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Después de atravesar la puerta del cementerio, Lucero Carmona buscó la fotografía que había tomado allí hace 12 años y trató de recordar la ubicación del pabellón de cuerpos sin identificar. Caminó entre los pasillos hasta llegar a ese panteón blanco donde las tumbas aún no tienen lápidas: se identifican con una cruz en el centro, un código numérico de la Fiscalía y las letras NN.
Lucero soltó un quejido con los ojos inundados: “Acá estaba mi muchacho”. Era su único hijo, Omar Leonardo Triana Carmona, un joven bogotano de 26 años que fue asesinado y desaparecido por el Ejército Nacional y presentado como baja en un falso combate en la vereda Monteloro de Barbosa, Antioquia.
Omar desapareció en 2007. Tuvieron que pasar cuatro años para que su familia supiera que estaba muerto y que su cuerpo reposaba en ese camposanto. Desde entonces, su madre empezó una lucha para saber quién lo asesinó y exigir justicia por este crimen.
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Este 3 de octubre, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidieron perdón y reconocieron en nombre del Estado que Omar Leonardo y otros 18 jóvenes de Soacha y Bogotá eran civiles inocentes, ejecutados extrajudicialmente por el Ejército bajo la lógica execrable de los ‘falsos positivos’.
Al acto asistieron el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, y varios magistrados. Frente a ellos, Lucero Carmona exigió que el caso de su hijo sea priorizado por el tribunal transicional, que se investigue a los responsables y se le ponga fin a la impunidad.
“Estoy acá para hacer sentir mi voz de protesta por el caso de mi hijo y de muchos más que no han sido priorizados por la JEP. Deseo dejar mi mensaje al ministro, porque no es él quien debe disculparse. Los verdaderos responsables se encuentran libres. No sabemos de los generales ni de los políticos que ganaron dinero con los cadáveres de nuestros hijos”, dijo Lucero sosteniendo el retrato de su muchacho.
¿Por qué el caso no ha sido priorizado por la JEP?
La representación legal del caso de Omar Leonardo Triana está en manos de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Según Sebastián Bojacá, coordinador de litigio penal de esa organización, “desde 2018 los militares que estaban siendo procesados en la justicia ordinaria se acogieron a la JEP, pero al día de hoy la jurisdicción no ha indagado sobre estos hechos ni ha versionado a los responsables”.
En su primera priorización del macrocaso 03, que investiga los ‘falsos positivos’, la JEP se enfocó en los casos del cementerio del municipio de Dabeiba, Antioquia. Sin embargo, en Barbosa y otras poblaciones hay decenas de víctimas que, como en el caso de Omar, siguen a la espera de justicia y verdad.
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Aunque son conscientes de que la JEP no está en capacidad de esclarecer lo que ocurrió en cada uno de los asesinatos cometidos por la Fuerza Pública, piden que los militares involucrados sean llamados.
“Lo que pedimos es que, sea la sala de Definición de Situaciones Jurídicas, o sea la sala de Reconocimiento, llamen principalmente a los autores materiales, porque las víctimas necesitan saber la verdad. Necesitan saber cada detalle de cómo se cometieron estos crímenes, cuáles fueron las últimas palabras de sus queridos, los últimos momentos, y así tener algo de paz, sino justicia, algo de paz”, le dijo Bojacá a Colombia+20.
“No estamos otorgando perdón”
Durante el acto de reconocimiento y solicitud de disculpas por parte del ministro de Defensa, Lucero Carmona habló de la imposibilidad de perdonar en medio de la falta de justicia.
“Le pido al señor ministro que se comprometa con hechos y no con palabras. De todo corazón, mi familia y yo no estamos otorgando el perdón, para nosotros es muy doloroso porque estamos aún en un momento de total impunidad. Estoy esperando desde hace mas de 16 años que haya justicia y haya verdad”, dijo la madre de Omar Leonardo Triana.
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En julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró lo ocurrido como un crimen de Estado y condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército. En la decisión se dejó claro que no existió un enfrentamiento armado y que Omar no era miembro de un grupo armado ilegal. Aunque en su momento se inició un juicio contra dos de los responsables, fue suspendido en mayo de 2019.
“Estamos en los últimos meses de que la posibilidad de justicia en este caso pueda extinguirse. Necesitamos que la JEP actúe”, aseguró Bojacá.
