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El 13 de mayo de 2000, Martha Sandoval*, exguerrillera de las Farc, transitaba entre Carrapí y Yacopí (Cundinamarca) cuando fue en emboscada por el Ejército. Todas las personas que iban en su vehículo murieron, a excepción de ella, quien se lanzó a correr y sintió muy cerca el estallido de una granada. Se resguardó en un sitio desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., cuando despertó estaba en medio de soldados y de un cabo del Ejército. El hombre comentaba que ella debía estar muerta porque encontraron su pechera totalmente destruida y los charcos de sangre que había dejado. Todos la empezaron a insultar, le decían que por su culpa había muerto un soldado.
Hicieron una hamaca con trapos para trasladarla al helicóptero. En ese recorrido, los uniformados simulaban tropezarse, dejándola caer sobre las heridas. “Mi brazo estaba prendiendo de una telita, los huesos estaban por fuera y, no obstante, me dejaron caer en múltiples ocasiones lo cual me ocasionó un dolor indescriptible”. Cuando llegaron a la carretera dijo que la botaron a un lado y que un hombre de camuflado le puso un fusil en la cabeza y le repitió: “hijueputa la voy a matar”.
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Las amenazas continuaron, según la exguerrillera. El médico que llegó a atenderla solamente le puso una tablilla en el brazo y la subieron al helicóptero. Una vez en la aeronave, ella vio el cadáver del soldado que había fallecido en el enfrentamiento y los soldados le dijeron: “Ya que lo mató pues ahora váyase encima de él”. Entonces la pusieron encima del soldado muerto. Tiene muy presente la imagen del soldado, que solamente iba en ropa interior. La cabeza de ella quedó en el pecho del difunto y así transcurrió gran parte del trayecto. Ella entró en shock, y uno de los que iba en el helicóptero la corrió a un lado en el momento en que aterrizaron.
Este relato es uno de los 17 que están dentro del informe: “Violencia Contrainsurgente”, sobre violaciones de derechos humanos atribuibles al Estado contra excombatientes de las Farc, realizado por la Corporación Solidaridad Jurídica y entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esta semana. En 300 páginas, la organización detalla los “vejámenes a los que fueron sometidos por parte de agentes estatales, no sólo en cuanto al sufrimiento de torturas, sino también de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Según el informe, “en los relatos de los entrevistados son comunes tres tipos de narraciones; en primer lugar, las torturas ejecutadas por actores no estatales que actuaban en connivencia con el Estado; en segundo lugar, las realizadas por agentes estatales durante el proceso de captura y retención o al interior de los establecimientos carcelarios; y, en tercer lugar, aquellas conductas que, aunque su catalogación como tortura puede ser dudosa, representan por lo menos tratos crueles, inhumanos o degradantes, perpetrados por agentes estatales durante el procedimiento de captura y retención o al interior de los establecimientos de reclusión”.
En el reporte hay un amplio espacio para las cifras. De acuerdo con el Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre 1988 y 2003, se presentaron al menos 1.339 casos de tortura. Por su parte, el informe alternativo presentado al Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el mismo lapso, se reportan 1.593. Y entre 2003 y 2008, se registraron 899 eventos, la mayoría de ellos ejecutada por miembros del Estado y miembros de grupos paramilitares. “La diferencia de las cifras reportadas, según la fuente, es muestra del subregistro que se da en este tipo de casos”, agrega el estudio.
Tipos de torturas
En los 17 casos se pudieron identificar varios tipos de torturas, que iban desde procedimientos quirúrgicos irregulares de amputación de extremidades totales o parciales hasta prácticas que les causaron fuertes sufrimientos o dolores físicos y/o psicológicos. En la mayoría de los casos se dejó rastros o huellas físicas permanentes o claramente visibles.
