“Es necesaria una intervención a los cementerios del país”: Colectivo Orlando Fals Borda

En medio de la cuarentena ha adquirido mayor importancia las precauciones que han tomado las autoridades, instituciones y funerarias para enterrar a los fallecidos por el COVID-29. Las escenas con miles de muertos por coronavirus que hemos visto en Ecuador  y Estados Unidos, con más de 38.000 muertes, pone de frente un preocupante panorama que el país quiere evitar. Por ahora y según el último reporte del Ministerio de Salud, hay 166 muertos y 3.621 casos confirmados de personas con coronavirus. 

(Le puede interesar: Día quince de cuarentena en Colombia: así funcionan cementerios y funerarias)

En Colombia, hay un agravante: la desaparición forzada de miles de personas en fosas comunes regulares que yacen en los cementerios o en bóvedas donde están mezclados sus restos. Tal es el caso del cementerio Las Mercedes en Dabeiba:  la Jurisdicción Especial para la Paz exhumó 54 cuerpos de personas no identificadas que pueden ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 

Con la emergencia por el COVID-19 y el aumento en el número de fallecidos, organizaciones sociales y de víctimas expresaron su preocupación de que haya un manejo inadecuado de los cuerpos y estos se mezclen en los cementerios, eliminando la posibilidad de identificarlos.

Una de estas organizaciones fue el Colectivo Orlando Fals Borda, que ha liderado la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en cementerios de Meta y Guaviare. Su director, Cesar Santoyo, le pide a las entidades competentes que se avance en la construcción de la ruta de intervención de cementerios para afrontar la crisis y encontrar a las personas desaparecidas.  

¿Cuáles son los riesgos que pueden tener los cuerpos desaparecidos en cementerios por las disposiciones que ha dado el Gobierno para inhumar a los fallecidos por el COVID-19?

Hay la alerta de que quieren utilizar los mismos lugares, como fosas u osarios, donde se encuentran las personas no identificadas y que podrían estar dentro del contexto del conflicto armado en Colombia. En el país, tenemos en solo 426 cementerios municipales alrededor de 26.395 personas inhumadas como no identificadas, según el Ministerio del Interior.

Está el riesgo de que en estas inhumaciones se exponga o se mezclen los otros cuerpos que se encuentran allí y que deben pasar por un proceso de identificación. Al mezclarlos existe el riesgo evidente de que se retrasen o ralenticen los procesos. Estamos hablando de un universo que puede ser superior a las 100.000 personas no identificadas en los cementerios y, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hay más de 83.000 personas desaparecidas en Colombia. Esto nos permite exigirle al gobierno nacional que se tomen todas las medidas para que no haya mezcla alguna y que se conserven estos cuerpos no identificados y su cadena de custodia para establecer su identidad y poder devolverles la dignidad de su nombre y la dignidad de una familia a estas personas.

Lo otro que nos preocupa es que, que basados en la información sobre COVID-19 y las decisiones del gobierno, no se permita el uso, la indagación, la prospección y la búsqueda de cuerpos en los lugares donde también se inhumaron a las personas fallecidas por el virus.

El Colectivo Fals Borda trabaja hace varios años en la intervención del cementerio municipal de Tumaco (Nariño), donde también ya hay casos confirmados de coronavirus. ¿Cómo está la situación con ese cementerio?

Hemos orientado la intervención del cementerio central de Tumaco dadas sus condiciones físicas, higiénicas y de salubridad. Estamos hablando de que hubo por lo menos restos humanos en la superficies sin ningún tipo de protocolo de inhumación, ni de disposición adecuado de esos cuerpos, no había bóvedas ni tumbas adecuadas y eso perjudica tanto la identidad de los fallecidos como el mantenimiento y el registro de las personas no identificadas.

