El inédito reconocimiento de militares por “falsos positivos”

En un hecho histórico, este martes 26 de abril se llevó a cabo la primera audiencia de responsabilidad ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por el caso de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”. En esta diligencia judicial reconocieron responsabilidad seis militares por al menos 120 personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008 en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

Puede ver el seguimiento en vivo que hizo Colombia+20 de ese primer día de audiencia aquí y del segundo día aquí.

El miércoles 27 de abril a las 9 de la mañana se realizará el segundo día de la audiencia de reconocimiento de responsabilidad. Puede seguirlo a través de la página web de Colombia+20 y de nuestras redes sociales.

Al finalizar el primer día de la audiencia de reconocimiento y una vez ya habían hablado las víctimas y los comparecientes, los magistrados de la JEP decidieron hacer una serie de precisiones y consideraciones sobre la diligencia.

La primera en hablar fue la magistrada Catalina Díaz, quien se refirió a la reparación de las víctimas, una cuestión que fue puesta sobre la mesa por varios de los asistentes a la audiencia. “En el Auto 125 donde determinamos estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, donde imputamos la responsabilidad de los comparecientes, incluimos un capítulo donde se resume los daños que ustedes sufrieron. Alguna de ustedes dijo ‘ni todo el oro del mundo me va a devolver a mi hijo‘, lo cual es cierto, pero hay una serie de acciones que el Estado debe tomar para la reparación. Nosotros tomamos atenta nota de cómo la verdad repara y por eso hicimos esta audiencia pública porque lo dicho por escrito era insuficiente respecto de la exigencia de conocer la verdad”, indicó la magistrada.

La magistrada llamó la atención sobre el trabajo de la Unidad de Víctimas. “Hemos acopiado la información y hemos encontrado que solo 72 personas que acreditamos como víctimas están en el Registro Único de Víctimas y faltan 48 personas. Las víctimas inscritas no lo fueron por asesinato, por eso dictamos un auto en el que ordenamos activar el componente de reparación integral e incluir 46 victimas del subcaso de Norte de Santander y revisar las 72 para que queden inscritas por homicidio y desaparición forzada”.

Según la magistrada, se le ordenó a esa entidad que las víctimas fueran acogidas en ese sistema y hacer efectivas las medidas de reparación, pero la Unidad y la Procuraduría recurrieron el auto afirmando que “la sala de reconocimiento no tiene la competencia legal para dictar esas órdenes”. Sin embargo, Díaz afirmó que en los próximos días se dedicarán a responder ese recurso.

“Es francamente una vergüenza que hoy el Estado no pueda hacer realidad un beneficio elemental que está en la ley por que (algunas víctimas) no está en el Registro Único”, afirmó.

A su turno, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga afirmó que la audiencia era sin duda una hecho “histórico en Colombia” y que la decisión de hacer la audiencia en Ocaña y no en Bogotá es porque se debía estar en los territorios con las víctimas “en el lugar donde sucedieron los crímenes”, dijo. Además, agregó que este tipo de encuentros de justicia restaurativa era resultado del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc “Y todo esto es posible, quiero insistir, por el Acuerdo de Paz, nosotros somos un resultado del Acuerdo de Paz. Esta audiencia es hija del Acuerdo de Paz”.

Luego les dirigió unas palabras a los familiares de las víctimas de los “falsos positivos” afirmando que tienen toda su solidaridad, apoyo y acompañamiento “por los crímenes que jamás debieron suceder”. Y agregó: “Durante muchos años les robaron el buen nombre a sus seres queridos, los estigmatizaron, pero no les bastó con eso, sino que les robaron su identidad incurriendo en la desaparición forzada. Soy consciente de que esos daños a las víctimas son realmente irreparables. Lamentablemente lo que podemos hacer como jueces es poco frente al a magnitud del daño causado”.

A los comparecientes les reconoció el valor de estar en esa audiencia. “Entiendo que como antiguos funcionarios del Estado no es fácil estar en este auditorio reconociendo estos crímenes, darles la cara a sus víctimas. Muy seguramente cuando ustedes cometieron ese tipo de atrocidades que yo las calificaría como una especie de locura colectiva, no eran conscientes de que esas personas que estaban desapareciendo eran padres, hijos, hermanos, miembros de una comunidad y seguramente no conocían ni se imaginaban el rostro de sus familiares. Esa esa la justicia restaurativa, una justicia de encuentro entre las víctimas y sus comparecientes”, afirmó. Al final agregó que este encuentro era la prueba de que estos crímenes sí sucedieron y que era hora de “dejar de negarlos”.

El magistrado Óscar Parra, a su turno, habló sobre la importancia de estas audiencias para que el país entienda “qué fue lo que llevó a servidores públicos con una carrera a empezar en involucrarse en estos crímenes que ocurrieron de manera sistemática y generalizadas”.

Dijo, además, que este es uno de los pasos para enfrentar las críticas, dudas y preguntas que hay alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Maira Alejandra Jaimes, hija de Joselyn Darío Jaimes González, se dirigió a los togados, los comparecientes y las víctimas para defender y limpiar el buen nombre de su papá. “Era una persona humilde y trabajadora, solo quería sacarnos adelante. Llevamos una lucha y con miedo porque nos amenazaron cuando lo íbamos a velar, nos dijeron que no lo veláramos en la casa porque nos tiraban una granada”, contó.

