La historia de dos de los 16 niños víctimas de ‘falsos positivos’ imputados a Montoya
Colombia+20 habló con familiares de Yohan y Luz, de 17 y 16 años, víctimas de ejecuciones extrajudiciales del oriente antioqueño y Medellín sobre esta decisión de la justicia transicional que involucran en 130 crímenes al general retirado.
El 31 de marzo de 2002, Yohan Oquendo estaba en un billar ubicado en el barrio Olaya Herrera de la comuna 13 de Medellín. El joven se estaba distrayendo y olvidándose en medio del juego de la violencia que vivía su ciudad y el país. Las FARC no estaban lejos de cercar Bogotá, las regiones padecían los rigores más estrictos del conflicto armado y el Ejército estaba a la ofensiva ante cualquier sospecha que les pudiera significar una confrontación armada. Cuatro muchachos, incluyendo a Yohan, pagaron las consecuencias.
“Había un grupo armado merodeando el barrio, muy cerca del billar. No se sabía bien si eran paramilitares o milicias de guerrilla. El caso es que se comenzaron a enfrentar a los militares y despertó todo el caos. Yohan tenía miedo y se escondió en el baño. Los soldados lo ubicaron, lo sacaron y lo mandaron de rodillas a la calle. Lo acusaban de haber tirado un petardo y él no estaba haciendo nada. Lo pusieron de cuclillas a él y otros tres muchachos. A mi hermano le dieron tres tiros de gracia y lo camuflaron para hacerlo ver como baja en combate”, dice Alexa Oquendo, familiar de Yohan y una vocera de víctimas de ‘falsos positivos’.
La reciente imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz al general (r) Mario Montoya le despertó recuerdos, la sanó un poco ese alcance de la justicia y cree que es momento de seguir avanzando en más esclarecimientos.
Lea: De los 130 falsos positivos endilgados a Mario Montoya en Antioquia, 16 eran niños
Sin embargo, ni ella ni su familia olvidan todo lo que estigmatizaron a su hermano. Más allá de penas o condenas de cualquier tipo, quiere una limpieza en el nombre de su amado Yohan.
“Los más triste es que en noticias lo sacaban como un supuesto miliciano. Él era un niño bueno, un buen hijo, un buen estudiante que acababa de terminar su 11° y alguien inocente con toda la vida por delante”, agrega.
Los Oquendo figuran como víctimas de Montoya cuando el militar era la cabeza de la IV Brigada del Ejército Nacional y llevan años pidiendo justicia y reparación. Su familia se resquebrajó y en esta reciente imputación apenas ven un justo, pero tardío resarcimiento que el Estado colombiano les ha hecho.
“Mi familia se destruyó. Éramos una familia tranquila de cinco personas: mamá, papá, dos hijas y un hijo. De la pena, mi papá falleció dos años después que mi hermano. Soy mamá y me pongo en el lugar de mi madre pensando en que no se puede aceptar que una persona le quite la vida a un hijo”, le cuenta Alexa a Colombia+20.
La Corporación Jurídica Libertad ha estado cerca de este caso y desde allí han hecho un acompañamiento que le ha permitido a los Oquendo llevar su duelo más llevadero. Así lo entiende Alexa, a pesar de admitir que perdonar es un proceso que le costará mucho tiempo más y que no se imagina teniendo a personas como Mario Montoya al frente suyo.
Las secuelas por la pérdida de su hermano, según su relato, vivirán internamente con ella para siempre y sin margen de olvido. Yohan tenía 17 años al momento de ser asesinado.
“El nombre de Yohan ha quedado manchado y se tiene que limpiar. Con esto, el señor Montoya debe reconocer bien su responsabilidad en este y más hechos, y hablar con palabras que no sean payasadas. Nunca nos buscó para reconocer nada y seguimos en la búsqueda de verdades. Esta decisión le hace bien al fin del conflicto armado”, concluye.
La historia de los Oquendo en Medellín fue similar a la que vivieron los Morales en Granada (Antioquia). A Ana, hermana de la víctima fatal, y a toda la familia les arrebataron a Luz Stelly, una niña de 16 años que fue asesinada a manos del Ejército y figuró dentro de la lista de “falsos positivos”.
