Esperamos que la JEP combata la impunidad de los delitos sexuales: Dennis Mukwege, premio Nobel de Paz

Gracias por invitarme a hablar en esta conferencia internacional sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado hace cuatro años en La Habana, después de 52 años de conflicto armado en el que las mujeres y las niñas han pagado un alto precio. Me hubiera gustado estar con ustedes físicamente una vez más, porque tengo recuerdos muy inspiradores de mis dos visitas a Colombia.

En marzo de 2016, durante mi primera visita a Bogotá, tras la invitación a un seminario organizado por la “Red de mujeres víctimas y profesionales”, todavía no se había firmado el Acuerdo de Paz y, a pesar del sufrimiento de todo un pueblo afectado por décadas de guerra y violencia, sentíamos una gran esperanza.

Me había impresionado el activismo y la fuerte participación de la sociedad civil en general y de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, en particular en su trabajo por la justicia y la paz.

Al mismo tiempo, también me había dado cuenta de la medida en que las víctimas de la violencia sexual necesitaban una asistencia holística y de calidad para reconstruir sus vidas y participar plenamente en los esfuerzos de paz.

Durante mi segunda visita a Colombia en agosto de 2019, ya se había firmado el Acuerdo de Paz y se puso fin a la guerra civil. Se estaba llevando a cabo un proceso de justicia transicional con el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” basado en diversos mecanismos judiciales y extrajudiciales.

Visitamos la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue establecido por el Acuerdo de Paz para juzgar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto, incluidos los delitos sexuales, que no pueden ser objeto de amnistía. También nos reunimos con el Presidente de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Por otra parte, se nos informó de la existencia de una Estrategia de Reparación Integral para las Mujeres, que se elaboró con la participación de mujeres de todo el país, y la existencia de una Unidad de Atención a las Víctimas y Reparación Integral encargada de indemnizar a las mujeres víctimas del conflicto.

Cuando se firmó, el Acuerdo de Paz y sus disposiciones relativas a la justicia transicional fueron acogidos con beneplácito en todo el mundo, y suscitaron la esperanza de crear un marco favorable para lograr la justicia y consolidar la paz y la sociedad en Colombia.

En momentos en que la comunidad internacional se prepara para conmemorar este 1º de octubre, el 20º aniversario de la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Programa de las Mujeres para la Paz y la Seguridad, acogemos con satisfacción el hecho de que el Acuerdo de Paz de La Habana haya incorporado un gran número de disposiciones sobre la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer, haciendo referencia a la violencia sexual cometida en tiempos de conflicto. Además, cabe señalar que las organizaciones de víctimas y sobrevivientes no sólo han participado en las negociaciones de paz, sino que también forman parte del órgano especial encargado de supervisar el Acuerdo de Paz.

En este contexto, creemos que es de suma importancia que las víctimas de violencia sexual tengan derecho a una atención holística y de calidad. Esa atención holística a las víctimas y sobrevivientes es un requisito previo indispensable no sólo para su participación significativa en la consolidación de la paz, sino que también es una condición sine qua non para que puedan exigir con eficacia medidas de justicia que les afecten directamente.

En el Hospital de Panzi, en el este de la República Democrática del Congo, hemos desarrollado un modelo de ventanilla única, también conocido como “One Stop Center”. Este sistema está diseñado para satisfacer todas las necesidades de nuestros pacientes en un solo lugar: médico, psicológico, socioeconómico y jurídico, evitando al mismo tiempo la estigmatización y la revictimización de las víctimas y sobrevivientes.

Abogamos por que la atención integral de las víctimas de la violencia sexual en tiempos de conflicto sea considerada como un derecho humano universal a la rehabilitación y acogemos con satisfacción la existencia en Colombia del Programa de Asistencia Psicosocial y Atención Integral a la Salud de las Víctimas, administrado por el Ministerio de Salud, que visitamos en 2019.

