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Aunque en los últimos días el partido Centro Democrático anunció que radicarían un proyecto para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte Penal Internacional afirmó que esta justicia sancionará a los responsables de crímenes en el conflicto.
Este viernes, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reiteró su apoyo al proceso que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. La fiscal Fatou Bensouda recalcó la importancia de esta justicia en el proceso de posacuerdo del país.
En un comunicado que replicó la Jurisdicción, Fatou Bensouda, fiscal de la CPI, dijo que apoyaba los esfuerzos de la JEP: “Estamos tratando de asegurarnos de que haya una rendición de cuentas adecuada para aquellos que asumen la máxima responsabilidad, incluyendo los comandantes (de las Farc) y los altos representantes del sector castrense, incluyendo quienes cometieron falsos positivos”.
El espaldarazo de la CPI llega un día después del anuncio del partido Centro Democrático de radicar, en julio de este año, un proyecto legislativo con el que intentarán, por tercera vez, reformar la JEP. Según una entrevista que le dio la senadora Paloma Valencia a la Revista Semana, la propuesta consiste en presentar una “sala especial con magistrados que tengan un régimen de inhabilidades que impida que quienes hayan litigado contra nuestras fuerzas, sean jueces”.
En la reforma también incluirían como requisito que sean personas con un “conocimiento profundo del Derecho Internacional Humanitario (DIH) (...) y que se incluyan temas referentes a los procedimientos que están en los proyectos que hemos radicado ya dos veces”, dijo Valencia.
(Lea también: Uribismo prepara nuevo proyecto para reformar a la JEP)
Esta no es la primera vez que la CPI muestra su respaldo a la justicia transicional. En enero de este año se había emitido un comunicado donde se mencionaba la importancia de la JEP en Colombia y “la necesidad de mantener su integridad e independencia, así como la necesidad de proporcionarle los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo su importante mandato”.
Bensouda aseguró que la Fiscalía de la CPI apoya los esfuerzos de la Jurisdicción Especial y “han trabajado codo a codo” con el fin de que haya una rendición de cuentas adecuada de todos los comparecientes y se logre el esclarecimiento de la verdad.
Uno de los trabajos que ha llevado a cabo la Corte es la apertura de varios exámenes preliminares sobre la situación de conflicto armado en el país. De hecho, desde 2004, la situación de Colombia está bajo la lupa de la CPI. El pasado martes, a través de una conferencia virtual sobre la impunidad en los crímenes cometidos en el conflicto armado, Eugenia Valenzuela, analista de situación de este organismo judicial internacional, afirmó que continuarán con el examen preliminar por la situación actual de Colombia. Asimismo, resaltó los avances que ha tenido el país en materia de justicia, con los que “la JEP ha priorizado 29 casos representativos sobre delitos en el conflicto armado y hay más de 2.000 casos contra terceros civiles”.
En el encuentro virtual con los diputados del Parlamento Europeo, la fiscal advirtió que desde la CPI continuaban vigilando los crímenes cometidos en el país, especialmente los asesinatos a líderes sociales y los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos.
Cabe resaltar que la CPI es el máximo tribunal de justicia penal del mundo. Nació después de una Conferencia de Naciones Unidas, que se celebró en Roma, Italia, en junio de 1998. En esa reunión, expertos en conflicto de varios países expresaron su preocupación porque no había seguimiento a los graves delitos que se cometían en las guerras y tampoco había condiciones para juzgar a los responsables. Para resolver ese problema, que no es un asunto menor en un planeta que en los últimos 50 años ha tenido 250 conflictos, decidieron crear el Estatuto de Roma, que, en palabras sencillas, es un documento que le dio vida a la CPI.
Fueron 124 los países, incluyendo Colombia, que se pusieron de acuerdo para que sea este tribunal el que juzgue a los responsables de las peores conductas cometidas contra toda la humanidad: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.