Algo que nos alertó mucho fueron unas declaraciones de la alcaldesa de Tumaco, María Enilsen Angulo, en las cuales dice que van a tomar unos osarios para la inhumación de personas, sin embargo, le advertimos de manera respetuosa mediante una carta que era necesario que ese tipo de medidas se mediaran con los objetos y funciones que cumplen ciertas bóvedas. En Tumaco hay al menos 300 bóvedas u osarios disponibles para la inhumación de personas no identificadas o desaparecidas. Fue una donación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un espacio que donó un cementerio privado. Estos no se pueden tomar para otros oficios y menesteres si no se concerta de manera adecuada y articulada con quienes duelen a esas personas desaparecidas.

¿La alcaldesa les confirmó si va a usar esas bóvedas?

La alcaldesa no lo ha aclarado, a pesar de que enviamos esta carta para hacer esta salvedad y hemos tratado de organizar la información que ella misma ha proferido a través de videos y otros canales de comunicación. Le hemos propuesto también que se integre, como lo hizo la administración pasada, a la mesa de trabajo de intervención del cementerio de Tumaco que ya está instalada, y que cuenta con la presencia de las autoridades departamentales, municipales y de organismos como la Procuraduría delegada o la Fiscalía. Ellos son los competentes para hacer las intervenciones correspondientes en el cementerio central y de ordenar de manera judicial los traslados de los cuerpos que sean necesarios.

¿Cuántas personas no identificadas están en ese cementerio y cuántas de ellas pudieron ser víctimas del conflicto armado?

Es un dato supremamente difícil de catalogar porque Tumaco sigue siendo uno de los epicentros de violencia más duros que tiene el país, seguimos padeciendo escenas dantescas de violencia incluso en este instante de la pandemia. En ese sentido, establecer un registro numérico y organizado requiere bastante información.

Ya abordamos un diagnóstico del cementerio. Hemos accedido a alguna información para hacer un cotejo entre Medicina Legal, Fiscalía y la que reposa en los registros precarios del cementerio. Eso nos implica estar contrastando constantemente. Empezamos con una cifra de 285 cuerpos no identificados que ha venido creciendo, pero no necesariamente son víctimas del conflicto armado. Las últimas semanas antes de la cuarentena tuvimos varias reuniones con las autoridades y personas a cargos de los cementerios de Tumaco, Ipiales y Pasto en función de implementar estas rutas de intervención. Cada lugar va a requerir un plan particular.

Ustedes también venían impulsando la construcción de una ruta de intervención a los cementerios a nivel nacional. Justo el 5 de marzon alcanzaron a hacer una reunión con varias entidades. ¿En qué quedaron?

La emergencia por el coronavirus nos jugó una mala pasada, pero establecimos algunas propuestas, como la creación de un paso a paso donde se integren y se coordinen las entidades no solo de la justicia ordinaria sino también la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz.  

Cada entidad quedó encargada de definir cuáles son sus mecanismos de intervención, dónde empiezan y dónde terminan sus jurisdicciones. Se estableció un próximo encuentro con algunos resultados en relación con lo que cada entidad está haciendo de su plan para este año. Todo esto debe permitirnos establecer una propuesta de política pública para las autoridades nacionales.

Tenemos que convocar también a todos los dueños de lugares donde hay personas inhumadas o de cementerios públicos y privados, establecer una alianza estratégica sobre todo con las iglesias, para que se pueda hacer la identificación de estas personas inhumadas y que se contribuya a la visibilidad de las víctimas. Hemos insistido en que la paz no puede ser completa hasta tanto no tengamos a todas las personas desaparecidas con sus familias y en un lugar en donde puedan llorarla e inhumarlas con dignidad.  

¿Cuáles son las medidas de protección que se necesitan en los cementerios?

Un debido registro, no solo en el sentido de cuántas personas entran sino para determinar en qué condiciones entraron. Que haya una nomenclatura y un manejo específico en el diseño de los cementerios que nos permita establecer que hay dentro de cada uno de esos lugares. De ahí parte toda la cadena de indagación por esa persona. 

