Falsos positivos: víctimas piden que JEP compulse copias sobre funcionarios de Uribe
La Jurisdicción Especial para la Paz pasó a una nueva fase en la que se enfocará en altos mandos responsables. Representantes de víctimas piden que se establezca quién dio la orden y que se aclare qué pasará en las zonas y años no priorizados. Los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos podrían ser llamados.
Julián Ríos Monroy
Enfocarse en establecer la responsabilidad de los más altos mandos del Ejército en los asesinatos de civiles inocentes que fueron presentados como delincuentes dados de baja en combate. Ese es el objetivo de la nueva fase que inició la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su caso 03, que investiga esos execrables crímenes conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’.
En contexto: Falsos Positivos: JEP estudiará responsabilidad de altos mandos en el gobierno Uribe
La decisión de priorizar a los máximos responsables a nivel nacional ―uno de los principales reclamos de las víctimas― se anunció este lunes 17 de julio, y llega después de cinco años y una semana de dar inicio a esta investigación, que se desarrolló de forma piramidal (escarbando la verdad desde los soldados de base hasta ascender a los oficiales de mayor rango).
Hasta ahora, la JEP ha imputado a 62 involucrados en las ejecuciones, pero las expectativas están puestas en que esta nueva etapa permita responder una pregunta que se volvió consigna entre las víctimas: ¿Quién dio la orden?
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“Quisiéramos que se revelara caso a caso qué pasó con nuestros familiares, pero la magnitud es tan grande que no nos daría la vida. Tal vez no veamos justicia individualmente, pero llegar a los máximos responsables de este horror sí nos daría justicia”, dice Jacqueline Castillo, vocera de las Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), cuyo hermano fue una de las víctimas de los asesinatos de Soacha, que prendieron las alarmas sobre estas ejecuciones en 2008.
Entre los altos oficiales que habrían estado involucrados en los crímenes está el general Mario Montoya, entonces comandante del Ejército; Nicacio Martínez, Adolfo León Hernández, Juan Carlos Barrera, Marcos Pinto, entre otros.
Piden compulsar copias de funcionarios del gobierno Uribe
Tras anunciar la priorización del caso, los magistrados de la JEP dijeron que podrán llamar a exfuncionarios de los gobiernos en los que se hayan presentado los asesinatos, entre ellos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos (quien fue ministro de Defensa de Uribe). Sin embargo, serían citados en calidad de testigos, pues la jurisdicción no tiene facultades para investigarlos.
Puede leer: Canciller pidió ante Consejo de Seguridad de ONU que la JEP admita a paramilitares
“Acá hay un tema fundamental y es que, sin perjuicio de la no competencia de terceros civiles, la JEP va a evaluar el grado de responsabilidad de esas personas. No para imputarlas, pero sí para que se pueda compulsar copias a la jurisdicción penal ordinaria o las de los aforados, y eso permitirá que se avance en las investigaciones de terceros”, le dijo a Colombia+20 Sebastián Escobar, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
De hecho, varias organizaciones defensoras de derechos humanos que representan a víctimas de ‘falsos positivos’ emitieron un pronunciamiento frente a la decisión de la JEP, en el que piden que se avance “en la investigación y sanción a funcionarios del alto gobierno” involucrados en estos crímenes.
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“Hacemos un llamado para que la JEP avance con celeridad en esta etapa hacia la compulsa de copias de agentes estatales no integrantes de la fuerza pública (...) Llamamos también a la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que, de manera complementaria al mandato de la JEP, investiguen y juzguen, respectivamente, la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno para la época de los hechos”, se lee en el documento del Espacio de Litigio Estratégico.
¿Hay riesgo de impunidad en zonas y años no priorizados?
Para las víctimas, la priorización representa un avance y reconoce varias de las denuncias que han hecho en las últimas dos décadas sobre cómo funcionó la máquina criminal del Ejército para cometer las ejecuciones. Sin embargo, existe preocupación por el periodo al que se le pondrá la lupa: solo de 2005 a 2008 (años bajo el gobierno de Álvaro Uribe que abarcan el pico más alto de crímenes y en los que se consolidaron los patrones criminales de las ejecuciones). Además, la JEP informó que no abrirá nuevos subcasos territoriales (aunque seguirá el trabajo de los existentes: Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila).
