El diario de Ana Socorro, la madre que buscó a su hijo víctima de falsos positivos
En 2007, Ana Socorro Valencia perdió a su hijo Diyer Andrés Varona Valencia, de 23 años. El joven fue asesinado por el Ejército, que lo reportó como muerto en combate. Por años, Ana Socorro escribió en cuadernos su historia, su lucha por encontrar justicia y por saber quién dio la orden.
Sara Cristina Tejada Chávez *
Un cuaderno de 16 por 21 centímetros guarda en sus hojas las memorias de Ana Socorro Valencia sobre el asesinato de uno de sus hijos a manos del Gaula del Ejército, el 7 de septiembre de 2007. En total dejó siete cuadernos que ahora su hija, Miryam Ortega Valencia, guarda en alguna parte del rancho para conservar la memoria de su madre por medio de las letras.
Como resultado de la Misión Táctica Orión 31, el 7 de octubre de 2007 el teniente Wílmar Criollo Lucumí reportó una baja en combate por parte de su destacamento, así quedó registrado en el informe 686977 del Grupo de Investigación Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, fechado el 4 de julio de 2012. En esa operación asesinaron a Diyer, quien salió el 29 de septiembre de su casa en el barrio Los Campos, en Popayán, con destino a Montería en búsqueda de un trabajo que mejorara sus condiciones de vida.
En contexto: El inédito reconocimiento de militares por “falsos positivos”
En Los Campos, barrio de la comuna 7, de casas de ladrillo a la vista, ranchos pequeños de autoconstrucción, Diyer creció junto a sus amigos Efrén Darío Chantré Rivera, Balbino Arley Gómez y Yeison David Idrobo, con quienes solía jugar al fútbol y que también fueron asesinados por el Gaula, en Córdoba, en fechas diferentes a la suya.
Pasó un mes desde la partida de ‘Yiyo’, como le decía cariñosamente su familia, y Ana Socorro sentía escalofríos como agujas por todo el cuerpo. “No me llamaba, empecé a inquietarme, empecé con angustias, y yo siempre mandaba a llamar a esa mujer, a Vicky, y la contestación de ella era: están bien, ellos están bien”, narró años después en una entrevista para el libro Camuflados, de los periodistas Andrés Córdoba, Omar Galvis y Harold Ordóñez.
En su diario, Ana Socorro marcó el 22 de junio de 2008 como la fecha en la que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía le reportó la muerte de su hijo en el norte del país. Aunque en realidad la diligencia se hizo el 9 de junio de ese mismo año, un día antes de que Ana Socorro reportara la desaparición de Diyer ante la Procuraduría Regional de Cauca.
Le puede interesar: “No encontrábamos la guerrilla, pero había que dar resultados”: cabo del Ejército
Tres kilómetros y medio separan el barrio Los Campos del centro de Popayán. Caminar de un punto a otro son, mal contados, unos cuarenta y cinco minutos. Ese trayecto está marcado en la memoria de Luz Nelsy Rivera, madre de Efrén Darío Chantré, porque junto a Ana Socorro lo recorrieron incontables veces desde finales de 2007.
Luz Nelsy recuerda cómo iban juntas para todos lados. Fueron a emisoras, buscaron en el CTI, en la Alcaldía de Popayán, en la Gobernación de Cauca, en la Defensoría del Pueblo y en la Procuraduría. Así quedó registrado en el oficio remitido por Victoria Eugenia Coronado, Procuradora Regional del Cauca, a María Beatriz Silva Ortiz, directora seccional del CTI de Córdoba, el 9 de julio de 2008. En la misiva, Coronado le pidió información a la oficina de Montería sobre los muchachos desaparecidos y, de ser cierta su muerte, solicitó “colaboración con la entrega de los despojos mortales para proceder a darles cristiana sepultura”. “Nosotros empezamos a luchar, porque lo que queríamos era tener a nuestros hijos aquí, en Popayán, que nos colaboraran. Ahí fue donde nos entregaron los restos de ellos”, explica Luz Nelsy.
