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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a abrir sus investigaciones sobre los crímenes que sufrieron los indígenas en el Caribe colombiano. Y lo hizo con un doble propósito: el de entregarle a los pueblos ancestrales en la Sierra Nevada un informe de conclusiones relacionado con los casos de “falsos positivos” de los cuales fueron blanco entre 2002 y 2005; y el de trabajar con la justicia indígena, poniendo en funcionamiento un modelo interjusticias que ya demostró efectividad en el macrocaso territorial de Cauca y Valle del Cauca.
El magistrado Óscar Parra fue el encargado de llevar ese documento a territorio sagrado de los wiwa y kankuamos, donde se reflexionó sobre las secuelas que dejaron en esos territorios las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército Nacional ya reconoció y en las cuales se confirmó que hubo afectación específica a nueve núcleos familiares indígenas.
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Estas personas asesinadas por el Batallón de Artillería No. 2, La Popa, fueron parte de una cifra abominable que reposa en los expedientes del caso 03 de la jurisdicción (asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate): en Cesar y en La Guajira hubo 127 casos de “falsos positivos” perpetrados a personas de pueblos ancestrales que errónea y arbitrariamente fueron vinculados como miembros de la antigua guerrilla de las Farc.
En el diálogo interétnico surgieron conclusiones que serán clave a la hora de definir las sanciones propias que deberán asumir los responsables. Según supo Colombia+20, también marcarán una ruta en la forma en la que el caso de “falsos positivos” se va a articular con el naciente macrocaso 09 (crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos).
Algunas de estas premisas tienen que ver con que la justicia ancestral indígena tendrá un rol preponderante a la hora de sugerirle a la JEP cuáles deberán ser las sanciones para los militares que perpetraron esas ejecuciones extrajudiciales, teniendo en cuenta su cosmogonía y espiritualidad. Asimismo, los mecanismos de reparación colectiva serán dialogados de manera interétnica e intergeneracional para que lo que proponga la justicia indígena esté en línea con la ley estatutaria de la JEP. Además, ese informe de conclusiones abrió un abanico de posibilidades para que otros pueblos indígenas en el Caribe hablen pronto ante la JEP sobre sus afectaciones referentes a los “falsos positivos”, entre 2002 y 2008.
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La intención para abrir el diálogo en los pueblos ancestrales tomó tal importancia que ya está confirmado que el próximo 10 de marzo hablarán por primera vez en la historia de la justicia transicional representantes wayúu que padecieron este flagelo y que por más de 15 años han sido invisibilizados ante la ley.
En la JEP, la vocación de las audiencias es dialógica y con el relato de las víctimas como eje central. Estos dos puntos fueron destacados por familiares de indígenas asesinados como supuestas bajas en combate, quienes agregaron además que el informe de conclusiones y el hecho de contar con la JEP cerca a sus comunidades les darán muchas posibilidades de llevar sus testimonios y verdades al caso 09, sobre el cual depositan toda su esperanza al dedicarse por completo a los vejámenes que pasaron en la guerra estas poblaciones étnicas.
Si bien se ha avanzado en materia de justicia y esclarecimiento de hechos, hay testimonios desde el pueblo kankuamo que quedaron a medio camino y que fueron compartidos a este medio para dimensionar toda la pesadilla que significó vivir los “falsos positivos” en carne propia y los sueños que tienen por delante. Unos relatos que pronto llegarán al macrocaso 09 de la JEP.
El ensañamiento contra los Arias
El 28 de septiembre de 2001, las extintas Farc asesinaron a la cacica electoral valduparense Consuelo Araújo Noguera, un hecho que agudizó las confrontaciones entre la fuerza pública y esa guerrilla en el departamento del Cesar.
Era tan aguda la guerra en ese entonces, que el excomandante del Ejército Carlos Lora Cabrales, testimonió ante la JEP en 2022 que por eso se crearon escuadrones como el grupo especial Trueno, que él lideraba, para “tener un pelotón dirigido a asesinar personas”. Los hombres de Lora y de otros altos mandos en La Popa como Efraín Andrade Perea, persiguieron pueblos indígenas locales, especialmente a los kankuamos, para buscar respuestas de si allí había responsabilidad en el asesinato de Araújo Noguera.
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El 16 de julio de 2003, los comandantes del Ejército Carlos Lora Cabrales y Eduard Álvarez Mejía dieron en zona rural de Valledupar, por pistas de paramilitares, con un guerrillero de las Farc llamado Uriel Evangelista Arias. Según confesiones de los militares ante la JEP, esta persona estaba ordeñando vacas y aprovecharon su debilidad para ordenar su asesinato. Lo presentaron ante Medicina Legal y el país como un comandante abatido en combate.
Tomás Arias, un primo de Uriel Evangelista Arias, era militar en esa época y cuando fue a identificar y llevarse el cadáver de su familiar comenzó a ser estigmatizado por sus compañeros de filas. Lo retiraron del Ejército y comenzaron a perseguir a su familia, con la excusa de que “allí debía haber más guerrilleros”. Las consecuencias por esa persecución la comenzaron a pagar los Arias al año siguiente.