La mujer pidió que, por el caso de su padre, también llamaran a comparecer a Nelson Gerardo Cabrejo Grisnaldo, un mayor del Ejército quien no estaría en la justicia transicional y sería, según ella, el directo responsable del crimen contra su familiar. “A mí que me den una explicación. ¿Por qué él, por qué se lo llevaron? Él no merecía lo que le hicieron”, reclamó.

Zoraida Navarro, la hija de Jesús Emilio Navarro Garay, intervino para pedirle a los militares presentes que no encubrieran a otros responsables por estos casos de falsos positivos en la región del Catatumbo. “No sabemos dónde está el cadáver de mi padre y quiero darle cristiana sepultura, aún no lo he encontrado”, fue su principal petición.

Hoy todavía pueden llegar señores del Ejército a nuestras casa, tardes en la noche y llamarnos como lo hicieron ustedes una vez. Queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos, no vuelvan a vivir esta situación que nosotros vimos. Ya no hay lágrimas ni en los ojos porque hemos sufrido tanto, fui testigo, yo vi y no están aquí los máximos responsables de aquel tiempo cuando nos sacaban a culatazos y a golpes reclamando por esos cuerpos que estaban en las casas.

La mujer reclamó fuertemente a los militares por los crímenes que cometieron. “Cuando llega diciembre o el día del padre, cómo quisiéramos recibir un abrazo de ese ser querido. Recibir un consejo que necesitábamos, pero ustedes nos arrebataron el sueño que tuvimos desde jóvenes”, pidió.

Andrés Reyes Quintero hermano de José de Jesús Reyes Quintero habló en el estrado sobre el retén militar en el que reclutaron a su hermano para luego asesinarlo y hacerlo pasar como guerrillero muerto en combate. “Quiero que traigan acá el nombre del civil que perfiló y reclutó a mi hermano. Quiero que lo traigan acá porque le prometí a mi hermano que iba esclarecer esto”.

El mayor en retiro Juan Carlos Chaparro Chaparro, quien fungió como comandante del Batallón de Infantería No. 15 entre noviembre 2006 y diciembre 2008, intervino sobre las 3:30 p.m. y reconoció su responsabilidad en calidad de coautor en esas ejecuciones extrajudiciales. En su relato empezó desde los últimos hechos hasta los primeros, cuando asumió la comandancia. “Cuando se conoció el escándalo de falsos positivos en 2008 a mí me nombraron comandante encargado. Cuando recibí, me llegaban muchas víctimas y mancillé el nombre de ellos. Inclusive, con voz fuerte les decía que sus familiares sí estaban en alguna estructura, siendo eso falso”.

El militar confesó que durante su período de comandancia cambió documentos de las víctimas para hacerlos pasar como guerrilleros. “Les quiero pedir perdón por todas las atrocidades que encubrí y tapé. Perdón por hablar tan mal de la región. Dijimos que muchos campesinos eran lo que no eran, eso es lo más doloroso”, dijo.

El coronel retirado Rubén Darío Castro Gómez, quien fue el jefe de operaciones, posteriormente jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil 15 y luego comandante de esa unidad, entre 2006 y 2008, reconoció públicamente que “al interior de la Brigada existía una banda criminal, de la cual tuve conocimiento, y que tenía como único fin incrementar los resultados operacionales”.

El militar explicó que, aunque en 2008 dejó su cargo como comandante de esta unidad militar, “esa banda criminal se mantuvo porque continué con la exigencia de pedir resultados operacionales a como diera lugar, siempre representados en bajas en combate”. En su intervención aseguró que esa era la forma como era calificado por el comandante de la Segunda División del Ejército y por el entonces comandante general, Mario Montoya Uribe, a quien se refirió para decir que comparaba los resultados operacionales de todas las unidades militares para destacar quién tenía más bajas.

En su intervención habló sobre la estigmatización que generaron las Fuerzas Militares en esa época sobre la región del Catatumbo y dijo que tenía conocimiento de que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales eran campesinos inocentes. “He tomado consciencia que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos estos resultados, fueron asesinadas personas que nada tenían que ver con el conflicto armado”.

Admitió que, siendo el jefe de Estado Mayor de esa Brigada, firmó documentos que pretendían legalizar las bajas en combate. “Firmé documentos sin investigar la forma como se cometían ejecuciones extrajudiciales, como también por falta de control permití que se pagaran dineros de gastos reservados sin ejercer ningún tipo de supervisión, por eso contribuí a que se incrementaran las estadísticas de muertos en combate a como diera lugar”. Dijo, de hecho, que asistió a reuniones donde se presentaron las denuncias por estos casos, pero nunca tomó alguna acción legal contra estos crímenes.

El coronel Castro aseguró que, aunque su participación en las ejecuciones no era directa, sí actuó por omisión y ordenó aumentar los resultados: “Yo empecé a ejercer presiones sobre mis subalternos mientras fui comandante. Como motivación los felicitaba, les daba permisos, reconocimientos y condecoraciones a aquellas personas que se destacaran en estos operativos, que eran totalmente falsos. Asumo mi responsabilidad con las víctimas y asumo mi responsabilidad penal por estos hechos”.

