‘Falsos positivos’: 5 militares que serían fichas claves no aparecen en imputación
Aunque en el subcaso del Casanare la JEP le endilgó responsabilidad a más de 20 personas, víctimas señalan que faltan varios uniformados. ¿Quiénes son?
Julián Ríos Monroy
A finales de julio de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló la que hasta ahora es su imputación con mayor número de personas vinculadas. El alto tribunal puso a responder al mayor general (r) Henry William Torres Escalante y otros 21 miembros del Ejército Nacional, además de dos civiles y, por primera vez, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Ellos fueron declarados máximos responsables del asesinato, en Casanare, de más de 300 personas que resultaron presentadas falsamente como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate (ejecuciones extrajudiciales también conocidas como ‘falsos positivos’).
Y aunque la decisión marcó un hito en el establecimiento de responsabilidades y desenmarañó la empresa criminal que se formó en la Brigada XVI del Ejército entre el 2005 y el 2008, para los representantes de las víctimas de estas ejecuciones hay por lo menos cinco nombres que no aparecen en la imputación, pese a que presuntamente tuvieron un rol determinante en los hechos de ese departamento del oriente del país.
La situación en esa unidad militar fue de tal magnitud que, en 2007, en el marco de la política de conteo de bajas en combate (que promovió las ejecuciones), la Brigada XVI ocupó el primer puesto en esos resultados a nivel nacional.
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“Uno de los que más echamos en falta es el entonces coronel Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, quien participó en el marco de las ejecuciones extrajudiciales de la Brigada XVI y tuvo un rol de mando específico. Pudo dar la orden y tiene el aliciente de que, a criterio de esta representación de víctimas, asistió a versiones, pero no aportó lo suficiente. Además, fue mencionado por Dairo Antonio Úsuga David (’Otoniel) como una de esas personas que tuvo un rol determinante en los vínculos entre la brigada y los paramilitares”, explica Juan Pablo Ramos, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
Barrero Gordillo, quien llegó a ser comandante general de las Fuerzas Militares en 2013, quedó en el ojo del huracán en febrero de 2022, cuando se conoció que aparecía mencionado en un documento de la Fiscalía que lo señalaba de formar parte de la organización ilegal del fugado y luego abatido narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (‘Matamba’) en Nariño. Y apenas unas semanas después, cuando Úsuga David (jefe máximo del Clan del Golfo) pidió pista en la JEP, aseguró que revelaría acciones ilegales “ordenadas, planeadas y ejecutadas” por Torres Escalante (quien sí fue imputado) y Barrero.
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De hecho, antes de ser extraditado a Estados Unidos, ‘Otoniel’ declaró que en su momento -cuando lideraba la Brigada XVI-, Barrero “servía como puente entre estructuras dedicadas al narcotráfico y el Ejército, por lo que era considerado como parte de la nómina del Bloque Centauros de las Auc”.
En mayo de 2021, Leonardo Barrero se convirtió en el undécimo oficial de alta graduación en ser llamado a rendir versión ante la JEP. Y aunque sus declaraciones fueron tenidas en cuenta y su nombre aparece reseñado casi 80 veces en la imputación, las víctimas se quedaron esperando que le endilgaran responsabilidad.
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Los tres alfiles de la inteligencia militar y el exDAS
Según documentó la JEP, una de las tres modalidades del patrón criminal de los ‘falsos positivos’ en Casanare fue el señalamiento de víctimas, a partir de labores de inteligencia militar, que posteriormente fueron asesinadas. Bajo este entramado, el alto tribunal imputó al otrora capitán Jaime Rivera Mahecha, el teniente César Cómbita Eslava, el cabo segundo Wilfrido Domínguez Márquez y al sargento segundo Faiber Amaya Ruiz, quienes en su momento fueron responsables de inteligencia de las unidades militares de la brigada o del Gaula.
Sin embargo, para el Comité de Solidaridad -que logró que la JEP decretara medidas cautelares a los archivos de inteligencia y contrainteligencia-, faltan por lo menos tres fichas claves que participaron en esta modalidad.
Una de ellas es el entonces coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena. “Para los representantes de víctimas, uno de los elementos importantes de las ejecuciones es no solo el asesinato y el encubrimiento, sino también la planeación, y ahí está lo relacionado con la creación de información falsa o de inteligencia para señalar a las personas que fueron ejecutadas como vinculadas a grupos armados ilegales, y Sarmiento sería uno de los que tuvo ese rol”, cuenta el abogado Ramos, del CSPP.