La página diez del diario de Ana Socorro inicia con la pregunta que se hacen muchos familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales: “¿Quién dio la orden?”. La Misión Táctica Orión 31 fue ordenada por el entonces mayor Julio César Parga Rivas, en el marco de la Operación Ébano. En el proceso que adelantó la Fiscalía para esclarecer los asesinatos de al menos cuarenta y seis personas, Parga Rivas aceptó los cargos por los delitos de homicidio en persona protegida, peculado por apropiación y falsedad en documento público.
Vea: El mayor Parga, condenado por ‘falsos positivos’, no pedirá perdón
El 1 de diciembre de 2011, Parga Rivas le dijo a la Fiscalía que: “en las diferentes operaciones militares, como le he confesado a usted, señor fiscal, se hicieron gastos para comprar armas, pagos para otras personas que supuestamente son informantes y que en realidad no eran sino sapos de la red de cooperantes. (…) Hubo gastos en esas Misiones Tácticas antes de la realización de las mismas, entonces yo en esos casos les di la plata a los oficiales responsables de las Misiones Tácticas, como son el teniente Arias y el teniente Criollo, para que ellos dispusieran de ellas en el desarrollo de cada una de las misiones que cada uno tenía como liderazgo”. Esta confesión llevó a la sentencia anticipada del 30 de julio de 2012, con la cual Parga Rivas fue condenado a treinta años de prisión. El teniente Wílmar Criollo Lucumí coordinó las Misiones Tácticas responsables de asesinar a los cuatro jóvenes payaneses del barrio Los Campos, según la Fiscalía en el Informe 621812 del 16 de agosto, en la investigación del proceso 6820 contra Parga Rivas, por homicidio agravado en persona protegida.
El 11 de marzo de 2015, tras su apelación a la sentencia de julio de 2012, Parga Rivas fue condenado a veinte años de cárcel por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, que lo responsabilizó de “concurso homogéneo de homicidios” por causar la muerte a 46 personas.
Los asesinatos que reconoce la sentencia son los de Edwin Carlos Rodríguez Romero, Yeimer Alfredo Morales Pérez, Douglas José Cuello Pico, Elver Adrián Casallas Morales, Andrés Felipe Marín Peláez, Amaury Enrique Mercado Montes, Cristian Manuel Suárez Pardo, Jan Alexander Palma Martínez, Jhonsnin Darío Hernández Ortiz, Humberto Alonso Márquez, Juan Carlos Maestre, Juan Diego Vergara, Henry Richard Castro Narváez, Fernelys Enrique Villadiego Corrales, Jhonattan Luis González Prens, Michael de Jesús Sevilla Rodríguez, Ludwin Ericsson Ortega Arrieta, Diyer Andrés Barona Valencia, Efrén Darío Chantré Rivera, Yeison David Hidrovo Hoyos, Néstor Manuel Simanca Salcedo, Isaac Hernández Clemente, Cristian Javier Vergara Ozuna, Luis Fernando Mejía Vides, Miguel E. Jiménez Chamorro, Frank Padilla Bandera, Jhon Jairo Colon (¿Colón?)Anaya, Dayner José de Hoyos, Juan Carlos Barreto, Sicardi Julio Quiroz, Jair Hernández Meneo, Jorge Jovanny Rojas Arias, Rodolfo Antonio Bohórquez Manjarrez, Harold Andrés Gutiérrez González, Ricardo Antonio Molina Osorio, Ronald de Jesús Berdugo Molina, César Augusto Fonseca Morales, José Rafael Fonseca Morales, José Ramón Fonseca Cassiani y seis personas más sin identificar.
Pero la búsqueda de verdad no terminó ahí. El 24 de septiembre de 2021, Parga Rivas compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz; y el 19 de octubre de ese año entregó versión libre ante el tribunal. El caso de Parga Rivas en la JEP sigue abierto.