(Vea también: ¿Otro Dabeiba? Los falsos positivos que yacen en un cementerio de Valledupar)

También que haya un solo protocolo de manejo de los sitios. Si pudiéramos hacer un recorrido por los cementerios de Bogotá vamos a encontrar que hay distintas maneras físicas de abordar su ordenamiento. Lo mismo para las normativas de salubridad e higiene necesarias en todo el proceso de manejo de cuerpos en el país, porque hemos encontrado que es dantesco el manejo de los cuerpos. Esto tiene que ser una política de Estado.

Finalmente, que haya los instrumentos políticos y económicos para financiar estos lugares. Recuperar estos lugares como sitios de memoria nos implica mejorar sus condiciones físicas, aunque es la última prioridad en los planes de desarrollo. Sin embargo, no sacamos nada con que estén bien cuidados si Medicina Legal no tiene la capacidad de identificar a esta cantidad de personas. Es fundamental que dentro de esta política pública se le dé independencia, mayor capacidad económica, mejores laboratorios y reactivos y una planta de personal directa. 

¿Cree que esa construcción de una ruta de intervención a cementerios queda detenida o ahora más que nunca debe seguir adelante? 

Por las medidas tomadas en relación con la disposición de cuerpos por fallecimiento de COVID-19 y por la importancia que están adquiriendo los cementerios en estos momentos es muy importante mantener la mesa y la ruta de intervención. De hecho, en el OFB venimos organizando una agenda para proceder en un plan de trabajo. La política pública debe ser un ejercicio que pongamos como meta, en la que concurran todas las entidades competentes y que nos permita garantizar que cualquier accione dentro de los cementerios sea una mejora continua. Ese es el ejercicio que estamos tratando de elaborar y pactar.

 ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? 

Seguimos tercos en la esperanza de que algún día el gobierno nacional comprenda las dimensiones de lo que estamos manejando. Ha habido una respuesta procotolaria, que no necesariamente se adecúa a la necesidad de lo que estamos planteando. Es necesario que se articule de manera mucho más efectiva y responsable y se den órdenes con relación a la necesidad de acompañar todo este proceso. Como ellos mismo dicen, los ministerios están para hacer políticas públicas, entones los invitamos fraternalmente a que acompañen la construcción de la política pública de intervención a cementerios y que se conviertan en un agente activo en este proceso de cambio en los cementerios. 

En medio de la cuarentena ha adquirido mayor importancia las precauciones que han tomado las autoridades, instituciones y funerarias para enterrar a los fallecidos por el COVID-29. Las escenas con miles de muertos por coronavirus que hemos visto en Ecuador  y Estados Unidos, con más de 38.000 muertes, pone de frente un preocupante panorama que el país quiere evitar. Por ahora y según el último reporte del Ministerio de Salud, hay 166 muertos y 3.621 casos confirmados de personas con coronavirus. 

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En Colombia, hay un agravante: la desaparición forzada de miles de personas en fosas comunes regulares que yacen en los cementerios o en bóvedas donde están mezclados sus restos. Tal es el caso del cementerio Las Mercedes en Dabeiba:  la Jurisdicción Especial para la Paz exhumó 54 cuerpos de personas no identificadas que pueden ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 

Con la emergencia por el COVID-19 y el aumento en el número de fallecidos, organizaciones sociales y de víctimas expresaron su preocupación de que haya un manejo inadecuado de los cuerpos y estos se mezclen en los cementerios, eliminando la posibilidad de identificarlos.

Una de estas organizaciones fue el Colectivo Orlando Fals Borda, que ha liderado la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en cementerios de Meta y Guaviare. Su director, Cesar Santoyo, le pide a las entidades competentes que se avance en la construcción de la ruta de intervención de cementerios para afrontar la crisis y encontrar a las personas desaparecidas.  

¿Cuáles son los riesgos que pueden tener los cuerpos desaparecidos en cementerios por las disposiciones que ha dado el Gobierno para inhumar a los fallecidos por el COVID-19?

Hay la alerta de que quieren utilizar los mismos lugares, como fosas u osarios, donde se encuentran las personas no identificadas y que podrían estar dentro del contexto del conflicto armado en Colombia. En el país, tenemos en solo 426 cementerios municipales alrededor de 26.395 personas inhumadas como no identificadas, según el Ministerio del Interior.

