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La toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad fue el primer macrocaso que abrió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 4 de julio de 2018. Desde ese día, hasta la fecha, el organismo de justicia transicional ha identificado a 21.396 personas que fueron acreditadas como víctimas de secuestro por parte de la antigua guerrilla de las Farc.
A grandes rasgos, las Farc raptaron personas por tres grandes fines, que a lo largo de estos años han sido abordados por la magistrada Julieta Lemaitre y especificados en el auto 026 de 2021: para utilizar rehenes como “monedas de cambio” de guerrilleros que el Estado colombiano tuviera en prisión, para financiar sus actividades guerrilleras jerárquicas y para ejercer control social y territorial sobre los lugares en los que operaron.
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El país tiene una huella indeleble con la palabra secuestro. Para muchos afectados por la guerra, este fue uno de los crímenes más atroces de la ex guerrilla y los relatos de sus máximos responsables son vistos como un eje transversal para describir conductas criminales, reconocer responsabilidades en la guerra y formar relatos de verdad que reparen y no se repitan nunca más.
A sabiendas de esto, hay que hacer una aclaración importante. Teniendo en cuenta que la normativa de la JEP está sujeta al Derecho Internacional Humanitario, al Derecho Penal Internacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quienes sean declarados culpables al momento de tener algún tipo de sanción propia de la jurisdicción, no responderán simplemente por el crimen de secuestro, sino por el crimen de guerra de toma de rehenes y por el crimen de lesa humanidad de encarcelamiento.
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En ese sentido, dichas conductas de guerra no serán amnistiables porque afectaron a la humanidad en su conjunto, responden a políticas de mando -y no a hechos aislados- y vulneraron normas del Derecho Internacional. La JEP será el juez primario en estas situaciones, pero en dado caso que se lleguen a elevar las condenas por diferentes motivos jurisdiccionales, los máximos responsables podrían llegar a ser juzgados por la Corte Penal Internacional o por otros Estados.
El secretariado de las extintas Farc ha cambiado con los años, pero no se desconoce su responsabilidad colectiva en este tipo de crímenes y su puesta como jefes guerrilleros tiene un componente jurídico en común: tienen coautoría mediata en el diseño y ejecución de planes y operaciones que tomaron rehenes y privaron de libertad a otras personas. Su responsabilidad de mando convierte al actual secretariado en el primer grupo de firmantes de paz que deben sentarse frente a un banquillo para responder por sus crímenes con verdad y garantías de reparación, en aras de que la sanción que eventualmente va a recaer sobre ellos sea la más benevolente posible.
En abril de 2021 iniciaron las audiencias de reconocimiento que se están reanudando este 21, 22 y 23 de junio. En lo que va de esta jornada, se han encontrado testimonios como los de Rodrigo Londoño, último máximo comandante de las Farc, que dan cuenta de una voluntad de la ex guerrilla de agachar la cabeza y pedirles perdón a sus víctimas: “Reconocemos que por ideas revolucionarias cometimos crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo Timochenko este martes.
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En ese sentido, dichas conductas de guerra no serán amnistiables porque afectaron a la humanidad en su conjunto, responden a políticas de mando -y no a hechos aislados- y vulneraron normas del Derecho Internacional.
El actual secretariado está encabezado por él, pero vale la pena hacer un breve recorrido por los otros antiguos seis mandos que al momento de dejar las armas fungían como máximas autoridades de esa guerrilla.
A lo largo de estas audiencias a Rodrigo Londoño, Timoleón Jiménez, lo están acompañando: Pablo Catatumbo Torres Victoria, excoordinador y excomandante del Bloque Occidental y del Comando Conjunto Central de las Farc; Jaime Alberto Parra, Mauricio Jaramillo, excomandante del Bloque Oriental; Rodrigo Granda, Ricardo Téllez, ex miembro de la dirección del Bloque Caribe; Pastor Alape Lascarro, excomandante del Bloque Magdalena Medio y ex coordinador del Bloque Noroccidental; Julián Gallo, Carlos Antonio Lozada, ex miembro de la dirección del Bloque Oriental; y Milton de Jesús Toncel, Joaquín Gómez, excomandante del Bloque Sur.
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La línea de cabezas visibles en las extintas Farc se conoció entre 1978 y 1982 con Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda, Jacobo Arenas y Martín Villa. Posteriormente fueron cambiando nombres y en la década de los 80 aparecieron mandos como los de Alfonso Cano, Raúl Reyes, el mismo Timochenko, que entró como cuarto mando de las Farc en 1991, y el hoy disidente Iván Márquez.
Los noventa fueron marcados por nuevos nombres como los de Jorge Briceño y Efraín Guzmán. La Octava Conferencia de las Farc, llevada a cabo en 1993, tuvo entre sus cambios que el secretariado estuviera conformado por siete comandantes (antes eran 5), decisión que en 2008 fue reformada, para ascenderla a nueve máximo mandos.