En contexto: Kankuamo, el pueblo indígena de la Sierra Nevada al que señalaron de ser guerrillero
Sin lugar para el olvido
Una cajita mediana le entregó la Procuraduría a cada una de las cuatro familias. El reporte de la prensa de esos días describe cómo los osarios se dispusieron de forma lineal en el jardín de la Procuraduría del Cauca.
Diana Pito, secretaria técnica del Capítulo Cauca del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) cuenta que “al final doña Ana tenía una insistencia sobre que recibieron unos cuerpos que no eran los de sus hijos: ‘a nosotras nos engañaron, nos entregaron unos cuerpos que no son los de nuestros hijos’. Ese es un reclamo constante y va a quedar en el Capítulo. Aunque la Defensoría estaba con ellas cuando les entregaron los cuerpos, siempre existió esa duda. Yo siempre tuve la inquietud de por qué habían comentado que los cuerpos llegaron con cucarachas y todo eso, cuando se supone que jamás en una entrega digna podían pasar ese tipo de cosas y, de hecho, ellas no podían tener contacto [con los restos] en caso de que estuvieran en ese tipo de estado”.
En la diligencia del 23 de abril de 2009, Diego Osorio Ángel, del grupo de investigación de la Fiscalía 69 de Derechos Humanos, le expuso a Ana Socorro los folios pertenecientes a la inspección de un cadáver. Su mano apretaba fuertemente unas hojas tamaño carta, que contenían fotografías de la Misión Orión 31 y que mostraban a un joven de 23 años de piel trigueña tumbado en el suelo. Ana Socorro sostuvo su humanidad con dificultad, apretó las fotos con fuerza, vio el tatuaje de Mickey Mouse del brazo izquierdo, seña particular de Diyer, y confirmó que el cadáver tirado en el pasto era de su ‘Yiyo’.
El 8 de mayo de 2015, Ana Socorro supo que su dolor no era único. En el Primer Encuentro Nacional de Víctimas de Falsos Positivos, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos como la Asociación Minga, el CINEP, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Movice revelaron que el número de casos, para ese momento, era de 5700. El padre Javier Giraldo, director de Derechos Humanos del CINEP, afirmó que la justicia penal militar, el sistema de recompensas por resultados y la posibilidad de pago a reclutadores por medio de rubros discrecionales impedían parar la práctica de reclutamiento y ejecución extrajudicial.
Seis años más tarde, en 2021, la JEP determinó que entre 2002 y 2008, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, el número de casos fue por lo menos de 6402. “Ese señor Uribe creía que todo lo que les dio a los militares de prebendas, de permiso, de plata, creía que todo se iba a quedar en la impunidad, pero mire lo que está pasando ahorita. Porque si él estuvo en contra de nosotras hay otros que estarán en contra de él”, dijo por esos días Ana Socorro, para quien la pregunta seguía siendo la misma: ¿Quién dio la orden?
La memoria de una memoriosa
Jorge Luis Borges escribió sobre Funes el memorioso, aquel hombre que no olvidaba nada, no dormía, no depuraba recuerdos. Pues así era Ana Socorro con sus cuadernos: no quería olvidar nada de su hijo ni de las personas que le dieron una mano en su búsqueda y en la empresa de limpiar su nombre, pues ‘Yiyo’ no era un criminal.
En contexto: ‘Falsos positivos’: 5 militares que serían fichas claves no aparecen en imputación
Ana Socorro murió el 25 de agosto de 2022, y en su despedida Miryam Ortega, la hija que estuvo a su lado en sus últimos días de vida, le rindió homenaje también por medio de las letras:
Si me preguntas por mi madre te diré…
Si me preguntas por mi madre te diré…
Es la poeta que su pena plasmaba
Que mostraba al mundo una sonrisa forzada
Cuando toda su alma estaba destrozada
(…)
De mi madre aprendimos tantas cosas
Menos a vivir sin ella, aunque siempre quiso dejarnos
Por un abrazo de los hijos que las balas le robaron
Hoy quizás estará feliz con ellos y quienes quedamos lloramos junto a su tumba
O en los recuerdos guardados
De quien aprendí al dolor en letras plasmarlo.
