lo anterior, pues la Misión también recogió la denuncia hecha por la JEP de que en Nariño, el accionar de los grupos armados estaba afectando sus investigaciones y limitando la participación de las víctimas en el caso 02, sobre la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas.

Y como se había venido discutiendo en meses anteriores, la Misión confirmó que en enero el presidente Duque envió una carta al Consejo de Seguridad en la que pidió que se ampliara el mandato de la Misión de Verificación para que también realice el monitoreo al cumplimiento de las sanciones propias que imponga la JEP. Carta que fue respondida en febrero por el secretario general con recomendaciones detalladas sobre cómo se realizaría esa verificación adicional en Colombia.

Es urgente fortalecer la seguridad de excombatientes y líderes sociales

“Es imposible exagerar la urgencia de frenar la violencia contra excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos”. Con esas palabras, la Misión de la ONU vuelve a llamar la atención sobre la crítica situación para esa población, como lo ha hecho en varios informes anteriores.

En este monitoreo, documentó que entre enero y marzo de este año fueron asesinados 14 excombatientes de las Farc, con los cuales desde la firma del Acuerdo de Paz ya son 262 de ellos asesinados. A esos casos se le suman 59 intentos de homicidio y 21 desapariciones. En medio de esos casos, llamó la atención sobre el hecho de que varios de los firmantes del Acuerdo han tenido que abandonar sus lugares de residencia para garantizar su seguridad. Aunque algunos ni siquiera así han logrado sobrevivir a la ola violenta: tres de los asesinados recientemente ya se habían ido de los lugares en los que se reincorporaban a la vida civil y uno de ellos fue asesinado luego de salir del Cauca, después de dos intentos de homicidio y el asesinato de dos de sus hermanos.

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“Si bien las autoridades nacionales y regionales han prestado apoyo en algunos de estos casos facilitando la evacuación, la hoja de ruta de evacuación anunciada el año pasado por el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación aún no se ha implementado. También enfrentan amenazas los familiares de excombatientes, especialmente sus parejas e hijos, para quienes no existen mecanismos de apoyo específicos”, denuncia el informe.

Sobre el cumplimiento a las órdenes que le dio la JEP a varias entidades del Estado precisamente para proteger a los excombatientes, el informe de la Misión reporta que el consejero para la Estabilización presentó la propuesta del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, y que el Gobierno también presentó la propuesta de lineamientos de la política de desmantelamiento de los grupos armados ilegales, como lo había ordenado esa jurisdicción.

Sin embargo, en lo que tiene que ver con la Unidad Nacional de Protección el cumplimiento ha sido más limitado: de los 686 puestos de escolta que debía llenar, ha cubierto 256 desde que se le proporcionaron los fondos necesarios. Hasta la fecha se han implementado 302 esquemas de protección, 59 de ellos para mujeres excombatientes, y 49 medidas de protección colectiva.

Y en relación con el esclarecimiento de los ataques contra los excombatientes, en el informe se lee que la Unidad Especial de Investigación reporta 35 condenas y 25 casos en etapa de juicio. Además, ha emitido 275 órdenes de captura contra presuntos autores de los ataques, incluidos 56 autores intelectuales, de los que se ha detenido a 17.

Debe asegurarse la sostenibilidad de la reincorporación

Para hacer sostenible el paso a la legalidad de los excombatientes de las Farc, el informe hace énfasis en dos puntos fundamentales: el apoyo integral a los proyectos productivos que emprendan y tierra para que los ejecuten. En relación con la adquisición de tierra, el informe resalta la compra de los predios ubicados en Mutatá (Antioquia) y Patía (Cauca) para dos antiguos espacios territoriales, con los que ya son cinco de esos espacios los que cuentan con tierra para su consolidación. Sin embargo, titularlos a los excombatientes sigue pendiente. Además, de los 80 proyectos colectivos desembolsados por el Gobierno, solo cuatro han adquirido tierras mediante soluciones facilitadas por el Estado, dice la Misión.

Pero en relación con la consolidación de los antiguos espacios de reincorporación, hizo una denuncia especial sobre la situación de tres de ellos: “es urgente trasladar los antiguos espacios territoriales de Puerto Asís (Putumayo) y Buenos Aires y Miranda (Cauca)”. Ello pues los riesgos de seguridad en esta zona son críticos, como lo demuestra, según la Misión, el asesinato de un líder del espacio de Miranda a finales de diciembre pasado.

Y a su vez llamó la atención sobre la situación de los 9.600 excombatientes que viven fuera de esos espacios, buena parte en unas 70 nuevas áreas de reincorporación. De esas, alerta la Misión, 20 requieren atención urgente, ya que están ubicadas en municipios con un nivel elevado de pobreza, tienen graves problemas de seguridad y un acceso limitado a los beneficios de la reincorporación. Por eso, recordó que en enero la Procuraduría emitió una directiva sobre este tema en la que advirtió que los exguerrilleros viviendo fuera de los antiguos espacios necesitan soluciones específicas.

Según las cifras oficiales reportadas en el informe, a la fecha cerca del 47% de los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos ya sean individuales o colectivos. Entre ellos están 88 proyectos colectivos aprobados en el Consejo Nacional de Reincorporación, que benefician a 3.383 excombatientes (incluidas 939 mujeres); y 2.449 proyectos individuales que benefician 2.960 excombatientes (incluidas 666 mujeres).

“Sigue siendo prioritario asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación y es esencial garantizar el acceso de los excombatientes a medios de vida. El acceso a la tierra es fundamental para la sostenibilidad de los proyectos productivos, dado que la mayoría de ellos están relacionados con la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, insto a las partes a que aceleren la aprobación de proyectos productivos para que, a finales de este año, la gran mayoría de los excombatientes participen en actividades de generación de ingresos”, dice el secretario general en el reporte.