Excombatientes de las Farc también deberán presentarse a la JEP por caso del norte del Cauca
Al igual que lo hicieron en el caso de reclutamiento, los abogados de los exguerrilleros decidieron apelar la decisión de los jueces de ordenarles que se presenten a rendir su versión sobre su presunta responsabilidad en hechos que ocurrieron en este territorio.
Una vez más, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les aclaró a 17 exguerrilleros de las Farc que deben presentarse a esta justicia, obligatoriamente, para rendir su versión sobre los hechos en los que habrían tenido responsabilidad en el caso 05, conocido como Situación Territorial en la región del Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca.
Al igual que lo hicieron en el caso 07 sobre Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, la defensa de los exguerrilleros—cuyos nombres quedan en reserva por seguridad—decidió apelar una primera decisión de la magistratura, en la que les solicitaban a los excombatientes presentarse a esta diligencia, que es el siguiente paso después de que las organizaciones y las víctimas entregan sus denuncias a través de informes. Hoy la Sala de Reconocimiento negó sus alegatos y dejó en firme su asistencia.
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Los abogados defensores pidieron, al igual que en reclutamiento, que la JEP les explicara por qué fueron llamados y se especificara en qué informe fueron citados. Raúl Sánchez, el magistrado que adelanta el caso, les respondió que ese no era un argumento para no asistir y que “la JEP no puede rechazar informes presentados por las víctimas que no señalen la plena identificación del presunto responsable y la estructura de las antiguas FARC a la que éste perteneció, pues les impondría una carga desproporcionada, convirtiéndolas en organismos de investigación para obtener información que en muchas ocasiones ni siquiera tienen las entidades del Estado, lo cual afectaría su derecho al acceso a la administración de justicia”.
El togado aseguró que fueron trasladados todos los archivos que recibieron con la información detallada sobre los hechos, que señalan circunstancias de tiempo, modo, lugar, víctimas, posible autoría y otros datos relevantes “con el objeto de maximizar el aporte a la verdad de los comparecientes, el cual implica no solamente responder a los señalamientos que se han hecho en su contra, sino también aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos y conductas de especial interés de la JEP”.
Los exguerrilleros también expresaron su inconformismo con la participación de las víctimas en las versiones voluntarias. La Sala de Reconocimiento les recordó que la participación de las víctimas en dichas diligencias “es fundamental para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, por lo cual se seguirá permitiendo en el caso 05”. De hecho, dijo la JEP, ya han participado en los casos 02 (Situación territorial de Nariño), 03 (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado), y 04 (situación territorial en Urabá).
Por último, solicitaron un plazo entre la convocatoria a versiones voluntarias y la realización de las mismas. La Sala de Reconocimiento, aunque les llamó la atención por no estar preparados cuando hace más de un año se trasladó la información de los informes, en virtud de la situación sanitaria de la pandemia, les dio un plazo adicional de dos meses. Así que se retomarán las versiones en modalidad virtual el 28 de septiembre de 2020.
(Lea también: Presidenta de la JEP hace un llamado a que se respete la división de poderes)
El caso 05, actualmente, estudia los hechos victimizantes presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP y de la fuerza pública, entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada (Cauca) y los municipios de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria (Valle del Cauca).
Hasta ahora, en este caso se han acreditado más de 100 sujetos colectivos que reúnen a 36 pueblos indígenas, 63 organizaciones afrodescendientes y varias organizaciones comunitarias, los cuales reúnen a más de 164.000 víctimas. También se ha acreditado a los territorios ancestrales e individualmente a 65 personas. Entre las víctimas están el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), la Asociación de Cabildos Indígenas el gran territorio de Aguila UH WALA VXIC, la Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Nasa Cxhab, la Asociación de Autoridades Territoriales de los Reasentamientos del Cauca Nasa Uss, la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca (Aconc), la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del norte del Cauca (Asom), y el Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca y Micro Cuenca de los Ríos Teta y Mazamorrero.
Una vez más, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les aclaró a 17 exguerrilleros de las Farc que deben presentarse a esta justicia, obligatoriamente, para rendir su versión sobre los hechos en los que habrían tenido responsabilidad en el caso 05, conocido como Situación Territorial en la región del Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca.
Al igual que lo hicieron en el caso 07 sobre Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, la defensa de los exguerrilleros—cuyos nombres quedan en reserva por seguridad—decidió apelar una primera decisión de la magistratura, en la que les solicitaban a los excombatientes presentarse a esta diligencia, que es el siguiente paso después de que las organizaciones y las víctimas entregan sus denuncias a través de informes. Hoy la Sala de Reconocimiento negó sus alegatos y dejó en firme su asistencia.
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Los abogados defensores pidieron, al igual que en reclutamiento, que la JEP les explicara por qué fueron llamados y se especificara en qué informe fueron citados. Raúl Sánchez, el magistrado que adelanta el caso, les respondió que ese no era un argumento para no asistir y que “la JEP no puede rechazar informes presentados por las víctimas que no señalen la plena identificación del presunto responsable y la estructura de las antiguas FARC a la que éste perteneció, pues les impondría una carga desproporcionada, convirtiéndolas en organismos de investigación para obtener información que en muchas ocasiones ni siquiera tienen las entidades del Estado, lo cual afectaría su derecho al acceso a la administración de justicia”.
El togado aseguró que fueron trasladados todos los archivos que recibieron con la información detallada sobre los hechos, que señalan circunstancias de tiempo, modo, lugar, víctimas, posible autoría y otros datos relevantes “con el objeto de maximizar el aporte a la verdad de los comparecientes, el cual implica no solamente responder a los señalamientos que se han hecho en su contra, sino también aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos y conductas de especial interés de la JEP”.
Los exguerrilleros también expresaron su inconformismo con la participación de las víctimas en las versiones voluntarias. La Sala de Reconocimiento les recordó que la participación de las víctimas en dichas diligencias “es fundamental para garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, por lo cual se seguirá permitiendo en el caso 05”. De hecho, dijo la JEP, ya han participado en los casos 02 (Situación territorial de Nariño), 03 (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado), y 04 (situación territorial en Urabá).
Por último, solicitaron un plazo entre la convocatoria a versiones voluntarias y la realización de las mismas. La Sala de Reconocimiento, aunque les llamó la atención por no estar preparados cuando hace más de un año se trasladó la información de los informes, en virtud de la situación sanitaria de la pandemia, les dio un plazo adicional de dos meses. Así que se retomarán las versiones en modalidad virtual el 28 de septiembre de 2020.
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El caso 05, actualmente, estudia los hechos victimizantes presuntamente cometidos por miembros de las Farc-EP y de la fuerza pública, entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada (Cauca) y los municipios de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria (Valle del Cauca).
Hasta ahora, en este caso se han acreditado más de 100 sujetos colectivos que reúnen a 36 pueblos indígenas, 63 organizaciones afrodescendientes y varias organizaciones comunitarias, los cuales reúnen a más de 164.000 víctimas. También se ha acreditado a los territorios ancestrales e individualmente a 65 personas. Entre las víctimas están el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), la Asociación de Cabildos Indígenas el gran territorio de Aguila UH WALA VXIC, la Asociación de Cabildos Indígenas Ukawesx Nasa Cxhab, la Asociación de Autoridades Territoriales de los Reasentamientos del Cauca Nasa Uss, la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca (Aconc), la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del norte del Cauca (Asom), y el Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca y Micro Cuenca de los Ríos Teta y Mazamorrero.