* Esta historia forma parte del especial periodístico ‘Memorias en resistencia’, como resultado de la formación ‘CdR/Lab Visitar el pasado para comprender el presente: periodismo para cubrir la memoria del conflicto en Colombia’, iniciativa de CdR, gracias al apoyo del Servicio Civil para la Paz de Agiamondo.
Un cuaderno de 16 por 21 centímetros guarda en sus hojas las memorias de Ana Socorro Valencia sobre el asesinato de uno de sus hijos a manos del Gaula del Ejército, el 7 de septiembre de 2007. En total dejó siete cuadernos que ahora su hija, Miryam Ortega Valencia, guarda en alguna parte del rancho para conservar la memoria de su madre por medio de las letras.
Como resultado de la Misión Táctica Orión 31, el 7 de octubre de 2007 el teniente Wílmar Criollo Lucumí reportó una baja en combate por parte de su destacamento, así quedó registrado en el informe 686977 del Grupo de Investigación Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, fechado el 4 de julio de 2012. En esa operación asesinaron a Diyer, quien salió el 29 de septiembre de su casa en el barrio Los Campos, en Popayán, con destino a Montería en búsqueda de un trabajo que mejorara sus condiciones de vida.
En contexto: El inédito reconocimiento de militares por “falsos positivos”
En Los Campos, barrio de la comuna 7, de casas de ladrillo a la vista, ranchos pequeños de autoconstrucción, Diyer creció junto a sus amigos Efrén Darío Chantré Rivera, Balbino Arley Gómez y Yeison David Idrobo, con quienes solía jugar al fútbol y que también fueron asesinados por el Gaula, en Córdoba, en fechas diferentes a la suya.
Pasó un mes desde la partida de ‘Yiyo’, como le decía cariñosamente su familia, y Ana Socorro sentía escalofríos como agujas por todo el cuerpo. “No me llamaba, empecé a inquietarme, empecé con angustias, y yo siempre mandaba a llamar a esa mujer, a Vicky, y la contestación de ella era: están bien, ellos están bien”, narró años después en una entrevista para el libro Camuflados, de los periodistas Andrés Córdoba, Omar Galvis y Harold Ordóñez.
En su diario, Ana Socorro marcó el 22 de junio de 2008 como la fecha en la que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía le reportó la muerte de su hijo en el norte del país. Aunque en realidad la diligencia se hizo el 9 de junio de ese mismo año, un día antes de que Ana Socorro reportara la desaparición de Diyer ante la Procuraduría Regional de Cauca.
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Tres kilómetros y medio separan el barrio Los Campos del centro de Popayán. Caminar de un punto a otro son, mal contados, unos cuarenta y cinco minutos. Ese trayecto está marcado en la memoria de Luz Nelsy Rivera, madre de Efrén Darío Chantré, porque junto a Ana Socorro lo recorrieron incontables veces desde finales de 2007.
Luz Nelsy recuerda cómo iban juntas para todos lados. Fueron a emisoras, buscaron en el CTI, en la Alcaldía de Popayán, en la Gobernación de Cauca, en la Defensoría del Pueblo y en la Procuraduría. Así quedó registrado en el oficio remitido por Victoria Eugenia Coronado, Procuradora Regional del Cauca, a María Beatriz Silva Ortiz, directora seccional del CTI de Córdoba, el 9 de julio de 2008. En la misiva, Coronado le pidió información a la oficina de Montería sobre los muchachos desaparecidos y, de ser cierta su muerte, solicitó “colaboración con la entrega de los despojos mortales para proceder a darles cristiana sepultura”. “Nosotros empezamos a luchar, porque lo que queríamos era tener a nuestros hijos aquí, en Popayán, que nos colaboraran. Ahí fue donde nos entregaron los restos de ellos”, explica Luz Nelsy.
