“La JEP alimenta el fuego de la guerra”: exFARC responden a palabras de magistrada
En un comunicado, el antiguo secretariado de las FARC se pronunció sobre las recientes declaraciones de la magistrada Xiomara Balanta, quien dijo que la JEP estaba “invadido” de casos de incumplimiento.
Tras varios pronunciamientos desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exsecretariado de las FARC emitió un comunicado en rechazo a los señalamientos sobre posibles incumplimientos y exigieron un proceso jurídico imparcial. La declaración más reciente fue por parte de la magistrada Xiomara Balanta, quien criticó que mientras los excombatientes se van en contra de la JEP, los magistrados están “invadidos” por casos de incumplimiento.
“Me gustaría decir que tengo pocos, pero estamos invadidos de casos que nosotros los llamamos incidentes de incumplimiento (...) Lastimosamente muchos de ellos volvieron a retomar el ataque armado”, dijo Balanta en el Primer Encuentro de Abogados y Defensores de Derechos Humanos y Justicia Racial, organizado por el Colectivo Justicia Racial.
Y agregó: “Nosotros tenemos múltiples críticas diciendo que nosotros estamos incumpliendo el Acuerdo final de Paz y yo de verdad le quiero decir al secretariado ¿ustedes creen que nosotros estamos incumpliendo el Acuerdo de Paz? ¿Somos nosotros por quitar beneficios cuando están incumpliéndole al país?”, cuestionó la togada Balanta.
Ante las declaraciones, los excombatientes aseguraron en el comunicado que la JEP busca desacreditar el compromiso de los firmantes de paz, por lo que hicieron un llamado a la magistrada de amnistías para que se declare inhibida de conocer casos de firmantes.
Lea también: Estas son las razones por las que casos de la JEP no podrían volver a justicia ordinaria
“Consideramos que la magistrada Balanta ha mostrado, tras las declaraciones conocidas hoy, un claro prejuicio y estigmatización hacia los excombatientes, lo cual compromete la imparcialidad y objetividad en la administración de justicia. Una vez más la JEP nos da la razón y demuestra su descarrilamiento y parcialidad. Lejos de ser un tribunal de cierre del conflicto, pareciera una institución que busca alimentar el fuego de la guerra”, señalan.
Asimismo, en el comunicado, los excombatientes ponen de manifiesto varias cifras para soportar su reclamo. Por un lado, señalan que de los 9.906 exintegrantes de las FARC que se han acreditado ante la JEP, solo 95 han sido excluidos por sentencia judicial, y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó que de las 14.129 personas que ingresaron al proceso de reincorporación, solo 230 no han podido ser ubicadas. “Estos datos demuestran el compromiso de la gran mayoría de los excombatientes con la construcción de paz”, se lee en el documento.
Los señalamientos de la JEP hacia firmantes
Las palabras de la magistrada Balanta se escucharon durante el Primer Encuentro de Abogados y Defensores de Derechos Humanos y Justicia Racial, organizado por el Colectivo Justicia Racial. Durante su intervención, la magistrada señaló que varios firmantes habían retornado a la guerra y luego regresaron a la JEP.
“Lastimosamente, muchos de ellos volvieron a retomar el ataque armado y entonces ellos son los que han vuelto a la JEP, y nosotros, como juzgado transicional, hemos tomado muchas decisiones diciéndole ‘Usted incumplió el Acuerdo Final de Paz y se volvió a alzar en armas, y como se volvió a alzar en armas, usted no tiene derecho a mantener libertad de la justicia ordinaria”, dijo Balanta.
Y agregó: “en Justicia Transicional le quitamos todos los beneficios transicionales y queda en manos de la justicia ordinaria para que reactiven todas las órdenes de captura”.
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En ese debate sobre justicia transicional y justicia ordinaria, la pelea entre excombatientes y la JEP volvió a estar en el radar esta semana. El presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, aseguró que si el tiempo no alcanza, entonces los casos que no se alcancen a investigar pasarían a la justicia ordinaria.
Las declaraciones de Ramelli fueron catalogadas por el senador Humberto de la Calle como “tremendamente graves” y Rodrigo Londoño, excombatiente y presidente del partido Comunes, indicó que sus palabras fueron “desafortunadas”.
A raíz de la polémica, ese tribunal especial se pronunció brevemente a través de sus redes sociales. “La JEP garantiza la seguridad jurídica y el cierre de los procesos judiciales para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y han contribuido a la verdad, la justicia y la restauración a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Los procesos jurídicos para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones culminarán según lo acordado en el Acuerdo de Paz”, se lee en una publicación en su cuenta en X.
✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
Tras varios pronunciamientos desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exsecretariado de las FARC emitió un comunicado en rechazo a los señalamientos sobre posibles incumplimientos y exigieron un proceso jurídico imparcial. La declaración más reciente fue por parte de la magistrada Xiomara Balanta, quien criticó que mientras los excombatientes se van en contra de la JEP, los magistrados están “invadidos” por casos de incumplimiento.
“Me gustaría decir que tengo pocos, pero estamos invadidos de casos que nosotros los llamamos incidentes de incumplimiento (...) Lastimosamente muchos de ellos volvieron a retomar el ataque armado”, dijo Balanta en el Primer Encuentro de Abogados y Defensores de Derechos Humanos y Justicia Racial, organizado por el Colectivo Justicia Racial.
Y agregó: “Nosotros tenemos múltiples críticas diciendo que nosotros estamos incumpliendo el Acuerdo final de Paz y yo de verdad le quiero decir al secretariado ¿ustedes creen que nosotros estamos incumpliendo el Acuerdo de Paz? ¿Somos nosotros por quitar beneficios cuando están incumpliéndole al país?”, cuestionó la togada Balanta.
Ante las declaraciones, los excombatientes aseguraron en el comunicado que la JEP busca desacreditar el compromiso de los firmantes de paz, por lo que hicieron un llamado a la magistrada de amnistías para que se declare inhibida de conocer casos de firmantes.
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“Consideramos que la magistrada Balanta ha mostrado, tras las declaraciones conocidas hoy, un claro prejuicio y estigmatización hacia los excombatientes, lo cual compromete la imparcialidad y objetividad en la administración de justicia. Una vez más la JEP nos da la razón y demuestra su descarrilamiento y parcialidad. Lejos de ser un tribunal de cierre del conflicto, pareciera una institución que busca alimentar el fuego de la guerra”, señalan.
Asimismo, en el comunicado, los excombatientes ponen de manifiesto varias cifras para soportar su reclamo. Por un lado, señalan que de los 9.906 exintegrantes de las FARC que se han acreditado ante la JEP, solo 95 han sido excluidos por sentencia judicial, y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó que de las 14.129 personas que ingresaron al proceso de reincorporación, solo 230 no han podido ser ubicadas. “Estos datos demuestran el compromiso de la gran mayoría de los excombatientes con la construcción de paz”, se lee en el documento.
Los señalamientos de la JEP hacia firmantes
Las palabras de la magistrada Balanta se escucharon durante el Primer Encuentro de Abogados y Defensores de Derechos Humanos y Justicia Racial, organizado por el Colectivo Justicia Racial. Durante su intervención, la magistrada señaló que varios firmantes habían retornado a la guerra y luego regresaron a la JEP.
“Lastimosamente, muchos de ellos volvieron a retomar el ataque armado y entonces ellos son los que han vuelto a la JEP, y nosotros, como juzgado transicional, hemos tomado muchas decisiones diciéndole ‘Usted incumplió el Acuerdo Final de Paz y se volvió a alzar en armas, y como se volvió a alzar en armas, usted no tiene derecho a mantener libertad de la justicia ordinaria”, dijo Balanta.
Y agregó: “en Justicia Transicional le quitamos todos los beneficios transicionales y queda en manos de la justicia ordinaria para que reactiven todas las órdenes de captura”.
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En ese debate sobre justicia transicional y justicia ordinaria, la pelea entre excombatientes y la JEP volvió a estar en el radar esta semana. El presidente de ese tribunal, Alejandro Ramelli, aseguró que si el tiempo no alcanza, entonces los casos que no se alcancen a investigar pasarían a la justicia ordinaria.
Las declaraciones de Ramelli fueron catalogadas por el senador Humberto de la Calle como “tremendamente graves” y Rodrigo Londoño, excombatiente y presidente del partido Comunes, indicó que sus palabras fueron “desafortunadas”.
A raíz de la polémica, ese tribunal especial se pronunció brevemente a través de sus redes sociales. “La JEP garantiza la seguridad jurídica y el cierre de los procesos judiciales para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y han contribuido a la verdad, la justicia y la restauración a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Los procesos jurídicos para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones culminarán según lo acordado en el Acuerdo de Paz”, se lee en una publicación en su cuenta en X.
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