¿Qué pasó en la audiencia de reconocimiento de la JEP por ‘falsos positivos’?
Aunque los 10 militares y el civil citados a esta diligencia judicial reconocieron su responsabilidad en los delitos que les imputaron, las víctimas aseguran que todavía falta verdad y que los máximos responsables siguen en la impunidad. Siete claves para entender la audiencia histórica que realizó la Jurisdicción Especial para la Paz.
Finalizó la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad por el caso de “falsos positivos” ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el balance es agridulce. Por un lado, los 10 militares y el civil que asistieron a la diligencia judicial asumieron su responsabilidad por los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Sin embargo, las víctimas que asistieron a la audiencia aseguran que no fue suficiente y que todavía faltan aportes a la verdad sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo. Esta audiencia es el primer paso para que la JEP abra camino en las sanciones que recibirán los máximos responsables del conflicto armado.
Puede ver el seguimiento en vivo que hizo Colombia+20 de ese primer día de audiencia aquí y del segundo día aquí.
Los exintegrantes del Ejército que reconocieron responsabilidad en esta audiencia fueron los suboficiales Néstor Guillermo Gutiérrez y Sandro Mauricio Pérez Contreras; los oficiales (r) Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro y Rubén Darío Castro Gómez; el teniente coronel (r) Gabriel Rincón Amado; el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez; el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo; el teniente coronel de la reserva activa Álvaro Tamayo Hoyos; el sargento (r) Rafael Antonio Urbano Muñoz y Alexander Carretero Díaz (civil reclutador).
Antes de finalizar la diligencia, la magistrada de la JEP Catalina Díaz agradeció a las víctimas por continuar con este proceso de lucha después de casi dos décadas. “Fue tanto el poder de ustedes, hombres y mujeres del Catatumbo, que la modalidad tuvo que cambiar. Los miembros de las unidades militares tuvieron que ir a buscar a sus víctimas a otro lugar porque las organizaciones campesinas del Catatumbo no lo iban a permitir más”, dijo.
Aquí algunas claves para entender qué pasó durante los dos días de la audiencia.
¿Qué reconocieron los responsables?
Todos los comparecientes reconocieron su responsabilidad en el asesinato de por lo menos 120 personas en el Catatumbo que fueron presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008, bajo la modalidad conocida como “falsos positivos”. Aceptaron haber cometido homicidio en persona protegida y desaparición forzada. En sus intervenciones a lo largo de los dos días, los responsables pidieron perdón a los familiares de las víctimas, reconocieron el daño que habían causado y, con nombre propio, dignificaron uno a uno a los jóvenes que asesinaron, aclarando que ninguno de ellos era guerrillero.
A través de sus intervenciones, los militares y el civil describieron lo que la JEP ha llamado patrones de criminalidad: las víctimas de estas ejecuciones eran mayoritariamente hombres entre los 25 y 35 años, habitantes de zonas rurales en su mayoría agricultores o comerciantes, señalados sin pruebas de pertenecer a la guerrilla. Otra de las modalidades consistía en reclutar mediante engaños, a través de terceras personas que se encargaban de identificar a las posibles víctimas, haciéndoles ofertas de empleo y luego desplazarlos desde Bogotá o Soacha hasta el departamento de Norte de Santander.
Todos coincidieron en que la presión de sus superiores por brindar resultados operacionales, que para el momento, se traducían en “bajas”, es decir, en la muerte de guerrilleros, los llevó a cometer estos asesinatos creando para ello una banda criminal dentro de la Brigada Móvil, en la que cada uno de ellos tenía una función específica.
Los engañaron y asesinaron
Néstor Guillermo Gutiérrez, quien para la época era cabo primero del Ejército y fue comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15, entregó uno de los testimonios más impactantes. Fue el primero en revelar que, cuando llegó al Catatumbo, en febrero de 2007, “había una presión de altos mandos, que nos exigían dar resultados”. Fue enviado al municipio de El Carmen a hacer inteligencia militar. Allí, ubicó un burdel y se contactó con la administradora del lugar, María Eugenia Ballena, para que le suministrara información sobre supuestos colaboradores de la guerrilla, “pero en realidad no lo eran”, afirmó.
Lea aquí en detalle su intervención: “No encontrábamos la guerrilla, pero había que dar resultados”: cabo del Ejército
Con la información que le suministraba ella, elaboró una lista de unos 15 nombres de quienes se convertirían en las próximas víctimas. Además, contó que tenía relación con un grupo paramilitar de Aguachica (Cesar), que le suministraba las armas que les pondrían luego a las personas asesinadas.
“Había que buscar los resultados como fuera. Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar el resultado”, dijo el militar. “Y no fue únicamente en esta época, esto fue una política que se tenía dentro de las filas. El mismo modus operandi mío en El Carmen, lo estaban haciendo las otras patrullas”, explicó.
“Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá llevándolos con mentiras, con engaños. Les disparamos cruelmente, cobardemente, y manchamos su nombre y el de su familia. Dejamos a unos hijos sin padre, a una madre sin hijos. Pido perdón a Dios. Hicimos un teatro para mostrar supuestos combates. No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Quiero aclararlo acá: lo que asesinamos fueron campesinos”.
En ese mismo sentido se pronunció Rafael Antonio Urbano, sargento segundo del Ejército durante la época de los hechos. Pidió perdón por el asesinato de Luis Antonio Sánchez Guerrero, quien trabajaba como mototaxista en Ocaña. “Les pido perdón a los familiares por haber participado en este complot criminal que tuvimos contra un joven que era padre, buen hijo y buen esposo. A este joven lo sacamos con mentiras un día de la casa, hicimos que se nos presentara para una carrera porque él era un mototaxista y con engaños lo hicimos salir del pueblo de Ocaña para entregarlo al mayor Rivera para que procediera al asesinato vil que cometimos con él (…) Les pido perdón”.
El mayor Daladier Rivera Jácome, al que se refería Urbano, era capitán durante la época de los hechos, fue comandante del grupo especial, oficial de inteligencia de central de inteligencia en Ocaña y jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil 15, entre el 28 de octubre de 2005 y 23 de noviembre de 2007. En su intervención en la audiencia se dirigió a Benjamín Rodríguez Figueroa, una de las víctimas presentes en la audiencia. Le pidió que se pusiera de pie y dijo que quería limpiar su nombre frente a todo el país. “Quiero aclararle al mundo y al pueblo colombiano que usted nunca fue un combatiente ni un delincuente. Yo soy el responsable de que usted, después de estos hechos tan atroces que acaba de narrar, estuviera detenido por un tiempo. Yo elaboré unos falsos documentos de inteligencia los cuales los puse a disposición de la Fiscalía, que tomó su caso, por medio del cual unos personajes desmovilizados que obtuvieron una dádiva, se sentaron a declarar ante este fiscal para que usted estuviera detenido. Le pido perdón”, aseguró.
