Estoy dispuesto a ir a la JEP: general Adolfo L. Hernández

El pasado 7 de marzo, tres organizaciones de derechos humanos le entregaron afuturo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe ¿Qué futuro nos espera?, en el que señalan que durante la comandancia del general Adolfo León Hernández, entre 2007 y 2009, ocurrieron 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con jurisdicción en el departamento de Cesar.

El informe fue elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos para aportar al Caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, abierto por la jurisdicción en julio de 2018.

En el documento se denuncia la manipulación de informes de operativos militares del batallón para justificar como “guerrilleros muertos en combate” a 39 personas. Las víctimas, algunas menores de edad según la investigación, fueron asesinadas en estado de indefensión. También se afirma que no se han adelantado las investigaciones correspondientes por estos hechos.

Por eso, a través del informe, las organizaciones le pidieron a la JEP que llame a versión voluntaria al general Hernández y a otros cuatro mandos del batallón para esa época. Asimismo, como medida cautelar, le piden que sea suspendido del cargo. Así responde el general Hernández a estos señalamientos.

¿Usted sabía de alguno de los 23 casos que denuncia el informe?

Estuve de comandante entre diciembre de 2007 a junio de 2009, y durante ese lapso se hicieron operaciones que condujeron a muertes en desarrollo de operaciones militares. En 2010, 2011, empezaron a cuestionarse algunos de esos resultados. En esa medida, después de salir de La Popa sí tuve conocimiento de que algunas de las muertes que se reportaron en ese desarrollo de operaciones estaban siendo cuestionadas. En ese momento, solo tuve conocimiento de dos casos en los que hubo suboficiales detenidos, se fueron a juicio y fueron condenados.

¿Cuáles fueron esos dos casos?

Recuerdo el nombre de un cabo tercero Garzón y del sargento Raúl Patarroyo. Ellos en juicio fueron declarados inocentes, la Fiscalía apeló y en segunda instancia fueron hallados culpables y condenados. Se fueron a casación y les confirmaron la condena. No conozco, no tengo información ni argumentos para decir que ellos cometieron actos indebidos. En esos dos casos, en los que fueron condenados, no reconocieron responsabilidad y les creo a ellos, pero también debo acatar el fallo de la justicia, lo respeto, fueron condenados. Cada vez que había un resultado operacional, como comandante, abría inmediatamente una investigación disciplinaria. Esa investigación se hacía con declaraciones de personas que participaron en la operación, con testigos, con civiles, para determinar si se presentó o no una falla disciplinaria. Pero también, en esos casos, la justicia penal militar iniciaba las investigaciones penales.

¿Hizo algo como comandante para que las investigaciones que llegaron en ese entonces a la justicia penal militar fueran efectivas? ¿O qué hizo para que no se repitiera lo que hicieron los dos soldados que menciona?

Las operaciones se seguían desarrollando porque uno, entre otras cosas, tiene que confiar en los subalternos, presumir la inocencia de ellos. Sin embargo, lo que usted dice es cierto. Uno como comandante toma las medidas. Sobre las muertes en desarrollo de operaciones militares que se dieron durante mi comando, fueron la Fiscalía y el CTI los que realizaron los levantamientos, no la policía judicial. Esto con el fin de darle mayor transparencia. No lo hice porque me hubiera dado cuenta ni pensara que se hicieron actos indebidos allá, eso nunca pasó durante el tiempo que duré allá, jamás.

Desde 2005, familias denuncian el asesinato de hombres presentados por su batallón como guerrilleros, que en realidad no lo eran. Otro antecedente: la Fiscalía investigó 21 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2005 y 2006, cuando su predecesor era el general Raúl Rodríguez Arévalo. ¿Tuvo en cuenta estos antecedentes cuando llegó a la comandancia en 2007?

Uno ya sabía de casos donde había muertes en desarrollo de operaciones militares de años anteriores que ya habían sido cuestionadas, por eso tomé esa medida preventiva de que fuera la Fiscalía y el CTI los que hicieran los levantamientos. Lo otro es que durante el año y medio que yo estuve allá, algunos soldados de mi batallón fueron privados de la libertad, detenidos por hechos anteriores, como usted lo menciona, por hechos de 2005, 2004, 2007, años anteriores. En ese sentido, sí me di cuenta de los señalamientos.