A Luz Stelly Morales la engañaron vilmente. El 18 de septiembre de 2003, la menor de edad se encontraba junto a su familia en Granada y militares al mando de Mario Montoya Uribe la sacaron de su casa, la retuvieron y la amenazaron con entregarla al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por supuestamente “pertenecer a un grupo guerrillero”.
Lea también: Una audiencia para el diálogo y la reparación por los falsos positivos en Dabeiba
Condujeron a Luz a la vereda La Linda y allí perdió rastro con su familia. El 20 de septiembre, esos mismos militares que se la llevaron entregaron su cuerpo sin vida a la estación de Policía de San Carlos (Antioquia) diciendo que fue una baja en combate.
Cuatro de estos responsables fueron condenados por la justicia en 2018. Edwin Leonardo Toro Ramírez, Darwin Alejandro Echavarría Jaramillo, Antonio Bravo Restrepo y Francisco Javier Vanegas Cespedes fueron condenados a pagar una pena de 31 años de prisión por ese hecho. Sin embargo, las dudas quedaron y la justicia quedó pendiente de ir detrás del máximo responsable de ese hecho.
“La decisión de imputar al general Montoya es un descanso para nosotros. No nos alegra ni mucho menos, pero al menos sentimos que la JEP está haciendo un trabajo hermoso y del lado de nosotros. Se abre camino a la verdad y las personas como mi hermana que en algún momento tuvieron un “NN” en el cementerio tendrán justicia y un nombre limpio. No queremos venganza, solo llevar el mensaje de que nadie debe ser asesinado y menos en condiciones de ser inocente. Nada justifica un asesinato y nos duele cuando los crímenes de este tipo involucran campesinos, estudiantes y trabajadores”, dice Ana, hermana de Luz Stelly.
A Ana no la olvidan. Su recuerdo permanece fresco como si nunca se hubiera ido. En su casa la aman, honran su vida y la recuerdan como la niña de sus ojos.
“La recuerdo. Me gusta pensar cómo sería ella ahora. Pienso también en cómo sufrió… ella solita en medio de soldados; todos hombres y angustiada. No me imagino… chiquita. Eso es difícil de olvidar”, resume Ana.
Lo doloroso es que estos relatos son apenas dos de los miles de lamentos por familias resquebrajadas a raíz de las campañas criminales del Ejército en las que realizaron ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”).
Estos relatos también tienen a un protagonista en común: el general retirado Mario Montoya Uribe, quien fue imputado, el pasado 30 de agosto, por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El antiguo alto mando no fue el único al que le recayó el peso de la justicia transicional. Junto con ocho militares más, a Montoya se le imputaron crímenes de guerra y lesa humanidad por 130 falsos positivos en el oriente antioqueño -y Medellín-. De estos, 16 eran menores de edad; incluyendo a Luz Stelly y Yohan.
Según documentó la JEP, en el oriente antioqueño se presentaron 501 casos de falsos positivos de los 1.613 registrados en Antioquia. Si bien el caso de Montoya, sus víctimas y las generalidades de las ejecuciones extrajudiciales reposan en salas y folios del macrocaso 03 de la JEP, estas acciones decisorias para imputar al general (r) se adelantaron en el marco del macrocaso 08 de la JEP que corresponde a los ‘crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado’.
Vea: JEP imputa al general (r) Mario Montoya por falsos positivos en Antioquia
La Corporación Jurídica Libertad, una organización que lleva 30 años acompañando a la población antioqueña en la defensa y promoción de los derechos humanos, lleva los casos de 17 familiares de víctimas de falsos positivos; incluyendo los dos casos citados en esta nota periodística. Según la organización, los hechos de la región del ‘Oriente antioqueño’ sobrepasan los registrados en, por ejemplo, todo el departamento del Meta que son 500 al margen de subregistros.
“Esta decisión genera expectativa en las víctimas, porque son más de 20 años exigiendo que se carezca la responsabilidad de los militares en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia, que les clarezcan los hechos que hoy la JEP está conociendo”, manifestó Sergio Arboleda, abogado y representante de las víctimas de la Corporación Jurídica Libertad en el comunicado.