La página diez del diario de Ana Socorro inicia con la pregunta que se hacen muchos familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales: “¿Quién dio la orden?”. La Misión Táctica Orión 31 fue ordenada por el entonces mayor Julio César Parga Rivas, en el marco de la Operación Ébano. En el proceso que adelantó la Fiscalía para esclarecer los asesinatos de al menos cuarenta y seis personas, Parga Rivas aceptó los cargos por los delitos de homicidio en persona protegida, peculado por apropiación y falsedad en documento público.
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El 1 de diciembre de 2011, Parga Rivas le dijo a la Fiscalía que: “en las diferentes operaciones militares, como le he confesado a usted, señor fiscal, se hicieron gastos para comprar armas, pagos para otras personas que supuestamente son informantes y que en realidad no eran sino sapos de la red de cooperantes. (…) Hubo gastos en esas Misiones Tácticas antes de la realización de las mismas, entonces yo en esos casos les di la plata a los oficiales responsables de las Misiones Tácticas, como son el teniente Arias y el teniente Criollo, para que ellos dispusieran de ellas en el desarrollo de cada una de las misiones que cada uno tenía como liderazgo”. Esta confesión llevó a la sentencia anticipada del 30 de julio de 2012, con la cual Parga Rivas fue condenado a treinta años de prisión. El teniente Wílmar Criollo Lucumí coordinó las Misiones Tácticas responsables de asesinar a los cuatro jóvenes payaneses del barrio Los Campos, según la Fiscalía en el Informe 621812 del 16 de agosto, en la investigación del proceso 6820 contra Parga Rivas, por homicidio agravado en persona protegida.
El 11 de marzo de 2015, tras su apelación a la sentencia de julio de 2012, Parga Rivas fue condenado a veinte años de cárcel por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, que lo responsabilizó de “concurso homogéneo de homicidios” por causar la muerte a 46 personas.
Los asesinatos que reconoce la sentencia son los de Edwin Carlos Rodríguez Romero, Yeimer Alfredo Morales Pérez, Douglas José Cuello Pico, Elver Adrián Casallas Morales, Andrés Felipe Marín Peláez, Amaury Enrique Mercado Montes, Cristian Manuel Suárez Pardo, Jan Alexander Palma Martínez, Jhonsnin Darío Hernández Ortiz, Humberto Alonso Márquez, Juan Carlos Maestre, Juan Diego Vergara, Henry Richard Castro Narváez, Fernelys Enrique Villadiego Corrales, Jhonattan Luis González Prens, Michael de Jesús Sevilla Rodríguez, Ludwin Ericsson Ortega Arrieta, Diyer Andrés Barona Valencia, Efrén Darío Chantré Rivera, Yeison David Hidrovo Hoyos, Néstor Manuel Simanca Salcedo, Isaac Hernández Clemente, Cristian Javier Vergara Ozuna, Luis Fernando Mejía Vides, Miguel E. Jiménez Chamorro, Frank Padilla Bandera, Jhon Jairo Colon (¿Colón?)Anaya, Dayner José de Hoyos, Juan Carlos Barreto, Sicardi Julio Quiroz, Jair Hernández Meneo, Jorge Jovanny Rojas Arias, Rodolfo Antonio Bohórquez Manjarrez, Harold Andrés Gutiérrez González, Ricardo Antonio Molina Osorio, Ronald de Jesús Berdugo Molina, César Augusto Fonseca Morales, José Rafael Fonseca Morales, José Ramón Fonseca Cassiani y seis personas más sin identificar.
Pero la búsqueda de verdad no terminó ahí. El 24 de septiembre de 2021, Parga Rivas compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz; y el 19 de octubre de ese año entregó versión libre ante el tribunal. El caso de Parga Rivas en la JEP sigue abierto.
En contexto: Kankuamo, el pueblo indígena de la Sierra Nevada al que señalaron de ser guerrillero
Sin lugar para el olvido
Una cajita mediana le entregó la Procuraduría a cada una de las cuatro familias. El reporte de la prensa de esos días describe cómo los osarios se dispusieron de forma lineal en el jardín de la Procuraduría del Cauca.