“Legalizar los muertos”
Uno de los reconocimientos que más impacto tuvo en las víctimas fue el de Sandro Mauricio Pérez Contreras quien se desempeñó como suboficial de inteligencia del Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander del Ejército. Según contó, allí entregó armas con las cuales se simulaban combates, coordinó pagos a supuestos informantes y fue coautor de homicidios a personas protegidas (ejecuciones extrajudiciales).
El sargento segundo retirado dijo cuál fue su papel en estas ejecuciones extrajudiciales: “Planee cómo debían llegar de Soacha a Ocaña, cómo debían entregarse a los militares, les robé la identidad a los hijos que ustedes tanto amaban, entregué documentos falsos para que fuera creíble lo que estábamos haciendo, les robé sus documentos para que pasaran como ‘NN’, esto hacía que para ustedes fuera más difícil poder encontrarlos y saber la verdad”, afirmó.
Lea la intervención del sargento Pérez Contreras aquí: “Yo represento para ustedes una máquina de muerte”: militar ante la JEP
“Mi falta de temor a Dios, mi falta de amor y respeto por la vida humana, por la dignidad humana, me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, un monstruo para la sociedad. Represento para algunos de ustedes una máquina de muerte”, dijo el sargento Pérez Contreras, ante las víctimas en el caso de falsos positivos.
En su discurso el militar aseguró que en el Ejército nunca le enseñaron a hacer daño a la población civil, pero que sí escucharon la palabra “legalizar”. “En un principio yo no entendía qué era y me quedaba con la duda, pensé que eso hacía referencia a algo económico o a elementos. Me senté a hablar con unos soldados y me explicaron que legalizar era agarrar a alguien y asesinarlo”, contó.
El sargento aseguró que recibía presiones por “falta de resultados operacionales” por parte del comandante de Batallón. Incluso, afirmó que esas presiones las sentía a través de programas radiales por parte del comandante de la División. Su versión coincide con la que entregó en la jornada del martes 26 de abril, el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo, quien afirmó que una de las modalidades para generar presión en sus subalternos era a través de los programas radiales del Ejército en el que pedían más “resultados”, lo que se traducía en bajas. Sus palabras fueron tan estremecedoras que los togados decidieron dar un receso a la audiencia para que las víctimas se recuperaran de esta confesión.
Varios suboficiales también confesaron, en los dos días de audiencia, cómo “legalizaron” los asesinatos de los civiles con documentación falsa. En 2008, cuando estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, el país y el presidente Juan Manuel Santos destituyó a más de 20 oficiales y suboficiales, el mayor retirado del Ejército Juan Carlos Chaparro asumió el mando del Batallón Francisco de Paula Santander. “Cuando recibo el comando, me llegan muchas víctimas y yo mancillé el nombre de ellos. Inclusive con voz fuerte les decía que sus familiares estaban en alguna estructura, siendo esto falso, siempre acompañando lo que los subalternos en su momento hicieron, dándole fe a ellos de que lo que estaban haciendo estaba bien”.
Según su relato, en los meses que siguieron, en vez de dedicarse a investigar las denuncias, se concentró en revisar la documentación “para que todas las ejecuciones extrajudiciales que se habían hecho en el batallón pareciera que fueran una realidad. Cambiamos documentación e inclusive la borramos”, sostuvo.
Ya desde 2007, cuando se desempeñó como oficial de operaciones de ese batallón, había participado en las ejecuciones extrajudiciales, especialmente en la legalización de las “bajas” que reportaban sus subalternos. “La documentación que yo generaba, la hacía de acuerdo a los protocolos, pero con las mentiras que a mí me daban”.
Según su testimonio, nunca se preocupó por constatar en lo más mínimo la versión de sus unidades sobre las bajas que reportaban. “Yo nunca verifiqué, nunca ahondé, nunca fui más allá, siempre le creí a las unidades que estaban en el área, siempre creí las mentiras que me decían. Lo único por lo que me preocupaba era por que mi documentación que tenía que presentar, así fuera mentirosa, estuviera bien”.
También puede leer: ¿Sin el escándalo habría otros 6.402 falsos positivos?: Eduvina Becerra
“Cerré los ojos y me convencí a mi mismo que lo que estaba pasando era verdadero y así me mantuve durante muchos años”, sostuvo el militar. Agregó: “Yo llegué a convencerme de que yo no tenía ninguna responsabilidad, que lo que me fueran a pedir estaba ahí... Así duré todos estos años, pensando que lo que hice yo con la documentación estaba bien. Y no es así, y reconozco aquí, frente a ustedes padres, hermanos, esposas, esposos, hijas, hijos, lo que hice en ese momento, hablar de lo que no eran sus víctimas; me arrepiento de todo corazón”, dijo el militar.
A medida que sube el rango, los comparecientes asumen otro tipo de responsabilidades. Sus reconocimientos van más allá de la ejecución del asesinato y develan el entramado que montaron en las unidades militares, insistiendo en que la presión por los resultados los llevaba a cometer los delitos. El coronel retirado Rubén Darío Castro Gómez, quien fue el jefe de operaciones, posteriormente jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil 15 y luego comandante de esa unidad, entre 2006 y 2008, reconoció públicamente que “al interior de la Brigada existía una banda criminal, de la cual tuve conocimiento, y que tenía como único fin incrementar los resultados operacionales”.
El militar explicó que, aunque en 2008 dejó su cargo como comandante de esta unidad militar, “esa banda criminal se mantuvo porque continué con la exigencia de pedir resultados operacionales a como diera lugar, siempre representados en bajas en combate”. En su intervención aseguró que esa era la forma como era calificado por el comandante de la Segunda División del Ejército y por el entonces comandante general, Mario Montoya Uribe, de quien dijo que comparaba los resultados operacionales de todas las unidades militares para destacar quién tenía más bajas.
En ese mismo sentido, declaró el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo, quien se refirió a los delitos cometidos entre el 15 de agosto de 2006 y el 13 de diciembre de 2007, cuando fungió como comandante de la Brigada Móvil No. 15. “Hoy, con toda la vergüenza y encogimiento que un soldado puede sentir, pero con el mayor respeto para el dolor de las víctimas, reconozco que mientras ejercí ese cargo operó al interior de la brigada móvil una estructura criminal de facto”.