Finalmente, el militar pidió perdón a las víctimas por los crímenes de guerra cometidos. “Mi dolor de soldado es grande e indescriptible, esto nunca debió haber sucedido”.

A las 2:50 p.m. la JEP reanudó la audiencia de reconocimiento de responsabilidades y las primeras en intervenir en este segundo momento de la diligencia fueron las víctimas. Claudia Patricia Barrientos, hermana de Javier Barrientos Bautista pidió a los militares presentes que contaran más detalles sobre el crimen de su familiar. El segundo en tomarse la palabra fue Antonio María Peña, hermano de Olivo Peña quien hizo un duro reclamo a los comparecientes: “Nosotros no conocemos qué es un arma para que el gobierno colombiano y estos señores presentes hayan reportado al entonces Ministro de Defensa que cayó un delincuente del frente 33 de las Farc”.

A las 11:00 a.m. comenzaron los reconocimientos de responsabilidad por parte de los exmilitares en el caso de “falsos positivos” en Catatumbo. El primer militar en pararse frente a las víctimas fue Néstor Guillermo Gutiérrez, quien para la época era cabo primero del Ejército y fue comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15. “Yo reconozco y acepto mi responsabilidad como coautor por los crímenes de guerra, de lesa humanidad y homicidio en persona protegida. Crímenes que cometí”.

Y agregó: “No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Quiero aclararlo acá: lo que asesinamos fueron campesinos”. Lea aquí en detalle su intervención: “No encontrábamos la guerrilla, pero había que dar resultados”: cabo del Ejército

“Había que buscar los resultados como fuera. Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar el resultado”, dijo el ex militar. “En el Catatumbo se llevó a cabo un fenómeno criminal para 2007 y 2008. Y no fue únicamente en esta época, esto fue una política que se tenía dentro de las filas. “El mismo modus operandi mio en El Carmen, lo estaban haciendo las otras patrullas”.

Sobre el mediodía, después de un receso en la audiencia, intervino Vladimir Rodríguez Figueroa, un sobreviviente de “falsos positivos” que contó su historia, a través de un video, en la que explica que fue herido por el Ejército en un simulado combate contra el frente 33 de las Farc. “Yo quedé tendido en el piso herido y escuchaba a los militares que decían que yo ya estaba muerto (...) “Quiero decirle a los militares por qué quisieron hacer ese falso positivo conmigo”.

Daladier Rivera Jácome, imputado máximo responsable en el auto 125 de 2021. Capitán durante la época de los hechos, ocupó los cargos de comandante del grupo especial, oficial de inteligencia de central de inteligencia en ocaña Sioca y jefe de estado mayor de la brigada movil 15 entre el 28 de octubre de 2005 y 23 de noviembre de 2007. Participó en el patrón de macrocriminalidad en la ejecución de operaciones del asesinato de las víctimas.

En su acto público se dirigió a Benjamín Rodríguez Figueroa, una de las víctimas presentes en la audiencia. Le pidió que se pusiera de pie en el salón y dijo que quería limpiar su nombre frente a todo el país. “Quiero aclararle al mundo y al pueblo colombiano que usted nunca fue un combatiente ni un delincuente. Yo soy el responsable de que usted, después de estos hechos tan atroces que acaba de narrar, estuviera detenido por un tiempo. Yo elaboré unos falsos documentos de inteligencia los cuales los puse a disposición de la Fiscalía, que tomó su caso, por medio del cual unos personajes desvmoilizados que obtuvieron una dádiva, se sentaron a declarar ante este fiscal para que usted estuviera detenido. Le pido perdón”, aseguró.

Rafael Antonio Urbano, sargento segundo del Ejército durante la época de los hechos, también pidió perdón por el asesinato de Luis Antonio Sánchez Guerrero, joven que trabajaba como mototaxista en Ocaña.

“Les digo a los familiares de Luis Antonio Sánchez Guerrero, les pido perdón a todos ellos por haber participado en este complot criminal que tuvimos contra un joven que era padre, buen hijo y buen esposo. Me gustaría que los familiares me escucharan y entendieran bien porque el cabo Eduardo Mora fue el cómplice de todo y es el que menos nos está dando la cara en todos los procesos. Dijo de todo, pero nunca ha dicho la verdad. A este joven, Luis Antonio Sánchez Guerrero, lo sacamos con mentiras un día de la casa, hicimos que se nos presentara para una carrera porque él era un mototaxista y con engaños lo hicimos salir del pueblo de Ocaña para entregarlo al mayor Rivera para que procediera al asesinato vil que cometimos con él (…) Les pido perdón”.

Sobre las 10:30 a.m. comenzaron las intervenciones de las víctimas. La primera en hablar fue Eduvina Becerra, campesina de la Serranía del Perijá, quien desde hace más de 14 años busca justicia por la muerte de su compañero Jorge Eliécer Ortega. En la audiencia pidió que los militares, además de verdad, reconozcan y detallen nuevos aportes a la verdad que no se hayan conocido en la justicia ordinaria. “Les pedimos que ayuden a identificar a otros responsables como una forma de evitar la repetición de estos crímenes”.

