Firman pacto para la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto en Antioquia

La dimensión del conflicto armado colombiano y el número de víctimas que ha dejado no se compara, ni siquiera, con las dictaduras del Cono Sur o la violencia en Centroamérica. Colombia registra al menos 120.000 personas desaparecidas; cifra que casi triplica los casos registrados durante las dictaduras y conflictos en Argentina, Chile y Guatemala, que cuentan respectivamente con 30.000, 10.000 y 45.000 personas desaparecidas.

Por el impacto de la guerra, Antioquia es el departamento más afectado por el conflicto armado en el país. No solo es el departamento con más número de casos de ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como “falsos positivos”, según la JEP, sino que tiene registradas al menos a 30.000 personas desaparecidas, entre 1958 y 2016, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para dar un paso hacia la reparación y la construcción de paz en Colombia, por primera vez, instituciones y organizaciones internacionales acordaron un pacto para buscar a las víctimas de desaparición forzada, reclutamiento y secuestro en este departamento cuyos cuerpos no han sido identificados ni entregados a sus familias.

(Lea también: “Hallamos información de 1.724 desaparecidos que no estaban registrados”: directora de la Unidad de Búsqueda)

Este pacto regional fue firmado entre el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero; la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón; la Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Juliette de Rivero; y el Secretario de Gobiernos, Paz y No violencia de la Gobernación de Antioquia, Rafael Blanco.

El mandato del pacto tiene seis puntos que incluyen (1) la contribución de la UBPD para la comprensión y acompañamiento de los familiares de víctimas de desaparición; (2) la articulación del Estado, autoridades locales y sociedad para la búsqueda; (3) construir una ruta para encontrar a las personas dadas por desaparecidas; (4) dignificar la labor de las buscadoras y buscadores de desaparecidos para garantizar siempre sus derechos a la verdad, la justicia, y garantías de no repetición; (5) visibilizar las acciones humanitarias; y (6) promover el pacto firmado.

“Este pacto es un llamado a coordinarnos y articularnos para garantizar la participación de quienes buscan a sus seres desaparecidos y poder encontrar a los desaparecidos en Antioquia. Este departamento es uno de los más golpeados por el conflicto armado y es necesario poder aprovechar la oportunidad que nos da el Acuerdo de Paz para darle respuestas a las víctimas que han reclamado durante años”, aseguró la directora de la UBPD, Luz Marina Montón.

Monzón añadió que “La importancia de tener a estas autoridades es que son las más altas a nivel local, y es con ellas con quienes tenemos que hacer la sinergia necesaria para respaldar la búsqueda que han adelantado las familias durante tanto tiempo y saber qué pasó con sus seres queridos”.

Este departamento es uno de los nueve en todo el país que concentra el 60 % de las desapariciones registradas en Colombia. Las regiones más afectadas de este departamento son: Oriente Antioqueño 6.132 casos, Urabá 5.972 casos y Valle de Aburra con 5.149 casos.

(Le puede interesar: Unidad de Búsqueda y el Grube de la Fiscalía entregaron cuatro cuerpos de desaparecidos)

Este pacto contribuye a dignificar la persistencia y la valentía de sus familiares en la búsqueda de sus seres queridos. Además la ratificación pública y el compromiso por parte de las autoridades con las víctimas y sus familiares contribuye a la materialización de acciones concretas para el hallazgo de las personas desaparecidas. Que Antioquia, el departamento con más víctimas de desaparición, también sea el que tenga el mayor número de hallazgos”, fueron las palabras de la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Juliette de Rivero.

Hay que recordar que junto a las autoridades que firmaron este pacto se suma la participación de las instituciones involucradas en actividades relacionadas con la búsqueda como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Todos, como instituciones y representantes del Estado, tienen “una responsabilidad enorme con los buscadores y buscadoras, quienes durante más de cuatro décadas han luchado por el reconocimiento y la garantía de sus derechos. A estas responsabilidades institucionales deben sumarse los esfuerzos y contribuciones de distintos actores en el territorio: las organizaciones sociales, la cooperación internacional, la academia, los medios de comunicación, entre otros”, indica la Unidad de Búsqueda, entidad que nació tras la Firma del Acuerdo de Paz, entre las extintas Farc y el Estado colombiano.

Actualmente la UBPD tiene 24 planes regionales, al menos 16 de ellos están en un nivel avanzado mientras que otros, están en construcción. Cada uno de los planes responden a la particularidad de las regiones, en el caso del plan regional en Samaná (Caldas), la información de las personas desaparecidas era robusta gracias al trabajo de entidades como Equitas, el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat), de la Universidad de Caldas y Fundecos. En el caso de Nariño, se ha logrado avanzar por la información recopilada en el caso 02 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Le recomendamos:

*La unión de ciencias que ayudaría a encontrar los desaparecidos en ríos.