Lea: Así evadió el Ejército a la justicia en casos de falsos positivos, según la JEP
Para Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas que representa a víctimas de ‘falsos positivos’, “es importante que se aclare cómo se va a subsanar la situación en los territorios y periodos que no se priorizan, sin que las víctimas denoten revictimización“.
Otro tema al que habrá que ponerle la lupa es el futuro de los militares que tuvieron participación en las ejecuciones, pero no están sometidos a la JEP ni están en su radar. “Son casos que la Fiscalía no puede archivar, sino que debe enviar a la JEP para que se determinen responsabilidades. De no hacerse una verificación exhaustiva, podríamos ver rasgos de impunidad”, dice Bojacá.
Una carrera contra el tiempo
El abogado Fernando Rodríguez Kekhan, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), asegura que la decisión de priorizar a los altos mandos del Ejército tiene dos aristas.
“Por un lado, debe verse como una decisión que responde a la expectativa que tienen las víctimas de conocer cuáles fueron los comandantes, coroneles, generales, oficiales de máximo rango que participaron, y que nunca habían respondido ante la justicia. Pero, por otro lado, es muy posible que muchos casos no vayan a ser tomados en consideración por la camisa de fuerza que la ley le puso a la JEP respecto a su periodo de funcionamiento”, dice Rodríguez.
El representante de víctimas se refiere a que, según lo dispuesto en la ley 1957 de 2019, la jurisdicción tiene una vigencia de 15 años para concluir su actividad, lo que obliga a priorizar las investigaciones que adelanta.
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“Para que la mayoría de víctimas logren conocer a fondo sus casos, debe haber una reforma legislativa que se le permita un mayor rango de acción en el tiempo a la JEP. En todo caso , lo que no puede pasar es que los altos mandos sigan diciendo que todo esto pasó a sus espaldas. Si no se llega a la máxima instancia, tendremos que insistir en que el caso de Colombia sea objeto de examen de la Corte Penal Internacional (CPI). Ya pasaron muchos años sin resultados en la justicia ordinaria, esta vez la JEP debe establecer quiénes fueron los máximos responsables”, sentencia el abogado.
Enfocarse en establecer la responsabilidad de los más altos mandos del Ejército en los asesinatos de civiles inocentes que fueron presentados como delincuentes dados de baja en combate. Ese es el objetivo de la nueva fase que inició la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su caso 03, que investiga esos execrables crímenes conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’.
En contexto: Falsos Positivos: JEP estudiará responsabilidad de altos mandos en el gobierno Uribe
La decisión de priorizar a los máximos responsables a nivel nacional ―uno de los principales reclamos de las víctimas― se anunció este lunes 17 de julio, y llega después de cinco años y una semana de dar inicio a esta investigación, que se desarrolló de forma piramidal (escarbando la verdad desde los soldados de base hasta ascender a los oficiales de mayor rango).
Hasta ahora, la JEP ha imputado a 62 involucrados en las ejecuciones, pero las expectativas están puestas en que esta nueva etapa permita responder una pregunta que se volvió consigna entre las víctimas: ¿Quién dio la orden?
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“Quisiéramos que se revelara caso a caso qué pasó con nuestros familiares, pero la magnitud es tan grande que no nos daría la vida. Tal vez no veamos justicia individualmente, pero llegar a los máximos responsables de este horror sí nos daría justicia”, dice Jacqueline Castillo, vocera de las Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), cuyo hermano fue una de las víctimas de los asesinatos de Soacha, que prendieron las alarmas sobre estas ejecuciones en 2008.
Entre los altos oficiales que habrían estado involucrados en los crímenes está el general Mario Montoya, entonces comandante del Ejército; Nicacio Martínez, Adolfo León Hernández, Juan Carlos Barrera, Marcos Pinto, entre otros.