Contrario a encarar sus responsabilidades y estar en tónica defensiva, durante la imputación el general Montoya expresó lo siguiente: “Han transcurrido 21 años y en mi imaginario quien está delinquiendo allí es el noveno frente de las FARC y el ELN” Una actitud y conducta que es reprochable para los Morales y los Oquendo. Motivo por el cual les es muy difícil perdonarlo y pasar la página de los dolores que él con sus órdenes les ocasionó.
¿Qué pasó con los ‘falsos positivos’ en Antioquia?
Según cifras de la JEP, Antioquia concentra el 25% del universo de víctimas de falsos positivos, es decir, 1.613 de las 6.402 revelada por esta entidad en 2021. Entre el 2002 y 2008 se presentaron la mayoría de los casos en territorio antioqueño, y la región más afectada fue el oriente con 501 casos.
En contexto: Altos mandos civiles y militares sí sabían de los “falsos positivos”, dice informe
“Los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate se enmarcan, por un lado, en un contexto de alta intensidad de la confrontación armada en el oriente antioqueño a inicios de la década del 2000, que trajo consigo la degradación de la violencia, la estigmatización de sus pobladores y el incremento exacerbado de la vulnerabilidad de los habitantes sobre quienes las guerrillas habían logrado ejercer un control ostensible”, expresó la JEP en su comunicación sobre la decisión.
Estas acciones se realizaron bajo el desarrollo de la política de Seguridad Democrática (2002-2010) del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien buscaba mejores resultados operativos para frenar las hostilidades de las guerrillas de las FARC y el ELN.
Aunque la imputación de la JEP corresponde al periodo 2002-2003 en el que Montoya era comandante de la IV Brigada del Ejército, la Corporación Jurídica Libertad manifestó en un comunicado que presentaron un escrito de observaciones a la JEP que corresponde al periodo 2004 en adelante. Se espera que el próximo mes de diciembre se desarrolla la audiencia de observaciones con las víctimas para que presenten sus análisis y observaciones a las versiones voluntarias de otros militares.
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La JEP manifestó durante la audiencia que continuarán investigando los hechos ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2006, así como algunos hechos de 2007 en los que hay presunta responsabilidad del general Montoya mientras eran comandante del Comando Conjunto Caribe y del Ejército Nacional.
La magistrada Catalina Díaz Gómez, de la sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, manifestó que hasta el momento la justicia transicional ha imputado a 62 personas por ‘falsos positivos’ y que continuarán investigando los crímenes cometidos por agentes del Estado en connivencia con grupos paramilitares en Antioquia.
El 31 de marzo de 2002, Yohan Oquendo estaba en un billar ubicado en el barrio Olaya Herrera de la comuna 13 de Medellín. El joven se estaba distrayendo y olvidándose en medio del juego de la violencia que vivía su ciudad y el país. Las FARC no estaban lejos de cercar Bogotá, las regiones padecían los rigores más estrictos del conflicto armado y el Ejército estaba a la ofensiva ante cualquier sospecha que les pudiera significar una confrontación armada. Cuatro muchachos, incluyendo a Yohan, pagaron las consecuencias.
“Había un grupo armado merodeando el barrio, muy cerca del billar. No se sabía bien si eran paramilitares o milicias de guerrilla. El caso es que se comenzaron a enfrentar a los militares y despertó todo el caos. Yohan tenía miedo y se escondió en el baño. Los soldados lo ubicaron, lo sacaron y lo mandaron de rodillas a la calle. Lo acusaban de haber tirado un petardo y él no estaba haciendo nada. Lo pusieron de cuclillas a él y otros tres muchachos. A mi hermano le dieron tres tiros de gracia y lo camuflaron para hacerlo ver como baja en combate”, dice Alexa Oquendo, familiar de Yohan y una vocera de víctimas de ‘falsos positivos’.
La reciente imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz al general (r) Mario Montoya le despertó recuerdos, la sanó un poco ese alcance de la justicia y cree que es momento de seguir avanzando en más esclarecimientos.
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Sin embargo, ni ella ni su familia olvidan todo lo que estigmatizaron a su hermano. Más allá de penas o condenas de cualquier tipo, quiere una limpieza en el nombre de su amado Yohan.
“Los más triste es que en noticias lo sacaban como un supuesto miliciano. Él era un niño bueno, un buen hijo, un buen estudiante que acababa de terminar su 11° y alguien inocente con toda la vida por delante”, agrega.
