“Faltó más verdad”: el reclamo de las víctimas de falsos positivos ante la JEP

Finalizó la primera audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el caso de “falsos positivos”. En esta diligencia, que duró dos días y celebró en Ocaña, Norte de Santander, participaron diez militares -entre ellos un general- y un civil, quienes asumieron su responsabilidad por al menos 120 personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008 en la región del Catatumbo de ese departamento fronterizo.

Puede ver el seguimiento en vivo que hizo Colombia+20 de ese primer día de audiencia aquí y del segundo día aquí.

Los exintegrantes de la Fuerza Pública que reconocieron responsabilidad en esta audiencia son los suboficiales Néstor Guillermo Gutiérrez y Sandro Mauricio Pérez Contreras; los oficiales (r) Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro y Rubén Darío Castro Gómez; el teniente coronel (r) Gabriel Rincón Amado; el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez; el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo; el teniente coronel de la reserva activa Álvaro Tamayo Hoyos; el sargento (r) Rafael Antonio Urbano Muñoz y Alexander Carretero Díaz (civil reclutador).

Hacia las seis de la tarde, la magistrada Catalina Díaz declaró un receso para permitirle al general (r) Paulino Coronado la consulta con sus abogados. Al reanudar la audiencia, aseguró que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción deberán evaluar cada una de las intervenciones y manifestaciones que se hicieron en el recinto. “Si la Sala lo considera pertinente y necesario podrá, entre muchas otras facultades, convocar una nueva jornada de audiencia pública o pedirá ampliar el reconocimiento”.

Los magistrados dieron paso a una intervención final de cada uno de los 11 comparecientes para finalizar la diligencia judicial. Lo militares y el civil nombraron, una a una, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales sobre las que asumieron responsabilidad y reiteraron la aceptación de la imputación de los cargos que hizo la JEP por los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Para cerrar la diligencia intervino Jairo Acosta Aristizábal, el procurador delegado ante la JEP, quien concluyó que: “Queremos garantizar nuestro compromiso con las víctimas y con la materialización de sus derechos”. Así mismo, la magistrada Catalina Díaz agradeció a las víctimas por haber asistido a este espacio y continuar con este proceso de lucha después de casi dos décadas. “Madres, hermanas, hijos, hijas, en su mayoría mujeres fuertes, pero al tiempo muy sensibles. Mujeres trabajadoras y valientes que hicieron todo para que estos hechos se conocieran, se esclarecieran, se hiciera justicia. Ustedes fueron hasta donde hubiera que ir para avisar que estaban asesinando a nuestros campesinos (...) Fue tanto el poder de ustedes, hombres y mujeres del Catatumbo, que la modalidad tuvo que cambiar. Los miembros de las unidades militares tuvieron que ir a buscar a sus víctimas a otro lugar porque las organizaciones campesinas del Catatumbo no lo iban a permitir más”.

Antes de que el último de los comparecientes en intervenir, el general (r) Paulino Coronado, terminara su declaración, la togada Catalina Díaz, le recordó al militar que en el expediente judicial por su caso hay un episodio que contradice la versión que él sostiene de que desconocía los actos que cometieron sus subalternos en la época. “El 6 de diciembre del 2007, en un auditorio como este, los campesinos del Catatumbo, en compañía de los órganos de control, organizaciones no gubernamentales con la presencia de la Fuerza Pública denunciaron que los campesinos de la zona eran asesinados y sus cuerpos presentados como resultados operacionales. (...) Usted asistió a esa reunión y estuvo presente cuando se denunciaron esos asesinatos”. Incluso, la magistrada recordó que el militar, en esa audiencia, había ordenado que sonara la canción “El campesino embejucado”.

Frente a estas afirmaciones el militar aseguró que sí recibió la invitación a esa audiencia pública, pero aseguró que los campesinos no hicieron las denuncias correspondientes. “En ese evento no hubo ningún señalamiento directo de acciones desarrolladas por el Ejército en contra de esa comunidad”. Ante esa afirmación, la magistrada lo interpeló: “¿Usted conocía lo que estaba pasando, sabía de las denuncias?”, a lo que el general respondió: “No lo conocía”.

Lo dicho por el general ocasionó la molestia de las víctimas, quienes, en un episodio que no se vio en la transmisión de televisión, se pusieron de pie masivamente y ondearon carteles en los que se leyó: “Aquí faltó verdad”, “¿Quién dio la orden?”, “faltan máximos responsables”, y “Quiero a Montoya ya”. La magistrada Catalina Díaz decretó un recesó de la audiencia.

La esperada intervención del general en retiro Paulino Coronado -el militar de más alto rango que ha reconocido estos delitos- dejó un sinsabor entre las víctimas por un reconocimiento ambiguo. Aunque se atuvo a la imputación que le hizo la JEP en junio de 2021, por omisión como comandante de la Brigada 30 para la época de los hechos, sostuvo que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con sus subalternos en la región.

“Acepto mi responsabilidad por exceso de confianza al haber asumido como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales, cuando no lo fueron. Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”, sostuvo en el estrado.

Y continuó: “Aunque la Fiscalía y la JEP evidenciaron que nunca ordené, que no di la orden, auspicié, o planeé los asesinatos cometidos por hombres bajo mi mando (…) acepto la responsabilidad”. Dijo que es responsable por no haber previsto que “la política de inflexión física” – de presionar por bajas – que impulsaba el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, podía conducir a la comisión de esos crímenes.

Aceptó que falló al no haber fijado una posición firme frente a las presiones que venían desde el comando de la Segunda División, al mando para esa época del general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y el general José Joaquín Cortés. Dijo que ellos rompieron la cadena de mando al increpar directamente, mediante programas radiales del Ejército, a los oficiales y suboficiales de los pelotones, pasando por encima de él.

Señaló que asumía su responsabilidad jurídica por no haber cumplido “la primera lección que me dieron cuando ingresé a la Escuela Militar: el comandante responde por lo que hagan o dejen de hacer sus subalternos”. Coronado se refirió a varias intervenciones que han hecho otros exintegrantes del Ejército en esta audiencia para asegurar que recientemente se enteró de de varias modalidades que se usaron en las ejecuciones extrajudiciales.

