‘Esperamos que la JEP reconozca los daños del reclutamiento sobre pueblos étnicos’

Después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinara que al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes en Colombia fueron reclutados por las Farc, las organizaciones de víctimas se han dedicado, entre otras cosas, a poner el foco en los casos de menores de edad de comunidades étnicas, que aunque según la justicia transicional representan el 2,29 % de los casos que determinó la JEP, son quienes más han sufrido afectaciones colectivas y generacionales por este delito que todavía se sigue cometiendo en los territorios.

Cuatro abogados de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado (Coalico) explican los retos que le espera a la justicia transicional en 2022 para seguir avanzando en la investigación sobre el caso 07: ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’ y que comenzaría con las versiones voluntarias de 47 excombatientes de las Farc, empezado por el Bloque Oriental. Hablan sobre la importancia del enfoque diferencial en cada caso.

Han pasado cinco meses desde que la JEP hizo pública su estrategia de priorización para la investigación del caso, ¿qué ha pasado desde entonces?

Con el Auto 159, que ha sido hasta ahora la decisión más importante, la JEP determinó que las Farc reclutó sistemáticamente a niños de 15 a 17 años y no de forma aislada, como algunos excombatientes han dicho en las audiencias. Incluso dentro de las hipótesis de investigación se refieren al reclutamiento de menores de 15 años, contrariando los mismos estatutos de la guerrilla y sus reglamentos internos. Otro hallazgo importante de ese Auto fue determinar el comportamiento histórico de reclutamiento, teniendo en cuenta que hubo picos de comisiones del delito desde 1997 hasta 2013.

En esa estrategia de priorización se habló de una línea de investigación sobre la violencia sexual, pero también se ha hablado de la posibilidad de que se abra un macrocaso sobre este tema, ¿cómo creen ustedes que sea mejor abordarlo?

En caso de que se dé la investigación por violencia sexual esperamos que esto no afecte la investigación de reclutamiento, en especial porque en este momento del caso todo se está centrando específicamente en el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado, no tanto en los delitos conexos a ese. Aunque sabemos que habrá una línea especifica de investigación por esos hechos, creemos que sería importante que la JEP abra el macrocaso de violencia sexual para se puedan dar a conocer versiones más específicas sobre esta práctica en todos los delitos. Si eso sucediera se podría fortalecer la investigación sobre los patrones de criminalidad en ese escenario, pero no creemos que la participación en un caso vaya entorpecer o eximir otro caso.

(Lea: Al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las Farc entre 1996-2016: JEP)

¿Qué esperan de las primeras conclusiones que se puedan llegar a dar el próximo año?

El reclutamiento fue una política de la organización a nivel nacional, pero con características muy territoriales y regionales y esperamos que la JEP reconozca estas particularidades, por ejemplo, con respecto a la población étnica y la campesina. Tenemos una víctima indígena que, después de salir de la guerrilla, no fue recibida nuevamente en su comunidad y al interior de las filas le prohibían hacer los tejidos manuales que eran propios de su comunidad y su identidad. Ese tipo de impactos son muy significativos y eso marca los daños colectivos que le causaron a ese sujeto, a su familia y a un resguardo completo.

Siempre que hablamos de niñas y niños indígenas tenemos que hablar paralelamente de un daño comunitario. Hay un asunto que la JEP no ha contemplado, al menos públicamente en las hipótesis del despacho, y es identificar los modus operandi de las Farc para mantener encubierto ese reclutamiento: hemos identificado dos casos en San Vicente del Caguán en los que conocemos de nombres y cédulas falsas y muchos otros cambios en la Registraduría a nombre de esas personas que ingresaron al grupo.

¿En qué se diferenció el reclutamiento de menores de edad de comunidades étnicas con el campesinos?

Se presentaron casos con niños indígenas que no hablaban español y que, por ende, tenían una afectación completamente diferente por el ataque cultural y social que eso representaba. En esos casos las autoridades indígenas jugaron un rol importante como protectores y como reclamantes de esos niños y niñas. Otra de las afectaciones era retornar al territorio, porque además esos son espacios sagrados. Tenemos casos de muchas víctimas ya adultas que nunca pudieron regresar.

Finalmente, el discurso también cambia: para referirse a los reclutamientos de menores de comunidades étnicas, algunos comparecientes han dicho que los niños indígenas y afrodescendientes se veían mayores en su aspecto físico.

¿Como organización qué ha sido lo más complejo de acompañar a las víctimas en medio del recrudecimiento del conflicto

Ahora mismo estamos trabajando en cinco departamentos del país donde hay el interés de víctimas por acreditarse, pero por los riesgos inminentes de los territorios no han podido acceder a la justicia transicional. Eso sucede porque sabemos que la ubicación de comunidades étnicas coincide con las zonas de conflicto actuales en las que hablar o participar en la JEP representa amenazas e intimidaciones.