Piden compulsar copias de funcionarios del gobierno Uribe
Tras anunciar la priorización del caso, los magistrados de la JEP dijeron que podrán llamar a exfuncionarios de los gobiernos en los que se hayan presentado los asesinatos, entre ellos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos (quien fue ministro de Defensa de Uribe). Sin embargo, serían citados en calidad de testigos, pues la jurisdicción no tiene facultades para investigarlos.
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“Acá hay un tema fundamental y es que, sin perjuicio de la no competencia de terceros civiles, la JEP va a evaluar el grado de responsabilidad de esas personas. No para imputarlas, pero sí para que se pueda compulsar copias a la jurisdicción penal ordinaria o las de los aforados, y eso permitirá que se avance en las investigaciones de terceros”, le dijo a Colombia+20 Sebastián Escobar, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
De hecho, varias organizaciones defensoras de derechos humanos que representan a víctimas de ‘falsos positivos’ emitieron un pronunciamiento frente a la decisión de la JEP, en el que piden que se avance “en la investigación y sanción a funcionarios del alto gobierno” involucrados en estos crímenes.
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“Hacemos un llamado para que la JEP avance con celeridad en esta etapa hacia la compulsa de copias de agentes estatales no integrantes de la fuerza pública (...) Llamamos también a la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que, de manera complementaria al mandato de la JEP, investiguen y juzguen, respectivamente, la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno para la época de los hechos”, se lee en el documento del Espacio de Litigio Estratégico.
¿Hay riesgo de impunidad en zonas y años no priorizados?
Para las víctimas, la priorización representa un avance y reconoce varias de las denuncias que han hecho en las últimas dos décadas sobre cómo funcionó la máquina criminal del Ejército para cometer las ejecuciones. Sin embargo, existe preocupación por el periodo al que se le pondrá la lupa: solo de 2005 a 2008 (años bajo el gobierno de Álvaro Uribe que abarcan el pico más alto de crímenes y en los que se consolidaron los patrones criminales de las ejecuciones). Además, la JEP informó que no abrirá nuevos subcasos territoriales (aunque seguirá el trabajo de los existentes: Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila).
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Para Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas que representa a víctimas de ‘falsos positivos’, “es importante que se aclare cómo se va a subsanar la situación en los territorios y periodos que no se priorizan, sin que las víctimas denoten revictimización“.
Otro tema al que habrá que ponerle la lupa es el futuro de los militares que tuvieron participación en las ejecuciones, pero no están sometidos a la JEP ni están en su radar. “Son casos que la Fiscalía no puede archivar, sino que debe enviar a la JEP para que se determinen responsabilidades. De no hacerse una verificación exhaustiva, podríamos ver rasgos de impunidad”, dice Bojacá.
Una carrera contra el tiempo
El abogado Fernando Rodríguez Kekhan, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), asegura que la decisión de priorizar a los altos mandos del Ejército tiene dos aristas.
“Por un lado, debe verse como una decisión que responde a la expectativa que tienen las víctimas de conocer cuáles fueron los comandantes, coroneles, generales, oficiales de máximo rango que participaron, y que nunca habían respondido ante la justicia. Pero, por otro lado, es muy posible que muchos casos no vayan a ser tomados en consideración por la camisa de fuerza que la ley le puso a la JEP respecto a su periodo de funcionamiento”, dice Rodríguez.
El representante de víctimas se refiere a que, según lo dispuesto en la ley 1957 de 2019, la jurisdicción tiene una vigencia de 15 años para concluir su actividad, lo que obliga a priorizar las investigaciones que adelanta.
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“Para que la mayoría de víctimas logren conocer a fondo sus casos, debe haber una reforma legislativa que se le permita un mayor rango de acción en el tiempo a la JEP. En todo caso , lo que no puede pasar es que los altos mandos sigan diciendo que todo esto pasó a sus espaldas. Si no se llega a la máxima instancia, tendremos que insistir en que el caso de Colombia sea objeto de examen de la Corte Penal Internacional (CPI). Ya pasaron muchos años sin resultados en la justicia ordinaria, esta vez la JEP debe establecer quiénes fueron los máximos responsables”, sentencia el abogado.