Uno de sus reclamos particulares es por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada Móvil 15 en el Catatumbo en 2006. “Fueron cometidas bajo el mando del entonces mayor Giovanny Rodríguez León, pero ni la justicia ordinaria ni la JEP lo han llamado a responder por sus hechos (...) Hoy en día es general del Ejército activo, ha ascendido”.

La segunda en intervenir fue Sandra Paola Barbosa, hermana de Javier Peñuela, intervino en la audiencia y desde la tarima contó lo que hicieron con su familiar: “Fue sacado de una tienda, secuestrado, torturado y su casa la robaron”. Ella reiteró el llamado que hicieron las otras víctimas: que reivindiquen el nombre de él. “No fueron combatientes, no fueron guerrilleros, era gente campesina”.

Relató cómo tras el asesinato de su hermano tuvo que emprender un viacrucis por varias entidades del Estado para que le recibieran la denuncia. Llegó hasta Bogotá y tocó las puertas de la Procuraduría, de la Fiscalía y busco llegar hasta la Presidencia de la República. No la atendieron. Desde el estrado, se dirigió a los militares imputados y al reclutador civil Alexander Carretero y les preguntó: “¿Hoy ustedes son ricos? ¿Tienen los bolsillos llenos? ¿Cómo se sienten hoy?”.

María Consuelo Daza Bautista, hermana de Luis Alfonso Daza González, interpeló a los militares y recordó que el general Palomino aseguró que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales se cometieron en 29 de los 32 departamentos del país. “Si ustedes están aquí comprometidos con la verdad ¿por qué no hablan de la estructura militar que ustedes actúan con órdenes de supeirores? De lo contrario no habrá verdad”, reclamó.

La mujer les preguntó a los exmilitares si los méritos que ganaron por las bajas en combate valían más que las vidas de sus seres queridos. “¿Para ustedes valía más unos premios, unas vacaciones, unas comisiones, unas condecoraciones que el dolor de una madre, una familia y saber que sus hijos, padres, hermanos, esposos, los desaparecieron los hombres que nos custodian? Su petición formal en el estrado es que, como víctimas, reciban una reparación por los hechos victimizantes. Denunció, también que no ha sido registrada ante la Unidad para las Víctimas, a pesar de estar acreditada ante la JEP por este caso.

La togada Catalina Díaz, quien explicó que cada interviniente tendrá 20 minutos para hacer su intervención, pidió a los militares en retiro que no justifiquen sus acciones frente a las víctimas: “Esperamos que reconozcan detalladamente su responsabilidad individual en estos crímenes. ¿Por qué ejecutaron esas conductas? Fueron crímenes graves”.

En la comparecencia, que se realiza en Ocaña, Norte de Santander, están llamados a reconocer su responsabilidad por homicidio en persona protegida y desaparición forzada un general del Ejército, cuatro coroneles, otros cinco militares y un tercero civil (reclutador). En esa audiencia, los responsables se encontrarán frente a 60 de sus víctimas, 18 de las cuales intervendrán en ese espacio, entre ellas las Madres de Soacha, un colectivo emblemático.

Los exintegrantes de la Fuerza Pública que reconocerían responsabilidad en esta audiencia son los suboficiales Néstor Guillermo Gutiérrez y Sandro Mauricio Pérez Contreras; los oficiales (r) Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro y Rubén Darío Castro Gómez; el teniente coronel (r) Gabriel Rincón Amado; el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez; el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo; el teniente coronel de la reserva activa Álvaro Tamayo Hoyos; el sargento (r) Rafel Antonio Urbano Muñoz y Alexander Carretero Díaz (civil).

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El primer acto simbólico en el estrado fue el ingreso de las familias sobre las 9:10 a.m. de las víctimas de falsos positivos, quienes portan camisetas negras estampadas con la pregunta: ¿Quién dio la orden? En su ingreso, cada una llevaba una fotografía de sus ser querido sobre el pecho.

El primero en intervenir en la diligencia fue el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, quien dio apertura a la audiencia saludando la lucha de las víctimas de este crimen y recordando que esta diligencia es uno de los acercamientos a las sanciones que impondrá la Jurisdicción a los máximos responsables de estos crímenes: “Creímos durante mucho tiempo que era imposible hacer justicia, que la verdad era incalcanzable, que las víctimas estaban a merced del silencio cómplice, negligente, indiferente e indolente del Estado y la sociedad”.

El togado habló sobre la importancia de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflito armado y aseguró que esta audiencia es uno de los hitos más importantes en la historia del país: “Nada les va devolver la vida de sus hijos, hermanos, padres, madres, esposos y amigos, pero lo que sí podemos hacer por ellos y ustedes desde la JEP es proteger su memoria, restituir sus derehos vulnerados, desenterrar la verdad, acabar con la fuente de impunidad, rescatar la dignidad y devolverles una parte de su tranquilidad”.