Está el riesgo de que en estas inhumaciones se exponga o se mezclen los otros cuerpos que se encuentran allí y que deben pasar por un proceso de identificación. Al mezclarlos existe el riesgo evidente de que se retrasen o ralenticen los procesos. Estamos hablando de un universo que puede ser superior a las 100.000 personas no identificadas en los cementerios y, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hay más de 83.000 personas desaparecidas en Colombia. Esto nos permite exigirle al gobierno nacional que se tomen todas las medidas para que no haya mezcla alguna y que se conserven estos cuerpos no identificados y su cadena de custodia para establecer su identidad y poder devolverles la dignidad de su nombre y la dignidad de una familia a estas personas.

Lo otro que nos preocupa es que, que basados en la información sobre COVID-19 y las decisiones del gobierno, no se permita el uso, la indagación, la prospección y la búsqueda de cuerpos en los lugares donde también se inhumaron a las personas fallecidas por el virus.

El Colectivo Fals Borda trabaja hace varios años en la intervención del cementerio municipal de Tumaco (Nariño), donde también ya hay casos confirmados de coronavirus. ¿Cómo está la situación con ese cementerio?

Hemos orientado la intervención del cementerio central de Tumaco dadas sus condiciones físicas, higiénicas y de salubridad. Estamos hablando de que hubo por lo menos restos humanos en la superficies sin ningún tipo de protocolo de inhumación, ni de disposición adecuado de esos cuerpos, no había bóvedas ni tumbas adecuadas y eso perjudica tanto la identidad de los fallecidos como el mantenimiento y el registro de las personas no identificadas.

Algo que nos alertó mucho fueron unas declaraciones de la alcaldesa de Tumaco, María Enilsen Angulo, en las cuales dice que van a tomar unos osarios para la inhumación de personas, sin embargo, le advertimos de manera respetuosa mediante una carta que era necesario que ese tipo de medidas se mediaran con los objetos y funciones que cumplen ciertas bóvedas. En Tumaco hay al menos 300 bóvedas u osarios disponibles para la inhumación de personas no identificadas o desaparecidas. Fue una donación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un espacio que donó un cementerio privado. Estos no se pueden tomar para otros oficios y menesteres si no se concerta de manera adecuada y articulada con quienes duelen a esas personas desaparecidas.

¿La alcaldesa les confirmó si va a usar esas bóvedas?

La alcaldesa no lo ha aclarado, a pesar de que enviamos esta carta para hacer esta salvedad y hemos tratado de organizar la información que ella misma ha proferido a través de videos y otros canales de comunicación. Le hemos propuesto también que se integre, como lo hizo la administración pasada, a la mesa de trabajo de intervención del cementerio de Tumaco que ya está instalada, y que cuenta con la presencia de las autoridades departamentales, municipales y de organismos como la Procuraduría delegada o la Fiscalía. Ellos son los competentes para hacer las intervenciones correspondientes en el cementerio central y de ordenar de manera judicial los traslados de los cuerpos que sean necesarios.

¿Cuántas personas no identificadas están en ese cementerio y cuántas de ellas pudieron ser víctimas del conflicto armado?

Es un dato supremamente difícil de catalogar porque Tumaco sigue siendo uno de los epicentros de violencia más duros que tiene el país, seguimos padeciendo escenas dantescas de violencia incluso en este instante de la pandemia. En ese sentido, establecer un registro numérico y organizado requiere bastante información.

Ya abordamos un diagnóstico del cementerio. Hemos accedido a alguna información para hacer un cotejo entre Medicina Legal, Fiscalía y la que reposa en los registros precarios del cementerio. Eso nos implica estar contrastando constantemente. Empezamos con una cifra de 285 cuerpos no identificados que ha venido creciendo, pero no necesariamente son víctimas del conflicto armado. Las últimas semanas antes de la cuarentena tuvimos varias reuniones con las autoridades y personas a cargos de los cementerios de Tumaco, Ipiales y Pasto en función de implementar estas rutas de intervención. Cada lugar va a requerir un plan particular.