Tras ese año, luego de la muerte de Manuel Marulanda, llegaron nombres al secretariado como los de Bertulfo Álvarez (quien alcanzó a ser compareciente ante la JEP, pero falleció en enero de 2021), Pastor Alape y Pablo Catatumbo. En el periodo 2011 – 2016 aparecieron los dos últimos nombres de máximos comandantes: Ricardo Téllez y Julián Gallo.
El actual secretariado se encontrará con sus víctimas y con magistrados a lo largo de estos tres días en la Biblioteca Virgilio Barco, lugar escogido por la JEP para sacar a los tribunales de las salas convencionales y acercar más así a los que fueron actores de la guerra, propósito inquebrantable de la justicia transicional.
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¿Cómo se ha responsabilizado este secretariado?
El quindiano Rodrigo Londoño, en el secretariado desde 1987 y miembro del antiguo Estado Mayor de las Farc desde 1982, ha pasado por varios procesos de reconocimiento desde que firmó la paz. Entre ellos se destacan sus aportes a la verdad con las víctimas del Club El Nogal, los reconocimientos en los casos de San Adolfo y Palestina (Huila), el acto temprano de reconocimiento de responsabilidades en el caso de Vélez (Santander), los diálogos intersectoriales con víctimas de la masacre de La Chinita (Apartadó, 1993), su proceso de reconocimiento a víctimas en Caicedo, principalmente por los asesinatos de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry y su comisión de actividades relacionadas con desminado humanitario en Mesetas (Meta) y Briceño (Antioquia).
Milton de Jesús Toncel, quien fue en su momento negociador en el Caguán y 14 años después delegado negociador en La Habana, ha participado en actos de perdón colectivo con las comunidades indígenas de Coreguaje, entre Caquetá y Putumayo; encabezó un proceso de reconocimiento de responsabilidades con los familiares de los diputados del Valle asesinados por las Farc; estuvo presente en actos de reconocimiento por La Chinita, en Apartadó; lo propio en actos por afectaciones a políticos caqueteños; y junto con otros máximos comandantes ha estado en campañas de desminado en Briceño (Antioquia).
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Pablo Catatumbo Torrres, que en 1991 fungió como delegado negociador de las Farc en el proceso fallido de Tlaxcala (México), ha participado en actos de reconocimiento con víctimas de Puracé (Cauca) y ha trabajado con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en comisiones a lo largo del occidente colombiano, en departamentos como Nariño, Valle y Cauca, lugares en los que ha dado contexto sobre el posible paradero de personas desaparecidas por la ex guerrilla.
Rodrigo Granda, que estuvo preso entre 2004 y 2007 - cuando fue liberado por ser gestor de paz – fue uno de los líderes guerrilleros presentes en el acto de reconocimiento por las “pescas milagrosas” en carreteras del Meta, en octubre de 2020; hizo presencia en actos públicos de perdón en Anorí (Antioquia); y al igual que sus compañeros ya mencionados, ha participado de procesos de reconocimiento en Apartadó, en el Valle por el caso de los diputados asesinados y ejerciendo labores de desminado en Antioquia.
Pastor Alape Lascarro, miembro titular del secretariado desde 2010, además de liderar campañas de reincorporación de firmantes de paz desde 2017, ha estado en actos de perdón en Granada y Remedios (Antioquia), fue con Rodrigo Londoño al acto temprano de reconocimiento de Vélez (Santander), reconoció “pescas milagrosas” en Pipiral, ha hecho procesos de diálogo con las víctimas de la masacre de Bojayá y realizó trabajos comunitarios y de desminado en Landázuri (Santander) y Briceño (Antioquia), respectivamente.
Jaime Alberto Parra, encargado de instruir guerrilleros en temas de atención de salud entre 1990 y 1993, ha reconocido responsabilidades en afectaciones a campesinos e indígenas Jiw, Sikuani y Nukak en el Guaviare; ha participado en procesos con víctimas del Cauca, y Antioquia, departamento en el cual ha estado acompañando campañas de desminado humanitario.
Y Julián Gallo, senador y antiguo comandante de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), ha participado en campañas de búsqueda con la UBPD, rastreando víctimas del Bloque Oriental de las Farc. Asimismo, también estuvo en reconocimientos en El Orejón, por la masacre de La Chinita, el atentado al Club El Nogal y ha sido parte del desminado humanitario en Briceño (Antioquia).
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El 27 de septiembre de 2021 la JEP escuchó a un grupo de víctimas de secuestro, en el marco de una audiencia de observaciones, que a lo largo de cuatro jornadas y con la puesta de ideas de más de 2.600 personas afectadas por este crimen, pidieron en conjunto que a la hora de reconocer, los máximos responsables no revictimizaran, no dijeran que los tratos a sus familiares fueron buenos durante su cautiverio y que no señalen a sus conductas como algo imprevisto sin planeación.
Estas peticiones son hoy los ejes centrales para un nuevo capítulo del macrocaso 01, que por sus avances será el que seguramente abra el paso a las audiencias preparatorias, a las audiencias de juzgamiento y de práctica de pruebas, que serán la antesala de las sentencias e imposición de sanciones propias. No sin antes escuchar más verdades de los máximos responsables, de mandos medios y otros actores regionales que practicaron estas atrocidades.