Acá su relato completo: “Usamos armas de la República para vulnerar la vida a inocentes”: militar ante JEP
El militar explicó que estuvo presionado por las “dinámicas de guerra” establecidas por el entonces comandante del Ejército Mario Montoya Uribe y el comandante de la Segunda División, el mayor general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz. “No necesité ponerme de acuerdo con nadie para conformar este aparato criminal, a medida que iba presionando a mis subalternos para que me produjeran muertes y reportaran resultados, que yo reportaba a su vez al comandante del Ejército en Bogotá y al comandante de la segunda división.”
El coronel mencionó diez mecanismos que utilizó para presionar las bajas a sus subalternos. Primero, se refirió a presiones a través de programas radiales diarios; comunicaciones individuales a los comandantes de cada Batallón; motivaciones con la promoción de competencia entre unidades por el mayor número de resultados. Admitió también que presionaron con amenazas de anotaciones negativas en el folio de vida por “falta de gestión y de eficiencia en los resultados operacionales”. Dijo también que motivó con permisos y viajes a quienes reportaban bajas y tomaba y utilizaba los planes de bienestar que tenía el Ejército para beneficiar a los soldados. Reconoció, además, que dieron comisiones al exterior y que a quienes presentaban “más resultados” les concedieron cursos de piloto en la Brigada de Aviación.
Sobre la verificación de las bajas en los combates explicó que, mensualmente, cada unidad militar era monitoreada y juzgada por el número de homicidios o “bajas” que se cometían. Explicó, de hecho, que los homicidios empezaron a tener un carácter de sistematicidad al interior de su brigada móvil y en su intervención nombró a algunos comandantes de batallones que participaron en ejecuciones extrajudiciales. Del Batallón de Contraguerrillas 95 mencionó al mayor José Reinel Hernán Villalba. “Allí se encontraron muertes extrajudiciales que los afectaron a ustedes como familias, con el conocimiento del mayor general y con la planeación de muchos de esos casos”.
La empresa criminal
El coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, en línea con lo que han reconocido otros coroneles en la audiencia, afirmó la existencia de una “empresa criminal que se creó, se desarrolló, se formó y se organizó al interior de la extinta Brigada Móvil 15, todo con el fin de presentar falsas muertes en combate y así posicionarse frente a las presiones de los comandantes”.
Los comandantes a los que se refería el coronel fueron los generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y José Joaquín Cortés, comandantes de Segunda División del Ejército para 2007 y 2008 y el general Mario Montoya, quien era el comandante del Ejército para la época. De ellos, aseguró: “Exigían y pedían muertes en combate”, exigencias que lo llevaron a él como oficial de operaciones a participar de la maquinaria que armaron para cometer los crímenes.
Le puede interesar: Mayor reconoce que manipuló documentos para hacer pasar víctimas como guerrilleros
Según explicó el coronel, al interior de esa empresa criminal se dividieron las funciones y detalló el rol que cumplió él. “El mío era plasmar unos documentos que le dieran visos de legalidad a esas falsas operaciones y que se mostrara ante los entes de control, como la Fiscalía, que había sido una operación real, lo cual nunca fue así”. Documentos como los informes de situación de tropas, las misiones tácticas para esas operaciones, o el “radiograma operacional donde se reportaban cada uno de los eventos maquiavélicos que desarrollamos para poder demostrar que ese combate había sido legal”.
“Reconozco ante ustedes, víctimas, que sus seres queridos que perdieron la vida en estos falsos combates nunca fueron combatientes, ni delincuentes, ni pertenecían a ninguna estructura criminal. Fueron personas de bien, campesinos, trabajadores, que fueron acechados, secuestrados y llevados a sitios donde las tropas los ultimaron en estado de indefensión y les colocaron armas solo con la finalidad de mostrar resultados operacionales”, enfatizó el coronel.
Enl intervención del general en retiro Paulino Coronado -el militar de más alto rango que ha reconocido estos delitos- también habló de una empresa criminal dentro de las unidades militares para alterar los resultados operacionales. Aceptó que falló al no haber fijado una posición firme frente a las presiones que venían desde el comando de la Segunda División e insistió en que los generales Saavedra y Cortés rompieron la cadena de mando al increpar directamente, mediante programas radiales del Ejército, a los oficiales y suboficiales de los pelotones, pasando por encima de él.
La interpeleación de los magistrados al general (r) Paulino Coronado
La esperada intervención del general en retiro Paulino Coronado -el militar de más alto rango que ha reconocido estos delitos- dejó un sinsabor entre las víctimas por un reconocimiento ambiguo. Aunque se atuvo a la imputación que le hizo la JEP en junio de 2021, por omisión como comandante de la Brigada 30 para la época de los hechos, sostuvo que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con sus subalternos en la región.
“Acepto mi responsabilidad por exceso de confianza al haber asumido como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales, cuando no lo fueron. Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”, sostuvo en el estrado.
Le puede interesar: “Mi error fue dejarme engañar”: general (r) Coronado sobre “falsos positivos”
Antes de que Coronado terminara su declaración, la togada Catalina Díaz, le recordó al militar que en el expediente judicial por su caso hay un episodio que contradice la versión que él sostiene de que desconocía los actos que cometieron sus subalternos en la época. “El 6 de diciembre del 2007, en un auditorio como este, los campesinos del Catatumbo, en compañía de los órganos de control, organizaciones no gubernamentales con la presencia de la Fuerza Pública denunciaron que los campesinos de la zona eran asesinados y sus cuerpos presentados como resultados operacionales. (...) Usted asistió a esa reunión y estuvo presente cuando se denunciaron esos asesinatos”.
Frente a estas afirmaciones el militar aseguró que sí recibió la invitación a esa audiencia pública, pero aseguró que los campesinos no hicieron las denuncias correspondientes. Lo dicho por el general ocasionó la molestia de las víctimas, quienes, en un episodio que no se vio en la transmisión de televisión, se pusieron de pie masivamente y ondearon carteles en los que se leyó: “Aquí faltó verdad”, “¿Quién dio la orden?”, “faltan máximos responsables”, y “Quiero a Montoya ya”.
Alexander Carretero, el único civil compareciente
El único civil compareciente, Alexander Carretero, contó cómo reclutó a los jóvenes para luego entregarlos al Ejército y que los asesinaran. “Fui la persona que traje a todos sus seres queridos de varias partes de Colombia. Me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, Aguachica y Bucaramanga, para entregárselos al Ejército Nacional para que los asesinaran. Quiero reconocer los hechos y que se sepa la verdad”, dijo.
