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Desde 1982, el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, se convirtió en un sitio donde sistemáticamente llegaron cuerpos de víctimas de desaparición forzada del Urabá antioqueño. Estas conductas se extendieron hasta 2010, y buena parte de sus causas han sido ampliamente detalladas, y sus responsables, procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Muestra de ello ocurrió el pasado 6 de julio, cuando ese tribunal imputó a tres coroneles, tres suboficiales, tres mayores y un soldado del Ejército Nacional por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, quienes serían responsables de al menos 46 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). Los cuerpos de sus víctimas fueron hallados en Las Mercedes y en el municipio de Ituango, también en el noroccidente antioqueño.
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Conforme se iban esclareciendo hechos relacionados con la guerra en Dabeiba y sus municipios vecinos, los despachos de los magistrados Alejandro Ramelli y Nadiezhda Henríquez iban develando los patrones criminales en esta subregión del país: prejuicios insurgentes (colaboradores de la guerrilla), homicidios a civiles que vivían fuera de ese territorio para mostrar resultados y desapariciones forzadas en cementerios.
Estas tres causas tienen dos elementos en común: fueron campañas sistemáticas de exterminio (muchas veces selectivas) para presentar bajas ilegítimas en combate y llevaron a una serie de encubrimientos en el interior de las filas del Ejército, para que no se hicieran públicos estos asesinatos y desapariciones.
Esta última “táctica” militar llevó a otros crímenes, como el asesinato del subteniente Jesús Javier Suárez Caro a manos de compañeros suyos del Batallón de Contraguerrillas Número 79, todo porque se negó a realizar falsos positivos y porque quería denunciar esas prácticas que conoció dentro de las filas. Ese hecho desencadenó una investigación e imputación desde la Sala de Reconocimiento de la JEP, el pasado 27 de julio. Desde ese día, muy poco se ha vuelto a hablar de Dabeiba o Las Mercedes, hasta hace un par de semanas.
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Por medio de una solicitud del pasado 22 de octubre de los procuradores delegados Jairo Acosta y Alonso Fernández, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la JEP, específicamente a las salas que tienen dentro de sus folios los macrocasos 03 (ejecuciones extrajudiciales) y 04 (violencia territorial en el Urabá), que analicen conductas que llevaron al asesinato de civiles y militares que de alguna u otra forma estuvieron involucrados en falsos positivos en Dabeiba entre 2002 y 2006.
De acuerdo con un documento de observaciones del Ministerio Público, estos sucesos son aptos de considerarse como un nuevo patrón criminal al impedir que las víctimas accedan a la verdad.
Concretamente le están pidiendo a la justicia transicional que “considere y determine la muerte del subteniente Suárez Caro, los homicidios de tres ayudantes cavadores de las fosas del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, de un mototaxista conocido como Bananas y los atentados contra la vida e integridad de la encargada de la morgue de ese municipio, Hermelinda Góez Guisao, como un nuevo patrón macro criminal”, se lee en el documento.
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Sobre la situación del militar Suárez Caro, desde la Procuraduría pidieron que “este fenómeno sea analizado bajo la luz de la sistematicidad, por su repetición no accidental y por los elementos comunes de las víctimas (…) que permita además establecer hechos similares en otros territorios o unidades militares”.
Respuestas desde Dabeiba
Colombia+20 consultó al alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, sobre las peticiones que le están haciendo a la JEP en su municipio, pero vía Whatsapp manifestó que no tiene información concreta sobre eso. “Hace un mes estuvieron por acá, pero ellos son muy herméticos con estas situaciones”, añadió
Este diario consultó a la familia de uno de los tres ayudantes cavadores identificados por la Procuraduría. Por razones de seguridad, y para no interferir en un eventual proceso judicial, pidieron la reserva de la identidad tanto de ellos como la de su hijo muerto. Lo que se pretende investigar es si el asesinato del hombre fue parte de una cadena de sistematicidad para que en el Urabá antioqueño no se difundieran los modos de operar dentro de los falsos positivos.
“A él y a otros sepultureros, que están con vida y que de hecho han hablado ante la justicia, les pedían favores clandestinos y él nos lo decía en la casa: ‘Mami, que quieren que metamos el cuerpo de unos señores en una fosa y que no digamos nada, que luego nos pagan’. A él me lo matan en 2006 porque sabía que unos militares del Batallón Contraguerrilla 26 estaban detrás de eso. No alcanzó a decir nombres, pero el tiempo le fue dando la razón. Eso sí, lo que no sabemos es si dentro del Urabá, al norte de Chocó o en otras zonas de Colombia con registros de desaparecidos sucedieron cosas similares (…). Como madre sé que si a mi niño le hicieron eso, se lo pudieron hacer a cualquiera”, le señaló la madre de la víctima a Colombia+20.
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Geny Úsuga, miembro de la Mesa de Víctimas de Dabeiba, dijo que desde allí también han enviado solicitudes, pero que ninguna autoridad los ha escuchado. “Esta vez hablo de mi caso concreto: tengo dos familiares desaparecidos y ni en la JEP ni en la Unidad de Búsqueda nos han atendido de forma concreta. Ahora que vimos la solicitud de la Procuraduría, me nace una nueva esperanza de saber si alguien me puede decir si a ellos los mataron como parte de operativos selectivos o si ellos sabían cosas de los falsos positivos que luego aparecieron en nuestro cementerio”.