*Este especial de mujeres buscadoras de personas desaparecidas en Colombia.

*El reencuentro con su familia de un hombre dado por desaparecido hace 13 años.

La dimensión del conflicto armado colombiano y el número de víctimas que ha dejado no se compara, ni siquiera, con las dictaduras del Cono Sur o la violencia en Centroamérica. Colombia registra al menos 120.000 personas desaparecidas; cifra que casi triplica los casos registrados durante las dictaduras y conflictos en Argentina, Chile y Guatemala, que cuentan respectivamente con 30.000, 10.000 y 45.000 personas desaparecidas.

Por el impacto de la guerra, Antioquia es el departamento más afectado por el conflicto armado en el país. No solo es el departamento con más número de casos de ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como “falsos positivos”, según la JEP, sino que tiene registradas al menos a 30.000 personas desaparecidas, entre 1958 y 2016, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Para dar un paso hacia la reparación y la construcción de paz en Colombia, por primera vez, instituciones y organizaciones internacionales acordaron un pacto para buscar a las víctimas de desaparición forzada, reclutamiento y secuestro en este departamento cuyos cuerpos no han sido identificados ni entregados a sus familias.

(Lea también: “Hallamos información de 1.724 desaparecidos que no estaban registrados”: directora de la Unidad de Búsqueda)

Este pacto regional fue firmado entre el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero; la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón; la Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Juliette de Rivero; y el Secretario de Gobiernos, Paz y No violencia de la Gobernación de Antioquia, Rafael Blanco.

El mandato del pacto tiene seis puntos que incluyen (1) la contribución de la UBPD para la comprensión y acompañamiento de los familiares de víctimas de desaparición; (2) la articulación del Estado, autoridades locales y sociedad para la búsqueda; (3) construir una ruta para encontrar a las personas dadas por desaparecidas; (4) dignificar la labor de las buscadoras y buscadores de desaparecidos para garantizar siempre sus derechos a la verdad, la justicia, y garantías de no repetición; (5) visibilizar las acciones humanitarias; y (6) promover el pacto firmado.

“Este pacto es un llamado a coordinarnos y articularnos para garantizar la participación de quienes buscan a sus seres desaparecidos y poder encontrar a los desaparecidos en Antioquia. Este departamento es uno de los más golpeados por el conflicto armado y es necesario poder aprovechar la oportunidad que nos da el Acuerdo de Paz para darle respuestas a las víctimas que han reclamado durante años”, aseguró la directora de la UBPD, Luz Marina Montón.

Monzón añadió que “La importancia de tener a estas autoridades es que son las más altas a nivel local, y es con ellas con quienes tenemos que hacer la sinergia necesaria para respaldar la búsqueda que han adelantado las familias durante tanto tiempo y saber qué pasó con sus seres queridos”.

Este departamento es uno de los nueve en todo el país que concentra el 60 % de las desapariciones registradas en Colombia. Las regiones más afectadas de este departamento son: Oriente Antioqueño 6.132 casos, Urabá 5.972 casos y Valle de Aburra con 5.149 casos.

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Este pacto contribuye a dignificar la persistencia y la valentía de sus familiares en la búsqueda de sus seres queridos. Además la ratificación pública y el compromiso por parte de las autoridades con las víctimas y sus familiares contribuye a la materialización de acciones concretas para el hallazgo de las personas desaparecidas. Que Antioquia, el departamento con más víctimas de desaparición, también sea el que tenga el mayor número de hallazgos”, fueron las palabras de la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Juliette de Rivero.

Hay que recordar que junto a las autoridades que firmaron este pacto se suma la participación de las instituciones involucradas en actividades relacionadas con la búsqueda como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Todos, como instituciones y representantes del Estado, tienen “una responsabilidad enorme con los buscadores y buscadoras, quienes durante más de cuatro décadas han luchado por el reconocimiento y la garantía de sus derechos. A estas responsabilidades institucionales deben sumarse los esfuerzos y contribuciones de distintos actores en el territorio: las organizaciones sociales, la cooperación internacional, la academia, los medios de comunicación, entre otros”, indica la Unidad de Búsqueda, entidad que nació tras la Firma del Acuerdo de Paz, entre las extintas Farc y el Estado colombiano.

Actualmente la UBPD tiene 24 planes regionales, al menos 16 de ellos están en un nivel avanzado mientras que otros, están en construcción. Cada uno de los planes responden a la particularidad de las regiones, en el caso del plan regional en Samaná (Caldas), la información de las personas desaparecidas era robusta gracias al trabajo de entidades como Equitas, el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat), de la Universidad de Caldas y Fundecos. En el caso de Nariño, se ha logrado avanzar por la información recopilada en el caso 02 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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