El Sistema Integral para la Paz puede interceder únicamente cuando los riesgos se presentan por su participación en el proceso judicial, pero no cuando el riesgo existe antes de llegar a la acreditación; esos riesgos se presentan especialmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

(Vea: Las dificultades del caso de reclutamiento forzado en la JEP)

Para eso venimos trabajando con algunas comunidades en la construcción de nuevos informes para presentarle a la Jurisdicción y poco a poco lo que hemos venido identificando es que hay una relación directa entre el desplazamiento forzado de las comunidades con el reclutamiento de los niños y las niñas. En Cauca, por ejemplo, a mediados de 2017, cuando comenzó la implementación del Acuerdo de Paz, se presentaron 400 reclutamientos en resguardos del norte de ese departamento y cuando vamos a ver las cifras de niños desvinculados a través del ICBF, eso no supera el 15% del total de víctimas.

Muchos de los menores de edad que no lograron desvincularse permanecen desaparecidos, ¿cómo avanzar enla búsqueda de las víctimas?

En nuestro caso la mayor parte de las personas que representamos están desaparecidas y la articulación con la Unidad de Búsqueda no ha sido tan fácil porque todavía no se han consolidado las metodologías, entonces no podemos hablar de darles esa garantía porque el ejercicio de transición no es muy claro. Esperamos que el próximo año se consolide mejor la articulación entre las entidades del Sistema para poder comenzar, extrajudicialmente, con la búsqueda mientras avanza el proceso judicial en la JEP.

Pero hace poco la JEP y la Unidad de Búsqueda estuvieron en Unión Peneya, precisamente para exhumar cuerpos que podrían ser de personas reclutadas siendo menores de edad...

Sí, tuvimos conocimiento de ese caso documentado. Aunque no tenemos indicios de que en materia de desaparición forzada, las fosas hubieran sido una práctica recurrente. Nosotros hemos solicitado medidas cautelares sobre algunos sitios individuales donde creemos que podría haber un cuerpo, pero no conocemos que se haya realizado de manera colectiva.

Hablando sobre el impacto generacional, ¿qué está pasando ahora mismo con las comunidades de las personas que representan?

Las afectaciones de los niños y niñas han trascendido en todo este tiempo y hay un impacto generacional que no alcanzábamos a dimensionar; es decir, las afectaciones de otras personas que no fueron víctimas pero que con lo que pasó, fueron profundamente victimizados y vulnerados. Por ahora, creemos que la idea de condenar el reclutamiento en sí mismo no es suficiente sino que se debe abrir esta reflexión para ver la justicia en términos prospectivos. Uno de los avances más grandes ha sido que la JEP pudo determinar preliminarmente el universo de víctimas, algo que la justicia ordinaria en tantos años no pudo hacer, porque sus reportes no superaban ni el 10% de los que tiene la Jurisdicción.

Después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinara que al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes en Colombia fueron reclutados por las Farc, las organizaciones de víctimas se han dedicado, entre otras cosas, a poner el foco en los casos de menores de edad de comunidades étnicas, que aunque según la justicia transicional representan el 2,29 % de los casos que determinó la JEP, son quienes más han sufrido afectaciones colectivas y generacionales por este delito que todavía se sigue cometiendo en los territorios.

Cuatro abogados de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado (Coalico) explican los retos que le espera a la justicia transicional en 2022 para seguir avanzando en la investigación sobre el caso 07: ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’ y que comenzaría con las versiones voluntarias de 47 excombatientes de las Farc, empezado por el Bloque Oriental. Hablan sobre la importancia del enfoque diferencial en cada caso.

Han pasado cinco meses desde que la JEP hizo pública su estrategia de priorización para la investigación del caso, ¿qué ha pasado desde entonces?

Con el Auto 159, que ha sido hasta ahora la decisión más importante, la JEP determinó que las Farc reclutó sistemáticamente a niños de 15 a 17 años y no de forma aislada, como algunos excombatientes han dicho en las audiencias. Incluso dentro de las hipótesis de investigación se refieren al reclutamiento de menores de 15 años, contrariando los mismos estatutos de la guerrilla y sus reglamentos internos. Otro hallazgo importante de ese Auto fue determinar el comportamiento histórico de reclutamiento, teniendo en cuenta que hubo picos de comisiones del delito desde 1997 hasta 2013.

En esa estrategia de priorización se habló de una línea de investigación sobre la violencia sexual, pero también se ha hablado de la posibilidad de que se abra un macrocaso sobre este tema, ¿cómo creen ustedes que sea mejor abordarlo?

En caso de que se dé la investigación por violencia sexual esperamos que esto no afecte la investigación de reclutamiento, en especial porque en este momento del caso todo se está centrando específicamente en el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado, no tanto en los delitos conexos a ese. Aunque sabemos que habrá una línea especifica de investigación por esos hechos, creemos que sería importante que la JEP abra el macrocaso de violencia sexual para se puedan dar a conocer versiones más específicas sobre esta práctica en todos los delitos. Si eso sucediera se podría fortalecer la investigación sobre los patrones de criminalidad en ese escenario, pero no creemos que la participación en un caso vaya entorpecer o eximir otro caso.

(Lea: Al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las Farc entre 1996-2016: JEP)

¿Qué esperan de las primeras conclusiones que se puedan llegar a dar el próximo año?