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Uno de los más recurrentes fue “la bolsa con detergente”: “En esta práctica de tortura la víctima es sentada en una silla o es acostada boca arriba, posteriormente es cubierta con una bolsa en la cara que contiene detergente en polvo mezclado con agua; al colocar esta bolsa con dicha sustancia en la cabeza de la víctima, el detergente se introduce por las fosas nasales provocando asfixia y ahogamiento, que en todos los casos conllevaba a la pérdida de conocimiento”, explica el informe.
También implementaron otra técnica conocida como “el escorpión”, en el que la víctima es amarrada de pies y manos por la parte trasera de su cuerpo y halada con fuerza hasta que los talones de sus pies se acerquen a la parte de atrás del cuello formando un arco. Esto produce un estiramiento exagerado de su dorso y vientre, que en ocasiones produce desgarros e intensos dolores.
Incluso, las víctimas mencionaron que les hicieron choques eléctricos: “Eran roseadas con agua y tumbadas en un colchón o en el suelo, y con un cable de alta corriente eran sometidas a descargas eléctricas, el agua en el cuerpo permitía de forma más fácil la conducción de la electricidad”.
Asimismo, contaron de quemaduras y extracción de partes del cuerpo. Los victimarios utilizaban cigarrillos o tabacos encendidos, que eran apagados en las víctimas o con pinzas o alicates les eran arrancadas las uñas, o en casos excepcionales, procedían a la amputación de extremidades.
En tortura psicológica, se habló de la exposición a la víctima en diferentes lugares y eventos que podrían representarles la muerte, “como el simulacro de ser tirados desde un helicóptero, abismo o simplemente apuntarle y dispararle un arma que estaba sin munición”. Y también el traslado de “hamaca”, como contó Martha Sandoval.
Los patrones
De acuerdo con los modus operandi empleados por los agentes del Estado contra los exintegrantes de las extintas Farc, la Corporación Solidaridad Jurídica identificó dos patrones de macrocriminalidad, que buscaban “neutralizar” y derrotar al enemigo en materia de estrategia militar y el castigo o represalias ejercidas con miras a someter y deteriorar al enemigo por el hecho de ser su adversario.
“En la ejecución de estos patrones participaron diferentes instituciones del Estado, como la Policía Nacional, SIJIN, DIJIN, Ejército Nacional, INPEC, entre otras entidades que ya han desaparecido como el DAS y el F2, con tareas y roles específicos, formas de operar y lugares preestablecidos para llevar a cabo las conductas criminales”, señala la investigación.
El primer patrón se denominó “la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ejercidos en la captura contra exguerrilleros, método para obtener información, con la finalidad de lograr una ventaja militar o como castigo o venganza”. Las víctimas de este modus operandi, de acuerdo con el informe, fueron sometidas a largos interrogatorios, que eran acompañados de acciones violentas.
Aseguran que fueron capturadas en estado de indefensión y con heridas de guerra causadas durante los enfrentamientos con la Fuerza Pública, por lo que sus lesiones se convertían en la principal forma de sometimiento, usándolas para causarles dolor o amenazarlas con la privación de la atención médica.
También manifiestan que fueron capturadas de forma irregular y transportadas a sitios desolados o a instalaciones de la Fuerza Pública, en la mayoría de casos vendados, donde los sometían a largos interrogatorios sobre sus compañeros y ubicación de caletas de dinero, explosivos, entre otros elementos de guerra. Allí eran aisladas y los funcionarios les negaban la presencia a los familiares, amigos y organismos humanitarios, como la Cruz Roja, su presencia. “Según este procedimiento relatado por las víctimas, se puede afirmar que dichas instalaciones funcionaban como centros de tortura clandestinos, donde funcionaban las respectivas entidades del Estado”, advierte el estudio.
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En los interrogatorios se les ofrecían beneficios, como dinero, casas, carros, protección para ellos y su familia a cambio de información. Al rechazarlos, “los captores procedían a golpearlos, amenazarlos de muerte con armas o sin ellas, y/o utilizando las heridas de las víctimas como forma de intimidación y para amedrentar al capturado, insinuando la negativa a prestarles la atención requerida en materia de salud”.