Los Oquendo figuran como víctimas de Montoya cuando el militar era la cabeza de la IV Brigada del Ejército Nacional y llevan años pidiendo justicia y reparación. Su familia se resquebrajó y en esta reciente imputación apenas ven un justo, pero tardío resarcimiento que el Estado colombiano les ha hecho.
“Mi familia se destruyó. Éramos una familia tranquila de cinco personas: mamá, papá, dos hijas y un hijo. De la pena, mi papá falleció dos años después que mi hermano. Soy mamá y me pongo en el lugar de mi madre pensando en que no se puede aceptar que una persona le quite la vida a un hijo”, le cuenta Alexa a Colombia+20.
La Corporación Jurídica Libertad ha estado cerca de este caso y desde allí han hecho un acompañamiento que le ha permitido a los Oquendo llevar su duelo más llevadero. Así lo entiende Alexa, a pesar de admitir que perdonar es un proceso que le costará mucho tiempo más y que no se imagina teniendo a personas como Mario Montoya al frente suyo.
Las secuelas por la pérdida de su hermano, según su relato, vivirán internamente con ella para siempre y sin margen de olvido. Yohan tenía 17 años al momento de ser asesinado.
“El nombre de Yohan ha quedado manchado y se tiene que limpiar. Con esto, el señor Montoya debe reconocer bien su responsabilidad en este y más hechos, y hablar con palabras que no sean payasadas. Nunca nos buscó para reconocer nada y seguimos en la búsqueda de verdades. Esta decisión le hace bien al fin del conflicto armado”, concluye.
La historia de los Oquendo en Medellín fue similar a la que vivieron los Morales en Granada (Antioquia). A Ana, hermana de la víctima fatal, y a toda la familia les arrebataron a Luz Stelly, una niña de 16 años que fue asesinada a manos del Ejército y figuró dentro de la lista de “falsos positivos”.
A Luz Stelly Morales la engañaron vilmente. El 18 de septiembre de 2003, la menor de edad se encontraba junto a su familia en Granada y militares al mando de Mario Montoya Uribe la sacaron de su casa, la retuvieron y la amenazaron con entregarla al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por supuestamente “pertenecer a un grupo guerrillero”.
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Condujeron a Luz a la vereda La Linda y allí perdió rastro con su familia. El 20 de septiembre, esos mismos militares que se la llevaron entregaron su cuerpo sin vida a la estación de Policía de San Carlos (Antioquia) diciendo que fue una baja en combate.
Cuatro de estos responsables fueron condenados por la justicia en 2018. Edwin Leonardo Toro Ramírez, Darwin Alejandro Echavarría Jaramillo, Antonio Bravo Restrepo y Francisco Javier Vanegas Cespedes fueron condenados a pagar una pena de 31 años de prisión por ese hecho. Sin embargo, las dudas quedaron y la justicia quedó pendiente de ir detrás del máximo responsable de ese hecho.
“La decisión de imputar al general Montoya es un descanso para nosotros. No nos alegra ni mucho menos, pero al menos sentimos que la JEP está haciendo un trabajo hermoso y del lado de nosotros. Se abre camino a la verdad y las personas como mi hermana que en algún momento tuvieron un “NN” en el cementerio tendrán justicia y un nombre limpio. No queremos venganza, solo llevar el mensaje de que nadie debe ser asesinado y menos en condiciones de ser inocente. Nada justifica un asesinato y nos duele cuando los crímenes de este tipo involucran campesinos, estudiantes y trabajadores”, dice Ana, hermana de Luz Stelly.
A Ana no la olvidan. Su recuerdo permanece fresco como si nunca se hubiera ido. En su casa la aman, honran su vida y la recuerdan como la niña de sus ojos.
“La recuerdo. Me gusta pensar cómo sería ella ahora. Pienso también en cómo sufrió… ella solita en medio de soldados; todos hombres y angustiada. No me imagino… chiquita. Eso es difícil de olvidar”, resume Ana.
Lo doloroso es que estos relatos son apenas dos de los miles de lamentos por familias resquebrajadas a raíz de las campañas criminales del Ejército en las que realizaron ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”).