Desde entonces, la Fundación Mukwege ha desarrollado sinergias con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Organización Internacional para las Migraciones y representantes de la Jurisdicción Especial para Paz para desarrollar una labor conjunta de promoción para que en Bogotá y en todo el país se implementen múltiples “Centros de Atención Especializada” basados en el modelo de “One Stop Center” desarrollado en Panzi, y su reconocimiento como una forma de reparación colectiva provisional para las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual.

Estos esfuerzos de promoción se han visto ralentizados por la crisis de Covid, pero seguiremos esforzándonos para que las víctimas y sobrevivientes puedan ser incluidos de forma plena y significativa en los esfuerzos de paz y justicia, tal y como se establece en la Resolución 2467 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2019, que obliga a los Estados a adoptar un enfoque centrado en las víctimas y sobrevivientes; porque es fundamental que sus derechos y necesidades estén en el centro de todas las acciones que les afecten, en particular las medidas de justicia transicional.

Por consiguiente, deben participar directamente y plenamente en todas las decisiones y procedimientos que les afecten en materia de justicia, porque las víctimas tienen derecho a la justicia y la verdad, al reconocimiento público de las atrocidades que han sufrido y a la indemnización y rehabilitación.

Todos estos derechos deben estar en el centro de la atención de las autoridades y movilizar una verdadera voluntad política y los recursos apropiados, en particular para el programa nacional de reparaciones.

Además, esperamos que la Jurisdicción Especial para la Paz intensifique sus esfuerzos para combatir la impunidad de los delitos sexuales, porque nuestra experiencia como médicos nos demuestra que el proceso de curación de las víctimas y sobrevivientes sólo se completa cuando se hace justicia.

A cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, han surgido nuevos retos como consecuencia del resurgimiento de los grupos armados, el narcotráfico, la crisis humanitaria en Venezuela, que ha traído un gran número de migrantes y refugiados a Colombia, y por supuesto la crisis del Covid-19, que está teniendo un efecto devastador en las poblaciones más vulnerables y está llevando a una desigualdad y precariedad aún mayor en todas las sociedades.

Adicionalmente, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil están preocupados por el número muy preocupante de asesinatos y amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y los periodistas, a pesar de la existencia de planes de acción y programas de protección.

La paz y la democracia corren peligro cuando se intimida y asesina a los que defienden los derechos de los demás.

También se nos ha informado que los excombatientes que han dejado las armas también han sido asesinados desde 2016. A pesar del acuerdo de paz la violencia no ha entonces terminado para la sociedad en su conjunto.

Por lo tanto, es imperativo que el Gobierno desarrolle acciones preventivas y garantice la protección de los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y los excombatientes -con medidas específicas de género para las necesidades de protección de las mujeres- a fin de restablecer la confianza en el proceso de paz y asegurar su participación en los esfuerzos en curso.

Los programas de reintegración de los excombatientes son de gran importancia en el período posterior al conflicto y deben garantizar su seguridad, pero también los proyectos económicos destinados a su integración en la vida civil con sus familias. Sólo en estas condiciones se inclinarán a participar en los mecanismos de justicia transicional previstos en el Acuerdo de Paz.

La sociedad necesita señales que traigan esperanza y visibilicen los beneficios de la paz. No habrá una paz duradera sin justicia, y el clima de impunidad que prevalece en estos asesinatos representa un grave obstáculo para la consolidación de la paz y la sociedad.

La paz debe construirse todos los días, y no es sólo un asunto de los políticos y las fuerzas de seguridad y defensa. La guerra marcó profundamente a la sociedad colombiana, cuyas heridas todavía están abiertas y queda un largo camino por recorrer antes de que se alcanzar una verdadera cohesión social y una paz duradera. Se requiere el compromiso y la participación de todos: responsables políticos, líderes religiosos y comunitarios, intelectuales y estudiantes, agentes económicos y la sociedad civil: todos tienen un papel que desempeñar cada día en la construcción de la paz.

Somos conscientes de los desafíos que rodean la aplicación del Acuerdo de Paz en Colombia, pero apostamos a que la paz es el único camino a seguir, y que no habrá una paz duradera sin justicia, y sin involucrar a las mujeres en todas las iniciativas de paz y justicia previstas para aplicar el Acuerdo de La Habana.

