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Rodrigo Londoño, conocida en la guerra como Timochenko, último comandante de las antiguas FARC y firmante de paz, se refirió este viernes a un eventual cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una idea que aunque viene planteándose desde inicios de año, volvió a tomar fuerza por las declaraciones que el comisionado para la Paz, Otty Patiño, le dio a Colombia+20 hace unos días.
Patiño afirmó el pasado 24 de septiembre que el Gobierno trabajaba en distintos frentes y que uno de ellos sería un “eventual cierre de la JEP”.
“Todas esas justicias especiales son justicias transicionales, pero que también deberían ser transitorias. A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a esa justicia transicional”, dijo el consejero comisionado.
Varias personas se han referido al tema, entre ellas, Londoño, quien afirmó en su cuenta de X que la JEP se aleja del espíritu y de la letra de lo pactado, y que se está volviendo una “justicia lenta, engorrosa, revictimizante y punitivista”.
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Londoño, parte del último secretariado de las antiguas FARC, también dijo que los magistrados de la JEP decidieron por voluntad propia tomar distancia de lo que califica como la “única y principal” tarea que se encomendó que fue “constituirse en tribunal de cierre para la construcción de una paz estable y duradera”
Y agregó: “Con sentido de responsabilidad histórica, llamo a la JEP a no repetir la fallida experiencia de Justicia y Paz, negándose a ser un tribunal referente para los procesos de paz en curso. Es su decisión si contribuyen a la paz o la reproducción de nuevas violencias”.
Sus trinos van a acompañados de un oficio enviado por la JEP al senador y también firmante de paz, Julián Gallo. El documento de abril de este año recoge el número de amnistías concedidas hasta marzo de 2024 y que era una de las peticiones de los ex-FARC. En su momento, Colombia+20 se hizo eco de ese informe.
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, también se refirió a este tema y dijo que un eventual cierre de la JEP afectaría gravemente el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
“La JEP expresa su preocupación ante las declaraciones públicas del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, en las cuales se refirió a un posible cierre de la JEP. Cualquier cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, a las víctimas, y a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”, precisó Vidal durante una rueda de prensa.
Ese tribunal fue creado justamente en el marco del Acuerdo de Paz que ese grupo armado firmó en 2016 con el Gobierno colombiano para investigar y juzgar a los integrantes de ese grupo armado y miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles —que decidan voluntariamente someterse a esa justicia— que hayan participado en el conflicto armado.
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La principal crítica de varios sectores, incluido el presidente Juan Manuel Santos —quien dijo que la JEP no puede tener una actitud maximalista— es que ese tribunal está extiendo sus competencias, y que ha bajado sus investigaciones y no se ha centrado en los máximos responsables. Eso, dicen los ex-FARC, les ha venido creando inseguridad jurídica.
En una carta enviada en febrero por los siete miembros del último secretariado de las FARC se recogen tres de las principal preocupaciones: que la JEP tiene la idea de dictar resoluciones por cada macrocaso —actualmente hay 11 abiertos—, cuando la ley estatutaria de ese tribunal señala que debe haber una resolución única de conclusiones. Esto “vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes, especialmente, en lo referente al principio de legalidad, a la vez que puede generar demoras en el cumplimiento de la temporalidad con la que fue diseñada la jurisdicción para la paz”, explica el antiguo secretario en la misiva.
Otro reclamo es la poca diligencia de la JEP en la resolución de amnistías y la tercera preocupación es la vinculación en las investigaciones de exintegrantes de esa guerrilla de escala media y baja del mando. Según la carta, esto es contrario a buscar a los máximos responsables y “centrar el esfuerzo en los casos más representativos que constituyen patrones de conductas violatorias del DIH y los Derechos Humanos”.
Este viernes, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, en cabeza de Gloria Cuartas, apoyó a la labor de la JEP.
“La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz reafirma su compromiso inquebrantable con la construcción de una paz estable y duradera, así como su apoyo a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (…) Sabemos que justamente este Gobierno llegó en un momento donde el Acuerdo de Paz estaba rezagado, y con ello las adecuaciones institucionales y normativas que debían preparar la llegada de las sanciones propias, unas medidas de justicia únicas en el mundo que sabemos son fundamentales para la garantía de los derechos de las víctimas y de los comparecientes ante la JEP”, dice el comunicado.
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