“Conocí recientemente que en la sección de inteligencia del Batallón Santander, días previos a la ocurrencia de cualquier acto militar, se registraba en el diario de inteligencia presencia de estructuras de delincuencia o guerrilla para que cuando se produjera el crimen tuviesen el soporte, y así de esta manera calificar a los muertos como delincuentes o guerrilleros. Ahí empezaba la degradación de la dignidad de estas personas”.

Álvaro Diego Tamayo era teniente coronel del Ejército en la época de los “falsos positivos” y fue comandante del Batallón Santander en el año 2008. Calificó como “una farsa que duró 14 años” los actos por omisión que reconoció ante la JEP. Durante su intervención aceptó responsabilidades que lo hicieron criminal de lesa humanidad, al ser coautor de homicidios de persona protegida y de desapariciones forzadas.

“Las personas que asesinamos no eran integrantes de grupos al margen de la ley. No tomé medidas adecuadas para prevenir o reprimir conductas punibles de mis subordinados”, agregó Tamayo. Reconoció que como comandante de batallón nunca supo que había una banda que reclutaba personas inocentes que llevaban hacia Norte de Santander para asesinarlos. Aunque aseguró que no quería excusarse por ser responsable de estos hechos, Tamayo también afirmó: “Me dijeron que esas personas eran bandidos que llegaban a extorsionar a la población. Con mi responsabilidad no solo los afecté a ustedes (dirigiéndose a las víctimas), sino a la institución militar, a mis superiores. Traicioné, mentí y fallé al Ejército”.

El coronel Tamayo dijo que en su época los dividían entre “comandantes buenos y malos”. Los buenos entregaban bajas y los malos no. “Sentíamos presión constante de ser removidos de la institución, había competencia entre los comandantes para ver quién tenía más bajas. Ahora puedo reconocer que esos asesinatos no fueron errores ni daños colaterales como decíamos en alguna ocasión”, concluyó.

Tras un receso, la audiencia se retomó con la intervención de Gloria Martínez, quien trabajó durante 18 años como operaria en una fábrica de jabones. Tras el asesinato de su hijo Daniel Alexander Martínez, debió dejar el trabajo por afectaciones en su salud. En su intervención aseguró que apenas se estaba enterando de varios detalles del asesinato de su hijo. “Cuando llegué a este hotel por primera vez, me pregunté: ¿en cuál de estas casas de Ocaña estuvo por última vez mi hijo estando engañado por ustedes?”.

La segunda en intervenir fue Jacqueline Castillo Peña, la representante legal del colectivo de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) y hermana de Jaime Castillo Peña, asesinado el 10 de agosto 2008 en Ocaña luego de haber sido trasladado desde Soacha. “Aquí no actuó solamente el Ejército. Está involucrado Medicina Legal porque hubo muchos detalles de los cuerpos que no describieron. Mi hermano tenía tatuado el nombre de mi madre, Carmen, y eso nunca lo dijeron. Eso era clave para identificar los cadáveres. Al igual que el CTI, ante la Justicia Penal Militar, no hay coincidencia entre los cinco que participaron en la muerte de Jaime. Ellos dicen que una vez sucedió el combate informaron al CTI que se hizo presente, pero si ellos hacían los levantamientos, ¿cómo me explican que si Jaime fue asesinado el 12 de agosto las fotos del levantamiento tenían fecha el 14 de agosto? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jaime esos dos días? (...) Tampoco hemos escuchado el nexo total que tenían ustedes militares con paramilitares”, reclamó fuertemente.

La víctima también pidió que los militares esclarezcan qué pasaba con la munición que ellos reportaban como “gastada” en los falsos operativos. “En el caso de mi hermano ustedes mataron a dos personas. Cada uno tenía cuatro impactos de fusil, pero ustedes reportaron 367 cartuchos de fusil gastados, ¿a quién se lo vendían, a quién se lo entregaban?”, dijo.

Jacqueline señaló de falso el hecho de los militares aseguraran que el armamento que pusieron a algunas víctimas lo habían encontrado en caletas de grupos al margen de la ley y pidió que esclarezcan la verdad sobre los nexos entre el Ejército y grupos paramilitares. “Las versiones de los paramilitares es que ellos les entregaban cuerpos a ustedes para que dieran los resultados y les entregaban dinero para que ellos tuvieran día libre en la región del Catatumbo”.

El coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, a su turno, reconoció su responsabilidad en los “falsos positivos” y, en línea con lo que han reconocido otros coroneles en la audiencia, afirmó la existencia de una “empresa criminal que se creó, se desarrolló, se formó y se organizó al interior de la extinta Brigada Móvil 15, todo con el fin de presentar falsas muertes en combate y así posicionarse frente a las presiones de los comandantes”.

A esos comandantes, el coronel se refirió con nombre propio: quienes comandaron la Segunda División del Ejército para 2007 y 2008 fueron el general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y el general José Joaquín Cortés; y quien comandó el Ejército para la época fue el general Mario Montoya. De ellos, aseguró: “Exigían y pedían muertes en combate”, exigencias que lo llevaron a él como oficial de operaciones a participar de la maquinaria que armaron para cometer los crímenes.

Para esos años, quienes comandaron la Brigada Móvil 15 fueron el coronel Santiago Herrera y el coronel Rubén Darío Castro, quienes también estaban presentes en la audiencia y reconocieron allí su responsabilidad.

El coronel Rincón Amado, en respuesta a la reiterada petición de las víctimas de conocer nombres de otros responsables, dijo que también en la estructura y tienen igual responsabilidad: el mayor Carlos Rodríguez Mora, jefe de inteligencia de la Cioca; mayor José Simón Baquero Ramos, comandante del batallón contraguerrilla 96; o mayor José Reinel Herrán, comandante del batallón contraguerrilla 95, entre otros.

Según explicó el coronel, al interior de esa empresa criminal se dividieron las funciones y enseguida detalló el rol que cumplió él. “El mío era plasmar unos documentos que le dieran visos de legalidad a esas falsas operaciones y que se mostrara ante los entes de control, como la Fiscalía, que había sido una operación real, lo cual nunca fue así”. Documentos como los informes de situación de tropas, las misiones tácticas para esas operaciones, o el “radiograma operacional donde se reportaban cada uno de los eventos maquiavélicos que desarrollamos para poder demostrar que ese combate había sido legal”.