Vea el video del reconocimiento del reclutador: “Entregué inocentes al Ejército para que los asesinaran”: civil reclutador
“A principios de 2008, Énder Obeso me hace una propuesta, me dice que él tuvo un inconveniente y que si puedo ir a llevar a un muchacho hasta Ocaña y dárselo a Dairo Palomino. Yo le dije sí, estaba económicamente mal. En las horas de la tarde, me llevó al muchacho al terminal de Bogotá. Un muchacho inocente. Lo vi que no era como uno. Nos subimos, el bus iba vacío. Él iba en un puesto y yo en otro. No hablamos en el camino. Llegamos a San Martín, Cesar, al otro día. Le pregunté que si tenía hambre y me dijo que sí. Le di comida. Almorzamos y seguimos. Nos fuimos hasta Santa Clara, una vía que va para Ocaña y para Aguachica. Allí estaba Dairo Palomino esperándonos en una moto. Nos bajamos del carro y Dairo se va con Fair Leonardo Porras en la moto. Al otro día yo me devolví a Soacha”, relató Carretero. Fair Porras es el hijo de Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha.
Carretero también aseguró que por sus declaraciones ante la justicia ordinaria y ante la justicia transicional ha recibido amenazas. “Los soldados intentaron matarme para que yo me callara. Estoy vivo para seguir colaborando con ustedes y llegar hasta donde me digan”, dijo.
Los reclamos de las víctimas
Las víctimas reclamaron de manera constante, durante los dos días, por conocer la responsabilidad de otros altos militares y de autoridades civiles como el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el expresidente Álvaro Uribe.
“Nos hicieron daño y muchísimo a las madres, al barrio, a la comunidad. Hoy les pido que digan la verdad y echen al agua desde [el expresidente Álvaro] Uribe en adelante porque yo sé que él tiene la culpa, [el expresidente Juan Manuel] Santos tiene la culpa, [el general Freddy] Padilla tiene la culpa, [el general Mario] Montoya tiene la culpa. Díganlo, pero con nombres propios”, dijo Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, desaparecido el 23 de agosto en 2008 y quien apareció muerto el 25 de agosto de ese año en Ocaña.
Gómez insistió durante su intervención en que las víctimas quieren los nombres de quienes estuvieron detrás de las decisiones que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales: “Hoy le digo a los señores procesados que por favor ellos tienen hijos, hijas, familiares que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad. No se echen el agua solamente entre ustedes, sino que nos digan quién dio la orden. Necesitamos a esa persona. Sabemos que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes”, afirmó.
A su turno, Flor Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano, se unió a la petición y exigió que los militares den nombres de los altos mandos responsables. “Me gustaría que así como fueron capaces de llevarse a mi hijo y nuestros jóvenes, tengan la misma capacidad de enfrentar la realidad. Entreguen las cabezas principales. No se hundan solos”, reclamó.
En un conmovedor testimonio, Hernández describió cómo ha sido este tiempo de búsqueda de justicia y verdad. “Fueron miserables y me arrebataron a mi hijo y le arrebataron a todas estas personas sus seres queridos. Nosotras lloramos lágrimas de dolor, angustia, soledad y un vacío. Sus prendas militares de orgullo, coroneles, comandantes y altas categorías lo que hicieron fue derramar ríos de sangre de seres inocentes”, sentenció.
La sensación de que ni en este proceso de la justicia transicional ni en la justicia ordinaria están todos los implicados en estos crímenes de lesa humanidad estuvo presente durante los dos días de la audiencia. Pero también hubo otros reclamos puntuales, como el de Jacqueline Castillo Peña, la representante legal del colectivo de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) y hermana de Jaime Castillo Peña, asesinado el 10 de agosto 2008 en Ocaña luego de haber sido trasladado desde Soacha.
“Aquí no actuó solamente el Ejército. Está involucrado Medicina Legal porque hubo muchos detalles de los cuerpos que no describieron. Mi hermano tenía tatuado el nombre de mi madre, Carmen, y eso nunca lo dijeron. Eso era clave para identificar los cadáveres. Al igual que el CTI, ante la Justicia Penal Militar, no hay coincidencia entre los cinco que participaron en la muerte de Jaime. Ellos dicen que una vez sucedió el combate informaron al CTI que se hizo presente, pero si ellos hacían los levantamientos, ¿cómo me explican que si Jaime fue asesinado el 12 de agosto las fotos del levantamiento tenían fecha el 14 de agosto? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jaime esos dos días? (...) Tampoco hemos escuchado el nexo total que tenían ustedes militares con paramilitares”, reclamó fuertemente.
Galería de fotografías de los dos días de audiencia: El reconocimiento de militares por “falsos positivos” en la JEP
Castillo Peña señaló de falso el hecho de los militares aseguraran que el armamento que pusieron a algunas víctimas lo habían encontrado en caletas de grupos al margen de la ley y pidió que esclarezcan la verdad sobre los nexos entre el Ejército y grupos paramilitares. “Las versiones de los paramilitares es que ellos les entregaban cuerpos a ustedes para que dieran los resultados y les entregaban dinero para que ellos tuvieran día libre en la región del Catatumbo”.
María Consuelo Daza Bautista, hermana de Luis Alfonso Daza González, interpeló a los militares y les preguntó a los exmilitares si los méritos que ganaron por las bajas en combate valían más que las vidas de sus seres queridos. “¿Para ustedes valía más unos premios, unas vacaciones, unas comisiones, unas condecoraciones que el dolor de una madre, una familia y saber que sus hijos, padres, hermanos, esposos, los desaparecieron los hombres que nos custodian? Su petición formal en el estrado es que, como víctimas, reciban una reparación por los hechos victimizantes. Denunció, también que no ha sido registrada ante la Unidad para las Víctimas, a pesar de estar acreditada ante la JEP por este caso.
Zoraida Navarro, hija de Jesús Navarro, puso en la audiencia el tema de las víctimas que como su padre siguen sin aparecer. Les pidió a los militares que no encubran a otros responsables y que les ayuden a encontrar los cuerpos de sus familiares que continúan desaparecidos. Navarro también aseguró que aún hoy la población del Catatumbo siente temor del Ejército por los hechos ocurridos. “Hay días que uno dice ‘Quiero abrazar a ese padre’ y no podemos porque ustedes, unos miserables, nos arrebataron a nuestros seres queridos”, aseguró.
Vea aquí un video sobre su intervención: “Exigimos que encuentren a nuestros desaparecidos”: víctima de ‘falsos positivos’
Zoraida Muñoz, la madre de Yonny Duvián Soto, víctima de ejecución extrajudicial en Norte de Santander. De las víctimas que hasta el momento han hablado en la audiencia de reconocimiento de este miércoles, tal vez es la más escéptica con el perdón y las verdades que han contado los responsables del asesinato de Yonny. En un primer momento le dirigió unas palabras a Alexander Carretero, diciéndole lo siguiente: “Usted reclutaba a los muchachos en el cantón de la 106 con Séptima, en Bogotá. Alguien lo apoyaba y usted le quitó a mi hijo su libreta militar y se lo llevó”, dijo.