Estos relatos también tienen a un protagonista en común: el general retirado Mario Montoya Uribe, quien fue imputado, el pasado 30 de agosto, por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El antiguo alto mando no fue el único al que le recayó el peso de la justicia transicional. Junto con ocho militares más, a Montoya se le imputaron crímenes de guerra y lesa humanidad por 130 falsos positivos en el oriente antioqueño -y Medellín-. De estos, 16 eran menores de edad; incluyendo a Luz Stelly y Yohan.
Según documentó la JEP, en el oriente antioqueño se presentaron 501 casos de falsos positivos de los 1.613 registrados en Antioquia. Si bien el caso de Montoya, sus víctimas y las generalidades de las ejecuciones extrajudiciales reposan en salas y folios del macrocaso 03 de la JEP, estas acciones decisorias para imputar al general (r) se adelantaron en el marco del macrocaso 08 de la JEP que corresponde a los ‘crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado’.
Vea: JEP imputa al general (r) Mario Montoya por falsos positivos en Antioquia
La Corporación Jurídica Libertad, una organización que lleva 30 años acompañando a la población antioqueña en la defensa y promoción de los derechos humanos, lleva los casos de 17 familiares de víctimas de falsos positivos; incluyendo los dos casos citados en esta nota periodística. Según la organización, los hechos de la región del ‘Oriente antioqueño’ sobrepasan los registrados en, por ejemplo, todo el departamento del Meta que son 500 al margen de subregistros.
“Esta decisión genera expectativa en las víctimas, porque son más de 20 años exigiendo que se carezca la responsabilidad de los militares en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia, que les clarezcan los hechos que hoy la JEP está conociendo”, manifestó Sergio Arboleda, abogado y representante de las víctimas de la Corporación Jurídica Libertad en el comunicado.
Contrario a encarar sus responsabilidades y estar en tónica defensiva, durante la imputación el general Montoya expresó lo siguiente: “Han transcurrido 21 años y en mi imaginario quien está delinquiendo allí es el noveno frente de las FARC y el ELN” Una actitud y conducta que es reprochable para los Morales y los Oquendo. Motivo por el cual les es muy difícil perdonarlo y pasar la página de los dolores que él con sus órdenes les ocasionó.
¿Qué pasó con los ‘falsos positivos’ en Antioquia?
Según cifras de la JEP, Antioquia concentra el 25% del universo de víctimas de falsos positivos, es decir, 1.613 de las 6.402 revelada por esta entidad en 2021. Entre el 2002 y 2008 se presentaron la mayoría de los casos en territorio antioqueño, y la región más afectada fue el oriente con 501 casos.
En contexto: Altos mandos civiles y militares sí sabían de los “falsos positivos”, dice informe
“Los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate se enmarcan, por un lado, en un contexto de alta intensidad de la confrontación armada en el oriente antioqueño a inicios de la década del 2000, que trajo consigo la degradación de la violencia, la estigmatización de sus pobladores y el incremento exacerbado de la vulnerabilidad de los habitantes sobre quienes las guerrillas habían logrado ejercer un control ostensible”, expresó la JEP en su comunicación sobre la decisión.
Estas acciones se realizaron bajo el desarrollo de la política de Seguridad Democrática (2002-2010) del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien buscaba mejores resultados operativos para frenar las hostilidades de las guerrillas de las FARC y el ELN.
Aunque la imputación de la JEP corresponde al periodo 2002-2003 en el que Montoya era comandante de la IV Brigada del Ejército, la Corporación Jurídica Libertad manifestó en un comunicado que presentaron un escrito de observaciones a la JEP que corresponde al periodo 2004 en adelante. Se espera que el próximo mes de diciembre se desarrolla la audiencia de observaciones con las víctimas para que presenten sus análisis y observaciones a las versiones voluntarias de otros militares.
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La JEP manifestó durante la audiencia que continuarán investigando los hechos ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2006, así como algunos hechos de 2007 en los que hay presunta responsabilidad del general Montoya mientras eran comandante del Comando Conjunto Caribe y del Ejército Nacional.
La magistrada Catalina Díaz Gómez, de la sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, manifestó que hasta el momento la justicia transicional ha imputado a 62 personas por ‘falsos positivos’ y que continuarán investigando los crímenes cometidos por agentes del Estado en connivencia con grupos paramilitares en Antioquia.