(Lea: JEP imputa a un general y nueve militares más por falsos positivos en Catatumbo)

En un hecho histórico, este martes 26 de abril se llevó a cabo la primera audiencia de responsabilidad ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por el caso de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”. En esta diligencia judicial reconocieron responsabilidad seis militares por al menos 120 personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008 en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

Puede ver el seguimiento en vivo que hizo Colombia+20 de ese primer día de audiencia aquí y del segundo día aquí.

El miércoles 27 de abril a las 9 de la mañana se realizará el segundo día de la audiencia de reconocimiento de responsabilidad. Puede seguirlo a través de la página web de Colombia+20 y de nuestras redes sociales.

Al finalizar el primer día de la audiencia de reconocimiento y una vez ya habían hablado las víctimas y los comparecientes, los magistrados de la JEP decidieron hacer una serie de precisiones y consideraciones sobre la diligencia.

La primera en hablar fue la magistrada Catalina Díaz, quien se refirió a la reparación de las víctimas, una cuestión que fue puesta sobre la mesa por varios de los asistentes a la audiencia. “En el Auto 125 donde determinamos estos crímenes de guerra y de lesa humanidad, donde imputamos la responsabilidad de los comparecientes, incluimos un capítulo donde se resume los daños que ustedes sufrieron. Alguna de ustedes dijo ‘ni todo el oro del mundo me va a devolver a mi hijo‘, lo cual es cierto, pero hay una serie de acciones que el Estado debe tomar para la reparación. Nosotros tomamos atenta nota de cómo la verdad repara y por eso hicimos esta audiencia pública porque lo dicho por escrito era insuficiente respecto de la exigencia de conocer la verdad”, indicó la magistrada.

La magistrada llamó la atención sobre el trabajo de la Unidad de Víctimas. “Hemos acopiado la información y hemos encontrado que solo 72 personas que acreditamos como víctimas están en el Registro Único de Víctimas y faltan 48 personas. Las víctimas inscritas no lo fueron por asesinato, por eso dictamos un auto en el que ordenamos activar el componente de reparación integral e incluir 46 victimas del subcaso de Norte de Santander y revisar las 72 para que queden inscritas por homicidio y desaparición forzada”.

Según la magistrada, se le ordenó a esa entidad que las víctimas fueran acogidas en ese sistema y hacer efectivas las medidas de reparación, pero la Unidad y la Procuraduría recurrieron el auto afirmando que “la sala de reconocimiento no tiene la competencia legal para dictar esas órdenes”. Sin embargo, Díaz afirmó que en los próximos días se dedicarán a responder ese recurso.

“Es francamente una vergüenza que hoy el Estado no pueda hacer realidad un beneficio elemental que está en la ley por que (algunas víctimas) no está en el Registro Único”, afirmó.

A su turno, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga afirmó que la audiencia era sin duda una hecho “histórico en Colombia” y que la decisión de hacer la audiencia en Ocaña y no en Bogotá es porque se debía estar en los territorios con las víctimas “en el lugar donde sucedieron los crímenes”, dijo. Además, agregó que este tipo de encuentros de justicia restaurativa era resultado del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc “Y todo esto es posible, quiero insistir, por el Acuerdo de Paz, nosotros somos un resultado del Acuerdo de Paz. Esta audiencia es hija del Acuerdo de Paz”.

Luego les dirigió unas palabras a los familiares de las víctimas de los “falsos positivos” afirmando que tienen toda su solidaridad, apoyo y acompañamiento “por los crímenes que jamás debieron suceder”. Y agregó: “Durante muchos años les robaron el buen nombre a sus seres queridos, los estigmatizaron, pero no les bastó con eso, sino que les robaron su identidad incurriendo en la desaparición forzada. Soy consciente de que esos daños a las víctimas son realmente irreparables. Lamentablemente lo que podemos hacer como jueces es poco frente al a magnitud del daño causado”.

A los comparecientes les reconoció el valor de estar en esa audiencia. “Entiendo que como antiguos funcionarios del Estado no es fácil estar en este auditorio reconociendo estos crímenes, darles la cara a sus víctimas. Muy seguramente cuando ustedes cometieron ese tipo de atrocidades que yo las calificaría como una especie de locura colectiva, no eran conscientes de que esas personas que estaban desapareciendo eran padres, hijos, hermanos, miembros de una comunidad y seguramente no conocían ni se imaginaban el rostro de sus familiares. Esa esa la justicia restaurativa, una justicia de encuentro entre las víctimas y sus comparecientes”, afirmó. Al final agregó que este encuentro era la prueba de que estos crímenes sí sucedieron y que era hora de “dejar de negarlos”.

El magistrado Óscar Parra, a su turno, habló sobre la importancia de estas audiencias para que el país entienda “qué fue lo que llevó a servidores públicos con una carrera a empezar en involucrarse en estos crímenes que ocurrieron de manera sistemática y generalizadas”.

Dijo, además, que este es uno de los pasos para enfrentar las críticas, dudas y preguntas que hay alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Maira Alejandra Jaimes, hija de Joselyn Darío Jaimes González, se dirigió a los togados, los comparecientes y las víctimas para defender y limpiar el buen nombre de su papá. “Era una persona humilde y trabajadora, solo quería sacarnos adelante. Llevamos una lucha y con miedo porque nos amenazaron cuando lo íbamos a velar, nos dijeron que no lo veláramos en la casa porque nos tiraban una granada”, contó.