No se pierda el trailer de nuestro documental NO ODIARÁS, próximamente en salas de cine:
Finalizó la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad por el caso de “falsos positivos” ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el balance es agridulce. Por un lado, los 10 militares y el civil que asistieron a la diligencia judicial asumieron su responsabilidad por los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Sin embargo, las víctimas que asistieron a la audiencia aseguran que no fue suficiente y que todavía faltan aportes a la verdad sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo. Esta audiencia es el primer paso para que la JEP abra camino en las sanciones que recibirán los máximos responsables del conflicto armado.
Puede ver el seguimiento en vivo que hizo Colombia+20 de ese primer día de audiencia aquí y del segundo día aquí.
Los exintegrantes del Ejército que reconocieron responsabilidad en esta audiencia fueron los suboficiales Néstor Guillermo Gutiérrez y Sandro Mauricio Pérez Contreras; los oficiales (r) Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro y Rubén Darío Castro Gómez; el teniente coronel (r) Gabriel Rincón Amado; el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez; el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo; el teniente coronel de la reserva activa Álvaro Tamayo Hoyos; el sargento (r) Rafael Antonio Urbano Muñoz y Alexander Carretero Díaz (civil reclutador).
Antes de finalizar la diligencia, la magistrada de la JEP Catalina Díaz agradeció a las víctimas por continuar con este proceso de lucha después de casi dos décadas. “Fue tanto el poder de ustedes, hombres y mujeres del Catatumbo, que la modalidad tuvo que cambiar. Los miembros de las unidades militares tuvieron que ir a buscar a sus víctimas a otro lugar porque las organizaciones campesinas del Catatumbo no lo iban a permitir más”, dijo.
Aquí algunas claves para entender qué pasó durante los dos días de la audiencia.
¿Qué reconocieron los responsables?
Todos los comparecientes reconocieron su responsabilidad en el asesinato de por lo menos 120 personas en el Catatumbo que fueron presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008, bajo la modalidad conocida como “falsos positivos”. Aceptaron haber cometido homicidio en persona protegida y desaparición forzada. En sus intervenciones a lo largo de los dos días, los responsables pidieron perdón a los familiares de las víctimas, reconocieron el daño que habían causado y, con nombre propio, dignificaron uno a uno a los jóvenes que asesinaron, aclarando que ninguno de ellos era guerrillero.
A través de sus intervenciones, los militares y el civil describieron lo que la JEP ha llamado patrones de criminalidad: las víctimas de estas ejecuciones eran mayoritariamente hombres entre los 25 y 35 años, habitantes de zonas rurales en su mayoría agricultores o comerciantes, señalados sin pruebas de pertenecer a la guerrilla. Otra de las modalidades consistía en reclutar mediante engaños, a través de terceras personas que se encargaban de identificar a las posibles víctimas, haciéndoles ofertas de empleo y luego desplazarlos desde Bogotá o Soacha hasta el departamento de Norte de Santander.
Todos coincidieron en que la presión de sus superiores por brindar resultados operacionales, que para el momento, se traducían en “bajas”, es decir, en la muerte de guerrilleros, los llevó a cometer estos asesinatos creando para ello una banda criminal dentro de la Brigada Móvil, en la que cada uno de ellos tenía una función específica.
Los engañaron y asesinaron
Néstor Guillermo Gutiérrez, quien para la época era cabo primero del Ejército y fue comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15, entregó uno de los testimonios más impactantes. Fue el primero en revelar que, cuando llegó al Catatumbo, en febrero de 2007, “había una presión de altos mandos, que nos exigían dar resultados”. Fue enviado al municipio de El Carmen a hacer inteligencia militar. Allí, ubicó un burdel y se contactó con la administradora del lugar, María Eugenia Ballena, para que le suministrara información sobre supuestos colaboradores de la guerrilla, “pero en realidad no lo eran”, afirmó.
Lea aquí en detalle su intervención: “No encontrábamos la guerrilla, pero había que dar resultados”: cabo del Ejército
Con la información que le suministraba ella, elaboró una lista de unos 15 nombres de quienes se convertirían en las próximas víctimas. Además, contó que tenía relación con un grupo paramilitar de Aguachica (Cesar), que le suministraba las armas que les pondrían luego a las personas asesinadas.
“Había que buscar los resultados como fuera. Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar el resultado”, dijo el militar. “Y no fue únicamente en esta época, esto fue una política que se tenía dentro de las filas. El mismo modus operandi mío en El Carmen, lo estaban haciendo las otras patrullas”, explicó.
“Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá llevándolos con mentiras, con engaños. Les disparamos cruelmente, cobardemente, y manchamos su nombre y el de su familia. Dejamos a unos hijos sin padre, a una madre sin hijos. Pido perdón a Dios. Hicimos un teatro para mostrar supuestos combates. No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Quiero aclararlo acá: lo que asesinamos fueron campesinos”.
En ese mismo sentido se pronunció Rafael Antonio Urbano, sargento segundo del Ejército durante la época de los hechos. Pidió perdón por el asesinato de Luis Antonio Sánchez Guerrero, quien trabajaba como mototaxista en Ocaña. “Les pido perdón a los familiares por haber participado en este complot criminal que tuvimos contra un joven que era padre, buen hijo y buen esposo. A este joven lo sacamos con mentiras un día de la casa, hicimos que se nos presentara para una carrera porque él era un mototaxista y con engaños lo hicimos salir del pueblo de Ocaña para entregarlo al mayor Rivera para que procediera al asesinato vil que cometimos con él (…) Les pido perdón”.
El mayor Daladier Rivera Jácome, al que se refería Urbano, era capitán durante la época de los hechos, fue comandante del grupo especial, oficial de inteligencia de central de inteligencia en Ocaña y jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil 15, entre el 28 de octubre de 2005 y 23 de noviembre de 2007. En su intervención en la audiencia se dirigió a Benjamín Rodríguez Figueroa, una de las víctimas presentes en la audiencia. Le pidió que se pusiera de pie y dijo que quería limpiar su nombre frente a todo el país. “Quiero aclararle al mundo y al pueblo colombiano que usted nunca fue un combatiente ni un delincuente. Yo soy el responsable de que usted, después de estos hechos tan atroces que acaba de narrar, estuviera detenido por un tiempo. Yo elaboré unos falsos documentos de inteligencia los cuales los puse a disposición de la Fiscalía, que tomó su caso, por medio del cual unos personajes desmovilizados que obtuvieron una dádiva, se sentaron a declarar ante este fiscal para que usted estuviera detenido. Le pido perdón”, aseguró.
