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“Este informe que presentamos 10 organizaciones de derechos humanos pretende llamar la atención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre aquellos máximos responsables, que por su nivel jerárquico deberían ser vinculados a la JEP como comparecientes forzosos; para ser escuchados en versiones voluntarias y así luego del correspondiente ejercicio de contrastación considerar su grado de participación en el diseño, implementación, difusión y continuidad de la política institucional que facilitó la comisión de las ejecuciones extrajudiciales”. Así inicia el informe “Ellos sabían, ¿dieron la orden? El Salto de Principio de Distinción a la Barbarie”, hecho por el Espacio de Litigio Estratégico, compuesto por 10 organizaciones que llevan más de 20 años trabajando por la defensa de los derechos humanos en Colombia y que participan e inciden ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El documento fue construido con base en un ejercicio de contrastación entre las versiones de comparecientes, expedientes y/o informes de Fiscalía, Procuraduría, Sistema Penal Acusatorio, Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).
El informe fue entregado el pasado 18 de marzo a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los hechos y conductas de la JEP en el marco del Caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales o también llamados ‘falsos positivos‘, pero solo hasta este jueves se presentó públicamente. En el texto se afirma que desde 2006 altos mandos militares y civiles tenían conocimiento sobre las ejecuciones extrajudiciales, una práctica en la que se asesinaron civiles para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate, y que cobró la vida de 6.402 víctimas en el periodo de 2002 al 2008, según hallazgos de la JEP.
Vea aquí el informe completo:
En la lista de responsables propuesta por las organizaciones del Espacio de Litigio Estratégico para que sean llamados por la JEP a rendir versión voluntaria o en calidad de testigos sobre sus responsabilidades, conocimiento y omisión frente a este caso hay altos mandos civiles y militares. Entre ellos están Álvaro Uribe Vélez, presidente en el momento de las ejecuciones, y sus dos ministros de Defensa, Camilo Ospina Bernal y Juan Manuel Santos. También Sergio Jaramillo Caro, exviceministro para los derechos humanos en el Ministerio de Defensa y uno de los negociadores del Acuerdo de Paz. Así mismo, aparecen los excomandantes del Ejército, generales Fredy Padilla de León, Mario Montoya Uribe y Óscar González Peña; y los mayores generales y exinspectores del Ejército Carlos Lemus Pedraza y Carlos Orlando Quiroga Ferreira. Además es mencionado el coronel Roberto Pico Hernández, excomandante del Batallón Pedro Nel Ospina.
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En el informe también se encuentra el análisis de al menos 50 declaraciones públicas del presidente Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con las organizaciones, los discursos de odio y estigmatización característicos de la política de Seguridad Democrática, insignia de su gobierno, sustentaron el desarrollo y perduración de los falsos positivos. “Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos. Muchas de esas críticas las han tomado de la página de internet de las Farc. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos”, dice una de las frases que señala el informe y que hace parte de un discurso del expresidente en el reconocimiento a las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba el 15 de agosto de 2002.
Una de las principales conclusiones del informe es la relación directa entre el incremento de las ejecuciones extrajudiciales y la consolidación de la política de Seguridad Democrática, por la búsqueda de resultados exitosos, la cual fue bandera del gobierno Uribe.
“Consideramos que el uso político que se dio a las ejecuciones extrajudiciales, sirvió para implementar en el imaginario de la población colombiana una percepción de triunfo de la actividad militar, comandada por el presidente de la república del momento Álvaro Uribe Vélez definida como política de ‘Seguridad Democrática’ (2002 a 2010)”, asegura el documento.
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Para el Espacio de Litigio Estratégico el objetivo de este informe es que la JEP se enfoque en la responsabilidad de las personas que por su liderazgo, autonomía y grado de poder, incentivaron, motivaron y omitieron crear sanciones para detener las ejecuciones extrajudiciales y castigar a quienes participaron en cualquier nivel.
“Es necesario en aras de poder analizar si existió o no responsabilidad penal de las personas que en su momento conformaron la comandancia de las fuerzas militares y ejército nacional hacer un estudio de las directivas, circulares y demás documentos que para la época se expidieron y que de alguna forma advierten la exigencia por resultados operacionales (bajas en combate) o estimularon la comisión de los mismos por medio de premios como condecoraciones, permisos, ascensos y demás prebendas, o simplemente la entrega de provisiones básicas de supervivencia a los soldados en territorio a condición de presentar resultados”, indica el documento.
Las organizaciones también piden que la información del informe “se acopie, sistematice y contraste” para “determinar los elementos que sustentan la responsabilidad de aquellos que dieron las órdenes o quien conociendo dichas omitieron las acciones para detener estas prácticas”.
El Espacio de Litigio Estratégico también solicita que se expidan medidas cautelares sobre la documentación utilizada para la creación de este informe y autorizar la inspección judicial del archivo del Congreso de la República para tener acceso al material adicional sobre denuncias y pronunciamientos de las ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2008.
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El informe se presenta apenas una semana después de que la JEP realizara la inédita audiencia de reconocimiento de responsabilidades de militares por los ‘falsos positivos’. En esta diligencia, que duró dos días y se celebró en Ocaña, Norte de Santander, participaron diez militares -entre ellos un general- y un civil, quienes asumieron su responsabilidad por al menos 120 personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008 en la región del Catatumbo de ese departamento fronterizo. También aceptaron haber creado una “estructura militar para mejorar las estadísticas de bajas” y pidieron perdón a las familias de las víctimas.
Sin embargo, después de escuchar durante dos días los testimonios, las víctimas reclamaron más verdad sobre la participación de altos mandos militares, funcionarios y terceros civiles que participaron de estos crímenes.
Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, desaparecido el 23 de agosto de 2008 y quien apareció muerto el 25 de agosto de ese año en Ocaña, y quien fue la primera víctima en intervenir en esas audiencias insistió en que las víctimas quieren los nombres de quienes estuvieron detrás de las decisiones que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales. “Nos hicieron daño y muchísimo a las madres, al barrio, a la comunidad. Hoy les pido que digan la verdad y echen al agua desde [el expresidente Álvaro] Uribe en adelante porque yo sé que él tiene la culpa, [el expresidente Juan Manuel] Santos tiene la culpa, [el general Freddy] Padilla tiene la culpa, [el general Mario] Montoya tiene la culpa. Díganlo, pero con nombres propios”, dijo Gómez.
De hecho, en un episodio que no se vio en la transmisión de televisión, se pusieron de pie masivamente y ondearon carteles en los que se leyó: “Aquí faltó verdad”, “¿Quién dio la orden?”, “faltan máximos responsables”, y “Quiero a Montoya ya”. Esto último en referencia al general Mario Montoya.
Organismos internacionales habían alertado sobre falsos positivos
El equipo del Espacio de Litigio Estratégico analizó alertas, comunicaciones entre instituciones y organismos nacionales e internacionales, y espacios de reunión entre servidores públicos miembros del Ejército, el Ministerio de Defensa y de la Presidencia, entre el 2006 y 2010, que evidencian la presentación de información relacionada con las ejecuciones extrajudiciales.
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Por ejemplo, se muestra que en 2006 la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos recibió la denuncia de 130 casos de ejecuciones extrajudiciales aproximadamente, provenientes de organismos como el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos de Antioquia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). De acuerdo con el informe, el 21 de marzo de ese mismo año, el vicepresidente de la época Francisco Santos Calderón recibió comunicación directa de esa oficina de Naciones Unidas sobre “la persistencia de homicidios en el departamento de Antioquia con características de ejecuciones extrajudiciales”.
Otra comunicación de esa entidad, pero del 1 de junio de 2006 fue dirigida, dice el documento, al entonces ministro de Defensa Camilo Ospina donde expresaban su preocupación por la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales entre 2005 y 2006 con un total de 36 casos en diferentes partes del país. Una más fue enviada el 12 de septiembre al ministro Juan Manuel Santos y en esta se documentaban cinco casos en Putumayo.
Según los investigadores, la información arrojó que durante el 2006, el Gobierno hizo caso omiso a las denuncias y preocupaciones manifestadas por organismos de derechos humanos y fue tan solo en junio de 2007 que la institucionalidad comenzó a asumir una postura, aunque no fue la esperada.
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“El 22 de junio de 2007 el Inspector general del Ejército, mayor general Carlos Orlando Quiroga Ferreira, emite un oficio dirigido al Inspector General de las Fuerzas Militares, donde señala que dar por ciertas las acusaciones esgrimidas en contra de las Fuerzas militares, es una estrategia de los enemigos de la Política de Seguridad Democrática para deslegitimar la institución y que, a su vez, la implementación de la expresión: “ejecuciones extrajudiciales” vulnera el debido proceso, el derecho de defensa y la honra de la institución y los individuos que la componen”, se encuentra en el documento.
En el siguiente gráfico, que hace parte del informe “Ellos sabían, ¿dieron la orden?”, se condensan los nombres de los funcionarios públicos que recibieron denuncias o participaron en reuniones donde se abordó el tema de las ejecuciones extrajudiciales:
El equipo del Espacio de Litigio Estratégico encontró que entre el año 2006 y el 2008 fueron cometidos 2.401 ejecuciones extrajudiciales en 10 departamentos del país, registrados de la siguiente manera: 721 casos en Antioquia; 225 en Huila; 223 en Meta; 205 en Caquetá; 204 en Norte de Santander; 202 en Tolima; 168 en Cesar; 163 en Casanare; 158 en Cauca y 133 en La Guajira.
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El informe estableció la línea de mando de la comandancia de las Fuerzas Militares durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez para identificar el nivel de responsabilidad a nivel territorial y nacional y de los Ministros, Comandantes, Inspectores, Jefes Mayores y Jefes de Operaciones durante este periodo.
Para las víctimas, según el informe, la identificación de la línea de mando es clave para identificar la dimensión del fenómeno. “Son responsables de la comisión de las ejecuciones extrajudiciales, porque como se demostrará existían directivas, circulares y otros documentos que incentivaron la práctica, pero también existieron denuncias oportunas de la población civil y nunca se hizo nada para controlar y parar lo que estaba ocurriendo”, resaltaron los autores del informe.
La Asociación Para la Promoción Social Alternativa (MINGA); el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda; la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR); la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP); la Corporación Jurídica Libertad; la Corporación Jurídica Yira Castro; y la Humanidad Vigente Corporación Jurídica conforman el Espacio de Litigio Estratégico. Según este escenario, se juntaron para diseñar estrategias que impulsen “las acciones encaminadas de forma particular a obtener un mejor resultado procesal en los casos presentados, ante diferentes escenarios de justicia nacionales e internacionales”. Uno de esos temas centrales, las ejecuciones extrajudiciales.