General Maza Márquez, ¿a responder en la JEP por asesinatos de la UP?

El general (r) Maza Márquez, condenado por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán a 30 años de prisión, se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) buscando el beneficio de la libertad condicional. Pero ahora deberá esclarecer el alcance de su participación en los crímenes y asesinatos contra los integrantes de la Unión Patriótica, partido político que surgió en 1985 como producto del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la entonces guerrilla de las Farc.

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La Sala de Reconocimiento de la JEP quiere determinar qué alcance e impacto tuvieron los vínculos probados por la Corte Suprema de Justicia entre el general Maza Márquez y los paramilitares del Magdalena Medio, al mando de Henry Pérez, y cómo esta alianza criminal fue funcional al aparato que desató la violencia contra los miembros de la Unión Patriótica.

La decisión, que conoció este diario, está sustentada en un auto de 19 páginas y tiene origen en tres informes que llegaron a la JEP: uno de la Fiscalía, llamado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica por agentes del Estado”; otro proveniente de la Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, y un tercero del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”.

Para la Sala de Reconocimiento de la JEP, estos documentos dan “serios indicios de la participación de agentes y directivos del DAS, a distintos niveles y en varios territorios, en el patrón de violencia en contra de la UP”.

Una condena, varias preguntas

El 23 de noviembre de 2016, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al general retirado de la Policía Nacional y exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, a 30 años de prisión y 10 años de inhabilidad para el ejercicio en cargos públicos. Lo hizo al considerarlo “coautor” de la muerte violenta del candidato a la Presidencia por el Partido Liberal Luis Carlos Galán Sarmiento y del concejal de Soacha Julio César Peñaloza.

La Corte concluyó que existían vínculos entre Maza Márquez y las Autodefensas del Magdalena Medio: “El general Miguel Alfredo Maza Márquez era el director del DAS, el organismo que tenía a cargo la protección del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Y en esa condición, dada además su cercana relación con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, asumió participar en el magnicidio. Su contribución consistió en debilitar la protección del doctor Galán Sarmiento”. Maza Márquez logró ese cometido nombrando como jefe de seguridad del político a Jacobo Alfonso Torregroza Melo, una persona recién vinculada al organismo de seguridad, sin ninguna experiencia en ese cargo y conocida de Jaime Eduardo Rueda Rocha”, el sicario de Galán.

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Para la Sala de Reconocimiento, la sentencia de la Corte permite inferir que Maza “tiene información relevante sobre el modus operandi del aparato criminal con el que se concertó la comisión de ese delito”, pero que, además, su conducta pudo haberse extendido a otras acciones criminales además del asesinato de Luis Carlos Galán, porque las relaciones que tenían Maza Márquez y el paramilitar Henry Pérez eran estrechas y fluidas.

Es más, “no solo se reunieron varias veces en la zona en que ejercía influencia este último, sino que Maza Márquez se abstuvo de perseguir a los integrantes de las autodefensas del Magdalena, y en cambio les facilitaba información sobre los operativos que las autoridades adelantarían en su contra”. Hechos a los que se suman “que colaboró con la entrada y traslado de Yair Klein (exmilitar y mercenario israelí que entrenó paramilitares) al Magdalena Medio y envió a subalternos suyos, incluido a uno de su entera confianza, a que recibieran instrucción”, dice el alto tribunal.

En la misma decisión, la Sala de Reconocimiento cita algunos elementos probatorios que evidencian esa alianza criminal. Por ejemplo, el testimonio de Alonso de Jesús Baquero, conocido como “Vladimir”, quien le dijo a la Fiscalía que Maza y Pérez sí tenían estrechos vínculos. Tanto que, incluso, en una ocasión Maza Márquez le pidió a Henry Pérez que le entregara información de Pablo Escobar y que “Henry, con Pablo, montaron una cocina falsa en una finca ubicada en un sitio llamado La Marmolera, donde fueron los del DAS, pero que eso lo hacía Henry para tener a Maza Márquez contento y al lado de él”, agregó.