“Legalizar los muertos”
Uno de los reconocimientos que más impacto tuvo en las víctimas fue el de Sandro Mauricio Pérez Contreras quien se desempeñó como suboficial de inteligencia del Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander del Ejército. Según contó, allí entregó armas con las cuales se simulaban combates, coordinó pagos a supuestos informantes y fue coautor de homicidios a personas protegidas (ejecuciones extrajudiciales).
El sargento segundo retirado dijo cuál fue su papel en estas ejecuciones extrajudiciales: “Planee cómo debían llegar de Soacha a Ocaña, cómo debían entregarse a los militares, les robé la identidad a los hijos que ustedes tanto amaban, entregué documentos falsos para que fuera creíble lo que estábamos haciendo, les robé sus documentos para que pasaran como ‘NN’, esto hacía que para ustedes fuera más difícil poder encontrarlos y saber la verdad”, afirmó.
Lea la intervención del sargento Pérez Contreras aquí: “Yo represento para ustedes una máquina de muerte”: militar ante la JEP
“Mi falta de temor a Dios, mi falta de amor y respeto por la vida humana, por la dignidad humana, me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, un monstruo para la sociedad. Represento para algunos de ustedes una máquina de muerte”, dijo el sargento Pérez Contreras, ante las víctimas en el caso de falsos positivos.
En su discurso el militar aseguró que en el Ejército nunca le enseñaron a hacer daño a la población civil, pero que sí escucharon la palabra “legalizar”. “En un principio yo no entendía qué era y me quedaba con la duda, pensé que eso hacía referencia a algo económico o a elementos. Me senté a hablar con unos soldados y me explicaron que legalizar era agarrar a alguien y asesinarlo”, contó.
El sargento aseguró que recibía presiones por “falta de resultados operacionales” por parte del comandante de Batallón. Incluso, afirmó que esas presiones las sentía a través de programas radiales por parte del comandante de la División. Su versión coincide con la que entregó en la jornada del martes 26 de abril, el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo, quien afirmó que una de las modalidades para generar presión en sus subalternos era a través de los programas radiales del Ejército en el que pedían más “resultados”, lo que se traducía en bajas. Sus palabras fueron tan estremecedoras que los togados decidieron dar un receso a la audiencia para que las víctimas se recuperaran de esta confesión.
Varios suboficiales también confesaron, en los dos días de audiencia, cómo “legalizaron” los asesinatos de los civiles con documentación falsa. En 2008, cuando estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, el país y el presidente Juan Manuel Santos destituyó a más de 20 oficiales y suboficiales, el mayor retirado del Ejército Juan Carlos Chaparro asumió el mando del Batallón Francisco de Paula Santander. “Cuando recibo el comando, me llegan muchas víctimas y yo mancillé el nombre de ellos. Inclusive con voz fuerte les decía que sus familiares estaban en alguna estructura, siendo esto falso, siempre acompañando lo que los subalternos en su momento hicieron, dándole fe a ellos de que lo que estaban haciendo estaba bien”.
Según su relato, en los meses que siguieron, en vez de dedicarse a investigar las denuncias, se concentró en revisar la documentación “para que todas las ejecuciones extrajudiciales que se habían hecho en el batallón pareciera que fueran una realidad. Cambiamos documentación e inclusive la borramos”, sostuvo.
Ya desde 2007, cuando se desempeñó como oficial de operaciones de ese batallón, había participado en las ejecuciones extrajudiciales, especialmente en la legalización de las “bajas” que reportaban sus subalternos. “La documentación que yo generaba, la hacía de acuerdo a los protocolos, pero con las mentiras que a mí me daban”.
Según su testimonio, nunca se preocupó por constatar en lo más mínimo la versión de sus unidades sobre las bajas que reportaban. “Yo nunca verifiqué, nunca ahondé, nunca fui más allá, siempre le creí a las unidades que estaban en el área, siempre creí las mentiras que me decían. Lo único por lo que me preocupaba era por que mi documentación que tenía que presentar, así fuera mentirosa, estuviera bien”.
También puede leer: ¿Sin el escándalo habría otros 6.402 falsos positivos?: Eduvina Becerra
“Cerré los ojos y me convencí a mi mismo que lo que estaba pasando era verdadero y así me mantuve durante muchos años”, sostuvo el militar. Agregó: “Yo llegué a convencerme de que yo no tenía ninguna responsabilidad, que lo que me fueran a pedir estaba ahí... Así duré todos estos años, pensando que lo que hice yo con la documentación estaba bien. Y no es así, y reconozco aquí, frente a ustedes padres, hermanos, esposas, esposos, hijas, hijos, lo que hice en ese momento, hablar de lo que no eran sus víctimas; me arrepiento de todo corazón”, dijo el militar.
A medida que sube el rango, los comparecientes asumen otro tipo de responsabilidades. Sus reconocimientos van más allá de la ejecución del asesinato y develan el entramado que montaron en las unidades militares, insistiendo en que la presión por los resultados los llevaba a cometer los delitos. El coronel retirado Rubén Darío Castro Gómez, quien fue el jefe de operaciones, posteriormente jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil 15 y luego comandante de esa unidad, entre 2006 y 2008, reconoció públicamente que “al interior de la Brigada existía una banda criminal, de la cual tuve conocimiento, y que tenía como único fin incrementar los resultados operacionales”.
El militar explicó que, aunque en 2008 dejó su cargo como comandante de esta unidad militar, “esa banda criminal se mantuvo porque continué con la exigencia de pedir resultados operacionales a como diera lugar, siempre representados en bajas en combate”. En su intervención aseguró que esa era la forma como era calificado por el comandante de la Segunda División del Ejército y por el entonces comandante general, Mario Montoya Uribe, de quien dijo que comparaba los resultados operacionales de todas las unidades militares para destacar quién tenía más bajas.
En ese mismo sentido, declaró el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo, quien se refirió a los delitos cometidos entre el 15 de agosto de 2006 y el 13 de diciembre de 2007, cuando fungió como comandante de la Brigada Móvil No. 15. “Hoy, con toda la vergüenza y encogimiento que un soldado puede sentir, pero con el mayor respeto para el dolor de las víctimas, reconozco que mientras ejercí ese cargo operó al interior de la brigada móvil una estructura criminal de facto”.
Acá su relato completo: “Usamos armas de la República para vulnerar la vida a inocentes”: militar ante JEP
El militar explicó que estuvo presionado por las “dinámicas de guerra” establecidas por el entonces comandante del Ejército Mario Montoya Uribe y el comandante de la Segunda División, el mayor general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz. “No necesité ponerme de acuerdo con nadie para conformar este aparato criminal, a medida que iba presionando a mis subalternos para que me produjeran muertes y reportaran resultados, que yo reportaba a su vez al comandante del Ejército en Bogotá y al comandante de la segunda división.”