El informe sostiene que las seis compañías que integran el batallón están relacionadas con casos de ejecuciones extrajudiciales y que las órdenes para esos combates tenían que ser firmadas directamente por usted. ¿Se supone que todo lo que hacían ellos era su responsabilidad como comandante?

Eso no es del todo cierto. El comandante no es responsable de lo que hagan o dejen de hacer sus subalternos, eso es una falacia. En este país, en la parte penal, cada persona responde por lo que haga. En ese sentido no hay una responsabilidad. La responsabilidad penal es individual y será la justicia la que la determine.

El documento indica que hubo alteraciones a minutas, actas de munición e informes que usted tenía que revisar y firmar. También que estos actos ocurrieron en medio de misiones tácticas que aprobó.

Como servidor público uno tiene que asumir la presunción de la legalidad de todos los documentos que firman los subalternos. Quien elabora y autentica la orden de operaciones es el oficial de operaciones. Posteriormente, uno firma esa orden de operaciones como comandante para autorizar que se desarrollen. Después de emitida, uno no tiene el mando directo sobre quienes desarrollan el operativo en campo. Tendría que irme allá y desarrollar la operación, y eso no le corresponde al nivel de mando, por eso nunca lo hice y por eso no hay una responsabilidad en el mando.

¿No verificaba o revisaba los informes, aun con el conocimiento de antecedentes de ejecuciones extrajudiciales?

Claro que sí, y creo que fue efectivo. Las muertes en operaciones militares disminuyeron un 50 % durante mi comandancia. Siempre pasábamos revistas. Les repetíamos que cuando existiesen dudas, no accionaran sus armas. Que los objetivos militares son solo los grupos armados. Nos respaldamos mucho en el trabajo del CTI, que era independiente. Si hubiese hecho algo malo, estos funcionarios se hubieran dado cuenta. Nunca hubo un informe verbal o escrito por parte del CTI donde diga que se cometió hay alguna irregularidad. En esos documentos no se ve nada raro, porque es un reporte que hace una persona donde certifica que se gastó tanta munición, por ejemplo. Yo, como comandante, no hacía el contraste entre los informes de gastos de munición con la revista periódica de armamento, pero sí lo ordenaba para ver si había alguna irregularidad.

Los reportes de la Fiscalía detallan que a las personas se les disparó a una distancia muy cercana o que fueron hallados con uniformes militares que no correspondían a sus tallas a simple vista. ¿El CTI nunca le reportó estas incongruencias?

No, ahí habría que preguntarles a ellos por qué, si después salieron a flote algunas presuntas irregularidades, en el momento no lo dijeron. Nunca fui al área de operaciones al levantamiento. Eso no me corresponde a mí como comandante.

Las organizaciones que entregaron el informe también denuncian otra irregularidad de la que usted supuestamente estaba enterado. En San Ángel (Magdalena) ocurrió uno de estos asesinatos, el asunto es que este municipio no está en la jurisdicción del batallón La Popa.

Sí, y efectivamente fue reportado como una muerte en desarrollo de una operación militar. Muchas operaciones se dan cuando esos grupos terroristas pasan las fronteras, son zonas grises. En el momento de reportar las coordenadas se da uno cuenta de que eso queda es en Magdalena. Eso es lo que uno tiene que reportar a la brigada. Uno no puede cambiar absolutamente nada.

Human Rights Watch se ha pronunciado en dos ocasiones en contra de su ascenso por su presunta responsabilidad en estos casos. Ahora entregan este informa a la JEP, ¿qué piensa al respecto?

Son señalamientos que hacen esas organizaciones acudiendo a que son libres de expresar lo que sea, pero considero que deberían tener más prudencia. Desde que salí del batallón La Popa, hace diez años, nunca he sido vinculado o llamado a una versión libre por la Fiscalía. Nunca. No han encontrado algo que les dé merito para acusarme. Están en su derecho de brindar información mediante informes. Ahora, yo les pediría que respeten el derecho que cualquier persona tiene al debido proceso y buen nombre. Si hay algo, serán las instituciones las encargadas de investigar y decidir sobre lo que se me acusa. Tengo una esposa, unos hijos, que también se ven afectados.

El mayor Rubén Blanco, oficial de operaciones de la época, es compareciente voluntario ante la JEP. ¿Usted está dispuesto a comparecer también?

Desde luego. La JEP es nuestro juez ahora, por mandato constitucional, con respecto a lo que sucedió en el conflicto. Es mi juez natural. Como lo he hecho con la Fiscalía, estoy presto a colaborar y a declarar. Si me requieren, allá estaré.