Ustedes también venían impulsando la construcción de una ruta de intervención a los cementerios a nivel nacional. Justo el 5 de marzon alcanzaron a hacer una reunión con varias entidades. ¿En qué quedaron?

La emergencia por el coronavirus nos jugó una mala pasada, pero establecimos algunas propuestas, como la creación de un paso a paso donde se integren y se coordinen las entidades no solo de la justicia ordinaria sino también la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz.  

Cada entidad quedó encargada de definir cuáles son sus mecanismos de intervención, dónde empiezan y dónde terminan sus jurisdicciones. Se estableció un próximo encuentro con algunos resultados en relación con lo que cada entidad está haciendo de su plan para este año. Todo esto debe permitirnos establecer una propuesta de política pública para las autoridades nacionales.

Tenemos que convocar también a todos los dueños de lugares donde hay personas inhumadas o de cementerios públicos y privados, establecer una alianza estratégica sobre todo con las iglesias, para que se pueda hacer la identificación de estas personas inhumadas y que se contribuya a la visibilidad de las víctimas. Hemos insistido en que la paz no puede ser completa hasta tanto no tengamos a todas las personas desaparecidas con sus familias y en un lugar en donde puedan llorarla e inhumarlas con dignidad.  

¿Cuáles son las medidas de protección que se necesitan en los cementerios?

Un debido registro, no solo en el sentido de cuántas personas entran sino para determinar en qué condiciones entraron. Que haya una nomenclatura y un manejo específico en el diseño de los cementerios que nos permita establecer que hay dentro de cada uno de esos lugares. De ahí parte toda la cadena de indagación por esa persona. 

(Vea también: ¿Otro Dabeiba? Los falsos positivos que yacen en un cementerio de Valledupar)

También que haya un solo protocolo de manejo de los sitios. Si pudiéramos hacer un recorrido por los cementerios de Bogotá vamos a encontrar que hay distintas maneras físicas de abordar su ordenamiento. Lo mismo para las normativas de salubridad e higiene necesarias en todo el proceso de manejo de cuerpos en el país, porque hemos encontrado que es dantesco el manejo de los cuerpos. Esto tiene que ser una política de Estado.

Finalmente, que haya los instrumentos políticos y económicos para financiar estos lugares. Recuperar estos lugares como sitios de memoria nos implica mejorar sus condiciones físicas, aunque es la última prioridad en los planes de desarrollo. Sin embargo, no sacamos nada con que estén bien cuidados si Medicina Legal no tiene la capacidad de identificar a esta cantidad de personas. Es fundamental que dentro de esta política pública se le dé independencia, mayor capacidad económica, mejores laboratorios y reactivos y una planta de personal directa. 

¿Cree que esa construcción de una ruta de intervención a cementerios queda detenida o ahora más que nunca debe seguir adelante? 

Por las medidas tomadas en relación con la disposición de cuerpos por fallecimiento de COVID-19 y por la importancia que están adquiriendo los cementerios en estos momentos es muy importante mantener la mesa y la ruta de intervención. De hecho, en el OFB venimos organizando una agenda para proceder en un plan de trabajo. La política pública debe ser un ejercicio que pongamos como meta, en la que concurran todas las entidades competentes y que nos permita garantizar que cualquier accione dentro de los cementerios sea una mejora continua. Ese es el ejercicio que estamos tratando de elaborar y pactar.

 ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? 

Seguimos tercos en la esperanza de que algún día el gobierno nacional comprenda las dimensiones de lo que estamos manejando. Ha habido una respuesta procotolaria, que no necesariamente se adecúa a la necesidad de lo que estamos planteando. Es necesario que se articule de manera mucho más efectiva y responsable y se den órdenes con relación a la necesidad de acompañar todo este proceso. Como ellos mismo dicen, los ministerios están para hacer políticas públicas, entones los invitamos fraternalmente a que acompañen la construcción de la política pública de intervención a cementerios y que se conviertan en un agente activo en este proceso de cambio en los cementerios.