“A mi hermano Enrique lo mataron el 22 de junio de 2004. En ese año todavía no se hablaba de “falsos positivos”, pero él fue una de esas personas asesinadas por el Batallón La Popa, una máquina de muerte que nos dejó secuelas que seguimos pagando. A los tres años de su homicidio, falleció mi mamá a quien ese hecho le marchitó la vida. Mis hermanos y yo hasta el día de hoy tomamos Losartán por la presión alta que nos dejó el trauma. Lo que nos da consuelo es que el tiempo y la justicia transicional le están dignificando a Enrique su buen nombre. Eso nos motiva a sanar y a tramitar el dolor más suavemente”.
Esta es parte de una conversación que la periodista kankuama Silsa Arias Martínez tuvo con Colombia+20. Ella es hermana de Tomás, prima de Uriel Evangelista y una mujer que no ha dejado de ser perseguida por querer limpiar el buen nombre de su familia.
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Tanto ella como su familia han buscado la verdad por años y muchas puertas se les han cerrado. Por ejemplo, Neila Arias, sobrina de Silsa y una de las hijas de Enrique Laines, participó en la audiencia de reconocimiento de La Popa el 19 de julio de 2022 y allí lamentó conocer pocas verdades de lo que le había sucedido a su padre. “Sabemos que fueron ustedes, pero nunca nadie nos ha dicho quién ejecutó la orden o quién le disparó. Quiero que nos cuenten de una vez por todas por qué nos atacaron así quienes debían cuidarnos”, dijo la joven en esa jornada.
Para Silsa tener ahora un informe de conclusiones que detalla pormenores del proceder de estos militares es motivo de alivio para ella y su pueblo. Al menos es una respuesta más concreta después de tanto tiempo con dudas. “Ahora nos será más fácil sanar. Uno no sana por osmosis, pero el tratamiento que la JEP le está dando a nuestros casos se ve que es más serio y busca dignificarnos. La gente acá no está buscando plata para ser reparada; solo quieren ejercicios de memoria y quitarle el estigma para siempre a quienes se fueron prematuramente. Nos quisieron exterminar... primero con la idea de que mi primo era un gran comandante, cuando no era así; y segundo, persiguiéndonos como si tuviéramos los Arias algo que ver con una guerra que solo se metió con nosotros causando dolor y daño. Hemos mostrado fuerza y resiliencia, y lo seguiremos haciendo a pesar de todo”, acotó la indígena.
El recuerdo de Enrique Laines Arias Martínez y de los demás indígenas asesinados a manos del Estado está más vivo que nunca para sus familiares. El encuentro que tuvieron con la JEP fue un aliciente para seguir con los avances del caso de “falsos positivos”, además de ser una muestra más de la relevancia que tienen las uniones interjusticias para analizar casos concretos que dejó el conflicto armado.
Para el gobernador kankuamo Jaime Arias, quien estuvo presente en las diligencias con la JEP la semana pasada y persona que ha cumplido uno de los papeles más protagónicos para entablar diálogos interjusticias, este informe de conclusiones es el cierre de un ciclo que esperaron por mucho tiempo y la apertura para iniciar una nueva etapa en la que espera que se esclarezcan más hechos.
“En nuestro pueblo hay perdón pero no olvido y pueden contar con nosotros para la paz; nunca para la guerra. El daño que nos hicieron con los “falsos positivos” fue colectivo y por fortuna ahora estamos teniendo dignificación para nuestros hermanos y hermanas que partieron de esta manera. Abrazamos la unión de nuestras autoridades mamo en los tribunales indígenas con la JEP. Eso ha puesto en contexto muchas cosas y ha fortalecido procesos diferenciales interculturales que necesitan acompañamiento psicosocial. Ahora, el destino para los militares involucrados en este caso lo definirá el Tribunal de Paz a quien le confiamos esa ruta de justicia en la que también sabremos que respetarán nuestros principios culturales”, narró el gobernador.
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Jaime Arias es optimista por la verdad que vendrá para su pueblo. Sabe que el proceso de sanación fue y ha sido lento, pero poco a poco llegará al seno de las familias kankuamas y de otros pueblos indígenas en la Sierra.
“Miramos con mucha ilusión el macrocaso 09 y habrá insumos del caso de “falsos positivos” que llevaremos allá. Los relatos de mujeres como Silsa y su familia estarán presentes allí para nutrir más investigaciones de la JEP. Nuestra justicia propia también, como ya ha pasado con otros pueblos indígenas en Cauca y Urabá que se han articulado con la jurisdicción de paz, estará presente para dar contexto y ayudará a esclarecer atrocidades. Por efectos de la guerra, el 50% de nuestra población vive fuera del territorio, entonces estoy seguro que con un plan de salvaguarda y una serie de garantías para que conozcamos toda la verdad de la guerra que se nos impuso tendremos muchos retornos. Nuestro mandato de origen es cuidar la vida y el conflicto lejos de dejarnos rencores nos dejó más claro que lo que queremos es balancear desarmonías y amar más nuestro territorio”, concluyó.