El pasado 7 de marzo, tres organizaciones de derechos humanos le entregaron afuturo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe ¿Qué futuro nos espera?, en el que señalan que durante la comandancia del general Adolfo León Hernández, entre 2007 y 2009, ocurrieron 23 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con jurisdicción en el departamento de Cesar.

El informe fue elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos para aportar al Caso 003: “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, abierto por la jurisdicción en julio de 2018.

En el documento se denuncia la manipulación de informes de operativos militares del batallón para justificar como “guerrilleros muertos en combate” a 39 personas. Las víctimas, algunas menores de edad según la investigación, fueron asesinadas en estado de indefensión. También se afirma que no se han adelantado las investigaciones correspondientes por estos hechos.

Por eso, a través del informe, las organizaciones le pidieron a la JEP que llame a versión voluntaria al general Hernández y a otros cuatro mandos del batallón para esa época. Asimismo, como medida cautelar, le piden que sea suspendido del cargo. Así responde el general Hernández a estos señalamientos.

¿Usted sabía de alguno de los 23 casos que denuncia el informe?

Estuve de comandante entre diciembre de 2007 a junio de 2009, y durante ese lapso se hicieron operaciones que condujeron a muertes en desarrollo de operaciones militares. En 2010, 2011, empezaron a cuestionarse algunos de esos resultados. En esa medida, después de salir de La Popa sí tuve conocimiento de que algunas de las muertes que se reportaron en ese desarrollo de operaciones estaban siendo cuestionadas. En ese momento, solo tuve conocimiento de dos casos en los que hubo suboficiales detenidos, se fueron a juicio y fueron condenados.

¿Cuáles fueron esos dos casos?

Recuerdo el nombre de un cabo tercero Garzón y del sargento Raúl Patarroyo. Ellos en juicio fueron declarados inocentes, la Fiscalía apeló y en segunda instancia fueron hallados culpables y condenados. Se fueron a casación y les confirmaron la condena. No conozco, no tengo información ni argumentos para decir que ellos cometieron actos indebidos. En esos dos casos, en los que fueron condenados, no reconocieron responsabilidad y les creo a ellos, pero también debo acatar el fallo de la justicia, lo respeto, fueron condenados. Cada vez que había un resultado operacional, como comandante, abría inmediatamente una investigación disciplinaria. Esa investigación se hacía con declaraciones de personas que participaron en la operación, con testigos, con civiles, para determinar si se presentó o no una falla disciplinaria. Pero también, en esos casos, la justicia penal militar iniciaba las investigaciones penales.

¿Hizo algo como comandante para que las investigaciones que llegaron en ese entonces a la justicia penal militar fueran efectivas? ¿O qué hizo para que no se repitiera lo que hicieron los dos soldados que menciona?

Las operaciones se seguían desarrollando porque uno, entre otras cosas, tiene que confiar en los subalternos, presumir la inocencia de ellos. Sin embargo, lo que usted dice es cierto. Uno como comandante toma las medidas. Sobre las muertes en desarrollo de operaciones militares que se dieron durante mi comando, fueron la Fiscalía y el CTI los que realizaron los levantamientos, no la policía judicial. Esto con el fin de darle mayor transparencia. No lo hice porque me hubiera dado cuenta ni pensara que se hicieron actos indebidos allá, eso nunca pasó durante el tiempo que duré allá, jamás.

Desde 2005, familias denuncian el asesinato de hombres presentados por su batallón como guerrilleros, que en realidad no lo eran. Otro antecedente: la Fiscalía investigó 21 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2005 y 2006, cuando su predecesor era el general Raúl Rodríguez Arévalo. ¿Tuvo en cuenta estos antecedentes cuando llegó a la comandancia en 2007?

Uno ya sabía de casos donde había muertes en desarrollo de operaciones militares de años anteriores que ya habían sido cuestionadas, por eso tomé esa medida preventiva de que fuera la Fiscalía y el CTI los que hicieran los levantamientos. Lo otro es que durante el año y medio que yo estuve allá, algunos soldados de mi batallón fueron privados de la libertad, detenidos por hechos anteriores, como usted lo menciona, por hechos de 2005, 2004, 2007, años anteriores. En ese sentido, sí me di cuenta de los señalamientos.

El informe sostiene que las seis compañías que integran el batallón están relacionadas con casos de ejecuciones extrajudiciales y que las órdenes para esos combates tenían que ser firmadas directamente por usted. ¿Se supone que todo lo que hacían ellos era su responsabilidad como comandante?

