Exsenador Musa Besaile pide pista en la JEP

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acaba de darle vía libre a la petición del exsenador Musa Besaile Fayad para que sea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que estudie y falle su expediente por parapolítica. Al considerar que existen evidencias suficientes de que los procesos por los cuales está siendo enjuiciado tienen relación con el conflicto armado colombiano, el alto tribunal decidió remitir el caso a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP, que a mediados de marzo próximo deberá definir si acepta o no a Besaile Fayad en esa jurisdicción. El auto de 31 páginas, en poder de El Espectador, fue firmado por los magistrados Jorge Caldas, Ramiro Marín y Ariel Augusto Torres el pasado 23 de enero.

(En contexto: Musa Besaile, primer congresista llamado a juicio por el cartel de la toga).

Besaile Fayad, otrora influyente parlamentario de Córdoba, fue detenido en agosto de 2017 al descubrirse que pagó $2.000 millones para engavetar su expediente por parapolítica. Fue la génesis del llamado cartel de la toga, en donde resultaron salpicados, entre otros, tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Francisco Ricaurte, José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino; el entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio en andanzas, Leonardo Pinilla (ambos extraditados y condenados en Estados Unidos), y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández, acusado por el Senado de la República por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión y utilización de asuntos sometidos a reserva.

El 1º de febrero de 2018, Musa Besaile Fayad fue llamado a juicio por los delitos de cohecho (soborno) y peculado por apropiación, pues existen pruebas de que los $2.000 millones que él mismo admitió haber pagado para que el proceso por parapolítica “durmiera el sueño de los justos” salieron de las arcas de la Gobernación de Córdoba, entonces en cabeza de su hermano Edwin Besaile, también procesado por la justicia y recientemente destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría. Según el expediente, ese soborno de Besaile fue entregado a principios de 2015 para frenar una inminente orden de captura en su contra y, de paso, remover de su cargo al investigador del caso, el magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien efectivamente lo fue.

(Le puede interesar: Confesión de Musa Besaile sería la prueba reina de la corrupción dentro de la Corte Suprema).

De allí que la defensa de Musa Besaile, al solicitar que la JEP asumiera este proceso, señalara que los delitos atribuidos a su cliente sí guardan “un vínculo indirecto” con el conflicto armado, pues “lo que se pretendía con la supuesta comisión de esos delitos era tapar el vínculo que mi mandante (Besaile) sostuvo con el actor ilegal armado que participó de manera directa con el conflicto armado”. Besaile Fayad, investigado por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa entre 1998 y 2005, ha solicitado el beneficio de detención domiciliaria alegando que padece una “enfermedad grave”. Sin embargo, el pasado 2 de octubre la Corte Suprema le negó dicha petición. Treinta y cinco días después, el 6 de noviembre de 2018, Besaile Fayad pidió pista en la JEP.

En 2007, la Corte Suprema había abierto indagación preliminar en contra del congresista porque, supuestamente, recibió apoyo de las Auc para llegar al Congreso. No obstante, el tema estuvo congelado en el alto tribunal durante más de 10 años. Fue apenas en enero de 2018, meses después de que la controversia por el cartel de la toga estallara, que el alto tribunal comenzó a investigarlo formalmente. A finales de junio de 2017, el exjefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Gustavo Moreno, fue detenido, y con él nació el escándalo de los sobornos a magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema a cambio de influir en procesos. Un mes más tarde, en los micrófonos de la W, Besaile admitió haberle dado $2.000 millones a Moreno.

De ser aceptado por esa jurisdicción, como ya lo fue el excongresista Álvaro Ashton (aunque este todavía sigue detenido), es probable que pronto los dos protagonistas del cartel de la toga que, según las evidencias recogidas, pagaron $2.600 millones para corromper la cúpula de la justicia, queden en libertad condicionada. De hecho, el auto de la Corte Suprema que avaló que el caso de Musa Besaile pasara a la JEP citó como antecedente, justamente, el expediente de Ashton. “En los dos casos el propósito del ofrecimiento dinerario era el de obtener decisiones favorables u obtener beneficios procesales indebidos dentro de sendos procesos que la misma Sala de Casación Penal adelantaba en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado por la promoción de grupos de autodefensa”.

(Más sobre este tema: Las pruebas que se tendrán en cuenta en juicio a Musa Besaile por cartel de la toga).