¡Buena suerte a nuestros amigos colombianos!

Gracias por invitarme a hablar en esta conferencia internacional sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado hace cuatro años en La Habana, después de 52 años de conflicto armado en el que las mujeres y las niñas han pagado un alto precio. Me hubiera gustado estar con ustedes físicamente una vez más, porque tengo recuerdos muy inspiradores de mis dos visitas a Colombia.

En marzo de 2016, durante mi primera visita a Bogotá, tras la invitación a un seminario organizado por la “Red de mujeres víctimas y profesionales”, todavía no se había firmado el Acuerdo de Paz y, a pesar del sufrimiento de todo un pueblo afectado por décadas de guerra y violencia, sentíamos una gran esperanza.

Me había impresionado el activismo y la fuerte participación de la sociedad civil en general y de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, en particular en su trabajo por la justicia y la paz.

Al mismo tiempo, también me había dado cuenta de la medida en que las víctimas de la violencia sexual necesitaban una asistencia holística y de calidad para reconstruir sus vidas y participar plenamente en los esfuerzos de paz.

Durante mi segunda visita a Colombia en agosto de 2019, ya se había firmado el Acuerdo de Paz y se puso fin a la guerra civil. Se estaba llevando a cabo un proceso de justicia transicional con el “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” basado en diversos mecanismos judiciales y extrajudiciales.

Visitamos la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue establecido por el Acuerdo de Paz para juzgar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto, incluidos los delitos sexuales, que no pueden ser objeto de amnistía. También nos reunimos con el Presidente de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Por otra parte, se nos informó de la existencia de una Estrategia de Reparación Integral para las Mujeres, que se elaboró con la participación de mujeres de todo el país, y la existencia de una Unidad de Atención a las Víctimas y Reparación Integral encargada de indemnizar a las mujeres víctimas del conflicto.

Cuando se firmó, el Acuerdo de Paz y sus disposiciones relativas a la justicia transicional fueron acogidos con beneplácito en todo el mundo, y suscitaron la esperanza de crear un marco favorable para lograr la justicia y consolidar la paz y la sociedad en Colombia.

En momentos en que la comunidad internacional se prepara para conmemorar este 1º de octubre, el 20º aniversario de la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Programa de las Mujeres para la Paz y la Seguridad, acogemos con satisfacción el hecho de que el Acuerdo de Paz de La Habana haya incorporado un gran número de disposiciones sobre la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer, haciendo referencia a la violencia sexual cometida en tiempos de conflicto. Además, cabe señalar que las organizaciones de víctimas y sobrevivientes no sólo han participado en las negociaciones de paz, sino que también forman parte del órgano especial encargado de supervisar el Acuerdo de Paz.

En este contexto, creemos que es de suma importancia que las víctimas de violencia sexual tengan derecho a una atención holística y de calidad. Esa atención holística a las víctimas y sobrevivientes es un requisito previo indispensable no sólo para su participación significativa en la consolidación de la paz, sino que también es una condición sine qua non para que puedan exigir con eficacia medidas de justicia que les afecten directamente.

En el Hospital de Panzi, en el este de la República Democrática del Congo, hemos desarrollado un modelo de ventanilla única, también conocido como “One Stop Center”. Este sistema está diseñado para satisfacer todas las necesidades de nuestros pacientes en un solo lugar: médico, psicológico, socioeconómico y jurídico, evitando al mismo tiempo la estigmatización y la revictimización de las víctimas y sobrevivientes.

Abogamos por que la atención integral de las víctimas de la violencia sexual en tiempos de conflicto sea considerada como un derecho humano universal a la rehabilitación y acogemos con satisfacción la existencia en Colombia del Programa de Asistencia Psicosocial y Atención Integral a la Salud de las Víctimas, administrado por el Ministerio de Salud, que visitamos en 2019.

Desde entonces, la Fundación Mukwege ha desarrollado sinergias con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Organización Internacional para las Migraciones y representantes de la Jurisdicción Especial para Paz para desarrollar una labor conjunta de promoción para que en Bogotá y en todo el país se implementen múltiples “Centros de Atención Especializada” basados en el modelo de “One Stop Center” desarrollado en Panzi, y su reconocimiento como una forma de reparación colectiva provisional para las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual.