Eso no es del todo cierto. El comandante no es responsable de lo que hagan o dejen de hacer sus subalternos, eso es una falacia. En este país, en la parte penal, cada persona responde por lo que haga. En ese sentido no hay una responsabilidad. La responsabilidad penal es individual y será la justicia la que la determine.

El documento indica que hubo alteraciones a minutas, actas de munición e informes que usted tenía que revisar y firmar. También que estos actos ocurrieron en medio de misiones tácticas que aprobó.

Como servidor público uno tiene que asumir la presunción de la legalidad de todos los documentos que firman los subalternos. Quien elabora y autentica la orden de operaciones es el oficial de operaciones. Posteriormente, uno firma esa orden de operaciones como comandante para autorizar que se desarrollen. Después de emitida, uno no tiene el mando directo sobre quienes desarrollan el operativo en campo. Tendría que irme allá y desarrollar la operación, y eso no le corresponde al nivel de mando, por eso nunca lo hice y por eso no hay una responsabilidad en el mando.

¿No verificaba o revisaba los informes, aun con el conocimiento de antecedentes de ejecuciones extrajudiciales?

Claro que sí, y creo que fue efectivo. Las muertes en operaciones militares disminuyeron un 50 % durante mi comandancia. Siempre pasábamos revistas. Les repetíamos que cuando existiesen dudas, no accionaran sus armas. Que los objetivos militares son solo los grupos armados. Nos respaldamos mucho en el trabajo del CTI, que era independiente. Si hubiese hecho algo malo, estos funcionarios se hubieran dado cuenta. Nunca hubo un informe verbal o escrito por parte del CTI donde diga que se cometió hay alguna irregularidad. En esos documentos no se ve nada raro, porque es un reporte que hace una persona donde certifica que se gastó tanta munición, por ejemplo. Yo, como comandante, no hacía el contraste entre los informes de gastos de munición con la revista periódica de armamento, pero sí lo ordenaba para ver si había alguna irregularidad.

Los reportes de la Fiscalía detallan que a las personas se les disparó a una distancia muy cercana o que fueron hallados con uniformes militares que no correspondían a sus tallas a simple vista. ¿El CTI nunca le reportó estas incongruencias?

No, ahí habría que preguntarles a ellos por qué, si después salieron a flote algunas presuntas irregularidades, en el momento no lo dijeron. Nunca fui al área de operaciones al levantamiento. Eso no me corresponde a mí como comandante.

Las organizaciones que entregaron el informe también denuncian otra irregularidad de la que usted supuestamente estaba enterado. En San Ángel (Magdalena) ocurrió uno de estos asesinatos, el asunto es que este municipio no está en la jurisdicción del batallón La Popa.

Sí, y efectivamente fue reportado como una muerte en desarrollo de una operación militar. Muchas operaciones se dan cuando esos grupos terroristas pasan las fronteras, son zonas grises. En el momento de reportar las coordenadas se da uno cuenta de que eso queda es en Magdalena. Eso es lo que uno tiene que reportar a la brigada. Uno no puede cambiar absolutamente nada.

Human Rights Watch se ha pronunciado en dos ocasiones en contra de su ascenso por su presunta responsabilidad en estos casos. Ahora entregan este informa a la JEP, ¿qué piensa al respecto?

Son señalamientos que hacen esas organizaciones acudiendo a que son libres de expresar lo que sea, pero considero que deberían tener más prudencia. Desde que salí del batallón La Popa, hace diez años, nunca he sido vinculado o llamado a una versión libre por la Fiscalía. Nunca. No han encontrado algo que les dé merito para acusarme. Están en su derecho de brindar información mediante informes. Ahora, yo les pediría que respeten el derecho que cualquier persona tiene al debido proceso y buen nombre. Si hay algo, serán las instituciones las encargadas de investigar y decidir sobre lo que se me acusa. Tengo una esposa, unos hijos, que también se ven afectados.

El mayor Rubén Blanco, oficial de operaciones de la época, es compareciente voluntario ante la JEP. ¿Usted está dispuesto a comparecer también?

Desde luego. La JEP es nuestro juez ahora, por mandato constitucional, con respecto a lo que sucedió en el conflicto. Es mi juez natural. Como lo he hecho con la Fiscalía, estoy presto a colaborar y a declarar. Si me requieren, allá estaré.