De esta manera, todo quedó en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz. La misma que ha recibido y estudiado los casos de otros políticos procesados por la Corte Suprema de Justicia, como el propio Ashton, David Char Navas, Álvaro García Romero, el exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal, la excongresista Zulema Jattin y Héctor Julio Alfonso López (el hijo de Enilce López, condenada a 37 años por homicidio), entre otros. En total, cerca de 500 solicitudes de civiles han sido recibidas por la Jurisdicción Especial para la Paz en los últimos meses. El caso Besaile Fayad es emblemático porque se entronca con el expediente del cartel de la toga, al que todavía parecen faltarle varias aristas.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acaba de darle vía libre a la petición del exsenador Musa Besaile Fayad para que sea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que estudie y falle su expediente por parapolítica. Al considerar que existen evidencias suficientes de que los procesos por los cuales está siendo enjuiciado tienen relación con el conflicto armado colombiano, el alto tribunal decidió remitir el caso a la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP, que a mediados de marzo próximo deberá definir si acepta o no a Besaile Fayad en esa jurisdicción. El auto de 31 páginas, en poder de El Espectador, fue firmado por los magistrados Jorge Caldas, Ramiro Marín y Ariel Augusto Torres el pasado 23 de enero.

(En contexto: Musa Besaile, primer congresista llamado a juicio por el cartel de la toga).

Besaile Fayad, otrora influyente parlamentario de Córdoba, fue detenido en agosto de 2017 al descubrirse que pagó $2.000 millones para engavetar su expediente por parapolítica. Fue la génesis del llamado cartel de la toga, en donde resultaron salpicados, entre otros, tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Francisco Ricaurte, José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino; el entonces fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Gustavo Moreno, y su socio en andanzas, Leonardo Pinilla (ambos extraditados y condenados en Estados Unidos), y el exmagistrado Gustavo Malo Fernández, acusado por el Senado de la República por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión y utilización de asuntos sometidos a reserva.

El 1º de febrero de 2018, Musa Besaile Fayad fue llamado a juicio por los delitos de cohecho (soborno) y peculado por apropiación, pues existen pruebas de que los $2.000 millones que él mismo admitió haber pagado para que el proceso por parapolítica “durmiera el sueño de los justos” salieron de las arcas de la Gobernación de Córdoba, entonces en cabeza de su hermano Edwin Besaile, también procesado por la justicia y recientemente destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría. Según el expediente, ese soborno de Besaile fue entregado a principios de 2015 para frenar una inminente orden de captura en su contra y, de paso, remover de su cargo al investigador del caso, el magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien efectivamente lo fue.

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De allí que la defensa de Musa Besaile, al solicitar que la JEP asumiera este proceso, señalara que los delitos atribuidos a su cliente sí guardan “un vínculo indirecto” con el conflicto armado, pues “lo que se pretendía con la supuesta comisión de esos delitos era tapar el vínculo que mi mandante (Besaile) sostuvo con el actor ilegal armado que participó de manera directa con el conflicto armado”. Besaile Fayad, investigado por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa entre 1998 y 2005, ha solicitado el beneficio de detención domiciliaria alegando que padece una “enfermedad grave”. Sin embargo, el pasado 2 de octubre la Corte Suprema le negó dicha petición. Treinta y cinco días después, el 6 de noviembre de 2018, Besaile Fayad pidió pista en la JEP.

En 2007, la Corte Suprema había abierto indagación preliminar en contra del congresista porque, supuestamente, recibió apoyo de las Auc para llegar al Congreso. No obstante, el tema estuvo congelado en el alto tribunal durante más de 10 años. Fue apenas en enero de 2018, meses después de que la controversia por el cartel de la toga estallara, que el alto tribunal comenzó a investigarlo formalmente. A finales de junio de 2017, el exjefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Gustavo Moreno, fue detenido, y con él nació el escándalo de los sobornos a magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema a cambio de influir en procesos. Un mes más tarde, en los micrófonos de la W, Besaile admitió haberle dado $2.000 millones a Moreno.

De ser aceptado por esa jurisdicción, como ya lo fue el excongresista Álvaro Ashton (aunque este todavía sigue detenido), es probable que pronto los dos protagonistas del cartel de la toga que, según las evidencias recogidas, pagaron $2.600 millones para corromper la cúpula de la justicia, queden en libertad condicionada. De hecho, el auto de la Corte Suprema que avaló que el caso de Musa Besaile pasara a la JEP citó como antecedente, justamente, el expediente de Ashton. “En los dos casos el propósito del ofrecimiento dinerario era el de obtener decisiones favorables u obtener beneficios procesales indebidos dentro de sendos procesos que la misma Sala de Casación Penal adelantaba en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado por la promoción de grupos de autodefensa”.

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De esta manera, todo quedó en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz. La misma que ha recibido y estudiado los casos de otros políticos procesados por la Corte Suprema de Justicia, como el propio Ashton, David Char Navas, Álvaro García Romero, el exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal, la excongresista Zulema Jattin y Héctor Julio Alfonso López (el hijo de Enilce López, condenada a 37 años por homicidio), entre otros. En total, cerca de 500 solicitudes de civiles han sido recibidas por la Jurisdicción Especial para la Paz en los últimos meses. El caso Besaile Fayad es emblemático porque se entronca con el expediente del cartel de la toga, al que todavía parecen faltarle varias aristas.