En el caso de las mujeres, las amenazas contenían un componente de violencia sexual, “que se traducía en ultimátum para ser entregadas a grupos paramilitares con la finalidad de que las accedieran carnalmente, o en caso de tener hijos menores, la utilización de estos en interrogatorios o retenciones como forma de someter a la mujer guerrillera, de tal forma que se viera obligada a ceder ante las pretensiones de los victimarios”.
La Corporación Solidaridad Jurídica deja claro que al cometer la conducta de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los agentes del Estado también perpetraron otras afectaciones de derechos humanos de las víctimas, como la violación al debido proceso, a sus garantías judiciales, a su protección judicial, así como otros crímenes internacionales que a su vez gozan de prohibición en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El segundo patrón que se identificó es “la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ejercidos en la privación de la libertad contra los exguerrilleros, como método de castigo por su condición insurgente o venganza por hechos relacionados con el conflicto armado”.
Este apartado se centró, principalmente, en su condición de prisioneros. La organización denuncia que los excombatientes recluidos en las cárceles fueron víctimas por parte del INPEC de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, entre ellos estaba el aislamiento del interno. Los entrevistados narraron que, en muchas ocasiones, específicamente cuando ingresaban a la prisión con heridas de guerra o en condiciones lamentables de salud, eran aislados en celdas pequeñas, donde no podían tener contacto, ni salir al patio a tomar el sol y tampoco recibir visitas, incluso, médicas.
En casi todos los relatos se evidenció que, “una vez los guerrilleros ingresaban a la prisión, se realizaban amenazas por parte de los guardias del INPEC respecto a la prolongación de su privación de la libertad. La frase que se repite en casi todas las entrevistas es ‘se va a podrir en la cárcel’”. Y si necesitaban alguna asistencia médica o dispositivo, se les entregaban cuando iban los organismos de control. Una vez se iban, se los quitaban, así que debían arrastrarse por el suelo para poder recibir la alimentación o acceder al baño.
También contaron que eran visitados por diferentes agentes del Estado o agentes extranjeros, que, en ocasiones, no se identificaban o iban vestidos de civil y realizaban entrevistas de manera irregular y sin presencia de abogados. En los interrogatorios se generaba la amenaza de la extradición.
En varias ocasiones, los prisioneros eran trasladados por diferentes cárceles del país, alejándolos de su círculo familiar, de sus allegados, de su abogado y de los juzgados penales donde cursaban sus procesos judiciales. “Con esta práctica se entorpecía su derecho a la defensa. Este modo de actuar fue recurrente por parte del INPEC para disgregar, desarticular o desestructurar los movimientos internos de colectivos de prisioneros de FARC-EP”, agrega.
Reconocimiento de las víctimas
En el documento, finalmente, la Corporación Solidaridad Jurídica solicitó a la JEP que se les reconozca la calidad de víctimas a las personas que relataron sus afectaciones y se les decrete una medida cautelar para proteger la información suministrada. Además, pidió que se la reconozca personería jurídica a los abogados adscritos a la Corporación Solidaridad Jurídica para la representación de las víctimas del presente informe ante su Despacho”.
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Para la organización y las víctimas, es crucial que se investiguen los hechos narrados y se sancionen a los responsables, de acuerdo con las normas internacionales, y que, como medida de satisfacción de los derechos de las víctimas, se promueva la realización de “actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón” y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, en actos previamente concertados con ellas y sus representantes.
Como medida de no repetición, esperan que se solicite al Gobierno un proyecto de ley de reforma al régimen penitenciario y carcelario, así como a la política criminal del Estado, “de manera que se establezca un procedimiento justo, que dignifique las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad”. Se reiteró que las reformas a la política criminal del Estado para prevenir y reprender las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) son urgentes.
*El nombre fue cambiado por seguridad de la fuente.