La mujer pidió que, por el caso de su padre, también llamaran a comparecer a Nelson Gerardo Cabrejo Grisnaldo, un mayor del Ejército quien no estaría en la justicia transicional y sería, según ella, el directo responsable del crimen contra su familiar. “A mí que me den una explicación. ¿Por qué él, por qué se lo llevaron? Él no merecía lo que le hicieron”, reclamó.

Zoraida Navarro, la hija de Jesús Emilio Navarro Garay, intervino para pedirle a los militares presentes que no encubrieran a otros responsables por estos casos de falsos positivos en la región del Catatumbo. “No sabemos dónde está el cadáver de mi padre y quiero darle cristiana sepultura, aún no lo he encontrado”, fue su principal petición.

Hoy todavía pueden llegar señores del Ejército a nuestras casa, tardes en la noche y llamarnos como lo hicieron ustedes una vez. Queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos, no vuelvan a vivir esta situación que nosotros vimos. Ya no hay lágrimas ni en los ojos porque hemos sufrido tanto, fui testigo, yo vi y no están aquí los máximos responsables de aquel tiempo cuando nos sacaban a culatazos y a golpes reclamando por esos cuerpos que estaban en las casas.

La mujer reclamó fuertemente a los militares por los crímenes que cometieron. “Cuando llega diciembre o el día del padre, cómo quisiéramos recibir un abrazo de ese ser querido. Recibir un consejo que necesitábamos, pero ustedes nos arrebataron el sueño que tuvimos desde jóvenes”, pidió.

Andrés Reyes Quintero hermano de José de Jesús Reyes Quintero habló en el estrado sobre el retén militar en el que reclutaron a su hermano para luego asesinarlo y hacerlo pasar como guerrillero muerto en combate. “Quiero que traigan acá el nombre del civil que perfiló y reclutó a mi hermano. Quiero que lo traigan acá porque le prometí a mi hermano que iba esclarecer esto”.

El mayor en retiro Juan Carlos Chaparro Chaparro, quien fungió como comandante del Batallón de Infantería No. 15 entre noviembre 2006 y diciembre 2008, intervino sobre las 3:30 p.m. y reconoció su responsabilidad en calidad de coautor en esas ejecuciones extrajudiciales. En su relato empezó desde los últimos hechos hasta los primeros, cuando asumió la comandancia. “Cuando se conoció el escándalo de falsos positivos en 2008 a mí me nombraron comandante encargado. Cuando recibí, me llegaban muchas víctimas y mancillé el nombre de ellos. Inclusive, con voz fuerte les decía que sus familiares sí estaban en alguna estructura, siendo eso falso”.

El militar confesó que durante su período de comandancia cambió documentos de las víctimas para hacerlos pasar como guerrilleros. “Les quiero pedir perdón por todas las atrocidades que encubrí y tapé. Perdón por hablar tan mal de la región. Dijimos que muchos campesinos eran lo que no eran, eso es lo más doloroso”, dijo.

El coronel retirado Rubén Darío Castro Gómez, quien fue el jefe de operaciones, posteriormente jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil 15 y luego comandante de esa unidad, entre 2006 y 2008, reconoció públicamente que “al interior de la Brigada existía una banda criminal, de la cual tuve conocimiento, y que tenía como único fin incrementar los resultados operacionales”.

El militar explicó que, aunque en 2008 dejó su cargo como comandante de esta unidad militar, “esa banda criminal se mantuvo porque continué con la exigencia de pedir resultados operacionales a como diera lugar, siempre representados en bajas en combate”. En su intervención aseguró que esa era la forma como era calificado por el comandante de la Segunda División del Ejército y por el entonces comandante general, Mario Montoya Uribe, a quien se refirió para decir que comparaba los resultados operacionales de todas las unidades militares para destacar quién tenía más bajas.

En su intervención habló sobre la estigmatización que generaron las Fuerzas Militares en esa época sobre la región del Catatumbo y dijo que tenía conocimiento de que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales eran campesinos inocentes. “He tomado consciencia que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos estos resultados, fueron asesinadas personas que nada tenían que ver con el conflicto armado”.

Admitió que, siendo el jefe de Estado Mayor de esa Brigada, firmó documentos que pretendían legalizar las bajas en combate. “Firmé documentos sin investigar la forma como se cometían ejecuciones extrajudiciales, como también por falta de control permití que se pagaran dineros de gastos reservados sin ejercer ningún tipo de supervisión, por eso contribuí a que se incrementaran las estadísticas de muertos en combate a como diera lugar”. Dijo, de hecho, que asistió a reuniones donde se presentaron las denuncias por estos casos, pero nunca tomó alguna acción legal contra estos crímenes.

El coronel Castro aseguró que, aunque su participación en las ejecuciones no era directa, sí actuó por omisión y ordenó aumentar los resultados: “Yo empecé a ejercer presiones sobre mis subalternos mientras fui comandante. Como motivación los felicitaba, les daba permisos, reconocimientos y condecoraciones a aquellas personas que se destacaran en estos operativos, que eran totalmente falsos. Asumo mi responsabilidad con las víctimas y asumo mi responsabilidad penal por estos hechos”.

Finalmente, el militar pidió perdón a las víctimas por los crímenes de guerra cometidos. “Mi dolor de soldado es grande e indescriptible, esto nunca debió haber sucedido”.

A las 2:50 p.m. la JEP reanudó la audiencia de reconocimiento de responsabilidades y las primeras en intervenir en este segundo momento de la diligencia fueron las víctimas. Claudia Patricia Barrientos, hermana de Javier Barrientos Bautista pidió a los militares presentes que contaran más detalles sobre el crimen de su familiar. El segundo en tomarse la palabra fue Antonio María Peña, hermano de Olivo Peña quien hizo un duro reclamo a los comparecientes: “Nosotros no conocemos qué es un arma para que el gobierno colombiano y estos señores presentes hayan reportado al entonces Ministro de Defensa que cayó un delincuente del frente 33 de las Farc”.

A las 11:00 a.m. comenzaron los reconocimientos de responsabilidad por parte de los exmilitares en el caso de “falsos positivos” en Catatumbo. El primer militar en pararse frente a las víctimas fue Néstor Guillermo Gutiérrez, quien para la época era cabo primero del Ejército y fue comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15. “Yo reconozco y acepto mi responsabilidad como coautor por los crímenes de guerra, de lesa humanidad y homicidio en persona protegida. Crímenes que cometí”.

Y agregó: “No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Quiero aclararlo acá: lo que asesinamos fueron campesinos”. Lea aquí en detalle su intervención: “No encontrábamos la guerrilla, pero había que dar resultados”: cabo del Ejército

“Había que buscar los resultados como fuera. Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar el resultado”, dijo el ex militar. “En el Catatumbo se llevó a cabo un fenómeno criminal para 2007 y 2008. Y no fue únicamente en esta época, esto fue una política que se tenía dentro de las filas. “El mismo modus operandi mio en El Carmen, lo estaban haciendo las otras patrullas”.

Sobre el mediodía, después de un receso en la audiencia, intervino Vladimir Rodríguez Figueroa, un sobreviviente de “falsos positivos” que contó su historia, a través de un video, en la que explica que fue herido por el Ejército en un simulado combate contra el frente 33 de las Farc. “Yo quedé tendido en el piso herido y escuchaba a los militares que decían que yo ya estaba muerto (...) “Quiero decirle a los militares por qué quisieron hacer ese falso positivo conmigo”.

Daladier Rivera Jácome, imputado máximo responsable en el auto 125 de 2021. Capitán durante la época de los hechos, ocupó los cargos de comandante del grupo especial, oficial de inteligencia de central de inteligencia en ocaña Sioca y jefe de estado mayor de la brigada movil 15 entre el 28 de octubre de 2005 y 23 de noviembre de 2007. Participó en el patrón de macrocriminalidad en la ejecución de operaciones del asesinato de las víctimas.

En su acto público se dirigió a Benjamín Rodríguez Figueroa, una de las víctimas presentes en la audiencia. Le pidió que se pusiera de pie en el salón y dijo que quería limpiar su nombre frente a todo el país. “Quiero aclararle al mundo y al pueblo colombiano que usted nunca fue un combatiente ni un delincuente. Yo soy el responsable de que usted, después de estos hechos tan atroces que acaba de narrar, estuviera detenido por un tiempo. Yo elaboré unos falsos documentos de inteligencia los cuales los puse a disposición de la Fiscalía, que tomó su caso, por medio del cual unos personajes desvmoilizados que obtuvieron una dádiva, se sentaron a declarar ante este fiscal para que usted estuviera detenido. Le pido perdón”, aseguró.

Rafael Antonio Urbano, sargento segundo del Ejército durante la época de los hechos, también pidió perdón por el asesinato de Luis Antonio Sánchez Guerrero, joven que trabajaba como mototaxista en Ocaña.

“Les digo a los familiares de Luis Antonio Sánchez Guerrero, les pido perdón a todos ellos por haber participado en este complot criminal que tuvimos contra un joven que era padre, buen hijo y buen esposo. Me gustaría que los familiares me escucharan y entendieran bien porque el cabo Eduardo Mora fue el cómplice de todo y es el que menos nos está dando la cara en todos los procesos. Dijo de todo, pero nunca ha dicho la verdad. A este joven, Luis Antonio Sánchez Guerrero, lo sacamos con mentiras un día de la casa, hicimos que se nos presentara para una carrera porque él era un mototaxista y con engaños lo hicimos salir del pueblo de Ocaña para entregarlo al mayor Rivera para que procediera al asesinato vil que cometimos con él (…) Les pido perdón”.

Sobre las 10:30 a.m. comenzaron las intervenciones de las víctimas. La primera en hablar fue Eduvina Becerra, campesina de la Serranía del Perijá, quien desde hace más de 14 años busca justicia por la muerte de su compañero Jorge Eliécer Ortega. En la audiencia pidió que los militares, además de verdad, reconozcan y detallen nuevos aportes a la verdad que no se hayan conocido en la justicia ordinaria. “Les pedimos que ayuden a identificar a otros responsables como una forma de evitar la repetición de estos crímenes”.

Uno de sus reclamos particulares es por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Brigada Móvil 15 en el Catatumbo en 2006. “Fueron cometidas bajo el mando del entonces mayor Giovanny Rodríguez León, pero ni la justicia ordinaria ni la JEP lo han llamado a responder por sus hechos (...) Hoy en día es general del Ejército activo, ha ascendido”.

La segunda en intervenir fue Sandra Paola Barbosa, hermana de Javier Peñuela, intervino en la audiencia y desde la tarima contó lo que hicieron con su familiar: “Fue sacado de una tienda, secuestrado, torturado y su casa la robaron”. Ella reiteró el llamado que hicieron las otras víctimas: que reivindiquen el nombre de él. “No fueron combatientes, no fueron guerrilleros, era gente campesina”.

Relató cómo tras el asesinato de su hermano tuvo que emprender un viacrucis por varias entidades del Estado para que le recibieran la denuncia. Llegó hasta Bogotá y tocó las puertas de la Procuraduría, de la Fiscalía y busco llegar hasta la Presidencia de la República. No la atendieron. Desde el estrado, se dirigió a los militares imputados y al reclutador civil Alexander Carretero y les preguntó: “¿Hoy ustedes son ricos? ¿Tienen los bolsillos llenos? ¿Cómo se sienten hoy?”.

María Consuelo Daza Bautista, hermana de Luis Alfonso Daza González, interpeló a los militares y recordó que el general Palomino aseguró que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales se cometieron en 29 de los 32 departamentos del país. “Si ustedes están aquí comprometidos con la verdad ¿por qué no hablan de la estructura militar que ustedes actúan con órdenes de supeirores? De lo contrario no habrá verdad”, reclamó.

La mujer les preguntó a los exmilitares si los méritos que ganaron por las bajas en combate valían más que las vidas de sus seres queridos. “¿Para ustedes valía más unos premios, unas vacaciones, unas comisiones, unas condecoraciones que el dolor de una madre, una familia y saber que sus hijos, padres, hermanos, esposos, los desaparecieron los hombres que nos custodian? Su petición formal en el estrado es que, como víctimas, reciban una reparación por los hechos victimizantes. Denunció, también que no ha sido registrada ante la Unidad para las Víctimas, a pesar de estar acreditada ante la JEP por este caso.

La togada Catalina Díaz, quien explicó que cada interviniente tendrá 20 minutos para hacer su intervención, pidió a los militares en retiro que no justifiquen sus acciones frente a las víctimas: “Esperamos que reconozcan detalladamente su responsabilidad individual en estos crímenes. ¿Por qué ejecutaron esas conductas? Fueron crímenes graves”.

En la comparecencia, que se realiza en Ocaña, Norte de Santander, están llamados a reconocer su responsabilidad por homicidio en persona protegida y desaparición forzada un general del Ejército, cuatro coroneles, otros cinco militares y un tercero civil (reclutador). En esa audiencia, los responsables se encontrarán frente a 60 de sus víctimas, 18 de las cuales intervendrán en ese espacio, entre ellas las Madres de Soacha, un colectivo emblemático.

Los exintegrantes de la Fuerza Pública que reconocerían responsabilidad en esta audiencia son los suboficiales Néstor Guillermo Gutiérrez y Sandro Mauricio Pérez Contreras; los oficiales (r) Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro y Rubén Darío Castro Gómez; el teniente coronel (r) Gabriel Rincón Amado; el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez; el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo; el teniente coronel de la reserva activa Álvaro Tamayo Hoyos; el sargento (r) Rafel Antonio Urbano Muñoz y Alexander Carretero Díaz (civil).

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El primer acto simbólico en el estrado fue el ingreso de las familias sobre las 9:10 a.m. de las víctimas de falsos positivos, quienes portan camisetas negras estampadas con la pregunta: ¿Quién dio la orden? En su ingreso, cada una llevaba una fotografía de sus ser querido sobre el pecho.

El primero en intervenir en la diligencia fue el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, quien dio apertura a la audiencia saludando la lucha de las víctimas de este crimen y recordando que esta diligencia es uno de los acercamientos a las sanciones que impondrá la Jurisdicción a los máximos responsables de estos crímenes: “Creímos durante mucho tiempo que era imposible hacer justicia, que la verdad era incalcanzable, que las víctimas estaban a merced del silencio cómplice, negligente, indiferente e indolente del Estado y la sociedad”.

El togado habló sobre la importancia de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflito armado y aseguró que esta audiencia es uno de los hitos más importantes en la historia del país: “Nada les va devolver la vida de sus hijos, hermanos, padres, madres, esposos y amigos, pero lo que sí podemos hacer por ellos y ustedes desde la JEP es proteger su memoria, restituir sus derehos vulnerados, desenterrar la verdad, acabar con la fuente de impunidad, rescatar la dignidad y devolverles una parte de su tranquilidad”.

(Lea: JEP imputa a un general y nueve militares más por falsos positivos en Catatumbo)