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Una larga lista de políticos investigados por nexos con el paramilitarismo está en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los nombres los hizo públicos la JEP, que está estudiando si acepta o no su sometimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, que se creó después del Acuerdo de Paz.
Un exministro, 10 excongresistas, 5 exgobernadores, 11 exalcaldes, 7 exconcejales y 3 expersoneros hacen parte del grupo de terceros civiles que están pidiendo ser juzgados por la justicia transicional.
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Dentro de la lista llama la atención Sabas Pretelt de la Vega, exministro de Justicia en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por el escándalo de la Yidispolítica. La Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable del delito de concusión en 2015 luego de que lograra probar que Sabas Pretelt influyó de manera ilegal en el trámite del proyecto de ley mediante el cual se pretendía que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez fuera reelegido.
En el grupo de excongresistas está Besaile Fayad, exparlamentario de Córdoba, quien fue detenido en agosto de 2017 al descubrirse que pagó $2.000 millones para engavetar su expediente por parapolítica. Fue la génesis del llamado cartel de la toga, donde resultaron salpicados, entre otros, tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Francisco Ricaurte, José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino; el entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio en andanzas, Leonardo Pinilla (ambos extraditados y condenados en Estados Unidos), y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández.
Asimismo, Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre y quien fue condenado a 40 años de cárcel como determinador de la desaparición y posterior homicidio de alcalde de El Roble, Eudaldo 'Tito' Díaz Salgado, también pidió pista en la JEP.
Otra excongresista que solicitó ser juzgada por la JEP es Zulema Del Carmen Jattin Corrales, procesada por hechos que remontan a 2001 y que se habrían extendido hasta 2007 y tienen relación con presuntos apoyos que habría recibido por grupos de autodefensa que operaban en el departamento de Córdoba.
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Otro nombre que hasta ahora no había sido mencionado para acogerse a la JEP fue el de Efrén Antonio Hernández Díaz, condenado a 72 meses de prisión por firmar pactos con el exjefe paramilitar Héctor Buitrago, conocido como 'Martín Llano'.
También se están estudiando los casos de Álvaro Ashton, investigado por concierto para delinquir agravado y cohecho por presuntas relaciones para favorecer al Bloque Norte de las Autodefensas, y Habib Merheg Marún, investigado por el delito de concierto para delinquir agravado en relación con los supuestos nexos con miembros del Bloque Central Bolívar, bajo la dirección de Carlos Mario Jiménez Naranjo, o "Macaco". Finalmente, están Pedro Mary Muvdi Aranguena, Álvaro García Romero, Jesús León Puello Chamie y Héctor Julio Alfonso López.
En el caso de los exgobernadores sobresalen Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez y quien fue condenado a 55 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustariz y el escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda. También están Edilberto Castro Rincón, exdiregente del Meta; William Hernán Pérez Espinel, de Casanare; Juan José Chaux Mosquera, del Cauca; Julio Enrique Acosta Bernal, de Arauca.
La JEP también mencionó a los exalcaldes Franklin Germán Chaparro Carrillo, de Villavicencio; Wilson Antonio Chaverra González, del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia); Luis Rafael Páez Zambrano, del municipio Cerro de San Antonio (Magdalena); Jorge Luis Alfonso López, del municipio de Magangué (Magdalena); José Mauricio Jiménez Pérez, del municipio de Aguazul (Casanare); Ramiro Suárez Corzo, de Cúcuta; Manuel Francisco Ríos Revuelta, del municipio de Coveñas (Córdoba); César Augusto Mayo García, del municipio de Mutatá (Antioquia); Julio César Ardila Torres, de Barrancabermeja, y Benjamín Bulla Dueñas, del municipio San Luis de Gaceno (Boyacá).
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En el apartado de los exconcejales están Eladio Antonio Muentes Ávila, Carlos Alberto Olivera García, Abel Antonio Toscano Benítez, Etemilson Vásquez Camargo, Claudia Cecilia Buitrago Ortiz, Ovelio Andrés Cárdenas Álvarez y Javier Zárate Ariza.
Y, finalmente, en la de expersoneros se encuentran Jaime Alberto Mora Pérez, Rubén Darío Ruiz Berrío y Ervin Hernán Ortega Herrera.
Cabe recordar que, después de la revisión de la Corte Constitucional, los terceros civiles, sólo se someten ante la JEP de manera voluntaria. La Corte enfatizó en su fallo que la creación de la JEP como parte de un Acuerdo de Paz es válido pero solo para los combatientes, “pero no para someter de manera forzosa a los demás actores, y en particular, a los no combatientes, como los terceros civiles, los agentes del Estado que no integran la fuerza pública, y los propios aforados constitucionales”.