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El documento resalta el testimonio de José Antonio Hernández Villamizar, o John, exintegrante del frente Julio Peinado Becerra, de las Auc, y de la banda criminal Los Pepes, quien manifestó, el 4 de noviembre de 2008, en versión libre ante la Fiscalía de Justicia y Paz: “Hubo una reunión de alto nivel con los organismos de seguridad del Estado del país, eso fue en una finca de Sopetrán, de Medellín, que era de uno de los Castaño. En esa reunión estuvo el general Rozo José Serrano, de la Policía, y el director del DAS, Miguel Maza Márquez. Además estuvo Carlos Castaño, Fidel Castaño y los Rodríguez Orejuela”.

El mismo John le dijo a la Corte Suprema que trabajó como escolta de Henry Pérez, entre 1983 y 1990, y que fue en ese trabajo que se enteró de que “Miguel Maza Márquez le encargaba a ese grupo paramilitar la realización de “trabajos sucios que él no podía hacer legalmente”. Así como informó que un escolta de Maza Márquez le habría contado sobre las distintas formas de colaboración que existían entre los paramilitares y el DAS, relacionada con informar “cuándo iba a ir una comisión judicial a perseguirlos, por ejemplo, cuando iban para Puerto Boyacá los de la ley”.

“John”, a su vez, confirmó haber conocido a Jaime Eduardo Rueda Rocha, el asesino material de Luis Carlos Galán, y aseguró que en uno de los entrenamientos en el Magdalena Medio conoció a Orlando Monroy Rivera, detective del DAS, conocido en el mundo criminal con el alias de “Trapero”. “Los informes analizados dan cuenta de la posible articulación y connivencia entre agentes de las Fuerzas Armadas, agentes del DAS, terceros civiles y paramilitares para la ejecución de los ataques dirigidos contra miembros de la UP”, asegura la decisión de la JEP.

Otro de los datos que para esta sala es significativo es que, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 71 % de los casos que tienen como supuestos responsables de hechos victimizantes contra miembros de la Unión Patriótica a miembros del DAS se presentaron en el período durante el cual Maza Márquez era director del DAS. Esta información fue extraída de la base de datos del informe “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”.

Maza Márquez estuvo seis años como director del DAS, entre mayo de 1985 y septiembre de 1991. Ese período coincidió con el homicidio de muchos dirigentes nacionales y regionales de la UP. En el informe que la Fiscalía entregó a la JEP el año pasado se lee: “En varios casos se evidenció la asociación de agentes del Estado con grupos ilegales relacionados con el narcotráfico y las autodefensas, contribuyendo en los asesinatos mediante labores de inteligencia o como autores materiales del mismo”.

De acuerdo con los reportes de la Corporación Reiniciar, entre los años 1986 y 1991, por ejemplo, se produjeron los asesinatos de los dirigentes Jaime Pardo Leal, José Antequera, Teófilo Forero y Bernardo Jaramillo Ossa. “En todos estos casos las víctimas habían solicitado la protección del DAS y contaban con esquemas de seguridad que, bien fuera por su ausencia o por omisiones en reacción al momento de la comisión de los hechos, no previnieron los hechos violentos que acabaron con la vida de estos dirigentes”, señala la Sala en referencia al informe de Reiniciar”.

Con relación al asesinato del candidato presidencial y principal líder de la UP, Jaime Pardo Leal, ocurrido el 1° de octubre de 1987, se sabe que el vehículo que Pardo conducía desde La Mesa (Cundinamarca) fue interceptado y disparado por sicarios en el momento en que no tenía su escolta del DAS. Por este caso, la nación fue hallada responsable de su muerte y la Fiscalía declaró este homicidio como un crimen de lesa humanidad el 18 de abril de 2016. Por esta razón, el proceso continúa y está en etapa de investigación previa.

En cuanto al dirigente Teófilo Forero, el 27 de febrero de 1989 lo asesinaron sicarios motorizados cuando estaba sin los escoltas del DAS que le asignaron. En el caso de José Antequera, se sabe que dirigió una comunicación a Maza Márquez, el 1° de febrero de 1988, en la que denunciaba el aumento de las “dificultades y los obstáculos para la prestación del servicio de escoltas del DAS, a pesar de los crecientes asesinatos de dirigentes de la UP”. “Lo que se observa es que dicho servicio aumenta para otros frentes y movimientos”, dijo Antequera en la carta.

Precisamente, a causa de los seguimientos que le hacían y de la presencia de hombres armados que rondaron su apartamento diciendo que pertenecían al DAS, el 21 de julio de 1988 José Antequera denunció ante el organismo de inteligencia un plan para asesinarlo. Sin embargo, nada evitó que muriera asesinado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, el 3 de marzo de 1989. Su caso, como el del candidato presidencial Bernardo Jaramillo y otros 32 episodios similares, fueron declarados crímenes de lesa humanidad.

Sobre Bernardo Jaramillo Ossa se recuerda que fue blanco de un atentado en el aeropuerto El Dorado, el 22 de marzo de 1990. Según la Fiscalía, previamente, Jaramillo se reunió con “agentes de la Policía, el jefe de escoltas del DAS, José Alirio Nocovi, y otros hombres de la institución encargados de la seguridad. “Según la Corporación Reiniciar, estaba rodeado de 14 escoltas, 12 de los cuales eran oficiales, cuando lo atacó un menor de edad, identificado como Andrés Gutiérrez. Jaramillo murió poco después en el Hospital Central de la Policía. Dos años después, durante un permiso, el joven sicario fue asesinado y su cuerpo encontrado en la cajuela de un carro.

Es por todo esto que para la Sala de Reconocimiento de la JEP “resulta importante esclarecer el rol de Maza Márquez, teniendo en cuenta que la Fiscalía en su informe destaca que los atentados contra dirigentes de izquierda en Bogotá tuvieron a autores materiales con algún tipo de relación entre sí: los primos Gerardo Gutiérrez, o Yerri, y Andrés Arturo Gutiérrez Maya, compañeros de trabajo en una fábrica de tizas en Medellín, que fueron los sicarios en los homicidios de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. El director del DAS, Miguel Maza Márquez, aseguró que el encargado del atentado contra Jaramillo fue Gustavo Adolfo Mesa Meneses, o el “Zarco”, que obedecía órdenes de Fidel y Carlos Castaño, con el auspicio de Pablo Escobar.

Sin embargo, esa versión fue desmentida posteriormente. La Corporación Reiniciar dijo en su informe que Pablo Escobar, a través de una carta con su firma y huella, dirigida al presidente de la UP, Diego Montaña Cuéllar, rechazó las imputaciones de Maza Márquez. De hecho, luego, el propio “Zarco” negó su participación y afirmó que fue vinculado por el DAS con unos informes imprecisos. Más tarde, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo absolvió y en cambio condenó en ausencia a los hermanos Fidel y Carlos Castaño, como coautores del homicidio.

Incluso, la JEP recibió información según la cual nueve escoltas del DAS y tres integrantes de la Policía del esquema de seguridad de Bernardo Jaramillo fueron vinculados formalmente a la investigación: José Alirio Nocobe Suárez, jefe de esquema de escoltas del DAS; Edilberto Gordillo Álvarez, Hílver Peña Vergara, José Antonio Santamaría, Edilson Suárez, Marco Antonio Cruz, Óscar Orlando Manrique, Andrés Orlando Daza, Éder Ocampo Ceballos, todos detectives del DAS, y José Arnulfo Oliveros, Jorge Enrique Pedraza Palacios y Lisandro Beltrán Muñoz, de la Policía Nacional.

Regiones enlutadas

Pero si en Bogotá estos asesinatos causaban conmoción, en las regiones el panorama no era muy distinto. El informe de la Fiscalía así lo detalla, en especial cuando habla de la cooperación de agentes del Estado y el Ejército en la victimización de integrantes de la UP. Por ejemplo, menciona los crímenes del senador de Antioquia Pedro Luis Valencia, perpetrado el 14 de agosto de 1987 a manos de las Auc, o los crímenes del diputado de la Asamblea de Antioquia Gabriel Jaime Santamaría, ocurrido el 29 de octubre de 1989, o el de la alcaldesa de Apartadó, Diana Cardona, sucedido el 26 de febrero de 1990.

“En varios casos se ha establecido la complicidad de miembros de los esquemas en los asesinatos”. De hecho, la Sala de Reconocimiento resalta que el informe de Fiscalía cita una resolución del 7 de febrero de 2017, en la que se determinó la conexidad de los homicidios de Cardona y Santamaría, y concluyó: “La forma como se perpetraron estos homicidios nos permite tener serios indicios sobre la posible participación ilegal de miembros de agencias de seguridad del Estado, bajo la posible existencia de un patrón de criminalidad orquestado en su interior, en la que se utilizó la filtración de esquemas de protección”.

El sometimiento de Maza

A sus 76 años, el 7 de marzo de 2018, el general Maza Márquez solicitó someterse a la JEP por primera vez. A mediados de abril la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concluyó que no tenía competencia para pronunciarse sobre las condenas en contra de Maza y el exsenador Alberto Santofimio, por el asesinato de Galán. Pero en la misma decisión resolvió remitir el caso de Maza Márquez a la Sala de Reconocimiento de la JEP, que pidió antes, en el documento mencionado, estudiar la solicitud de Maza a propósito del caso 006 sobre la UP.

El sometimiento voluntario ante esta jurisdicción es integral e irreversible. Eso quiere decir que una vez un agente del Estado, no integrante de Fuerza Pública, ha presentado una solicitud de sometimiento, esta jurisdicción tiene competencia para conocer todas las conductas que esta persona ha cometido en el conflicto armado, no solo las que este quiera reconocer. Por lo tanto, en este caso, si Maza quiere beneficios de esta justicia transicional (como la libertad condicionada) debe hacer un compromiso concreto, programado y claro de contribución. Y eso para la Sala de Reconocimiento de la JEP, que tiene en sus manos la entrada de Maza a esta justicia, pasa por su aporte al esclarecimiento de los patrones criminales detrás del exterminio de la Unión Patriótica.

El general (r) Maza Márquez, condenado por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán a 30 años de prisión, se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) buscando el beneficio de la libertad condicional. Pero ahora deberá esclarecer el alcance de su participación en los crímenes y asesinatos contra los integrantes de la Unión Patriótica, partido político que surgió en 1985 como producto del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la entonces guerrilla de las Farc.

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La Sala de Reconocimiento de la JEP quiere determinar qué alcance e impacto tuvieron los vínculos probados por la Corte Suprema de Justicia entre el general Maza Márquez y los paramilitares del Magdalena Medio, al mando de Henry Pérez, y cómo esta alianza criminal fue funcional al aparato que desató la violencia contra los miembros de la Unión Patriótica.

La decisión, que conoció este diario, está sustentada en un auto de 19 páginas y tiene origen en tres informes que llegaron a la JEP: uno de la Fiscalía, llamado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica por agentes del Estado”; otro proveniente de la Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, y un tercero del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”.

Para la Sala de Reconocimiento de la JEP, estos documentos dan “serios indicios de la participación de agentes y directivos del DAS, a distintos niveles y en varios territorios, en el patrón de violencia en contra de la UP”.

Una condena, varias preguntas

El 23 de noviembre de 2016, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al general retirado de la Policía Nacional y exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, a 30 años de prisión y 10 años de inhabilidad para el ejercicio en cargos públicos. Lo hizo al considerarlo “coautor” de la muerte violenta del candidato a la Presidencia por el Partido Liberal Luis Carlos Galán Sarmiento y del concejal de Soacha Julio César Peñaloza.

La Corte concluyó que existían vínculos entre Maza Márquez y las Autodefensas del Magdalena Medio: “El general Miguel Alfredo Maza Márquez era el director del DAS, el organismo que tenía a cargo la protección del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Y en esa condición, dada además su cercana relación con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, asumió participar en el magnicidio. Su contribución consistió en debilitar la protección del doctor Galán Sarmiento”. Maza Márquez logró ese cometido nombrando como jefe de seguridad del político a Jacobo Alfonso Torregroza Melo, una persona recién vinculada al organismo de seguridad, sin ninguna experiencia en ese cargo y conocida de Jaime Eduardo Rueda Rocha”, el sicario de Galán.

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Para la Sala de Reconocimiento, la sentencia de la Corte permite inferir que Maza “tiene información relevante sobre el modus operandi del aparato criminal con el que se concertó la comisión de ese delito”, pero que, además, su conducta pudo haberse extendido a otras acciones criminales además del asesinato de Luis Carlos Galán, porque las relaciones que tenían Maza Márquez y el paramilitar Henry Pérez eran estrechas y fluidas.

Es más, “no solo se reunieron varias veces en la zona en que ejercía influencia este último, sino que Maza Márquez se abstuvo de perseguir a los integrantes de las autodefensas del Magdalena, y en cambio les facilitaba información sobre los operativos que las autoridades adelantarían en su contra”. Hechos a los que se suman “que colaboró con la entrada y traslado de Yair Klein (exmilitar y mercenario israelí que entrenó paramilitares) al Magdalena Medio y envió a subalternos suyos, incluido a uno de su entera confianza, a que recibieran instrucción”, dice el alto tribunal.

En la misma decisión, la Sala de Reconocimiento cita algunos elementos probatorios que evidencian esa alianza criminal. Por ejemplo, el testimonio de Alonso de Jesús Baquero, conocido como “Vladimir”, quien le dijo a la Fiscalía que Maza y Pérez sí tenían estrechos vínculos. Tanto que, incluso, en una ocasión Maza Márquez le pidió a Henry Pérez que le entregara información de Pablo Escobar y que “Henry, con Pablo, montaron una cocina falsa en una finca ubicada en un sitio llamado La Marmolera, donde fueron los del DAS, pero que eso lo hacía Henry para tener a Maza Márquez contento y al lado de él”, agregó.

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El documento resalta el testimonio de José Antonio Hernández Villamizar, o John, exintegrante del frente Julio Peinado Becerra, de las Auc, y de la banda criminal Los Pepes, quien manifestó, el 4 de noviembre de 2008, en versión libre ante la Fiscalía de Justicia y Paz: “Hubo una reunión de alto nivel con los organismos de seguridad del Estado del país, eso fue en una finca de Sopetrán, de Medellín, que era de uno de los Castaño. En esa reunión estuvo el general Rozo José Serrano, de la Policía, y el director del DAS, Miguel Maza Márquez. Además estuvo Carlos Castaño, Fidel Castaño y los Rodríguez Orejuela”.

El mismo John le dijo a la Corte Suprema que trabajó como escolta de Henry Pérez, entre 1983 y 1990, y que fue en ese trabajo que se enteró de que “Miguel Maza Márquez le encargaba a ese grupo paramilitar la realización de “trabajos sucios que él no podía hacer legalmente”. Así como informó que un escolta de Maza Márquez le habría contado sobre las distintas formas de colaboración que existían entre los paramilitares y el DAS, relacionada con informar “cuándo iba a ir una comisión judicial a perseguirlos, por ejemplo, cuando iban para Puerto Boyacá los de la ley”.

“John”, a su vez, confirmó haber conocido a Jaime Eduardo Rueda Rocha, el asesino material de Luis Carlos Galán, y aseguró que en uno de los entrenamientos en el Magdalena Medio conoció a Orlando Monroy Rivera, detective del DAS, conocido en el mundo criminal con el alias de “Trapero”. “Los informes analizados dan cuenta de la posible articulación y connivencia entre agentes de las Fuerzas Armadas, agentes del DAS, terceros civiles y paramilitares para la ejecución de los ataques dirigidos contra miembros de la UP”, asegura la decisión de la JEP.

Otro de los datos que para esta sala es significativo es que, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 71 % de los casos que tienen como supuestos responsables de hechos victimizantes contra miembros de la Unión Patriótica a miembros del DAS se presentaron en el período durante el cual Maza Márquez era director del DAS. Esta información fue extraída de la base de datos del informe “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”.

Maza Márquez estuvo seis años como director del DAS, entre mayo de 1985 y septiembre de 1991. Ese período coincidió con el homicidio de muchos dirigentes nacionales y regionales de la UP. En el informe que la Fiscalía entregó a la JEP el año pasado se lee: “En varios casos se evidenció la asociación de agentes del Estado con grupos ilegales relacionados con el narcotráfico y las autodefensas, contribuyendo en los asesinatos mediante labores de inteligencia o como autores materiales del mismo”.

De acuerdo con los reportes de la Corporación Reiniciar, entre los años 1986 y 1991, por ejemplo, se produjeron los asesinatos de los dirigentes Jaime Pardo Leal, José Antequera, Teófilo Forero y Bernardo Jaramillo Ossa. “En todos estos casos las víctimas habían solicitado la protección del DAS y contaban con esquemas de seguridad que, bien fuera por su ausencia o por omisiones en reacción al momento de la comisión de los hechos, no previnieron los hechos violentos que acabaron con la vida de estos dirigentes”, señala la Sala en referencia al informe de Reiniciar”.

Con relación al asesinato del candidato presidencial y principal líder de la UP, Jaime Pardo Leal, ocurrido el 1° de octubre de 1987, se sabe que el vehículo que Pardo conducía desde La Mesa (Cundinamarca) fue interceptado y disparado por sicarios en el momento en que no tenía su escolta del DAS. Por este caso, la nación fue hallada responsable de su muerte y la Fiscalía declaró este homicidio como un crimen de lesa humanidad el 18 de abril de 2016. Por esta razón, el proceso continúa y está en etapa de investigación previa.

En cuanto al dirigente Teófilo Forero, el 27 de febrero de 1989 lo asesinaron sicarios motorizados cuando estaba sin los escoltas del DAS que le asignaron. En el caso de José Antequera, se sabe que dirigió una comunicación a Maza Márquez, el 1° de febrero de 1988, en la que denunciaba el aumento de las “dificultades y los obstáculos para la prestación del servicio de escoltas del DAS, a pesar de los crecientes asesinatos de dirigentes de la UP”. “Lo que se observa es que dicho servicio aumenta para otros frentes y movimientos”, dijo Antequera en la carta.

Precisamente, a causa de los seguimientos que le hacían y de la presencia de hombres armados que rondaron su apartamento diciendo que pertenecían al DAS, el 21 de julio de 1988 José Antequera denunció ante el organismo de inteligencia un plan para asesinarlo. Sin embargo, nada evitó que muriera asesinado en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, el 3 de marzo de 1989. Su caso, como el del candidato presidencial Bernardo Jaramillo y otros 32 episodios similares, fueron declarados crímenes de lesa humanidad.

Sobre Bernardo Jaramillo Ossa se recuerda que fue blanco de un atentado en el aeropuerto El Dorado, el 22 de marzo de 1990. Según la Fiscalía, previamente, Jaramillo se reunió con “agentes de la Policía, el jefe de escoltas del DAS, José Alirio Nocovi, y otros hombres de la institución encargados de la seguridad. “Según la Corporación Reiniciar, estaba rodeado de 14 escoltas, 12 de los cuales eran oficiales, cuando lo atacó un menor de edad, identificado como Andrés Gutiérrez. Jaramillo murió poco después en el Hospital Central de la Policía. Dos años después, durante un permiso, el joven sicario fue asesinado y su cuerpo encontrado en la cajuela de un carro.

Es por todo esto que para la Sala de Reconocimiento de la JEP “resulta importante esclarecer el rol de Maza Márquez, teniendo en cuenta que la Fiscalía en su informe destaca que los atentados contra dirigentes de izquierda en Bogotá tuvieron a autores materiales con algún tipo de relación entre sí: los primos Gerardo Gutiérrez, o Yerri, y Andrés Arturo Gutiérrez Maya, compañeros de trabajo en una fábrica de tizas en Medellín, que fueron los sicarios en los homicidios de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. El director del DAS, Miguel Maza Márquez, aseguró que el encargado del atentado contra Jaramillo fue Gustavo Adolfo Mesa Meneses, o el “Zarco”, que obedecía órdenes de Fidel y Carlos Castaño, con el auspicio de Pablo Escobar.

Sin embargo, esa versión fue desmentida posteriormente. La Corporación Reiniciar dijo en su informe que Pablo Escobar, a través de una carta con su firma y huella, dirigida al presidente de la UP, Diego Montaña Cuéllar, rechazó las imputaciones de Maza Márquez. De hecho, luego, el propio “Zarco” negó su participación y afirmó que fue vinculado por el DAS con unos informes imprecisos. Más tarde, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo absolvió y en cambio condenó en ausencia a los hermanos Fidel y Carlos Castaño, como coautores del homicidio.

Incluso, la JEP recibió información según la cual nueve escoltas del DAS y tres integrantes de la Policía del esquema de seguridad de Bernardo Jaramillo fueron vinculados formalmente a la investigación: José Alirio Nocobe Suárez, jefe de esquema de escoltas del DAS; Edilberto Gordillo Álvarez, Hílver Peña Vergara, José Antonio Santamaría, Edilson Suárez, Marco Antonio Cruz, Óscar Orlando Manrique, Andrés Orlando Daza, Éder Ocampo Ceballos, todos detectives del DAS, y José Arnulfo Oliveros, Jorge Enrique Pedraza Palacios y Lisandro Beltrán Muñoz, de la Policía Nacional.

Regiones enlutadas

Pero si en Bogotá estos asesinatos causaban conmoción, en las regiones el panorama no era muy distinto. El informe de la Fiscalía así lo detalla, en especial cuando habla de la cooperación de agentes del Estado y el Ejército en la victimización de integrantes de la UP. Por ejemplo, menciona los crímenes del senador de Antioquia Pedro Luis Valencia, perpetrado el 14 de agosto de 1987 a manos de las Auc, o los crímenes del diputado de la Asamblea de Antioquia Gabriel Jaime Santamaría, ocurrido el 29 de octubre de 1989, o el de la alcaldesa de Apartadó, Diana Cardona, sucedido el 26 de febrero de 1990.

“En varios casos se ha establecido la complicidad de miembros de los esquemas en los asesinatos”. De hecho, la Sala de Reconocimiento resalta que el informe de Fiscalía cita una resolución del 7 de febrero de 2017, en la que se determinó la conexidad de los homicidios de Cardona y Santamaría, y concluyó: “La forma como se perpetraron estos homicidios nos permite tener serios indicios sobre la posible participación ilegal de miembros de agencias de seguridad del Estado, bajo la posible existencia de un patrón de criminalidad orquestado en su interior, en la que se utilizó la filtración de esquemas de protección”.

El sometimiento de Maza

A sus 76 años, el 7 de marzo de 2018, el general Maza Márquez solicitó someterse a la JEP por primera vez. A mediados de abril la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concluyó que no tenía competencia para pronunciarse sobre las condenas en contra de Maza y el exsenador Alberto Santofimio, por el asesinato de Galán. Pero en la misma decisión resolvió remitir el caso de Maza Márquez a la Sala de Reconocimiento de la JEP, que pidió antes, en el documento mencionado, estudiar la solicitud de Maza a propósito del caso 006 sobre la UP.

El sometimiento voluntario ante esta jurisdicción es integral e irreversible. Eso quiere decir que una vez un agente del Estado, no integrante de Fuerza Pública, ha presentado una solicitud de sometimiento, esta jurisdicción tiene competencia para conocer todas las conductas que esta persona ha cometido en el conflicto armado, no solo las que este quiera reconocer. Por lo tanto, en este caso, si Maza quiere beneficios de esta justicia transicional (como la libertad condicionada) debe hacer un compromiso concreto, programado y claro de contribución. Y eso para la Sala de Reconocimiento de la JEP, que tiene en sus manos la entrada de Maza a esta justicia, pasa por su aporte al esclarecimiento de los patrones criminales detrás del exterminio de la Unión Patriótica.