El reclutamiento fue una política de la organización a nivel nacional, pero con características muy territoriales y regionales y esperamos que la JEP reconozca estas particularidades, por ejemplo, con respecto a la población étnica y la campesina. Tenemos una víctima indígena que, después de salir de la guerrilla, no fue recibida nuevamente en su comunidad y al interior de las filas le prohibían hacer los tejidos manuales que eran propios de su comunidad y su identidad. Ese tipo de impactos son muy significativos y eso marca los daños colectivos que le causaron a ese sujeto, a su familia y a un resguardo completo.

Siempre que hablamos de niñas y niños indígenas tenemos que hablar paralelamente de un daño comunitario. Hay un asunto que la JEP no ha contemplado, al menos públicamente en las hipótesis del despacho, y es identificar los modus operandi de las Farc para mantener encubierto ese reclutamiento: hemos identificado dos casos en San Vicente del Caguán en los que conocemos de nombres y cédulas falsas y muchos otros cambios en la Registraduría a nombre de esas personas que ingresaron al grupo.

¿En qué se diferenció el reclutamiento de menores de edad de comunidades étnicas con el campesinos?

Se presentaron casos con niños indígenas que no hablaban español y que, por ende, tenían una afectación completamente diferente por el ataque cultural y social que eso representaba. En esos casos las autoridades indígenas jugaron un rol importante como protectores y como reclamantes de esos niños y niñas. Otra de las afectaciones era retornar al territorio, porque además esos son espacios sagrados. Tenemos casos de muchas víctimas ya adultas que nunca pudieron regresar.

Finalmente, el discurso también cambia: para referirse a los reclutamientos de menores de comunidades étnicas, algunos comparecientes han dicho que los niños indígenas y afrodescendientes se veían mayores en su aspecto físico.

¿Como organización qué ha sido lo más complejo de acompañar a las víctimas en medio del recrudecimiento del conflicto

Ahora mismo estamos trabajando en cinco departamentos del país donde hay el interés de víctimas por acreditarse, pero por los riesgos inminentes de los territorios no han podido acceder a la justicia transicional. Eso sucede porque sabemos que la ubicación de comunidades étnicas coincide con las zonas de conflicto actuales en las que hablar o participar en la JEP representa amenazas e intimidaciones.

El Sistema Integral para la Paz puede interceder únicamente cuando los riesgos se presentan por su participación en el proceso judicial, pero no cuando el riesgo existe antes de llegar a la acreditación; esos riesgos se presentan especialmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

(Vea: Las dificultades del caso de reclutamiento forzado en la JEP)

Para eso venimos trabajando con algunas comunidades en la construcción de nuevos informes para presentarle a la Jurisdicción y poco a poco lo que hemos venido identificando es que hay una relación directa entre el desplazamiento forzado de las comunidades con el reclutamiento de los niños y las niñas. En Cauca, por ejemplo, a mediados de 2017, cuando comenzó la implementación del Acuerdo de Paz, se presentaron 400 reclutamientos en resguardos del norte de ese departamento y cuando vamos a ver las cifras de niños desvinculados a través del ICBF, eso no supera el 15% del total de víctimas.

Muchos de los menores de edad que no lograron desvincularse permanecen desaparecidos, ¿cómo avanzar enla búsqueda de las víctimas?

En nuestro caso la mayor parte de las personas que representamos están desaparecidas y la articulación con la Unidad de Búsqueda no ha sido tan fácil porque todavía no se han consolidado las metodologías, entonces no podemos hablar de darles esa garantía porque el ejercicio de transición no es muy claro. Esperamos que el próximo año se consolide mejor la articulación entre las entidades del Sistema para poder comenzar, extrajudicialmente, con la búsqueda mientras avanza el proceso judicial en la JEP.

Pero hace poco la JEP y la Unidad de Búsqueda estuvieron en Unión Peneya, precisamente para exhumar cuerpos que podrían ser de personas reclutadas siendo menores de edad...

Sí, tuvimos conocimiento de ese caso documentado. Aunque no tenemos indicios de que en materia de desaparición forzada, las fosas hubieran sido una práctica recurrente. Nosotros hemos solicitado medidas cautelares sobre algunos sitios individuales donde creemos que podría haber un cuerpo, pero no conocemos que se haya realizado de manera colectiva.

Hablando sobre el impacto generacional, ¿qué está pasando ahora mismo con las comunidades de las personas que representan?

Las afectaciones de los niños y niñas han trascendido en todo este tiempo y hay un impacto generacional que no alcanzábamos a dimensionar; es decir, las afectaciones de otras personas que no fueron víctimas pero que con lo que pasó, fueron profundamente victimizados y vulnerados. Por ahora, creemos que la idea de condenar el reclutamiento en sí mismo no es suficiente sino que se debe abrir esta reflexión para ver la justicia en términos prospectivos. Uno de los avances más grandes ha sido que la JEP pudo determinar preliminarmente el universo de víctimas, algo que la justicia ordinaria en tantos años no pudo hacer, porque sus reportes no superaban ni el 10% de los que tiene la Jurisdicción.