El coronel mencionó diez mecanismos que utilizó para presionar las bajas a sus subalternos. Primero, se refirió a presiones a través de programas radiales diarios; comunicaciones individuales a los comandantes de cada Batallón; motivaciones con la promoción de competencia entre unidades por el mayor número de resultados. Admitió también que presionaron con amenazas de anotaciones negativas en el folio de vida por “falta de gestión y de eficiencia en los resultados operacionales”. Dijo también que motivó con permisos y viajes a quienes reportaban bajas y tomaba y utilizaba los planes de bienestar que tenía el Ejército para beneficiar a los soldados. Reconoció, además, que dieron comisiones al exterior y que a quienes presentaban “más resultados” les concedieron cursos de piloto en la Brigada de Aviación.
Sobre la verificación de las bajas en los combates explicó que, mensualmente, cada unidad militar era monitoreada y juzgada por el número de homicidios o “bajas” que se cometían. Explicó, de hecho, que los homicidios empezaron a tener un carácter de sistematicidad al interior de su brigada móvil y en su intervención nombró a algunos comandantes de batallones que participaron en ejecuciones extrajudiciales. Del Batallón de Contraguerrillas 95 mencionó al mayor José Reinel Hernán Villalba. “Allí se encontraron muertes extrajudiciales que los afectaron a ustedes como familias, con el conocimiento del mayor general y con la planeación de muchos de esos casos”.
La empresa criminal
El coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, en línea con lo que han reconocido otros coroneles en la audiencia, afirmó la existencia de una “empresa criminal que se creó, se desarrolló, se formó y se organizó al interior de la extinta Brigada Móvil 15, todo con el fin de presentar falsas muertes en combate y así posicionarse frente a las presiones de los comandantes”.
Los comandantes a los que se refería el coronel fueron los generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y José Joaquín Cortés, comandantes de Segunda División del Ejército para 2007 y 2008 y el general Mario Montoya, quien era el comandante del Ejército para la época. De ellos, aseguró: “Exigían y pedían muertes en combate”, exigencias que lo llevaron a él como oficial de operaciones a participar de la maquinaria que armaron para cometer los crímenes.
Le puede interesar: Mayor reconoce que manipuló documentos para hacer pasar víctimas como guerrilleros
Según explicó el coronel, al interior de esa empresa criminal se dividieron las funciones y detalló el rol que cumplió él. “El mío era plasmar unos documentos que le dieran visos de legalidad a esas falsas operaciones y que se mostrara ante los entes de control, como la Fiscalía, que había sido una operación real, lo cual nunca fue así”. Documentos como los informes de situación de tropas, las misiones tácticas para esas operaciones, o el “radiograma operacional donde se reportaban cada uno de los eventos maquiavélicos que desarrollamos para poder demostrar que ese combate había sido legal”.
“Reconozco ante ustedes, víctimas, que sus seres queridos que perdieron la vida en estos falsos combates nunca fueron combatientes, ni delincuentes, ni pertenecían a ninguna estructura criminal. Fueron personas de bien, campesinos, trabajadores, que fueron acechados, secuestrados y llevados a sitios donde las tropas los ultimaron en estado de indefensión y les colocaron armas solo con la finalidad de mostrar resultados operacionales”, enfatizó el coronel.
Enl intervención del general en retiro Paulino Coronado -el militar de más alto rango que ha reconocido estos delitos- también habló de una empresa criminal dentro de las unidades militares para alterar los resultados operacionales. Aceptó que falló al no haber fijado una posición firme frente a las presiones que venían desde el comando de la Segunda División e insistió en que los generales Saavedra y Cortés rompieron la cadena de mando al increpar directamente, mediante programas radiales del Ejército, a los oficiales y suboficiales de los pelotones, pasando por encima de él.
La interpeleación de los magistrados al general (r) Paulino Coronado
La esperada intervención del general en retiro Paulino Coronado -el militar de más alto rango que ha reconocido estos delitos- dejó un sinsabor entre las víctimas por un reconocimiento ambiguo. Aunque se atuvo a la imputación que le hizo la JEP en junio de 2021, por omisión como comandante de la Brigada 30 para la época de los hechos, sostuvo que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con sus subalternos en la región.
“Acepto mi responsabilidad por exceso de confianza al haber asumido como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales, cuando no lo fueron. Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”, sostuvo en el estrado.
Le puede interesar: “Mi error fue dejarme engañar”: general (r) Coronado sobre “falsos positivos”
Antes de que Coronado terminara su declaración, la togada Catalina Díaz, le recordó al militar que en el expediente judicial por su caso hay un episodio que contradice la versión que él sostiene de que desconocía los actos que cometieron sus subalternos en la época. “El 6 de diciembre del 2007, en un auditorio como este, los campesinos del Catatumbo, en compañía de los órganos de control, organizaciones no gubernamentales con la presencia de la Fuerza Pública denunciaron que los campesinos de la zona eran asesinados y sus cuerpos presentados como resultados operacionales. (...) Usted asistió a esa reunión y estuvo presente cuando se denunciaron esos asesinatos”.
Frente a estas afirmaciones el militar aseguró que sí recibió la invitación a esa audiencia pública, pero aseguró que los campesinos no hicieron las denuncias correspondientes. Lo dicho por el general ocasionó la molestia de las víctimas, quienes, en un episodio que no se vio en la transmisión de televisión, se pusieron de pie masivamente y ondearon carteles en los que se leyó: “Aquí faltó verdad”, “¿Quién dio la orden?”, “faltan máximos responsables”, y “Quiero a Montoya ya”.
Alexander Carretero, el único civil compareciente
El único civil compareciente, Alexander Carretero, contó cómo reclutó a los jóvenes para luego entregarlos al Ejército y que los asesinaran. “Fui la persona que traje a todos sus seres queridos de varias partes de Colombia. Me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, Aguachica y Bucaramanga, para entregárselos al Ejército Nacional para que los asesinaran. Quiero reconocer los hechos y que se sepa la verdad”, dijo.