“Reconozco ante ustedes, víctimas, que sus seres queridos que perdieron la vida en estos falsos combates nunca fueron combatientes, ni delincuentes, ni pertenecían a ninguna estructura criminal. Fueron personas de bien, campesinos, trabajadores, que fueron acechados, secuestrados y llevados a sitios donde las tropas los ultimaron en estado de indefensión y les colocaron armas solo con la finalidad de mostrar resultados operacionales”, enfatizó el coronel.

Zoraida Muñoz es la madre de Yonny Duvián Soto, víctima de ejecución extrajudicial en Norte de Santander. De las víctimas que hasta el momento han hablado en la audiencia de reconocimiento de este miércoles, tal vez es la más escéptica con el perdón y las verdades que han contado los responsables del asesinato de Yonny.

En un primer momento le dirigió unas palabras a Alexander Carretero, diciéndole lo siguiente: “Usted reclutaba a los muchachos en el cantón de la 106 con Séptima, en Bogotá. Alguien lo apoyaba y usted le quitó a mi hijo su libreta militar y se lo llevó”, dijo.

Zoraida no quería que su hijo Yonny fuera soldado profesional, sueño que tuvo desde adolescente. Sobre esto, ella dijo que siempre se negó a esa posibilidad porque no quería un hijo mutilado ni muerto. Además, agregó que “allí les lavaron el cerebro, los militares metieron cizaña y él amaba a esa maldita institución”.

Con dolor en sus palabras, doña Zoraida dijo que en la JEP no ha encontrado la verdad plena, porque los comparecientes no quieren involucrar a los de arriba. Para ella, ningún acto es suficiente si no hay verdad ni pleno reconocimiento. “Quiero un perdón grande en la Plaza de Bolívar, pero con toda la verdad.”, concluyó.

Por su parte, Flor Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano, se unió a la petición y exigió que los militares den nombres de los altos mandos responsables. “Me gustaría que así como fueron capaces de llevarse a mi hijo y nuestros jóvenes, tengan la misma capacidad de enfrentar la realidad. Entreguen las cabezas principales. No se hundan solos”, reclamó.

En un conmovedor testimonio, Hernández describió cómo ha sido este tiempo de búsqueda de justicia y verdad. “Fueron miserables y me arrebataron a mi hijo y le arrebataron a todas estas personas sus seres queridos. Nosotras lloramos lágrimas de dolor, angustia, soledad y un vacío. Sus prendas militares de orgullo, coroneles, comandantes y altas categorías lo que hicieron fue derramar ríos de sangre de seres inocentes”, sentenció.

Hernández también exaltó la fortaleza de las víctimas: “¿Cuál ha sido la resistencia de nosotras? Ser fuertes, berracas y guerreras porque somos del campo”, dijo y pidió limpiar el nombre de su hijo. “Me siento orgullosas de estar hablando por mi hijo, porque él trabajaba por mí y por sus hermanos, pero ustedes me lo arrebataron. ¿Pensaron que hacían esto y no había detrás una madre que daba la vida por sus hijos? Ustedes me separaron de mi hijo. Mi hijo no ha muerto, sigue vivo para mí”.

Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, fue la siguiente en intervenir en la audiencia. “Mi hijo era un joven que salió de la casa lleno de ilusión y de alegría porque iba ganarse un dinero para pagarle la casa a sus papás para que no nos echaran de la casa. Él no sabía que iba rumbo a una cita donde nunca más iba retornar”, dijo.

Su reclamo a los militares fue para que nombraran altos mandos implicados en estos casos. Reiteró la frase emblemática de las familias de víctimas de falsos positivos: ¿Quién dio la orden? “Digan quién les dio la orden. Señor Paulino Coronado, si el presidente le dio la orden, diga. No importa quién sea el presidente, no importa que él haya sido el presidente y que él mande el país a través de Duque (...) Lo que nosotras queremos es saber quién dio la orden de asesinar a nuestros hijos”.

“Fui la persona que traje a todos sus seres queridos de varias partes de Colombia. Me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, Aguachica y Bucaramanga, para entregárselos al Ejército Nacional para que los asesinaran. Quiero reconocer los hechos y que se sepa la verdad”, así inició su comparecencia Alexander Carretero, tercero civil, y quien ha sido señalado como el “reclutador” de los jóvenes que fueron asesinados por el Ejército Nacional para ser pasados como guerrilleros.

Carretero hizo un detallado informe sobre cómo se involucró en las ejecuciones extrajudiciales, empezando con su relacionamiento con el grupo de “reclutadores” conformado por Dairo José Palomino, Ender Obeso, Uriel Ballesteros y Pedro Gámez.

“A principios de 2008, Énder Obeso me hace una propuesta, me dice que él tuvo un inconveniente y que si puedo ir a llevar a un muchacho hasta Ocaña y dárselo a Dairo Palomino. Yo le dije si, estaba económicamente mal. En las horas de la tarde, me llevó al muchacho al terminal de Bogotá. Un muchacho inocente. Lo vi que no era como uno. Nos subimos, el bus iba vacío. Él iba en un puesto y yo en otro. No hablamos en el camino. Llegamos a San Martín, Cesar, al otro día. Le pregunté que si tenía hambre y me dijo que sí. Le di comida. Almorzamos y seguimos. Nos fuimos hasta Santa Clara, una vía que va para Ocaña y para Aguachica. Allí estaba Dairo Palomino esperándonos en una moto. Nos bajamos del carro y Dairo se va con Fair Leonardo Porras en la moto. Al otro día yo me devolví a Soacha”, relató Carretero. Fair Porras es el hijo de Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha.

Carretero contó que varias veces llevó a jóvenes de distintas zonas del país y los entregaba en las carreteras a militares que los subían a la fuerza a vehículos. También afirmó que prestó su cédula a Palomino para que recibiera sumas de dinero por esos reclutamientos. “Ese día de lo de la cédula me muestra en el computador la foto de Fair Leonardo Porras como había quedado asesinado. Le pregunto que por qué lo asesinaron y me dijo: ‘Quédese callado si no quiere que le pase lo que le pasó a un muchacho que trabajaba con nosotros y que lo asesinamos porque sabía mucho’. Cobardemente me lleno de nervios, no le digo nada”, relató.

Además dijo que Palomino le ayudó a comprar una casa en Ocaña a donde llevaban a los jóvenes y campesinos para que el Ejército se los llevara. “Soy responsable de haber recibido personas de Soacha y Bogotá que las llevaban hasta Ocaña, hasta mi casa (...) Y más responsable porque sabía que iba a pasar con sus seres queridos”, dijo.

Y agregó: “Yo no les puedo regresar sus hijos, pero sí les puedo colaborar con la verdad porque como han dicho, aquí no estamos todos. Hay varios militares que están activos”. Carretero también aseguró que por sus declaraciones ante la justicia ordinaria y ante la justicia transicional ha recibido amenazas. “Los soldados intentaron matarme para que yo me callara. Estoy vivo para seguir colaborando con ustedes y llegar hasta donde me digan”, dijo.

Sobre las 10:00 a.m. comenzaron los reconocimientos de responsabilidad por parte de los exmilitares en el caso de “falsos positivos”. Sandro Mauricio Pérez Contreras fue el primer militar compareciente en hablar durante esta segunda jornada de audiencia. Durante las campañas de “falsos positivos”, el sargento Pérez se desempeñó como suboficial de inteligencia del Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander del Ejército. Allí entregó armas con las cuales se simulaban combates, coordinó pagos a supuestos informantes y fue coautor de homicidios a personas protegidas (ejecuciones extrajudiciales).

“Yo represento para ustedes una máquina de muerte. Acepto ante ustedes, el país y el mundo que utilicé mi uniforme y mi grado dentro del ejército como pretexto para dar resultados operacionales, haciéndolos creer que eran legítimos, pero en realidad eran asesinatos que se cometieron contra seres humanos inocentes no vinculados a grupos al margen de la ley; nunca pertenecieron y por falta de temor a Dios fui coautor de un patrón criminal”, narró Pérez Contreras.

Posteriormente, el sargento segundo retirado comentó ante las víctimas cómo intervino en las ejecuciones extrajudiciales: “Planee cómo debían llegar de Soacha a Ocaña, cómo debían entregarse a los militares, les robé la identidad a los hijos que ustedes tanto amaban, entregué documentos falsos para que fuera creíble lo que estábamos haciendo, les robé sus documentos para que pasaran como ‘NN’, esto hacía que para ustedes fuera más difícil poder encontrarlos y saber la verdad”, afirmó.

En su intervención, Pérez sacó una flor y le agradeció a Flor Hilda Hernández, una de las madres de Soacha, por haberle hecho entender el valor de la vida. “Usted me dijo en nuestro primer encuentro en Bogotá: esta flor representa a mi hijo. Puede ser que esta flor no valga mucho para las personas que nos ven, pero para usted señora Flor le entendí que está reflejado su dolor y la responsabilidad que yo tengo cuando le quité la vida su hijo. Gracias por hacerme entender el valor de la vida”, detalló.

En medio del llanto, Pérez destacó el rol de las víctimas para afrontar un proceso tan largo y doloroso. “Quiero exaltar la labor de las madres de Soacha que desde el inicio fueron capaces de enfrentar a mi institución”. Según él, eso le dio mayores ánimos para afrontar los encuentros individuales con ellas.

La primera persona en intervenir fue Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, desaparecido el 23 de agosto en 2008 y quien apareció muerto el 25 de agosto de ese año en Ocaña. “No vengo a hablar por mi hijo, sino por miles de víctimas que están acá”, dijo en su intervención.

“Hoy le digo a los señores procesados que por favor ellos tienen hijos, hijas, familiares que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad. No se echen el agua solamente entre ustedes, sino que nos digan quién dio la orden. Necesitamos a esa persona. Sabemos que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes”, afirmó.

Además, insistió en que las víctimas quieren los nombres de quienes estuvieron detrás de las decisiones que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales. “Nos hicieron daño y muchísimo a las madres, al barrio, a la comunidad. Hoy les pido que digan la verdad y echen al agua desde [el expresidente Álvaro] Uribe en adelante porque yo sé que él tiene la culpa, [el expresidente Juan Manuel] Santos tiene la culpa, [el general Freddy] Padilla tiene la culpa, [el general Mario] Montoya tiene la culpa. Díganlo, pero con nombres propios”, dijo Gómez.

A su turno, Idalí Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo, joven de Soacha desaparecido el 23 de agosto de 2008 y posteriormente asesinado por el Ejército en Norte de Santander, fue la segunda víctima en rendir testimonio en este segundo día de audiencia.

La tercera persona en intervenir fue Anderson Rodríguez Sanabria, hermano de Estiven Valencia Sanabria. “Los caballeros [los comparecientes] no son militares son unos asesinos friolentos porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Se llevaron a mi hermano, un niño, se llevaron a Farid Leonardo, un muchacho que trajeron desde Soacha hasta acá. Y el señor Carretero viajó con Leonardo todo ese viaje y nunca se dio cuenta que tenía una condición especial. ¿Por qué torturaban a las personas si ya los iban a matar? Esa es la pregunta que yo les tengo”, aseguró.

Rodríguez insistió en que es necesario garantizar la no repetición de estas prácticas. “Para que haya no repetición ustedes que saben quiénes son los dueños y creadores de este negocio tan macabro, díganlo (...) algunos de ellos están activos. Si ustedes los entregan con nombres y todo, se pueden sacar del Ejército y que hablen acá y que no sigan haciendo eso tan macabro. Ustedes [los comparecientes] para mí son un peligro. ”, dijo.

En la primera audiencia realizada el martes 26 de abril reconocieron responsabilidad seis militares por al menos 120 personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008 en la región del Catatumbo (Norte de Santander). El primer militar en pararse frente a las víctimas fue Néstor Guillermo Gutiérrez, quien para la época era cabo primero del Ejército y fue comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15. “No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Quiero aclararlo acá: lo que asesinamos fueron campesinos”.

Lo propio hizo el coronel retirado Rubén Darío Castro Gómez, quien fue el jefe de operaciones, posteriormente jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil 15 y luego comandante de esa unidad, entre 2006 y 2008, reconoció públicamente que “al interior de la Brigada existía una banda criminal, de la cual tuve conocimiento, y que tenía como único fin incrementar los resultados operacionales”.

Puede ver el seguimiento en vivo que hizo Colombia+20 de ese primer día de audiencia aquí.

Finalizó la primera audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el caso de “falsos positivos”. En esta diligencia, que duró dos días y celebró en Ocaña, Norte de Santander, participaron diez militares -entre ellos un general- y un civil, quienes asumieron su responsabilidad por al menos 120 personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008 en la región del Catatumbo de ese departamento fronterizo.

Puede ver el seguimiento en vivo que hizo Colombia+20 de ese primer día de audiencia aquí y del segundo día aquí.

Los exintegrantes de la Fuerza Pública que reconocieron responsabilidad en esta audiencia son los suboficiales Néstor Guillermo Gutiérrez y Sandro Mauricio Pérez Contreras; los oficiales (r) Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro y Rubén Darío Castro Gómez; el teniente coronel (r) Gabriel Rincón Amado; el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez; el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo; el teniente coronel de la reserva activa Álvaro Tamayo Hoyos; el sargento (r) Rafael Antonio Urbano Muñoz y Alexander Carretero Díaz (civil reclutador).

Hacia las seis de la tarde, la magistrada Catalina Díaz declaró un receso para permitirle al general (r) Paulino Coronado la consulta con sus abogados. Al reanudar la audiencia, aseguró que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción deberán evaluar cada una de las intervenciones y manifestaciones que se hicieron en el recinto. “Si la Sala lo considera pertinente y necesario podrá, entre muchas otras facultades, convocar una nueva jornada de audiencia pública o pedirá ampliar el reconocimiento”.

Los magistrados dieron paso a una intervención final de cada uno de los 11 comparecientes para finalizar la diligencia judicial. Lo militares y el civil nombraron, una a una, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales sobre las que asumieron responsabilidad y reiteraron la aceptación de la imputación de los cargos que hizo la JEP por los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Para cerrar la diligencia intervino Jairo Acosta Aristizábal, el procurador delegado ante la JEP, quien concluyó que: “Queremos garantizar nuestro compromiso con las víctimas y con la materialización de sus derechos”. Así mismo, la magistrada Catalina Díaz agradeció a las víctimas por haber asistido a este espacio y continuar con este proceso de lucha después de casi dos décadas. “Madres, hermanas, hijos, hijas, en su mayoría mujeres fuertes, pero al tiempo muy sensibles. Mujeres trabajadoras y valientes que hicieron todo para que estos hechos se conocieran, se esclarecieran, se hiciera justicia. Ustedes fueron hasta donde hubiera que ir para avisar que estaban asesinando a nuestros campesinos (...) Fue tanto el poder de ustedes, hombres y mujeres del Catatumbo, que la modalidad tuvo que cambiar. Los miembros de las unidades militares tuvieron que ir a buscar a sus víctimas a otro lugar porque las organizaciones campesinas del Catatumbo no lo iban a permitir más”.

Antes de que el último de los comparecientes en intervenir, el general (r) Paulino Coronado, terminara su declaración, la togada Catalina Díaz, le recordó al militar que en el expediente judicial por su caso hay un episodio que contradice la versión que él sostiene de que desconocía los actos que cometieron sus subalternos en la época. “El 6 de diciembre del 2007, en un auditorio como este, los campesinos del Catatumbo, en compañía de los órganos de control, organizaciones no gubernamentales con la presencia de la Fuerza Pública denunciaron que los campesinos de la zona eran asesinados y sus cuerpos presentados como resultados operacionales. (...) Usted asistió a esa reunión y estuvo presente cuando se denunciaron esos asesinatos”. Incluso, la magistrada recordó que el militar, en esa audiencia, había ordenado que sonara la canción “El campesino embejucado”.

Frente a estas afirmaciones el militar aseguró que sí recibió la invitación a esa audiencia pública, pero aseguró que los campesinos no hicieron las denuncias correspondientes. “En ese evento no hubo ningún señalamiento directo de acciones desarrolladas por el Ejército en contra de esa comunidad”. Ante esa afirmación, la magistrada lo interpeló: “¿Usted conocía lo que estaba pasando, sabía de las denuncias?”, a lo que el general respondió: “No lo conocía”.

Lo dicho por el general ocasionó la molestia de las víctimas, quienes, en un episodio que no se vio en la transmisión de televisión, se pusieron de pie masivamente y ondearon carteles en los que se leyó: “Aquí faltó verdad”, “¿Quién dio la orden?”, “faltan máximos responsables”, y “Quiero a Montoya ya”. La magistrada Catalina Díaz decretó un recesó de la audiencia.

La esperada intervención del general en retiro Paulino Coronado -el militar de más alto rango que ha reconocido estos delitos- dejó un sinsabor entre las víctimas por un reconocimiento ambiguo. Aunque se atuvo a la imputación que le hizo la JEP en junio de 2021, por omisión como comandante de la Brigada 30 para la época de los hechos, sostuvo que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con sus subalternos en la región.

“Acepto mi responsabilidad por exceso de confianza al haber asumido como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales, cuando no lo fueron. Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”, sostuvo en el estrado.

Y continuó: “Aunque la Fiscalía y la JEP evidenciaron que nunca ordené, que no di la orden, auspicié, o planeé los asesinatos cometidos por hombres bajo mi mando (…) acepto la responsabilidad”. Dijo que es responsable por no haber previsto que “la política de inflexión física” – de presionar por bajas – que impulsaba el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, podía conducir a la comisión de esos crímenes.

Aceptó que falló al no haber fijado una posición firme frente a las presiones que venían desde el comando de la Segunda División, al mando para esa época del general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y el general José Joaquín Cortés. Dijo que ellos rompieron la cadena de mando al increpar directamente, mediante programas radiales del Ejército, a los oficiales y suboficiales de los pelotones, pasando por encima de él.

Señaló que asumía su responsabilidad jurídica por no haber cumplido “la primera lección que me dieron cuando ingresé a la Escuela Militar: el comandante responde por lo que hagan o dejen de hacer sus subalternos”. Coronado se refirió a varias intervenciones que han hecho otros exintegrantes del Ejército en esta audiencia para asegurar que recientemente se enteró de de varias modalidades que se usaron en las ejecuciones extrajudiciales.

“Conocí recientemente que en la sección de inteligencia del Batallón Santander, días previos a la ocurrencia de cualquier acto militar, se registraba en el diario de inteligencia presencia de estructuras de delincuencia o guerrilla para que cuando se produjera el crimen tuviesen el soporte, y así de esta manera calificar a los muertos como delincuentes o guerrilleros. Ahí empezaba la degradación de la dignidad de estas personas”.

Álvaro Diego Tamayo era teniente coronel del Ejército en la época de los “falsos positivos” y fue comandante del Batallón Santander en el año 2008. Calificó como “una farsa que duró 14 años” los actos por omisión que reconoció ante la JEP. Durante su intervención aceptó responsabilidades que lo hicieron criminal de lesa humanidad, al ser coautor de homicidios de persona protegida y de desapariciones forzadas.

“Las personas que asesinamos no eran integrantes de grupos al margen de la ley. No tomé medidas adecuadas para prevenir o reprimir conductas punibles de mis subordinados”, agregó Tamayo. Reconoció que como comandante de batallón nunca supo que había una banda que reclutaba personas inocentes que llevaban hacia Norte de Santander para asesinarlos. Aunque aseguró que no quería excusarse por ser responsable de estos hechos, Tamayo también afirmó: “Me dijeron que esas personas eran bandidos que llegaban a extorsionar a la población. Con mi responsabilidad no solo los afecté a ustedes (dirigiéndose a las víctimas), sino a la institución militar, a mis superiores. Traicioné, mentí y fallé al Ejército”.

El coronel Tamayo dijo que en su época los dividían entre “comandantes buenos y malos”. Los buenos entregaban bajas y los malos no. “Sentíamos presión constante de ser removidos de la institución, había competencia entre los comandantes para ver quién tenía más bajas. Ahora puedo reconocer que esos asesinatos no fueron errores ni daños colaterales como decíamos en alguna ocasión”, concluyó.

Tras un receso, la audiencia se retomó con la intervención de Gloria Martínez, quien trabajó durante 18 años como operaria en una fábrica de jabones. Tras el asesinato de su hijo Daniel Alexander Martínez, debió dejar el trabajo por afectaciones en su salud. En su intervención aseguró que apenas se estaba enterando de varios detalles del asesinato de su hijo. “Cuando llegué a este hotel por primera vez, me pregunté: ¿en cuál de estas casas de Ocaña estuvo por última vez mi hijo estando engañado por ustedes?”.

La segunda en intervenir fue Jacqueline Castillo Peña, la representante legal del colectivo de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) y hermana de Jaime Castillo Peña, asesinado el 10 de agosto 2008 en Ocaña luego de haber sido trasladado desde Soacha. “Aquí no actuó solamente el Ejército. Está involucrado Medicina Legal porque hubo muchos detalles de los cuerpos que no describieron. Mi hermano tenía tatuado el nombre de mi madre, Carmen, y eso nunca lo dijeron. Eso era clave para identificar los cadáveres. Al igual que el CTI, ante la Justicia Penal Militar, no hay coincidencia entre los cinco que participaron en la muerte de Jaime. Ellos dicen que una vez sucedió el combate informaron al CTI que se hizo presente, pero si ellos hacían los levantamientos, ¿cómo me explican que si Jaime fue asesinado el 12 de agosto las fotos del levantamiento tenían fecha el 14 de agosto? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jaime esos dos días? (...) Tampoco hemos escuchado el nexo total que tenían ustedes militares con paramilitares”, reclamó fuertemente.

La víctima también pidió que los militares esclarezcan qué pasaba con la munición que ellos reportaban como “gastada” en los falsos operativos. “En el caso de mi hermano ustedes mataron a dos personas. Cada uno tenía cuatro impactos de fusil, pero ustedes reportaron 367 cartuchos de fusil gastados, ¿a quién se lo vendían, a quién se lo entregaban?”, dijo.

Jacqueline señaló de falso el hecho de los militares aseguraran que el armamento que pusieron a algunas víctimas lo habían encontrado en caletas de grupos al margen de la ley y pidió que esclarezcan la verdad sobre los nexos entre el Ejército y grupos paramilitares. “Las versiones de los paramilitares es que ellos les entregaban cuerpos a ustedes para que dieran los resultados y les entregaban dinero para que ellos tuvieran día libre en la región del Catatumbo”.

El coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, a su turno, reconoció su responsabilidad en los “falsos positivos” y, en línea con lo que han reconocido otros coroneles en la audiencia, afirmó la existencia de una “empresa criminal que se creó, se desarrolló, se formó y se organizó al interior de la extinta Brigada Móvil 15, todo con el fin de presentar falsas muertes en combate y así posicionarse frente a las presiones de los comandantes”.

A esos comandantes, el coronel se refirió con nombre propio: quienes comandaron la Segunda División del Ejército para 2007 y 2008 fueron el general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y el general José Joaquín Cortés; y quien comandó el Ejército para la época fue el general Mario Montoya. De ellos, aseguró: “Exigían y pedían muertes en combate”, exigencias que lo llevaron a él como oficial de operaciones a participar de la maquinaria que armaron para cometer los crímenes.

Para esos años, quienes comandaron la Brigada Móvil 15 fueron el coronel Santiago Herrera y el coronel Rubén Darío Castro, quienes también estaban presentes en la audiencia y reconocieron allí su responsabilidad.

El coronel Rincón Amado, en respuesta a la reiterada petición de las víctimas de conocer nombres de otros responsables, dijo que también en la estructura y tienen igual responsabilidad: el mayor Carlos Rodríguez Mora, jefe de inteligencia de la Cioca; mayor José Simón Baquero Ramos, comandante del batallón contraguerrilla 96; o mayor José Reinel Herrán, comandante del batallón contraguerrilla 95, entre otros.

Según explicó el coronel, al interior de esa empresa criminal se dividieron las funciones y enseguida detalló el rol que cumplió él. “El mío era plasmar unos documentos que le dieran visos de legalidad a esas falsas operaciones y que se mostrara ante los entes de control, como la Fiscalía, que había sido una operación real, lo cual nunca fue así”. Documentos como los informes de situación de tropas, las misiones tácticas para esas operaciones, o el “radiograma operacional donde se reportaban cada uno de los eventos maquiavélicos que desarrollamos para poder demostrar que ese combate había sido legal”.

“Reconozco ante ustedes, víctimas, que sus seres queridos que perdieron la vida en estos falsos combates nunca fueron combatientes, ni delincuentes, ni pertenecían a ninguna estructura criminal. Fueron personas de bien, campesinos, trabajadores, que fueron acechados, secuestrados y llevados a sitios donde las tropas los ultimaron en estado de indefensión y les colocaron armas solo con la finalidad de mostrar resultados operacionales”, enfatizó el coronel.

Zoraida Muñoz es la madre de Yonny Duvián Soto, víctima de ejecución extrajudicial en Norte de Santander. De las víctimas que hasta el momento han hablado en la audiencia de reconocimiento de este miércoles, tal vez es la más escéptica con el perdón y las verdades que han contado los responsables del asesinato de Yonny.

En un primer momento le dirigió unas palabras a Alexander Carretero, diciéndole lo siguiente: “Usted reclutaba a los muchachos en el cantón de la 106 con Séptima, en Bogotá. Alguien lo apoyaba y usted le quitó a mi hijo su libreta militar y se lo llevó”, dijo.

Zoraida no quería que su hijo Yonny fuera soldado profesional, sueño que tuvo desde adolescente. Sobre esto, ella dijo que siempre se negó a esa posibilidad porque no quería un hijo mutilado ni muerto. Además, agregó que “allí les lavaron el cerebro, los militares metieron cizaña y él amaba a esa maldita institución”.

Con dolor en sus palabras, doña Zoraida dijo que en la JEP no ha encontrado la verdad plena, porque los comparecientes no quieren involucrar a los de arriba. Para ella, ningún acto es suficiente si no hay verdad ni pleno reconocimiento. “Quiero un perdón grande en la Plaza de Bolívar, pero con toda la verdad.”, concluyó.

Por su parte, Flor Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano, se unió a la petición y exigió que los militares den nombres de los altos mandos responsables. “Me gustaría que así como fueron capaces de llevarse a mi hijo y nuestros jóvenes, tengan la misma capacidad de enfrentar la realidad. Entreguen las cabezas principales. No se hundan solos”, reclamó.

En un conmovedor testimonio, Hernández describió cómo ha sido este tiempo de búsqueda de justicia y verdad. “Fueron miserables y me arrebataron a mi hijo y le arrebataron a todas estas personas sus seres queridos. Nosotras lloramos lágrimas de dolor, angustia, soledad y un vacío. Sus prendas militares de orgullo, coroneles, comandantes y altas categorías lo que hicieron fue derramar ríos de sangre de seres inocentes”, sentenció.

Hernández también exaltó la fortaleza de las víctimas: “¿Cuál ha sido la resistencia de nosotras? Ser fuertes, berracas y guerreras porque somos del campo”, dijo y pidió limpiar el nombre de su hijo. “Me siento orgullosas de estar hablando por mi hijo, porque él trabajaba por mí y por sus hermanos, pero ustedes me lo arrebataron. ¿Pensaron que hacían esto y no había detrás una madre que daba la vida por sus hijos? Ustedes me separaron de mi hijo. Mi hijo no ha muerto, sigue vivo para mí”.

Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, fue la siguiente en intervenir en la audiencia. “Mi hijo era un joven que salió de la casa lleno de ilusión y de alegría porque iba ganarse un dinero para pagarle la casa a sus papás para que no nos echaran de la casa. Él no sabía que iba rumbo a una cita donde nunca más iba retornar”, dijo.

Su reclamo a los militares fue para que nombraran altos mandos implicados en estos casos. Reiteró la frase emblemática de las familias de víctimas de falsos positivos: ¿Quién dio la orden? “Digan quién les dio la orden. Señor Paulino Coronado, si el presidente le dio la orden, diga. No importa quién sea el presidente, no importa que él haya sido el presidente y que él mande el país a través de Duque (...) Lo que nosotras queremos es saber quién dio la orden de asesinar a nuestros hijos”.

“Fui la persona que traje a todos sus seres queridos de varias partes de Colombia. Me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, Aguachica y Bucaramanga, para entregárselos al Ejército Nacional para que los asesinaran. Quiero reconocer los hechos y que se sepa la verdad”, así inició su comparecencia Alexander Carretero, tercero civil, y quien ha sido señalado como el “reclutador” de los jóvenes que fueron asesinados por el Ejército Nacional para ser pasados como guerrilleros.

Carretero hizo un detallado informe sobre cómo se involucró en las ejecuciones extrajudiciales, empezando con su relacionamiento con el grupo de “reclutadores” conformado por Dairo José Palomino, Ender Obeso, Uriel Ballesteros y Pedro Gámez.

“A principios de 2008, Énder Obeso me hace una propuesta, me dice que él tuvo un inconveniente y que si puedo ir a llevar a un muchacho hasta Ocaña y dárselo a Dairo Palomino. Yo le dije si, estaba económicamente mal. En las horas de la tarde, me llevó al muchacho al terminal de Bogotá. Un muchacho inocente. Lo vi que no era como uno. Nos subimos, el bus iba vacío. Él iba en un puesto y yo en otro. No hablamos en el camino. Llegamos a San Martín, Cesar, al otro día. Le pregunté que si tenía hambre y me dijo que sí. Le di comida. Almorzamos y seguimos. Nos fuimos hasta Santa Clara, una vía que va para Ocaña y para Aguachica. Allí estaba Dairo Palomino esperándonos en una moto. Nos bajamos del carro y Dairo se va con Fair Leonardo Porras en la moto. Al otro día yo me devolví a Soacha”, relató Carretero. Fair Porras es el hijo de Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha.

Carretero contó que varias veces llevó a jóvenes de distintas zonas del país y los entregaba en las carreteras a militares que los subían a la fuerza a vehículos. También afirmó que prestó su cédula a Palomino para que recibiera sumas de dinero por esos reclutamientos. “Ese día de lo de la cédula me muestra en el computador la foto de Fair Leonardo Porras como había quedado asesinado. Le pregunto que por qué lo asesinaron y me dijo: ‘Quédese callado si no quiere que le pase lo que le pasó a un muchacho que trabajaba con nosotros y que lo asesinamos porque sabía mucho’. Cobardemente me lleno de nervios, no le digo nada”, relató.

Además dijo que Palomino le ayudó a comprar una casa en Ocaña a donde llevaban a los jóvenes y campesinos para que el Ejército se los llevara. “Soy responsable de haber recibido personas de Soacha y Bogotá que las llevaban hasta Ocaña, hasta mi casa (...) Y más responsable porque sabía que iba a pasar con sus seres queridos”, dijo.

Y agregó: “Yo no les puedo regresar sus hijos, pero sí les puedo colaborar con la verdad porque como han dicho, aquí no estamos todos. Hay varios militares que están activos”. Carretero también aseguró que por sus declaraciones ante la justicia ordinaria y ante la justicia transicional ha recibido amenazas. “Los soldados intentaron matarme para que yo me callara. Estoy vivo para seguir colaborando con ustedes y llegar hasta donde me digan”, dijo.

Sobre las 10:00 a.m. comenzaron los reconocimientos de responsabilidad por parte de los exmilitares en el caso de “falsos positivos”. Sandro Mauricio Pérez Contreras fue el primer militar compareciente en hablar durante esta segunda jornada de audiencia. Durante las campañas de “falsos positivos”, el sargento Pérez se desempeñó como suboficial de inteligencia del Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander del Ejército. Allí entregó armas con las cuales se simulaban combates, coordinó pagos a supuestos informantes y fue coautor de homicidios a personas protegidas (ejecuciones extrajudiciales).

“Yo represento para ustedes una máquina de muerte. Acepto ante ustedes, el país y el mundo que utilicé mi uniforme y mi grado dentro del ejército como pretexto para dar resultados operacionales, haciéndolos creer que eran legítimos, pero en realidad eran asesinatos que se cometieron contra seres humanos inocentes no vinculados a grupos al margen de la ley; nunca pertenecieron y por falta de temor a Dios fui coautor de un patrón criminal”, narró Pérez Contreras.

Posteriormente, el sargento segundo retirado comentó ante las víctimas cómo intervino en las ejecuciones extrajudiciales: “Planee cómo debían llegar de Soacha a Ocaña, cómo debían entregarse a los militares, les robé la identidad a los hijos que ustedes tanto amaban, entregué documentos falsos para que fuera creíble lo que estábamos haciendo, les robé sus documentos para que pasaran como ‘NN’, esto hacía que para ustedes fuera más difícil poder encontrarlos y saber la verdad”, afirmó.

En su intervención, Pérez sacó una flor y le agradeció a Flor Hilda Hernández, una de las madres de Soacha, por haberle hecho entender el valor de la vida. “Usted me dijo en nuestro primer encuentro en Bogotá: esta flor representa a mi hijo. Puede ser que esta flor no valga mucho para las personas que nos ven, pero para usted señora Flor le entendí que está reflejado su dolor y la responsabilidad que yo tengo cuando le quité la vida su hijo. Gracias por hacerme entender el valor de la vida”, detalló.

En medio del llanto, Pérez destacó el rol de las víctimas para afrontar un proceso tan largo y doloroso. “Quiero exaltar la labor de las madres de Soacha que desde el inicio fueron capaces de enfrentar a mi institución”. Según él, eso le dio mayores ánimos para afrontar los encuentros individuales con ellas.

La primera persona en intervenir fue Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, desaparecido el 23 de agosto en 2008 y quien apareció muerto el 25 de agosto de ese año en Ocaña. “No vengo a hablar por mi hijo, sino por miles de víctimas que están acá”, dijo en su intervención.

“Hoy le digo a los señores procesados que por favor ellos tienen hijos, hijas, familiares que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad. No se echen el agua solamente entre ustedes, sino que nos digan quién dio la orden. Necesitamos a esa persona. Sabemos que detrás de ustedes vienen personajes muy grandes”, afirmó.

Además, insistió en que las víctimas quieren los nombres de quienes estuvieron detrás de las decisiones que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales. “Nos hicieron daño y muchísimo a las madres, al barrio, a la comunidad. Hoy les pido que digan la verdad y echen al agua desde [el expresidente Álvaro] Uribe en adelante porque yo sé que él tiene la culpa, [el expresidente Juan Manuel] Santos tiene la culpa, [el general Freddy] Padilla tiene la culpa, [el general Mario] Montoya tiene la culpa. Díganlo, pero con nombres propios”, dijo Gómez.

A su turno, Idalí Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo, joven de Soacha desaparecido el 23 de agosto de 2008 y posteriormente asesinado por el Ejército en Norte de Santander, fue la segunda víctima en rendir testimonio en este segundo día de audiencia.

La tercera persona en intervenir fue Anderson Rodríguez Sanabria, hermano de Estiven Valencia Sanabria. “Los caballeros [los comparecientes] no son militares son unos asesinos friolentos porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Se llevaron a mi hermano, un niño, se llevaron a Farid Leonardo, un muchacho que trajeron desde Soacha hasta acá. Y el señor Carretero viajó con Leonardo todo ese viaje y nunca se dio cuenta que tenía una condición especial. ¿Por qué torturaban a las personas si ya los iban a matar? Esa es la pregunta que yo les tengo”, aseguró.

Rodríguez insistió en que es necesario garantizar la no repetición de estas prácticas. “Para que haya no repetición ustedes que saben quiénes son los dueños y creadores de este negocio tan macabro, díganlo (...) algunos de ellos están activos. Si ustedes los entregan con nombres y todo, se pueden sacar del Ejército y que hablen acá y que no sigan haciendo eso tan macabro. Ustedes [los comparecientes] para mí son un peligro. ”, dijo.

En la primera audiencia realizada el martes 26 de abril reconocieron responsabilidad seis militares por al menos 120 personas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008 en la región del Catatumbo (Norte de Santander). El primer militar en pararse frente a las víctimas fue Néstor Guillermo Gutiérrez, quien para la época era cabo primero del Ejército y fue comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15. “No voy a justificar lo que hice porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Quiero aclararlo acá: lo que asesinamos fueron campesinos”.

Lo propio hizo el coronel retirado Rubén Darío Castro Gómez, quien fue el jefe de operaciones, posteriormente jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil 15 y luego comandante de esa unidad, entre 2006 y 2008, reconoció públicamente que “al interior de la Brigada existía una banda criminal, de la cual tuve conocimiento, y que tenía como único fin incrementar los resultados operacionales”.

Puede ver el seguimiento en vivo que hizo Colombia+20 de ese primer día de audiencia aquí.