Estos esfuerzos de promoción se han visto ralentizados por la crisis de Covid, pero seguiremos esforzándonos para que las víctimas y sobrevivientes puedan ser incluidos de forma plena y significativa en los esfuerzos de paz y justicia, tal y como se establece en la Resolución 2467 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2019, que obliga a los Estados a adoptar un enfoque centrado en las víctimas y sobrevivientes; porque es fundamental que sus derechos y necesidades estén en el centro de todas las acciones que les afecten, en particular las medidas de justicia transicional.

Por consiguiente, deben participar directamente y plenamente en todas las decisiones y procedimientos que les afecten en materia de justicia, porque las víctimas tienen derecho a la justicia y la verdad, al reconocimiento público de las atrocidades que han sufrido y a la indemnización y rehabilitación.

Todos estos derechos deben estar en el centro de la atención de las autoridades y movilizar una verdadera voluntad política y los recursos apropiados, en particular para el programa nacional de reparaciones.

Además, esperamos que la Jurisdicción Especial para la Paz intensifique sus esfuerzos para combatir la impunidad de los delitos sexuales, porque nuestra experiencia como médicos nos demuestra que el proceso de curación de las víctimas y sobrevivientes sólo se completa cuando se hace justicia.

A cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, han surgido nuevos retos como consecuencia del resurgimiento de los grupos armados, el narcotráfico, la crisis humanitaria en Venezuela, que ha traído un gran número de migrantes y refugiados a Colombia, y por supuesto la crisis del Covid-19, que está teniendo un efecto devastador en las poblaciones más vulnerables y está llevando a una desigualdad y precariedad aún mayor en todas las sociedades.

Adicionalmente, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil están preocupados por el número muy preocupante de asesinatos y amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y los periodistas, a pesar de la existencia de planes de acción y programas de protección.

La paz y la democracia corren peligro cuando se intimida y asesina a los que defienden los derechos de los demás.

También se nos ha informado que los excombatientes que han dejado las armas también han sido asesinados desde 2016. A pesar del acuerdo de paz la violencia no ha entonces terminado para la sociedad en su conjunto.

Por lo tanto, es imperativo que el Gobierno desarrolle acciones preventivas y garantice la protección de los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y los excombatientes -con medidas específicas de género para las necesidades de protección de las mujeres- a fin de restablecer la confianza en el proceso de paz y asegurar su participación en los esfuerzos en curso.

Los programas de reintegración de los excombatientes son de gran importancia en el período posterior al conflicto y deben garantizar su seguridad, pero también los proyectos económicos destinados a su integración en la vida civil con sus familias. Sólo en estas condiciones se inclinarán a participar en los mecanismos de justicia transicional previstos en el Acuerdo de Paz.

La sociedad necesita señales que traigan esperanza y visibilicen los beneficios de la paz. No habrá una paz duradera sin justicia, y el clima de impunidad que prevalece en estos asesinatos representa un grave obstáculo para la consolidación de la paz y la sociedad.

La paz debe construirse todos los días, y no es sólo un asunto de los políticos y las fuerzas de seguridad y defensa. La guerra marcó profundamente a la sociedad colombiana, cuyas heridas todavía están abiertas y queda un largo camino por recorrer antes de que se alcanzar una verdadera cohesión social y una paz duradera. Se requiere el compromiso y la participación de todos: responsables políticos, líderes religiosos y comunitarios, intelectuales y estudiantes, agentes económicos y la sociedad civil: todos tienen un papel que desempeñar cada día en la construcción de la paz.

Somos conscientes de los desafíos que rodean la aplicación del Acuerdo de Paz en Colombia, pero apostamos a que la paz es el único camino a seguir, y que no habrá una paz duradera sin justicia, y sin involucrar a las mujeres en todas las iniciativas de paz y justicia previstas para aplicar el Acuerdo de La Habana.

¡Buena suerte a nuestros amigos colombianos!