Vea el video del reconocimiento del reclutador: “Entregué inocentes al Ejército para que los asesinaran”: civil reclutador
“A principios de 2008, Énder Obeso me hace una propuesta, me dice que él tuvo un inconveniente y que si puedo ir a llevar a un muchacho hasta Ocaña y dárselo a Dairo Palomino. Yo le dije sí, estaba económicamente mal. En las horas de la tarde, me llevó al muchacho al terminal de Bogotá. Un muchacho inocente. Lo vi que no era como uno. Nos subimos, el bus iba vacío. Él iba en un puesto y yo en otro. No hablamos en el camino. Llegamos a San Martín, Cesar, al otro día. Le pregunté que si tenía hambre y me dijo que sí. Le di comida. Almorzamos y seguimos. Nos fuimos hasta Santa Clara, una vía que va para Ocaña y para Aguachica. Allí estaba Dairo Palomino esperándonos en una moto. Nos bajamos del carro y Dairo se va con Fair Leonardo Porras en la moto. Al otro día yo me devolví a Soacha”, relató Carretero. Fair Porras es el hijo de Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha.
Carretero también aseguró que por sus declaraciones ante la justicia ordinaria y ante la justicia transicional ha recibido amenazas. “Los soldados intentaron matarme para que yo me callara. Estoy vivo para seguir colaborando con ustedes y llegar hasta donde me digan”, dijo.
Los reclamos de las víctimas
Las víctimas reclamaron de manera constante, durante los dos días, por conocer la responsabilidad de otros altos militares y de autoridades civiles como el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el expresidente Álvaro Uribe.
“Nos hicieron daño y muchísimo a las madres, al barrio, a la comunidad. Hoy les pido que digan la verdad y echen al agua desde [el expresidente Álvaro] Uribe en adelante porque yo sé que él tiene la culpa, [el expresidente Juan Manuel] Santos tiene la culpa, [el general Freddy] Padilla tiene la culpa, [el general Mario] Montoya tiene la culpa. Díganlo, pero con nombres propios”, dijo Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, desaparecido el 23 de agosto en 2008 y quien apareció muerto el 25 de agosto de ese año en Ocaña.
Gómez insistió durante su intervención en que las víctimas quieren los nombres de quienes estuvieron detrás de las decisiones que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales: “Hoy le digo a los señores procesados que por favor ellos tienen hijos, hijas, familiares que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad. No se echen el agua solamente entre ustedes, sino que nos digan quién dio la orden. Necesitamos a esa persona. Sabemos que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes”, afirmó.
A su turno, Flor Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano, se unió a la petición y exigió que los militares den nombres de los altos mandos responsables. “Me gustaría que así como fueron capaces de llevarse a mi hijo y nuestros jóvenes, tengan la misma capacidad de enfrentar la realidad. Entreguen las cabezas principales. No se hundan solos”, reclamó.
En un conmovedor testimonio, Hernández describió cómo ha sido este tiempo de búsqueda de justicia y verdad. “Fueron miserables y me arrebataron a mi hijo y le arrebataron a todas estas personas sus seres queridos. Nosotras lloramos lágrimas de dolor, angustia, soledad y un vacío. Sus prendas militares de orgullo, coroneles, comandantes y altas categorías lo que hicieron fue derramar ríos de sangre de seres inocentes”, sentenció.
La sensación de que ni en este proceso de la justicia transicional ni en la justicia ordinaria están todos los implicados en estos crímenes de lesa humanidad estuvo presente durante los dos días de la audiencia. Pero también hubo otros reclamos puntuales, como el de Jacqueline Castillo Peña, la representante legal del colectivo de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) y hermana de Jaime Castillo Peña, asesinado el 10 de agosto 2008 en Ocaña luego de haber sido trasladado desde Soacha.
“Aquí no actuó solamente el Ejército. Está involucrado Medicina Legal porque hubo muchos detalles de los cuerpos que no describieron. Mi hermano tenía tatuado el nombre de mi madre, Carmen, y eso nunca lo dijeron. Eso era clave para identificar los cadáveres. Al igual que el CTI, ante la Justicia Penal Militar, no hay coincidencia entre los cinco que participaron en la muerte de Jaime. Ellos dicen que una vez sucedió el combate informaron al CTI que se hizo presente, pero si ellos hacían los levantamientos, ¿cómo me explican que si Jaime fue asesinado el 12 de agosto las fotos del levantamiento tenían fecha el 14 de agosto? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jaime esos dos días? (...) Tampoco hemos escuchado el nexo total que tenían ustedes militares con paramilitares”, reclamó fuertemente.
Galería de fotografías de los dos días de audiencia: El reconocimiento de militares por “falsos positivos” en la JEP
Castillo Peña señaló de falso el hecho de los militares aseguraran que el armamento que pusieron a algunas víctimas lo habían encontrado en caletas de grupos al margen de la ley y pidió que esclarezcan la verdad sobre los nexos entre el Ejército y grupos paramilitares. “Las versiones de los paramilitares es que ellos les entregaban cuerpos a ustedes para que dieran los resultados y les entregaban dinero para que ellos tuvieran día libre en la región del Catatumbo”.
María Consuelo Daza Bautista, hermana de Luis Alfonso Daza González, interpeló a los militares y les preguntó a los exmilitares si los méritos que ganaron por las bajas en combate valían más que las vidas de sus seres queridos. “¿Para ustedes valía más unos premios, unas vacaciones, unas comisiones, unas condecoraciones que el dolor de una madre, una familia y saber que sus hijos, padres, hermanos, esposos, los desaparecieron los hombres que nos custodian? Su petición formal en el estrado es que, como víctimas, reciban una reparación por los hechos victimizantes. Denunció, también que no ha sido registrada ante la Unidad para las Víctimas, a pesar de estar acreditada ante la JEP por este caso.
Zoraida Navarro, hija de Jesús Navarro, puso en la audiencia el tema de las víctimas que como su padre siguen sin aparecer. Les pidió a los militares que no encubran a otros responsables y que les ayuden a encontrar los cuerpos de sus familiares que continúan desaparecidos. Navarro también aseguró que aún hoy la población del Catatumbo siente temor del Ejército por los hechos ocurridos. “Hay días que uno dice ‘Quiero abrazar a ese padre’ y no podemos porque ustedes, unos miserables, nos arrebataron a nuestros seres queridos”, aseguró.
Vea aquí un video sobre su intervención: “Exigimos que encuentren a nuestros desaparecidos”: víctima de ‘falsos positivos’
Zoraida Muñoz, la madre de Yonny Duvián Soto, víctima de ejecución extrajudicial en Norte de Santander. De las víctimas que hasta el momento han hablado en la audiencia de reconocimiento de este miércoles, tal vez es la más escéptica con el perdón y las verdades que han contado los responsables del asesinato de Yonny. En un primer momento le dirigió unas palabras a Alexander Carretero, diciéndole lo siguiente: “Usted reclutaba a los muchachos en el cantón de la 106 con Séptima, en Bogotá. Alguien lo apoyaba y usted le quitó a mi hijo su libreta militar y se lo llevó”, dijo.
No se pierda el trailer de nuestro documental NO ODIARÁS, próximamente en salas de cine: