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Fueron necesarios 16 años para que Doris Tejada y su esposo, Darío Morales, recuperaran el cuerpo de su hijo Óscar Alexander. La última vez que hablaron con él fue el 31 de diciembre del 2007. Dos semanas después, su muchacho -que había viajado de Cundinamarca a Norte de Santander en busca de un nuevo empleo- fue asesinado por miembros del Ejército Nacional y presentado como guerrillero muerto en combate, bajo la execrable práctica de los ‘falsos positivos’.
Tras una larga lucha para que el Estado agilizara las labores de búsqueda de Óscar, el pasado 26 de abril sus familiares recibieron la noticia de que su cuerpo fue identificado en el cementerio alterno de El Copey, Cesar.
El hallazgo de sus restos representa un paso clave para la familia Morales Tejada, que no ha descansado en su exigencia de verdad y justicia en este caso.
“Tenemos ese duelo ahí, congelado en el tiempo”, me dijo en el año 2020 Doris Tejada, la madre del joven, quien desde 2011 se sumó a la organización de Madres de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales de Soacha y Bogotá (Mafapo).
“Necesitamos encontrar su cuerpo para enterrarlo, para tener una tumba que visitar, para llorarlo y dejarle una florecita”, complementó su esposo, Darío Morales, en aquella ocasión hace cuatro años, cuando ya se tenían serios indicios del lugar donde presuntamente estaban los restos de Óscar.
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“Los últimos años fueron tortuosos”
Según informó la Comisión Colombiana de Juristas, que representa a la familia en el proceso judicial, en las próximas semanas la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) realizará la entrega digna de sus restos y de los de otras víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el batallón de artillería La Popa No. 2.
Para Sebastián Bojacá, coordinador de litigio de la CCJ, el trabajo de los últimos años “pudo ser incluso más tortuoso que el de los primeros años, porque desde 2011 en el expediente de Justicia Penal Militar se podría ubicar el sitio en el que podían estar las víctimas, pero entre 2012 y 2016 ninguna autoridad judicial realizó ninguna diligencia”.
Pese a que entre 2017 y 2018 se demostró que en el cementerio alterno de El Copey sí habían cuerpos, las labores de búsqueda fueron casi nulas hasta 2020, lo que retrasó la identificación de cuerpos.
La insistencia en estas labores no solo derivó en la identificación de Óscar, sino que permitió el hallazgo y recuperación de 62 personas más, también encontradas en ese camposanto.
Las deudas en esclarecimiento de verdad
Según Bojacá, aunque el hallazgo del cuerpo es un avance crucial, todavía siguen vigentes las deudas en materia de esclarecimiento de responsabilidades en este caso.
“Aún falta todo en términos de verdad y responsabilidad. No hay ningún condenado por estos hechos y además la familia Morales Tejada no sabe dónde retuvieron a Óscar, cuál fue su paradero entre el 1 y el 16 de enero de 2008, no se sabe quién dio la orden para que el homicidio y la desaparición se llevaran a cabo, y aún no se conoce la responsabilidad de miembros de la Fiscalía y autoridades locales en todos estos hechos”, asegura el abogado.
La denuncia al alcalde de El Copey y las trabas para avanzar en la búsqueda
En 2020, la Comisión Colombiana de Jurista denunció que el alcalde de El Copey de esa época, Francisco Meza Altamar, estaba abriendo fosas e iniciando obras en el cementerio alterno de ese municipio para enterrar a personas fallecidas por covid 19, sin atender las alarmas de presencia en el terreno de restos de presuntas víctimas de homicidio y desaparición forzada.
A raíz de la denuncia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas cautelares sobre este predio, que incluían suspender inmediatamente la manipulación, el traslado, la inhumación y la exhumación de los restos mortales que reposan allí.
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Sin embargo, asegura la CCJ, “el alcalde desobedeció estas órdenes objetando que allí no había cuerpos de personas desaparecidas, por lo cual la CCJ denunció públicamente en enero y luego en noviembre de 2021 que la alcaldía había continuado construyendo bóvedas. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD- declaró este terreno como lugar de interés forense y asumió la búsqueda que durante años estuvo estancada en manos de la Fiscalía General de la Nación”.