Diana Pito, secretaria técnica del Capítulo Cauca del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) cuenta que “al final doña Ana tenía una insistencia sobre que recibieron unos cuerpos que no eran los de sus hijos: ‘a nosotras nos engañaron, nos entregaron unos cuerpos que no son los de nuestros hijos’. Ese es un reclamo constante y va a quedar en el Capítulo. Aunque la Defensoría estaba con ellas cuando les entregaron los cuerpos, siempre existió esa duda. Yo siempre tuve la inquietud de por qué habían comentado que los cuerpos llegaron con cucarachas y todo eso, cuando se supone que jamás en una entrega digna podían pasar ese tipo de cosas y, de hecho, ellas no podían tener contacto [con los restos] en caso de que estuvieran en ese tipo de estado”.
En la diligencia del 23 de abril de 2009, Diego Osorio Ángel, del grupo de investigación de la Fiscalía 69 de Derechos Humanos, le expuso a Ana Socorro los folios pertenecientes a la inspección de un cadáver. Su mano apretaba fuertemente unas hojas tamaño carta, que contenían fotografías de la Misión Orión 31 y que mostraban a un joven de 23 años de piel trigueña tumbado en el suelo. Ana Socorro sostuvo su humanidad con dificultad, apretó las fotos con fuerza, vio el tatuaje de Mickey Mouse del brazo izquierdo, seña particular de Diyer, y confirmó que el cadáver tirado en el pasto era de su ‘Yiyo’.
El 8 de mayo de 2015, Ana Socorro supo que su dolor no era único. En el Primer Encuentro Nacional de Víctimas de Falsos Positivos, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos como la Asociación Minga, el CINEP, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Movice revelaron que el número de casos, para ese momento, era de 5700. El padre Javier Giraldo, director de Derechos Humanos del CINEP, afirmó que la justicia penal militar, el sistema de recompensas por resultados y la posibilidad de pago a reclutadores por medio de rubros discrecionales impedían parar la práctica de reclutamiento y ejecución extrajudicial.
Seis años más tarde, en 2021, la JEP determinó que entre 2002 y 2008, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, el número de casos fue por lo menos de 6402. “Ese señor Uribe creía que todo lo que les dio a los militares de prebendas, de permiso, de plata, creía que todo se iba a quedar en la impunidad, pero mire lo que está pasando ahorita. Porque si él estuvo en contra de nosotras hay otros que estarán en contra de él”, dijo por esos días Ana Socorro, para quien la pregunta seguía siendo la misma: ¿Quién dio la orden?
La memoria de una memoriosa
Jorge Luis Borges escribió sobre Funes el memorioso, aquel hombre que no olvidaba nada, no dormía, no depuraba recuerdos. Pues así era Ana Socorro con sus cuadernos: no quería olvidar nada de su hijo ni de las personas que le dieron una mano en su búsqueda y en la empresa de limpiar su nombre, pues ‘Yiyo’ no era un criminal.
En contexto: ‘Falsos positivos’: 5 militares que serían fichas claves no aparecen en imputación
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Es la poeta que su pena plasmaba
Que mostraba al mundo una sonrisa forzada
Cuando toda su alma estaba destrozada
(…)
De mi madre aprendimos tantas cosas
Menos a vivir sin ella, aunque siempre quiso dejarnos
Por un abrazo de los hijos que las balas le robaron
Hoy quizás estará feliz con ellos y quienes quedamos lloramos junto a su tumba
O en los recuerdos guardados
De quien aprendí al dolor en letras plasmarlo.
* Esta historia forma parte del especial periodístico ‘Memorias en resistencia’, como resultado de la formación ‘CdR/Lab Visitar el pasado para comprender el presente: periodismo para cubrir la memoria del conflicto en Colombia’, iniciativa de CdR, gracias al apoyo del Servicio Civil para la Paz de Agiamondo.