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Al listado de pendientes se sumaría el otrora teniente Gustavo Parada Cuellar, sobre quien habría “evidencia abrumadora de su rol determinante”, junto con otros militares (que sí fueron imputados). El uniformado (r), además, ha sido criticado por la falta de profundidad de sus versiones ante la JEP.
Y también del área de inteligencia, los representantes de víctimas echan de menos en la decisión del tribunal al Sargento Jaime Luis Olivera Arrieta, quien no solo tendría que ver con la búsqueda de esta supuesta información para ‘sustentar’ las labores de inteligencia, sino también en el relacionamiento con reclutadores.
De otro lado, los abogados de víctimas señalaron al detective Clovis Arbey Duque Vega, quien no hacía parte propiamente de la Brigada XVI sino del extinto DAS.
Uno de los nudos que entró a desarmar la JEP en esta decisión fue la relación de ese departamento de inteligencia en los ‘falsos positivos’. El equipo del magistrado Óscar Parra, líder del subcaso del Casanare, reveló cómo alrededor de 367 personas -entre militares, miembros del DAS y civiles- habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes. Incluso, quedó documentado que los miembros del DAS participaron en la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecución de los hechos, hasta el punto de que asesinaron a algunas víctimas.
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Frente a eso, la jurisdicción imputó por primera vez a un miembro de la agencia: Orlando Rivas Tovar, exdirector del DAS en Casanare.
Clovis Duque Vega habría tenido un perfil importante después de Rivas, y habría sido uno de los principales encargados en el relacionamiento entre la Brigada y el DAS.
¿Qué dice la JEP sobre estos nombres?
Fuentes de la magistratura de la JEP le dijeron a Colombia+20 que, por ahora, están en la etapa de recepción de las observaciones de las víctimas a la imputación, y en el momento en que las planteen se emitirá un pronunciamiento al respecto.
Eso sí, explicaron que “la imputación se concentró en las máximas responsabilidades, a veces por liderazgo, a veces por el alto número de hechos en los que estaban involucradas algunas personas, a veces por el rol”. Y adelantaron que tienen en el radar a más de 100 personas que tendrían relación con los ‘falsos positivos’ en el subcaso de Casanare, y que “corresponde un pronunciamiento sobre ellas en el marco del procedimiento de la JEP”.
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A finales de julio de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló la que hasta ahora es su imputación con mayor número de personas vinculadas. El alto tribunal puso a responder al mayor general (r) Henry William Torres Escalante y otros 21 miembros del Ejército Nacional, además de dos civiles y, por primera vez, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Ellos fueron declarados máximos responsables del asesinato, en Casanare, de más de 300 personas que resultaron presentadas falsamente como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate (ejecuciones extrajudiciales también conocidas como ‘falsos positivos’).
Y aunque la decisión marcó un hito en el establecimiento de responsabilidades y desenmarañó la empresa criminal que se formó en la Brigada XVI del Ejército entre el 2005 y el 2008, para los representantes de las víctimas de estas ejecuciones hay por lo menos cinco nombres que no aparecen en la imputación, pese a que presuntamente tuvieron un rol determinante en los hechos de ese departamento del oriente del país.
La situación en esa unidad militar fue de tal magnitud que, en 2007, en el marco de la política de conteo de bajas en combate (que promovió las ejecuciones), la Brigada XVI ocupó el primer puesto en esos resultados a nivel nacional.
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“Uno de los que más echamos en falta es el entonces coronel Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, quien participó en el marco de las ejecuciones extrajudiciales de la Brigada XVI y tuvo un rol de mando específico. Pudo dar la orden y tiene el aliciente de que, a criterio de esta representación de víctimas, asistió a versiones, pero no aportó lo suficiente. Además, fue mencionado por Dairo Antonio Úsuga David (’Otoniel) como una de esas personas que tuvo un rol determinante en los vínculos entre la brigada y los paramilitares”, explica Juan Pablo Ramos, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
Barrero Gordillo, quien llegó a ser comandante general de las Fuerzas Militares en 2013, quedó en el ojo del huracán en febrero de 2022, cuando se conoció que aparecía mencionado en un documento de la Fiscalía que lo señalaba de formar parte de la organización ilegal del fugado y luego abatido narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (‘Matamba’) en Nariño. Y apenas unas semanas después, cuando Úsuga David (jefe máximo del Clan del Golfo) pidió pista en la JEP, aseguró que revelaría acciones ilegales “ordenadas, planeadas y ejecutadas” por Torres Escalante (quien sí fue imputado) y Barrero.
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De hecho, antes de ser extraditado a Estados Unidos, ‘Otoniel’ declaró que en su momento -cuando lideraba la Brigada XVI-, Barrero “servía como puente entre estructuras dedicadas al narcotráfico y el Ejército, por lo que era considerado como parte de la nómina del Bloque Centauros de las Auc”.
En mayo de 2021, Leonardo Barrero se convirtió en el undécimo oficial de alta graduación en ser llamado a rendir versión ante la JEP. Y aunque sus declaraciones fueron tenidas en cuenta y su nombre aparece reseñado casi 80 veces en la imputación, las víctimas se quedaron esperando que le endilgaran responsabilidad.
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Los tres alfiles de la inteligencia militar y el exDAS
Según documentó la JEP, una de las tres modalidades del patrón criminal de los ‘falsos positivos’ en Casanare fue el señalamiento de víctimas, a partir de labores de inteligencia militar, que posteriormente fueron asesinadas. Bajo este entramado, el alto tribunal imputó al otrora capitán Jaime Rivera Mahecha, el teniente César Cómbita Eslava, el cabo segundo Wilfrido Domínguez Márquez y al sargento segundo Faiber Amaya Ruiz, quienes en su momento fueron responsables de inteligencia de las unidades militares de la brigada o del Gaula.
Sin embargo, para el Comité de Solidaridad -que logró que la JEP decretara medidas cautelares a los archivos de inteligencia y contrainteligencia-, faltan por lo menos tres fichas claves que participaron en esta modalidad.
Una de ellas es el entonces coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena. “Para los representantes de víctimas, uno de los elementos importantes de las ejecuciones es no solo el asesinato y el encubrimiento, sino también la planeación, y ahí está lo relacionado con la creación de información falsa o de inteligencia para señalar a las personas que fueron ejecutadas como vinculadas a grupos armados ilegales, y Sarmiento sería uno de los que tuvo ese rol”, cuenta el abogado Ramos, del CSPP.
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Al listado de pendientes se sumaría el otrora teniente Gustavo Parada Cuellar, sobre quien habría “evidencia abrumadora de su rol determinante”, junto con otros militares (que sí fueron imputados). El uniformado (r), además, ha sido criticado por la falta de profundidad de sus versiones ante la JEP.
Y también del área de inteligencia, los representantes de víctimas echan de menos en la decisión del tribunal al Sargento Jaime Luis Olivera Arrieta, quien no solo tendría que ver con la búsqueda de esta supuesta información para ‘sustentar’ las labores de inteligencia, sino también en el relacionamiento con reclutadores.
De otro lado, los abogados de víctimas señalaron al detective Clovis Arbey Duque Vega, quien no hacía parte propiamente de la Brigada XVI sino del extinto DAS.
Uno de los nudos que entró a desarmar la JEP en esta decisión fue la relación de ese departamento de inteligencia en los ‘falsos positivos’. El equipo del magistrado Óscar Parra, líder del subcaso del Casanare, reveló cómo alrededor de 367 personas -entre militares, miembros del DAS y civiles- habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes. Incluso, quedó documentado que los miembros del DAS participaron en la producción de información de inteligencia para darle apariencia de legalidad a las actuaciones y en la ejecución de los hechos, hasta el punto de que asesinaron a algunas víctimas.
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Frente a eso, la jurisdicción imputó por primera vez a un miembro de la agencia: Orlando Rivas Tovar, exdirector del DAS en Casanare.
Clovis Duque Vega habría tenido un perfil importante después de Rivas, y habría sido uno de los principales encargados en el relacionamiento entre la Brigada y el DAS.
¿Qué dice la JEP sobre estos nombres?
Fuentes de la magistratura de la JEP le dijeron a Colombia+20 que, por ahora, están en la etapa de recepción de las observaciones de las víctimas a la imputación, y en el momento en que las planteen se emitirá un pronunciamiento al respecto.
Eso sí, explicaron que “la imputación se concentró en las máximas responsabilidades, a veces por liderazgo, a veces por el alto número de hechos en los que estaban involucradas algunas personas, a veces por el rol”. Y adelantaron que tienen en el radar a más de 100 personas que tendrían relación con los ‘falsos positivos’ en el subcaso de Casanare, y que “corresponde un pronunciamiento sobre ellas en el marco del procedimiento de la JEP”.
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